9-N: Artur Mas derrota a Rajoy

El primer análisis del 9-N es que Artur Mas ha ganado una importante batalla, tanto frente al Estado español que suspendió la seudoconsulta y ante el PP y Mariano Rajoy, pero también frente a Oriol Junqueras, su gran contrincante en el campo secesionista. El político, que muchos daban por muerto, sigue vivo y dispuesto a dar más batallas. Ha conseguido –como siempre- tirar la pelota hacia adelante, pero la encrucijada que se le abre ahora -tras saborear la noche del triunfo- tampoco es nada fácil.

La primera victoria es frente a Rajoy porque ha logrado lo que se propuso: celebrar, contra lo que ordenaban las instituciones españoles, un proceso de participación o una seudoconsulta que podía haber fracasado estrepitosamente. Cuando Artur Mas acató la decisión del Constitucional de suspender la consulta que había decretado con gran pompa el sábado 27 de septiembre, estaba contra las cuerdas porque se había quedado bastante sólo en el frente consultista. Pero los independentistas -tras el enfado inicial- no podían sino apoyar la seudoconsulta. Caso contrario, el proceso se hundía.

Y entonces el nuevo e inesperado recurso al Constitucional contra el proceso de participación -Rajoy dijo al principio que era una gran noticia que Mas renunciara a la consulta- le insufló nueva vida. Hizo que el independentismo no convergente pasara del apoyo desencantado a la movilización y el cierre de filas. Primero, porque al recurrir la seudoconsulta ante el Constitucional Rajoy le dio relevancia jurídica y elevó su significado político.

Segundo, porque molestó a muchos catalanes partidarios de la consulta, pero no independentistas. Una parte de Cataluña pudo comprender (tampoco mucha porque la consulta tiene un apoyo superior al 60% mientras que la independencia está en el entorno del 45%) que el Constitucional suspendiera una consulta que era un referéndum encubierto para el que la Generalitat no tenía competencias. Pero se irritó de que se prohibiera también una seudoconsulta que no era entonces nada más que una gran manifestación sui generis y con los mismos efectos políticos que podían haber tenido las manifestaciones del 11 de septiembre de los últimos años.

Muchos catalanes creen que la nueva prohibición ha sido un atentado contra la libertad de expresión y de manifestación y como una negativa a lo que el constitucionalista Javier Pérez Royo definió como “el derecho al pataleo”. No se contentan con prohibir la consulta, sino que encima prohíben la protesta contra la suspensión de la consulta. Y la indignación subió de nivel porque las caceroladas -fuertes pero de menos intensidad que cuando la guerra de Irak- empezaron el mismo martes pasado. Entonces la decisión de Mas de plantar cara le valió el aplauso del mundo soberanista.

Quizás más importante todavía ha sido el hecho de que la posterior batalla jurídica y política sobre la seudoconsulta le ha dado una inmensa publicidad gratuita y la cabecera de los diarios e informativos de radio y televisión durante casi toda la semana (y ello pese a la imputación de la Infanta).

Y así ayer a la hora de votar se produjo una confluencia de los independentistas (CDC, ERC y las CUP), con los consultistas (ICV y UDC),  los que quieren protestar contra la situación actual y el  Gobierno del PP (seguramente muchos votantes socialistas y los que piensan en Podemos como la solución) y la gran corriente de catalanismo sentimental, siempre tendente a considerar que España es la culpable de muchas cosas. El resultado ha sido una gran movilización cívica y pacífica que expresa un sentimiento generalizado de profundo disgusto con las instituciones del Estado. Ante esta movilización, la respuesta de cualquier Gobierno sensato hubiera sido reconocer que 2,2 millones de personas son mucha gente y que habría que escuchar y estudiar sus reivindicaciones. Pero la reacción del ministro de Justicia fue sólo descalificar la jornada, un desprecio a los 2,2 millones de catalanes que fueron a “votar”  y una demostración de que el gobierno del PP no sabe escuchar a Cataluña y por lo tanto no la puede entender. Y sin escuchar y entender, mal podrá canalizar la protesta.

Rajoy está pendiente de controlar el PP, de que la corrupción (el último episodio Monago indica que además tiene mala suerte) no arruine las expectativas del partido, de la economía, de la Unión Europea… Y no tiene tiempo ni de escuchar ni de entender a Cataluña. Calificando lo de ayer de pucherazo, como han hecho dirigentes del PPC, el abismo con la sociedad catalana tenderá a crecer.

Y el problema es más grave por cuanto no es la primera vez. El PP ya lo entendió Cataluña en el 2005-2006 cuando hizo una gran campaña contra el Estatut y luego lo recurrió ante el Tribunal Constitucional. Es cierto que, fruto del conflicto entre CiU y PSC por una parte y ERC que rechazaba el Estatut por la otra, la votación del referéndum quedó deslucida ya que, aunque la mayoría del sí fue muy fuerte, la abstención llegó a casi el 51%. A ello también contribuyó que la victoria se daba por descontada.

