La línea roja del Cercle d'Economia

En la Unión Europea del siglo XXI, proclamar la desconexión con las leyes del Estado diciendo que solo se respetará la legalidad catalana y subrayar que el futuro Gobierno catalán -todavía no elegido- no debe tener en cuenta las resoluciones del Tribunal Constitucional es un desafío al orden jurídico no solo español sino también europeo. Máxime cuando el gran argumento es que el 47,8% de los catalanes ha votado a dos formaciones que quieren la independencia de Cataluña. Pero que no son capaces ni de elegir un Gobierno, la primera tarea de cualquier Parlamento.

En realidad, la declaración rupturista era un movimiento más bien táctico de Artur Mas para conseguir el visto bueno de la CUP a su investidura. Pero la enormidad de la resolución, al incitar al futuro Gobierno a no respetar el Estado de derecho, ha sido tal que ya se puede decir que hay un antes y un después del 9-N de 2015.

No solo por la rápida anulación de la resolución por el Tribunal Constitucional y por las casi inmediatas medidas de retorsión del ministro Montoro respecto al Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA, que tal como ha repetido muchas veces el 'conseller' de Economía, Andreu Mas-Collel, es la única fuente de financiación que -cargada con una enorme deuda y con los mercados cerrados- tiene la Generalitat. Este choque frontal con el Estado es grave en sí mismo pero sobre todo porque no es lo que desean ni sectores significativos del nacionalismo ni la sociedad catalana.

El Cercle, una plataforma transversal de empresarios y profesionales, muy plural, cree que la declaración rupturista está teniendo ya efectos nocivos

La primera reacción a pecho descubierto -tras las críticas coincidentes por una vez de los dos grandes diarios barceloneses ('La Vanguardia' y 'El Periódico') y del 'Financial Times'- fue la del propio Andreu Mas-Collell -independentista realista y poco visceral-, que asistió visiblemente incómodo tanto a la aprobación de la resolución rupturista -que junto con otros 'consellers' ya había criticado en una previa reunión del Gobierno catalán- como a las dos sesiones de la fallida investidura del mismo lunes 9 y del jueves 12, en que Artur Mas pidió a la CUP que le invistieran y llegó a ofrecer someterse a una moción de confianza al final del periodo de sesiones (en seis o nueve meses). Es decir, se prestó a ser despedido si la CUP no juzgaba suficiente su radicalidad en el enfrentamiento con el Estado.

Así, Mas-Collell -que ya debía imaginarse las reacciones que la declaración rupturista provocaría en el Estado y en el mundo empresarial- no dudó en escribir un artículo en el diario 'Ara', que expresa el punto de vista del independentismo más cosmopolita, educadamente crítico pero de fondo duro. Decía Mas-Collell: “Las CUP ya han conseguido del Parlament, gratis, una declaración de soberanía previa a la formación del Gobierno, también determinar la estructura del futuro Gobierno y, todavía mas importante, garantizar mecanismos de control (la moción de confianza en 10 meses)”. Y concluía: "De las CUP podemos aceptar dos votos para la investidura de Artur Mas como 'president' pero no sus condiciones".

Ya sé que esto puede llevar a nuevas elecciones en el mes de marzo. Si es así, estoy convencido que el presidente Mas sabrá explicar en la nueva campaña electoral dónde estamos y que los catalanes sabrán decidir, con inteligencia, qué liderazgo desean para el 'procés'. O sea, que Mas-Collell hacía una enmienda a la hoja de ruta de la declaración rupturista y de la negociación con la CUP en la que Artur Mas estaba inmerso.

Y todavía sigue inmerso. Dos días después se conocía la carta de dimisión de todos sus cargos directivos (pero no de la militancia) de Antoni Fernandez Teixidó, uno de los más experimentados dirigentes de CDC, ya que no solo fue 'conseller' de Industria de la Generalitat y era el presidente de la comisión económica del partido desde hacía años sino que con anterioridad fue secretario general del CDS de Adolfo Suárez. Y Teixidó no ocultó que la declaración rupturista y la búsqueda de la alianza con la CUP eran la gota final que no le permitía seguir avalando una hoja de ruta que pasó del pacto fiscal y del derecho a decidir para negociar con España a la voluntad de romper con el Estado.

Los empresarios exigen que tras las elecciones del 20D se constituya inmediatamente en el congreso una comisión para la reforma política en Cataluña

Pero la reacción contra la declaración rupturista del Parlament se ha extendido a amplias capas de la sociedad catalana, que desde hace tiempo eran escépticas respecto al independentismo pero que exponían su opinión con prudencia y que nunca han deseado un enfrenamiento con la Generalitat. El mismo lunes 16 -el día que Mas-Collell publicó su artículo en el 'Ara'-, la junta directiva mensual del Cercle d´Economía tuvo una concurrencia mayor a la habitual (23 de sus 25 miembros) y, por unanimidad de los que hablaron (aunque con algún silencio) y en un clima de cierta indignación, se decidió que el Cercle debía hacer públicos su disgusto y oposición a una declaración que implicaba la ruptura con la legalidad. Y que debía alertar sobre las negativas consecuencias que ello tendría para la economía catalana.

El catedrático de Política Económica Antón Costas, discípulo de Fabian Estapé y presidente del Cercle desde hace dos años, redactó luego con rapidez una 'Opinión de actualidad', bastante mas corta y mucho mas contundente de las habituales, que fue consultada con los vicepresidentes y otros miembros de la junta y que el jueves 19 fue enviada a los medios de comunicación.

