ZP y Cataluña, 10 años después

El fracaso del Estatut de 2006 -originado por la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2010- es sin duda uno de los datos clave para entender lo que ha pasado en Cataluña en los últimos años, donde el independentismo ha subido del 20% en las encuestas del CEO (el CIS catalán) al 47,8% el pasado 27-S.

Para saber lo que pasó con el Estatut -el fracaso más relevante desde la restauración de la democracia-, las memorias de José Luís Rodríguez Zapatero, presidente en aquel momento (desde 2004 a finales de 2011), serían esenciales. Quizá no las veamos nunca, pero una reciente entrevista al expresidente (de Enric Juliana, en 'La Vanguardia' del domingo 27), cuando hace 10 años que el Congreso aprobó el Estatut, da pistas interesantes.

Zapatero afirma de entrada que la solución al actual laberinto en que se ha convertido la relación entre Cataluña y España pasa por ir al origen del problema: la sentencia del Constitucional del 28 de junio de 2010 y la reacción a esa sentencia. Deja constancia de que no le gustó y asegura: “Hay que volver al Estatut de 2006 e invitar a la reflexión al PP y a los que no eran independentistas y ahora dicen serlo”. Y remacha que “mucha gente de la derecha” le ha dicho estos últimos años: “Ojalá tuviésemos aquel Estatut, ojalá lo hubiéramos resuelto de otra manera”.

¿Tiene razón Zapatero? ¿Es posible volver ahora al Estatut de 2006 que fue aprobado por los catalanes en referéndum por una gran mayoría, aunque con una alta abstención, y con el voto en contra por motivos radicalmente contrarios del PPC y de ERC?

Afirma que mucha gente de derechas querría ahora un Estatut como el de 2006, pero que Rajoy era más inflexible con Cataluña que con la negociación con ETA

Bueno, hay pocas dudas de que cualquier intento de solución no traumática, es decir, que no conlleve frustrar el deseo muy mayoritario en Cataluña de una mayor autonomía (68,1%, según el último CEO) y no lleve a la independencia, pasa ineluctablemente por un nuevo pacto entre Cataluña y España. Miguel Herrero propone una disposición adicional de la Constitución para Cataluña que permita caminar por la vía navarra y Pedro Sánchez una reforma federal de la Constitución para que los catalanes puedan votar dos veces: la reforma de la Constitución y el nuevo Estatuto.

Incluso juristas que fueron muy reticentes o contrarios al Estatut de 2006, como Santiago Muñoz Machado, abogan ahora por dicha idea. Muñoz, uno de los más sólidos administrativistas españoles, ha escrito un libro ('Cataluña y las demás Españas', Editorial Crítica, 2014) en que sostiene que el Estatut de 2006 era claramente inconstitucional, pero que una meditada e inteligente reforma de la Constitución haría viable un texto muy similar al de entonces.

Otra cuestión es si la solución estatutaria -o algo similar- es viable en 2016. Si no lo fuere, la realidad actual -una Cataluña partida por la mitad en que el independentismo logra el 47,8% de los votos pero no la mayoría y que contribuye al enrarecimiento y la paralización de la política del Estado- se convertiría en un mal endémico. Y tras la lectura de la entrevista de Zapatero, se ven claras la dificultades en el pasado -y quizás en el futuro- de esta solución.

Una primera es que Zapatero (y como consecuencia el PSOE) ha quedado deslegitimado ante parte de la opinión catalana. Zapatero dice que entonces los catalanes le premiaron con un gran resultado: 25 diputados del PSC en 2008. Pero en 2011 bajaron a 14 y se han quedado en ocho el 20-D. Aunque no todo se debe al Estatut, porque la crisis ha tenido también un papel relevante.

