El tren independentista, aunque acusa la fatiga generada por las peleas intestinas, por la desmoralización que causa la persistente lluvia de noticias de corrupción de la familia Pujol (lo último, lo de la madre superiora), y por haberse fijado un objetivo difícilmente alcanzable como crear un nuevo Estado de la zona euro, alterando el equilibrio europeo y rompiendo el cuarto Estado de la UE, sigue su camino más o menos convencido. Renqueante, pero sin dar marcha atrás y sin saber tampoco cómo acabará la aventura.
El pasado jueves se supo que —no sin fuertes tensiones— el Gobierno catalán había llegado a un acuerdo para ordenar la compra de las urnas para el referéndum. Y ayer, mientras un millar de manifestantes acompañaban a la presidenta del parlamento, Carme Forcadell, a declarar ante la jueza instructora del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (no es la rebelión de las masas), el diario oficial de la Generalitat publicaba la orden.
El Gobierno busca dejar sin suministro eléctrico al tren independentista para que pierda fuerza e impulso y frene. Incluso contra su voluntad
Lo que sucede es que el otro tren, el del Estado, no solo es de mayor potencia sino que ha puesto en marcha una maquinaria jurídica que, aunque no sirve para arreglar el problema político de fondo, sí pretende ir cortando la corriente al tren independentista y hacer que este vaya perdiendo impulso y velocidad. ¿Quién fabricará urnas para el Gobierno catalán con el riesgo de ser perseguido por la Fiscalía? ¿Cómo se producirá la esperada (por algunos) rebelión de la ciudadanía catalana si la Fiscalía gradúa sus acciones para inhibir a los suministradores de la Generalitat pero, al mismo tiempo, pone ritmo lento a la persecución judicial contra los dirigentes más emblemáticos del 'procés'? Así, la Fiscalía ha pedido alargar los plazos del proceso a Forcadell por la “complejidad” del caso.
En realidad, el tren del Estado quiere dejar sin corriente eléctrica al de la Generalitat, pero buscando provocar lo menos posible al electorado catalán y sin alarmar al regulador europeo. Al mando no están Álvarez Cascos y Vidal Quadras sino Soraya, una abogada del Estado trabajadora y con ganas de arreglar cosas, y Enric Millo, un democristiano que fue (o es) catalanista. Quieren evitar el aparatoso choque de trenes dejando poco a poco sin suministro eléctrico al tren separatista para que, al final e incluso contra su voluntad, no pueda continuar la marcha.
Soraya y la Diada de Sant Jordi
Soraya y la Diada de Sant Jordi
Puede que esta estrategia funcione, aunque en el tren independentista hay alarma y van a intentar contrarrestarla. Pero el problema de fondo seguirá, porque un problema político no se soluciona en los tribunales y ninguna encuesta detecta una seria alteración del voto. La mayoría —incluso las del CEO de la Generalitat— dicen que la mitad de Cataluña desea la independencia pero que la otra mitad es contraria o bastante reservada. Y más de la mitad querría un referéndum pero la mayoría no lo querría unilateral sino con el acuerdo del Estado. Pero hoy por hoy —con un Gobierno catalán movilizado para conseguir la independencia en 2014 (lleva retraso)— es impensable que el Gobierno de Mariano Rajoy lo quiera y pueda negociar.
Pero el problema no es insoluble. Hay bastantes encuestas —de 'El Periódico de Cataluña', 'La Vanguardia', 'El País', incluso el CEO de la Generalitat— que dicen que una amplia mayoría de catalanes —del orden de los dos tercios— estaría satisfecha si de una forma solemne y efectiva se blindaran las competencias de la Generalitat y se garantizara un trato específico satisfactorio en financiación autonómica e inversiones del Estado. La última publicada que aborda este asunto es la de 'El País' del domingo 16 de abril, cuyos resultados difieren poco de otras anteriores.
