Cumbre autonómica sin Euskadi y Cataluña

Artur Mas quiere volver a presentarse tras ser condenado (los suyos creen que condecorado) por los tribunales

Están a punto de cumplirse los tres meses de la investidura de Rajoy como jefe de Gobierno y quizá ya es posible un apresurado primer juicio sobre su actuación en algunos asuntos.

En una columna anterior intenté describir varias y diferentes etapas de su trayectoria. Pero, como máximo responsable de la política española, solo hay dos Rajoys. El Rajoy I, que mandó desde la mayoría absoluta que le dieron las elecciones de 2011, y el Rajoy II, el actual, que fue investido tras casi un año de espera, que intenta gobernar en minoría con solo 137 diputados, con un pacto —de futuro desconocido— con C´s, y que necesita para casi todo entenderse con el PSOE.

Lo primero a destacar es que Rajoy II —quizá porque en los 10 meses que van de diciembre de 2015 a octubre de 2016 tuvo tiempo de reflexionar— parece haberse adaptado a la nueva situación. Entrevistado el domingo por Paco Marhuenda, un antiguo colaborador, en 'La Razón' afirma: “Nunca hasta ahora había habido en España un Gobierno con un apoyo parlamentario tan limitado sobre el papel; LO QUE TOCA [las mayúsculas son mías] es adaptarse a la situación, analizar qué acuerdos son posibles y actuar de manera que se puedan llevar a buen término… Alguien dijo que el arte de la política es aplicar aquella parte de tu ideal que las circunstancias permitan. Y yo sé… que los españoles nos han exigido a todos pactos y cesiones”.

Sí, es una filosofía política distinta no solo a la de Aznar, su antiguo jefe, sino a la de Rajoy I. Pero no es fruto de ninguna '“conversión' sino de las circunstancias. La frase definitiva es “LO QUE TOCA”. La legislatura pasada podía gobernar desde la prepotencia de la mayoría absoluta y despreciar al PSOE, y ahora debe buscar los pactos con los socialistas permanentemente. Incluso se podría pensar que era sincero cuando reclamaba la 'gran coalición'. No por convicción intelectual sino por pragmatismo. LO QUE TOCA. No es una crítica: en un país con tendencia a caer en fundamentalismos y dogmatismos, el pragmatismo es más bien una virtud.

A Mariano Rajoy, el crecimiento y la creación de empleo le permiten gobernar con algunos acuerdos con el PSOE

Este pragmatismo le sostiene y le permite llegar a acuerdos con el PSOE en algunos asuntos (en otros, tiene que soportar que los socialistas con Podemos e incluso C´s se pongan de acuerdo para enmendar la anterior legislatura), porque en los últimos cuatro años ha hecho cosas bien que, con la ayuda de los favorables vientos de cola exteriores (petróleo barato, tipos de interés bajos del BCE y euro a la baja), le han salido todavía mejor. Es su gran activo, lo sabe, y lo destaca en la citada entrevista: “El año pasado se afiliaron a la Seguridad Social 540.000 personas, el año anterior 530.000. Esa es la medida del éxito de la reforma laboral. ¿Alguien quiere en serio poner en riesgo estos datos?”.

Claro, con un crecimiento del PIB superior al 3% (que casi dobla la media de la UE) y una fuerte creación de empleo —aunque se pueda discutir su calidad— que anima el consumo privado sin disparar ni la inflación ni comprometer la balanza exterior, se puede llegar —y se ha llegado— a acuerdos razonables con la oposición socialista. Aunque laboriosos y difíciles, porque Cristóbal Montoro no se podrá permitir con el déficit público la alegre indisciplina controlada de los dos últimos años y el PSOE tiene por delante —pero relativamente lejos— un congreso que no favorece un pacto presupuestario.

Cospedal ha sabido torear los espinosos asuntos Bárcenas y Yak-42, lo que la ayudará en el próximo congreso del PP

Pero quizá lo esencial es que Rajoy tiene, dentro de un orden, capacidad de pacto porque en la economía —si el Brexit, Trump o Marine Le Pen no lo estropean— las cosas van bien. Y los pecados que vienen del pasado (Yak-42, caso Bárcenas y caja negra del PP) son antiguos: con sus dos votaciones de 2015 y de 2016 los españoles los han medio indultado y Dolores de Cospedal los ha ido toreando, que no resolviendo. Es un activo de Cospedal que en el próximo congreso del PP veremos cuánto vale.

El asunto en el que Rajoy II ha avanzado menos es el de la pluralidad de España, quizá porque el PP actual puede ser más alérgico a la pluralidad que el de Aznar en el 96, cuando hablaba catalán en la intimidad y cedió competencias policiales a los Mossos. La vicepresidenta ha hecho un esfuerzo, ha viajado a Barcelona —la segunda capital del Estado— con algo menos de prisa de lo habitual, el nuevo delegado del Gobierno en Cataluña es un hombre de talante conciliador, ha mantenido “amigables y francas” conversaciones con Oriol Junqueras… pero ayer se celebró la Conferencia de Presidentes con la ausencia —relevante— de la comunidad vasca y de la catalana.