Zapatero pedía dejar a un lado al Constitucional en la resolución política de los grandes problemas pero erró al nombrar magistrados contrarios a la España plural

Pero una operación de Estado -como el Estatut- es peligrosa si se hace contra el criterio de uno de los dos grandes partidos. Y el PP de 2004 -que atribuía su derrota a los atentados de Atocha pero no a la mala gestión de Aznar del mayor crimen terrorista- no quería pactar nada con el PSOE. Solo buscaba echar a los 'usurpadores'. Pero no todo se debe a aquel momento ni a que el PSOE y los partidos catalanistas no pusieran el empeño necesario en convencer al PP. Zapatero, que en la entrevista dice tener mucho respeto por Rajoy, afirma: “En el tema donde le vi menos flexible, menos que en las leyes civiles que nos distanciaron o en el diálogo con ETA, fue en el de Cataluña y el Estatut”.

¡Menos flexible en el Estatut que en la negociación con ETA! Eso explicaría que con su mayoría absoluta no haya hecho nada desde 2012 por cerrar heridas. Lo que se entiende menos porque su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su jefe de gabinete, Jorge Moragas, son catalanes y conocen la política catalana. Mientras el PP esté en esa sintonía, será pues imposible la vía estatutaria.

Pero, además, cuando falla una arriesgada iniciativa que quiere resolver satisfactoriamente uno de los asuntos principales de la España contemporánea -la incardinación de Cataluña- es todo el problema el que queda embarrancado e incluso anatemizado. Una parte de la sociedad española es hoy más reticente que hace 10 años a cualquier solución que pase por un plus de autogobierno. Y una parte relevante de Cataluña ha llegado a la conclusión -con alegría o con pesar- de que una solución satisfactoria sería un milagro, o que es imposible, o que incluso no es deseable. Como dijo en el debate de investidura Joan Tardà, diputado de ERC: “Nosotros nos vamos”.

Por eso la responsabilidad de Zapatero -no únicamente suya, pero él era el presidente- en el fracaso político del Estatut (hablo de fracaso político porque el contenido jurídico de la sentencia es más matizable) es muy fuerte. Sus intenciones -como se defiende y tiendo a creer- pudieron estar cerca de la excelencia. Pero los resultados -es un hecho- fueron deplorables. No se puede concluir diciendo: “La lección fundamental es que hemos de dejar a un lado al Tribunal Constitucional en la resolución de los grandes problemas del país. Esa no es la salida”. Tiene razón, pero entonces el asunto estaba en el Constitucional y la gestión del Gobierno Zapatero fue de una incompetencia total.

Como demuestra la oposición del partido republicano al nombramiento por Obama de un nuevo magistrado del Supremo, la justicia tiende siempre a politizarse

Se puede decir lo que se quiera -Rivera afirma que Ciudadanos despolitizará la justicia y el nivel español es tan lamentable que incluso permite aplaudir la frase-, pero la justicia tiende a estar politizada. Miremos lo que pasa ahora en Brasil entre el juez Moro, la oposición a Dilma Rouseff y Lula da Silva. Y si no gusta Brasil, miremos a Estados Unidos. Hace un mes murió uno de los nueve jueces del Tribunal Supremo (allí hace de Constitucional) y el partido republicano se opone con toda su fuerza a que la propuesta del sucesor de Scalia (debe ser designado por el presidente y aprobado por el Senado) la haga el presidente Obama en el último año de mandato. Quiere que se posponga hasta 2017, cuando haya otro inquilino en la Casa Blanca, con la esperanza de que no sea un demócrata. La razón es que Scalia, juez brillante, era también quizás el mas conservador de los nueve magistrados del Supremo. Y que el sucesor puede desequilibrar el actual equilibrio (ligeramente a la derecha) del Tribunal.

Por eso si Zapatero apostaba por más autogobierno para Cataluña -y se jugaba con ello tanto su prestigio y el de su partido como el futuro de la relación Cataluña-España- debía haber sido muy cuidadoso respecto al Constitucional. No debía haber apostado en julio de 2004 (al poco de llegar al poder) por magistrados que no tuvieran una concepción plural de España. Fue el caso de Aragón Reyes. Y haber tenido la suficiente habilidad (e invertido el trabajo necesario) para que no triunfara la descabellada recusación del magistrado progresista Pérez Tremps.

