Artur en Madrid, Soraya en Barcelona

El independentismo se tienta la ropa. Está tomando conciencia de que ha ido muy lejos en el enfrentamiento, que ha prometido demasiado —nada menos que un Estado catalán independiente dentro de la UE—, que tiene una fuerza electoral considerable (casi el 40% en las plebiscitarias de 2015) pero limitada, y que sus aliados de la CUP (8% enl 2015) son unos compañeros de viaje poco útiles ante Europa. ¿Plantear en estas condiciones una batalla frontal con riesgo de no ganarla?

Además, las movilizaciones contra el juicio de Mas han sido importantes pero no tan fuertes como se imaginaban. Y han tomado conciencia de que Rajoy ha acumulado fallos sucesivos desde 2006 y ha infravalorado el contencioso político, pero que no es ni una paloma (dispuesta a negociar por convicción o por temor) ni un halcón (que quiere recurrir al artículo 155 de la Constitución), sino un registrador de la propiedad atento a las escrituras (la Constitución). Y que además ha hecho que en Madrid, tanto el nuevo presidente del Parlamento europeo, Tajani, como el líder del grupo popular en dicho Parlamento, el alemán Manfred Weber, dijeran que la Unión Europea es una unión de estados y que como consecuencia violar la Constitución de cualquier Estado miembro equivaldría a violar el tratado de la Unión Europea.

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Lo que pasa es que el independentismo no puede dar marcha atrás sin perder autoridad política ante sus votantes. ¿Debe ir pues a la batalla a riesgo de perderla como le pasó a Lluís Companys en 1934? Quizá muchos —¿Puigdemont al frente?— no duden, pero otros se tientan la ropa.

En el Partit Demòcrata (la antigua CDC), la nueva dirección es independentista pero está preocupada por el futuro y quiere diferenciarse de ERC. Y los 'procesistas acérrimos' (los Turull, Rull, Homs) generan alguna prevención. El 'procés', acabe como acabe, no puede ser el único afán, y la implantación territorial del partido es una preocupación nada secundaria. En parte porque muchos miembros de la dirección son alcaldes del segundo cinturón o de la Cataluña interior. Y la nueva coordinadora, Marta Pascal, tiene personalidad y conoce bien la complejidad de la política europea.

Vamos a un conato de referéndum unilateral que será un choque de trenes, pero en las dos partes hay quienes pretenden reducir su intensidad

Y en la propia ERC, nadie duda de que el objetivo irrenunciable es la independencia, pero no desean tampoco que un brutal e incierto choque de trenes pueda frustrar las perspectivas de que ERC se convierta en el primer partido de Cataluña y vuelva a ocupar la presidencia de la Generalitat.

La idea que se va imponiendo es que vamos a un conato de referéndum unilateral que nos llevará a un choque de trenes de intensidad desconocida —pero que nadie quiere que sea muy destructiva— y que después habrá que atenerse a la relación de fuerzas que salga de las nuevas elecciones.

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Quizá por eso Artur Mas lanzó en Madrid la pasada semana la idea de que entre la independencia y el estado de cosas actual (una autonomía en regresión) había una vía intermedia. Se resistió a llamarla tercera vía, porque fue el término utilizado por el PSC y por Duran i Lleida, pero el nombre no hace la cosa. Vía intermedia o tercera vía es o lo mismo o muy parecido.

Lo que pasa es que Artur Mas añadió que esa vía intermedia no la podía proponer Cataluña sino que ofrecer el Estado. No el Gobierno sino el Estado. ¿El PP más el PSOE? ¿El PP más el PSOE más la Corona? Y el planteamiento de Mas es algo inconsistente. Parte de que ya toda Cataluña quiere la independencia y que España, para evitarla, debe hacer una propuesta alternativa. Y no es exactamente así. Los independentistas no han pasado nunca del 47,8%, aunque la desafección con el encaje de Cataluña en España sea más alta. ¿Tiene sentido que cuando los independentistas dicen que van a apretar el botón de la desconexión sugieran que el Estado haga una oferta alternativa? Más bien da la sensación de que el separatismo busca una salida al laberinto en el que se metió.

