¿Especie de insurrección?

Nadie sabe lo que va a pasar el domingo tras la prohibición por el Constitucional del ‘proceso participativo’ o la ‘seudoconsulta’ y tras la primera reacción

Foto: Artur Mas se dirige a los medios en presencia del conseller Francesc Homs (i), la vicepresidenta Joana Ortega (2i) y el presidente de ERC, Oriol Junqueras. (EFE)
Artur Mas se dirige a los medios en presencia del conseller Francesc Homs (i), la vicepresidenta Joana Ortega (2i) y el presidente de ERC, Oriol Junqueras. (EFE)

Nadie sabe lo que va a pasar el domingo tras la prohibición por el Constitucional del ‘proceso participativo’ o la ‘seudoconsulta’ y tras la primera reacción del portavoz Homs afirmando que la Generalitat seguirá adelante (asegura que no hace nada de lo que prohíbe el tribunal). Y que además convoca una reunión el viernes del ‘Pacte Nacional pel Dret a Decidir’, plataforma que reúne a unas cien entidades entre partidos, asociaciones diversas y grupos proconsulta y que preside el democristiano Joan Rigol.  

Artur Mas siempre ha ido subiendo la apuesta y el Gobierno de Madrid siempre ha contestado ganando batallas en el orden jurídico (y en los tribunales) pero perdiendo pie en la opinión pública catalana. La prueba es que el independentismo ha pasado en dos años del 20% a más del 40%, y el porcentaje de catalanes que apoyan la consulta (el referéndum del 2006 que dijo que Cataluña era una nación dentro de España fue ninguneado por el Constitucional) está entre el 60 y el 70%.

Y en estas circunstancias, el Gobierno de Madrid se ve impelido a recurrir también una convocatoria mixta: ‘seudoconsulta’ y manifestación. ¿No había una solución más inteligente? ¿Es sensato prohibir lo que el constitucionalista Javier Pérez Royo describió como “el derecho al pataleo”? Y ahora la Generalitat parece que dice que sigue adelante. ¿Se verá obligado el Gobierno español a elevar el grado de respuesta jurídica? ¿Y eso –que sería un nuevo error– a quién beneficiaría?

La semana pasada, Jesús Posada, presidente de las Cortes, dijo que el 9-N es el punto final de un proceso en el que todos nos hemos equivocado. Dicho por Posada –un conservador castellano y prudente que debe creer que los nacionalistas catalanes viven en el error– me pareció un reproche a la poca cintura del presidente del Gobierno. Y es que como decía Pedro Sánchez al director de La Vanguardia el pasado domingo: “La ley no basta para resolver el problema catalán”.

El 9-N es seguro que Cataluña va a vivir una gran jornada de protesta. La incógnita es si se va a quedar en eso y en sus consecuencias –haya o no haya urnas– o si vamos a asistir también a un choque de trenes que altere la normalidad constitucional

¿A quién va a beneficiar la protesta fuerte –que sin duda la habrá porque el nuevo episodio del Constitucional le ha garantizado una gran cobertura mediática–? Eso suponiendo que se quede en protesta. Carme Forcadell, la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) que –contra lo que dice el nombre– es una entidad privada, lo tiene claro, pues ayer declaró que el Constitucional y el Estado español han vuelto a hacer un gran favor al independentismo.

Y Josep María Fonolleras escribe en su breve apunte diario de El Periódico: “Este encaramiento de la Generalitat ante la reiterada suspensión de lo que debía ser un sucedáneo de consulta, es seguramente la acción política más significativa desde la Transición, el choque más intenso que un Govern ha protagonizado nunca ante el Estado. Si Mas es capaz de mantener esta especie de insurrección, las consecuencias son imprevisibles”.

De repente, el segundo recurso de Rajoy, la nueva suspensión del Constitucional y el estrellato mediático del proceso catalán durante la semana (con el permiso de la encuesta del CIS de hoy y del espectáculo del PP madrileño) van a dar a la ‘seudoconsulta’ de Mas mucha más relevancia de la prevista.