La mayoría en el resto de España (61%) es contraria a la de Cataluña y solo ve bien una solución específica, tipo tercera vía, el 33%
¿Qué dice la encuesta? En síntesis, que los catalanes estarían más satisfechos con una solución tipo 'tercera vía' que con la independencia. Primero: el 61%, contra el 33%, ve inaceptable la desconexión exprés de España (cuyo texto no se conoce) que preparan los grupos independentistas. Segundo: en un referendo, el 44% (contra el 49%) votaría a favor de la independencia. Es un margen estrecho y hay encuestas que dicen justo lo contrario. Tercero: la opción tercera vía, quedarse en España pero con “nuevas y blindadas competencias en exclusiva” tiene el apoyo del 46% de los catalanes frente al 31% que preferiría la independencia y el 19% que ya está satisfecho con el estado actual de las cosas. La solución del conflicto no es pues fácil, porque “nuevas y blindadas competencias en exclusiva” es algo fácil de enunciar pero difícil de concretar. Aunque posible con un Gobierno de Madrid —y otro de Barcelona— dispuesto a la negociación y al pacto.
¿Por qué pues el conflicto se eterniza y parece no tener solución? Por dos motivos. Uno es que el independentismo llegó a la conclusión de que en la España en crisis moral y con el paro en el 26% de 2012 y 2013, la desconexión era posible. Y ahora, aunque las cosas han cambiado, se excusa en la actitud de Madrid para abortar cualquier negociación de más autonomía. ¡No fuera que los espíritus se pacificaran y perdiéramos la ventana de oportunidad!
Pero el segundo motivo es más grave e incita al pesimismo. Tras siete años de 'desafección' por una parte y de incomprensión por la otra, los ciudadanos españoles no aprueban la tercera vía. Según la encuesta referida, el resultado en el resto de España es el mismo que en Cataluña pero al revés. El 33% vería bien solucionar el conflicto pactando más competencias para Cataluña, pero el 61% se opone. El redactor del resumen quería ver el vaso medio lleno y decía que entre los jóvenes el porcentaje favorable subía cinco puntos, del 33 al 38%, y que entre los electores de Podemos llegaba al 63%. Y al llegar a este punto mi alarma se disparó. Si entre los electores de Podemos el 63% lo aprobaría y la media está en el 33%, no hay duda de que la oposición de los votantes del PP es mucho mayor. Y como no creo que Podemos pueda gobernar a corto y medio plazo, la posibilidad de que el Gobierno Rajoy tome una iniciativa arriesgada y contraria a lo que sienten sus electores me parece remota. Y además puede argumentar que no serviría para nada porque el independentismo la rechazaría.
Convendría reflexionar sobre el nacionalismo de Macron y la nación de naciones de Anselmo Carretero
La tercera vía es una opción pero parece que no a corto plazo, y como decía Keynes, “a largo plazo, todos muertos”. A no ser que un día Rajoy se desperece y lo imponga a su partido. Como acaba de hacer al consagrar una interpretación amplia del cupo vasco, difícil de entender desde la lógica jurídica racionalista pero fruto de los compromisos que establecen la historia y la complejidad de la vida política. Pero para que Rajoy se convirtiera, se precisaría un PNV catalán sin complejos. Como Iñigo Urkullu, Andoni Ortuzar o Josu Erkoreka no los tienen —al menos hoy— ante Bildu.
El domingo por la noche en París no me sorprendió, pero sí me impactó, y tomé muy buena nota de que el nacionalismo hexagonal, 'La Marsellesa' y la bandera tricolor eran —pese a la grave crisis existencial que atraviesa el país vecino— un impresionante y muy respetado vínculo de cohesión. En España —para bien o para mal— ese vínculo no existe de la misma forma en todo el territorio. Ni Rajoy, ni Sánchez o Susana Díaz, ni Rivera, ni Iglesias, podrían hacer un discurso a la vez nacionalista y europeísta de la intensidad, la fuerza y el convencimiento de los dos de Macron —el institucional y aquel para sus electores en La Pyramide— sin ser criticados en las 'nacionalidades históricas'.
Guste o no guste, es así. Aquí no tuvimos la Enciclopedia y la declaración de derechos del hombre (ni la guillotina), y las Cortes de Cádiz acabaron ignoradas por Fernando VII y el absolutismo del ¡vivan las cadenas!
O tomamos nota, y aceptamos que el conjunto de España es algo muy complejo, o el conflicto territorial será un lastre. Lo de la nación de naciones que viene de Anselmo Carretero, que se exilió en 1939 (no es invento de Pedro Sánchez), puede ser una aproximación interesante. El legítimo nacionalismo español y el vasco o el catalán deberían no solo coexistir y llevarse bien sino construir algo en común. En caso contrario, el conflicto territorial no hará explotar el Estado pero sí obstaculizará la cohesión y la energía del país.