El texto dice que “la junta directiva del Cercle considera INDISPENSABLE y URGENTE (las mayúsculas son mías) corregir el rumbo que la política catalana ha iniciado con la aprobación por el Parlament de Catalunya, en su sesión constitutiva del pasado lunes 9 de noviembre, con el voto de los 72 diputados de Junts Pel Si y de la CUP".

Y sigue: “Dadas nuestras responsabilidades empresariales y vinculaciones al mundo económico y financiero, podemos afirmar que la ruptura de la legalidad que implica esta declaración ha tenido, desde el primer minuto de su aprobación, efectos negativos ciertos y objetivos en las decisiones empresariales de inversión, así como en la localización de las sedes corporativas en Cataluña. La inseguridad jurídica y la incertidumbre empresarial que crea esta declaración son sumamente perjudiciales para la fortaleza de la economía catalana, la creación de riqueza y la generación de empleo. Pero estos efectos SE MAGNIFICARÍAN SI SE CONFIRMA LA FORMACIÓN DE UN GOBIERNO DE MAYORÍA INESTABLE, SOMETIDO A CONDICIONES DE PLAZO Y COMPROMETIDO CON POLÍTICAS Y REGULACIONES SUSCEPTIBLES DE CREAR UNA FUERTE INCERTIDUMBRE EN LAS EMPRESAS, LOS INVERSORES Y LOS AHORRADORES”.

El Círculo considera además que, al no existir una mayoría social sólida a favor de esta resolución, aumenta el riesgo de grave fractura social y pide “FORMAR UN GOBIERNO CON UNA MAYORÍA PARLAMENTARIA ESTABLE Y RESPETUOSA CON LA LEGALIDAD”. Caso de que esta mayoría no sea posible, aboga por nuevas elecciones.

El Cercle recuerda después que en Cataluña hay un amplio malestar social con el funcionamiento actual del Estado de las autonomías, ya que de forma reiterada las encuestas señalan que cerca del 80% de los catalanes desea una reforma del modelo y que la mayoría muestra su preferencia por una reforma sin ruptura “QUE PERMITA EL ENCAJE DE LAS ASPIRACIONES A UN MEJOR AUTOGOBIERNO DE CATALUÑA DENTRO DE ESPAÑA”. Y subraya que el Gobierno de España y los partidos de ámbito estatal han sido reticentes a dar una respuesta política al malestar social, lo que no ha hecho sino incrementar el sentimiento de frustración. Finalmente, manifiesta su esperanza de que las elecciones de diciembre pongan en marcha una reforma política y territorial que permita conciliar el principio democrático con el de legalidad, y que por ello “DESDE EL MOMENTO DE APERTURA DE LA NUEVA LEGISLATURA ESPAÑOLA, SE DEBERÍA CREAR UNA COMISIÓN PARLAMENTARIA PARA LA REFORMA POLÍTICA. NO HACERLO SERÍA ALIMENTAR TODAVÍA MÁS LA FRUSTRACIÓN Y EL MALESTAR”.

Esta declaración 'urgente' es relevante, porque el Cercle no es una organización empresarial, aunque los empresarios fueron muy importantes en su fundación y ahora lo siguen siendo, sino una asociación transversal en la que participan también acreditados profesionales del Derecho y la Economía. Su primer presidente a finales de los cincuenta fue Carlos Ferrer Salat, luego presidente de la CEOE, y sus primeros secretarios fueron Ernest Lluch y Narcís Serra, luego ministros del primer Gobierno de Felipe González. En la junta actual, presidida por Antón Costas, los vicepresidentes son Josep Oliu (presidente del Banco de Sabadell), Artur Carulla (presidente de Agrolimen y perteneciente a una familia de gran tradición catalanista) y Marc Puig (presidente ejecutivo de Puig), y figuran también nombres tan representativos de la economía catalana como Juan José Bruguera (Inmobiliaria Colonial), Rosa Cañadas (Fundación Tanja), Conxita Cervera (Moldibérica), Ramón Asensio (Roca), Jordi Gual (economista jefe de la Caixa), Amancio López Feijas (Hotusa), Alfredo Pastor (Iese), Jordi Mercader Barata (Miquel y Costas), Marta Plana, Olaguer Soldevila…

La última 'Opinion de actualidad' es especialmente importante porque hasta el momento el Cercle ha sido una entidad cuya principal virtud era la de propiciar desde la pluralidad solventes debates y reflexiones, pero cuya transversalidad le impedía tomar posiciones políticas que no disfrutaran de un consenso muy amplio. Así, sus tomas de posición -aparte de la democracia, la Unión Europea o los principios de la economía de mercado- han sido siempre contenidas. Sin embargo, ahora ha decidido romper con su tradicional prudencia y se ha pronunciado claramente en contra de la ruptura con la legalidad española. El Cercle parece apostar, pues, por el máximo autogobierno que los catalanes quieran, pero siempre que sea pactado con España y que no haga peligrar la inserción de Cataluña en la Unión Europea.

Artur Mas ha ido tan lejos en su apuesta independentista que ha conseguido un educado pero firme voto de censura de una entidad que nunca fue convergente pero en cuya junta directiva estuvo el propio Jordi Pujol, y que siempre ha querido tener una relación cordial con la Generalitat.

Y por su reacción ayer contra las medidas de Montoro en relación con el FLA, parece claro que Artur Mas no va a atender 'la corrección' que le pide el Cercle sino que ha decidido subir otro escalón en la confrontación. La realidad interna catalana se va encrespando cuando estamos ya a pocos segundos del choque de trenes entre el independentismo catalán y el Gobierno del PP. ¿Permitirán los resultados del 20-D la rectificación que reclama el Cercle y que muchos catalanes desean?