Y la raíz del problema es que el PP se ha empeñado durante años en no entender el asunto catalán. Primero, en la oposición (2004 al 2011) se creyó que con una sentencia contraria del Constitucional mataría dos pájaros de un tiro: el Estatut y Zapatero. Zapatero sucumbió, pero por la crisis, no por el Estatut (ni por el proceso de paz) y el rechazo a aquel texto del 2006, que decía que Cataluña era una nación dentro de España, ha ido engordando la demanda de independencia.

Después, en el Gobierno, decidió decir no. Y punto. Hombre, la demanda de un pacto fiscal del 2012 de Mas admitía negociar… o marear la perdiz. Sobre todo si se sabía que Mas quería que le dijeran que no para poder ir a unas elecciones anticipadas como el Moisés que llevaba a su pueblo a la tierra prometida. Y desde el 2012 no se ha movido del error de parapetarse en la legalidad como única respuesta a un grave problema territorial del Estado.

La política del PP hacia Cataluña no puede seguir siendo la de parapetarse en la legalidad para continuar diciendo que no a todo, porque lo sucedido en los últimos años demuestra que, mientras tanto, sube la desafección de la población catalana

Un análisis desapasionado –difícil para los nacionalistas españoles (y para los catalanes)– es fácil. Según el CEO (el CIS catalán) el 49,1% se siente independentista y el 48,5% no. Complicado. Pero casi la mitad de los que se declaran independentistas dicen que lo son desde hace poco y atribuyen su ‘conversión’ a “los actos y comentarios del gobierno de España sobre Cataluña” (42%) y al mal reparto de los impuestos (13%).

Ese es el punto de partida. El otro es el de la encuesta de El País del 29 de octubre. En un referéndum sobre la independencia, el 44% votaría a favor y el 42% en contra. Otra vez una situación complicada. Pero ahí se indicaba la vía del desempate. Si surgía una tercera opción solvente con nuevas y exclusivas competencias, entonces la tercera vía era la preferida por el 46%, contra el 29% que seguía apostando por la independencia y el 17% que ya está satisfecho con la situación actual.

La solución parece clara. Santiago Muñoz Machado, nada sospechoso de nacionalismo catalán, propugna recuperar lo esencial del Estatut del 2006 y acompañarlo de una reforma de la Constitución. Ello implicaría que los catalanes respaldaran de nuevo el Estatut que ya votaron el 2006 y que todos los españoles votaran la reforma de la Constitución que permitiría dicho Estatut. Y economistas madrileños serios aseguran que resolver el asunto de la deuda de la Generalitat y la nueva financiación podría tener un coste del 0,5% del PIB anual. Sí, es un coste respetable pero seguramente es el que Cataluña ha pagado de más durante los últimos años.

Pero en vez de escuchar a Muñoz Machado y de hacer números, Rajoy ha preferido recurrir la ‘seudoconsulta’ al Constitucional, matar moscas a cañonazos, lo que siempre hace mucho ruido y es poco ecológico. Y ayer les decía a los congresistas del Instituto de la Empresa Familiar en Alicante que no veía factible pactar una reforma constitucional con los nacionalistas. Vale, pero la alternativa no debe ser continuar diciendo que no mientras en Cataluña sube la desafección de la que ya advirtió José Montilla hace… ¿casi diez años?

De momento el domingo se tendrá que enfrentar, en el escenario optimista, a un gran jaleo al que habrá contribuido eficazmente con su segundo recurso al Constitucional debido –me lo dice un inteligente miembro del PPC– a que no podía hacer otra cosa. Y en el peor, a un choque de trenes de resultado incierto y en el que –gane quien gane– habrá daños en ambos convoyes.

Pero no desesperemos porque la lógica de lo peor no siempre acierta. Algo de sentido común debe quedar por ahí. 

Confidencias Catalanas
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