El PP debió recordar entonces aquella frase de Felipe González de “dos por el precio de uno” y creyó que se podía cargar al Estatut y a Zapatero, que le molestaba porque les había ganado las elecciones del 2004.

La campaña del PP contra el Estatut y la sentencia del Constitucional (cuatro años después de su aprobación en las Cortes y en referéndum) dio origen a la primera manifestación independentista relevante desde la recuperación de la democracia, la de julio del 2010 que reunió a casi un millón de personas. Ahora la cerrazón del gobierno de Madrid ha ayudado a una manifestación-votación de 2.2 millones de personas en una jornada que ha sido muy seguida por la prensa internacional y que no contribuirá al prestigio de la marca España.

Artur Mas dice que el éxito ha sido total. En parte sí porque ha hecho lo que quería, ha ganado la batalla a Rajoy mostrando más astucia, ha demostrado que sabe plantar cara y ha incrementado su prestigio en el mundo soberanista. Pero la encrucijada que tiene adelante no es tampoco fácil. Puede que el prestigio de ayer, más las presiones de la ANC, hagan que Junqueras acepte la lista única en cuyo caso Mas convocaría elecciones y podría ganar con cierta comodidad. Pero la lista única tiene problemas. El primero es que no es seguro que Unió Democrática (o como mínimo los seguidores de Duran Lleida) no se desmarcaran y montaran una candidatura catalanista moderada. El segundo, que al tener que ser bastante paritaria entre CDC y ERC (con la inclusión de independientes de prestigio), sería difícil que quedara claro quién tenía el mando y cómo se afrontaba la gobernación diaria y la negociación de la independencia. ¿Con reuniones cada noche de Mas y Junqueras arbitradas por los buenos oficios de Carme Forcadell y Muriel Casals, las presidentas de la ANC y Omnium Cultural? No parece un mecanismo operativo pero…

También es cierto que Mas, con el fondo de comercio ganado al burlar al Estado y humillar a Rajoy (que hizo impugnar una cosa que al final  no se ha decidido a hacer ejecutar) puede lanzar la llamada “lista del president” (lista del presidente) que consistiría en una unión de CDC con personalidades y asociaciones (quizás Carme Forcadell o Muriel Casals) que acompañaran con aire más abierto y transversal que las siglas de CDC, muy castigadas por el caso Pujol. Quizás esta lista pudiera batir a ERC. ¿Pero ganando o bajando diputados? ¿Y si el día después se encuentra con que ha ganado pero con 44 diputados, seis menos que ahora? Es evidente que convocar elecciones anticipadas tanto con la lista única con ERC como con la “lista del president” tiene riesgos serios.

Pero Mas quizás esté obligado a ello si el Gobierno de Madrid se sigue negando (como mínimo hasta que pasen las elecciones españolas) a cualquier negociación seria o a hacer proposiciones que vayan reduciendo la ola independentista que desde el domingo tiene la moral más alta.

El domingo fue un éxito del soberanismo. Pero si el el Gobierno español escuchara -y para empezar admitiera que ayer pasó algo políticamente relevante- hay caminos de salida dentro de la Constitución. El País Vasco y Navarra son España -que yo sepa- y su grado de autonomía fiscal es diferente al catalán. Y nadie de queja, lo que prueba que las asimetrías son posibles en la España constitucional. Lo que falta es voluntad política.

Porque el innegable éxito de Artur Mas el domingo tampoco se debe exagerar. Votaron 2,2 millones de personas que es muchísimo. Pero justo el 35% del censo de habitantes de Cataluña mayores de 16 años, con inmigrantes y extranjeros residentes incluidos, que asciende a 6,3 millones de personas, bastantes más que los 5,4 millones del censo de las últimas elecciones. Además los 2,2 millones de votos son muy pocos más que los 2,1 millones que los partidos consultistas (los independentistas más ICV) cosecharon en las elecciones del 2012.

Y el voto independentista, según los datos que dio ayer la vicepresidenta Ortega, fue del 1.649.000, prácticamente idéntico al que los independentistas obtuvieron en las elecciones del 2012 pero -repito- entonces con un censo electoral más pequeño. Es mucho pero no autoriza a decir que lo es toda Cataluña. Por el contrario, un Gobierno que supiera escuchar, entender y hacer política podría intentar reconducir el actual sentimiento de protesta. Recordemos que la última encuesta del CEO decía que eran independentistas el 49,1% de los catalanes pero que no se sentían tales el 48,5%. Ahí hay para  España una situación difícil y complicada pero reconducible.

Dos últimos apuntes. Que el 4,5% de los que se molestaron ayer en acudir a una seudoconsulta suspendida por el Constitucional -o sea unas 100.000 personas- se inclinaran por el no-no indica que fue a votar mucha gente porque creía que el Gobierno de España se equivocaba al intentar prohibir la consulta. Segundo, que más de 200.000 personas, el 10% de los que fueron a votar, lo hicieran, como el líder de ICV Joan Herrera, por el si-no demuestra que incluso en los que se movilizan para la seudoconsulta hay hambre de tercera vía. Joan Herrera lo ha sabido captar.