Con los manuales jurídicos en la mano se sostiene mal que el jefe de Gobierno influya en los tribunales. Como vemos en la práctica -hoy en Norteamérica- todo es más complejo. Pero lo que es difícil de comprender -salvo mala gestión- es que el artificiero jurídico del PP, entonces Federico Trillo, tuviera más mano que el presidente del Gobierno, la vicepresidenta María Teresa Fernandez de la Vega y la propia presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, que votó la recusación de Pérez Tremps.

Zapatero se equivocó con la política respecto a Mas y contribuyó a que el socialismo catalán se opusiera a la "gran coalición" que defendería mejor el Estatut

Una sentencia del Constitucional sobre un asunto trascendental no debe estar pudriéndose cuatro años, el prestigio del Tribunal no puede quedar por los suelos por peleas internas, continuas manipulaciones partidarias e incumplimiento de los plazos de los mandatos. Y el resultado final -por mucha buena voluntad que pusieran magistrados como Pascual Sala o Eugeni Gay- fue absurdo que agravara el problema que se pretendía resolver. Sin voluntad de ganar la batalla, mejor no haberla empezado.

Claro que Zapatero no fue ni de lejos el único culpable. La responsabilidad del líder de la oposición, Mariano Rajoy, fue muy alta, pero -en aquel momento- inferior porque no gobernaba. Su mayor pecado vino después, desde 2011, cuando no ha sabido -ni prácticamente intentado- suavizar el conflicto. Limitarse a decir que las propuestas de Artur Mas eran ilegales e inconstitucionales no es –se ha visto- 'desconflictivizar' el asunto. Pese a que el orgullo de Mas y su ignorancia de las realidades catalana, española y europea tampoco han ayudado nada.

Además pactar solo con Mas -y apartar a ERC de la propuesta final estatutaria- fue un grave error en el que sospecho que CDC tuvo más mano que el líder del PSOE. El pacto Zapatero-Mas era intocable porque quería prefigurar el futuro. Pero también es cierto que, aprobado ya el Estatut en referéndum -con el apoyo del PSC, CDC e ICV-, la exclusión de CDC del Gobierno catalán se debió a una visión miope del PSC. Un Estatut aprobado por los pelos y con la derecha española en contra no podía implementarse solo con un Gobierno de la izquierda catalana, con presencia de ERC, que había hecho campaña en contra.

Aquel Estatut necesitaba ser defendido conjuntamente por los partidos que lo habían hecho aprobar.

Dice bien Zapatero que el Mas que defendió el Estatut en el Congreso de los Diputados no era independentista y que la repetición del tripartito contribuyó a la radicalización de CDC. Acierta cuando dice que hubiera sido mejor una amplia concertación catalana, que el entendimiento entre el PSC y CDC se prolongase, e incluso deja caer alambicadamente que Duran Lleida podía haber sido un buen ministro de Exteriores. Sí, todo hubiera sido distinto si CiU hubiera estado en el Gobierno de Barcelona y además en el de Madrid.

Pero el secretario general del PSOE no podía -como hizo- actuar a espaldas del PSC, no pactar la política respecto a CDC y esperar que luego el PSC se inclinara. Que entregara la presidencia a Mas a poco más de tres años de gobernar la Generalitat que sucedieron a los 23 del reinado de Pujol.

Zapatero, Rajoy y los políticos catalanes fallaron -quizá tenga también alguna relación con el desgaste posterior del PP, el PSOE, el PSC y CDC-, pero pese a todo Zapatero apunta bien. Es difícil que la vida política catalana y española se normalice si no se encuentran las vías para dar a Cataluña un mayor autogobierno que no suponga la partición de España. No es fácil, pero nadie levanta la bandera de la unidad de España, y de la igualdad de los españoles, pese a la vigencia no discutida (ni por el PP ni por Susana Diaz) del concierto vasco y la ley de mejoramiento de Navarra.