La ausencia de Euskadi y Cataluña, las dos nacionalidades históricas, no es un buen indicio

La vicepresidenta, en un rasgo de superioridad, ha dicho que estas comunidades estaban representadas por el Gobierno de España. Pero a nadie se le escapa que la presencia electoral del PP en estas CCAA es limitada. Que no estén ni Euskadi ni Cataluña —las dos autonomías para las que se redactó el artículo 151 de la Constitución— es grave porque resulta que la Conferencia de Presidentes ha sido solo la de los presidentes del PP o del PSOE, aunque el valenciano Ximo Puig preside un interesante Gobierno de coalición con Compromis.

Quizá la Conferencia de Presidentes sirva para algo, como para discutir en serio de la financiación autonómica con tres años de retraso sobre lo que marca la ley, pero la ausencia de Euskadi y Cataluña patentiza un cierto fracaso político. Sobre todo porque en las primeras —la conferencia fue un 'invento' de Zapatero— pudimos ver las fotos de Pasqual Maragall (que gobernaba con ERC) e Ibarretxe flanqueando al presidente socialista. Además, no son solo los nacionalistas catalanes, que se han ido al monte independentista, sino también los realistas de Urkullu —con los que a Rajoy le conviene contar para el Presupuesto— los ausentes.

Cierto que Urkullu tenía menos obligación de ir porque su financiación está resuelta (y piensa que mejor no tocarla), pero pretender que vaya el Gobierno catalán, que presume de que va a hacer este año un referéndum de independencia, indica poca reflexión. En especial cuando la vicepresidenta acaba de iniciar —con pocos resultados— un intento de aproximación.

Y las propuestas tienen que ser creíbles. La 'gran coalición' no lo era después de dos legislaturas (2004-2011) en las que el PP fue el azote inquisitorial del Zapatero “de las ocurrencias”. La Conferencia de Presidentes no es una institución demasiado creíble —a la que un presidente catalán se sienta obligado a asistir— cuando solo se ha celebrado cinco veces desde 2004, cuando Rajoy solo la convocó una vez la pasada legislatura, y cuando la discusión de la financiación autonómica se aborda con tres años de retraso.

¡Ojalá la Conferencia de Presidentes sea útil! Pero la ausencia de Urkullu y Puigdemont —los presidentes de las dos nacionalidades históricas para las que se abrió la vía del artículo 151— no es un buen inicio. Aunque no toda la culpa sea de Rajoy, Puigdemont debía asistir para defender los intereses de Cataluña y la vicepresidenta Neus Munté patina cuando dice que “los catalanes nos hemos ganado el derecho a una relación bilateral”. Nadie gana un derecho si solo lo reconoce él.

El Gobierno catalán insiste en referéndum o referéndum y Mas quiere volver a presentarse

Lo indiscutible es que la Conferencia de Presidentes no ha servido para acercar posiciones con Cataluña y que, al menos de momento, la 'operación Diálogo' está varada. El Gobierno catalán mantiene el rumbo, aliado con la CUP, hacia un imposible referéndum que será la primera concreción seria de un choque de trenes. Y Artur Mas estudia volver a presentarse a la presidencia de la Generalitat.

Curiosamente —la vicepresidenta española lo debería reflexionar— su mayor activo para oponerse a Oriol Junqueras, de ERC —al que todas las encuestas dan como vencedor, pero sin tener asegurada una mayoría independentista—, sería la inyección (ante el electorado nacionalista) que le supondría una condena de inhabilitación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le juzgará a partir del 6 de febrero y que posiblemente todavía no será firme cuando se celebren elecciones en Cataluña, porque estará pendiente del Supremo.

La presidenta del Parlament —Carme Forcadell— afirmaba, cuando presidía la ANC, que el nacionalismo tenía un buen seguro de vida. En sus momentos más bajos, el Estado español tomaba una decisión que, por desafortunada o desproporcionada, o por las dos cosas, se le volvía en contra.

Artur Mas piensa que —con ayuda del calendario— el teorema Forcadell le va a beneficiar, pues se puede aplicar a la decisión precipitada que el Gobierno hizo tomar a la Fiscalía, a finales de 2014, abriendo una causa contra Artur Mas, la entonces vicepresidenta, Joana Ortega, y la 'exconsellera' de Educación Irene Rigau, por la consulta participativa del 9-N de aquel año.

Rajoy está haciendo cursos acelerados de gobernar en minoría. Y por el momento los aprueba. Pero no se esfuerza lo suficiente —o no sabe hacerlo— en la asignatura hueso de la España plural. Ahí no progresa adecuadamente.

Confidencias Catalanas
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