El problema es que el Estado —Rajoy a la cabeza— también se metió en un laberinto al recurrir con ruido y fanfarria un Estatut que había sido aprobado por las Cortes españolas y en el subsiguiente y obligado referéndum catalán, que decía que Cataluña formaba parte de España y que siempre iba a ser interpretado por un Tribunal Constitucional en que nunca (es metafísicamente imposible) iba a haber una mayoría nacionalista. Y ahora —o mañana— no se puede descartar que en una Europa en la que domina la protesta, un día los independentistas ganen unas elecciones. O dos. Y entonces habría un problema serio que nadie sabe cómo acabaría.

Por eso el Gobierno Rajoy ha lanzado la 'operación diálogo', no para convencer a los independentistas, seguramente tampoco para negociar con los que solo exigen un referéndum de autodeterminación, pero sí para bajar la tensión y quitarles argumentos en el momento en que se intente la desconexión y en las elecciones subsiguientes.

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Con este guion, el lunes la vicepresidenta volvió a venir a Barcelona para participar en tres actos distintos. La entrega de la medalla del Liceo a la reina Sofía, un almuerzo con los presidentes de un grupo de entidades de la sociedad civil llamado G-16, que sin estatutos tiene una vida laxa pero larga (se creó a mediados de los ochenta) y que agrupa desde el Foment y la Cámara de Comercio hasta el Centre Excursionista de Catalunya, el RACC (Real Automóvil Club de Cataluña), el Ateneo Barcelonés, el Círculo de Economía, el Círculo Ecuestre…Y por último la cena anual de 'El Periódico', en la que se premia a la empresa del año, que es presidida por Antonio Asensio y que reúne a un nutrido grupo de empresarios. En este último acto, la vicepresidenta coincidió con el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y ambos pronunciaron discursos sin agresividad.

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La vicepresidenta busca poner de relieve algo que en los últimos años se ha hecho muy poco: que el Estado quiere atender a Cataluña y que sabe escuchar. Si eso se hubiera hecho con decisiones concretas, no solo con gestos y palabras, hace cinco años, cuando Rajoy ganó las elecciones, ahora estaríamos en una situación muy diferente. Pero es cierto que más vale tarde que nunca.

Quizá lo más ilustrativo fue el almuerzo con el G-16, porque se trató de una reunión privada y reducida que permitió un amplio intercambio de opiniones. La vicepresidenta insistió en que el Gobierno está dispuesto a hablar y negociar de todo, excepto de algo que considera ilegal e inconstitucional, el referéndum de autodeterminación. Se habló mucho de inversiones del Estado en Cataluña y de infraestructuras y la vicepresidenta reconoció que se habían hecho errores. El clima dominante fue de diálogo sereno y los asistentes manifestaron sus opiniones personales, siendo las de más contenido crítico las de Mariona Carulla (Orfeo Catalá) y de Josep María Puente (Centre Excursionista de Catalunya). Y flotó la idea de que la vicepresidenta consideraba positivo haber discutido cuestiones concretas con Oriol Junqueras mientras que otros políticos catalanes solo planteaban el asunto del referéndum.

La sensación es que Rajoy, constante sobre el fondo (ni halcón ni paloma sino registrador de la propiedad), improvisa mucho. No parece lógico, por ejemplo, que el delegado del Gobierno, Enric Millo, diga en televisión el fin de semana que se está negociando continuamente, a veces de forma discreta, y que el lunes fuera desmentido con rotundidad por García Albiol, el presidente del PP catalán, diciendo todo lo contrario.

Conclusión: los dos trenes se preparan para el choque, pero esta semana —contrariamente a la anterior— no han dominado las galas de combate sino las del diálogo. Aunque más para ganar autoridad moral que para otra cosa, salvo quizá la de evitar que el choque sea demasiado cruento. Y en ambos trenes hay pasajeros nerviosos.