¿Puigdemont quiere ser un kamikaze?

Los ejércitos —perdón, los trenes— ya están uniformados y formados. Ya se han visualizado las divisiones y regimientos de cada uno, y sus apoyos y aliados respectivos. La fuerza del tren independentista no es despreciable y tiene serios puntos de apoyo. El primero, la sublevación moral de Cataluña por la sentencia sobre el Estatut de 2010, muy polémica y contraindicada cuatro años después del referéndum aprobatorio. Y además algo superflua, porque cualquier 'maldad' que intentara la Generalitat siempre sería paralizada por un tribunal en el que —por sus normas de reclutamiento— nunca podría haber una mayoría soberanista. El segundo apoyo es la frustración por una España que —contra lo que prometió Felipe en el 82— con Aznar, Zapatero y Rajoy no funciona o hace cosas difíciles de entender. El tercero, que Rajoy no ha negociado nada desde que llegó al poder a finales de 2011. Se puede comprender que, en la oposición, dijera que no a todo, pero se entiende bastante menos que luego, llegado al poder, no haya intentado poner algo de mercromina en las heridas. Aunque Artur Mas no se lo puso fácil. El quinto y último apoyo —pero no el menor— es la irritación (cierto que algo venida a menos) causada por la crisis, los recortes sociales y salariales y el aumento del paro.

Pero el tren del Estado es más fuerte. Tiene detrás la soberanía nacional tal como la definieron los constituyentes, entre ellos Miquel Roca y el entonces diputado raso Jordi Pujol. También la legalidad y las repetidas decisiones del Constitucional, ahora casi siempre por unanimidad, no como cuando la sentencia del Estatut del 2010. También las serias reticencias de Europa —con Francia a la cabeza— ante todo lo que pueda ser una subdivisión de los estados actuales, que tiende a ser vista como una complicación suplementaria a la vida de la UE. Y la consecuencia de la legalidad es la fuerza, ya que el Estado puede actuar, dentro de la ley, contra los que la violan.

El independentismo perdió fuerza tras el referéndum de 2015 al hacerse públicos los manejos de los Pujol Ferrusola

¿La legitimidad? Es un concepto más discutible. Para los catalanes que se consideran solo catalanes (según las encuestas, aproximadamente un 25%), el Estado no tiene legitimidad moral. Pero para los que se consideran tan catalanes como españoles —la minoría más extensa—, seguramente sí. Aunque es cierto que la petición de un referéndum —el derecho a decidir, que Rubalcaba dijo que como fórmula de 'marketing' era invencible— dota a los independentistas de un margen favorable. El Constitucional ignoró en 2010 el referéndum de 2006 —que dijo que Cataluña quería estar en España con aquel Estatut— y ahora la historia se toma su revancha. En todas las encuestas son más los que dicen querer un referéndum que los contrarios. Aunque luego se ve que lo preferido es un referéndum legal o pactado, no el que exigen los independentistas.

Madrid tiene que ir con cuidado con la petición de referéndum porque en Cataluña se parece a la devoción a la Virgen de Montserrat, algo que no discuten ni los ateos militantes. Cualquier catalán que haga mofa de esta devoción afronta algo más que la incomprensión. Y el extranjero que no la respete será tratado, en el mejor de los casos, como un mal educado poco recomendable.

Pero la legitimidad topa con el referéndum que convocó Mas (las elecciones plebiscitarias de 2015), en el que solo el 47,8% votó por salir de España. Mejor dicho, el 40% escaso, porque el 8% restante —el de la CUP— quería salir a la vez de España y de la Europa capitalista. Y, claro, tropieza también no ya, como en 2014, con la confesión de Jordi Pujol sobre la extraña herencia sino con toda la luz que ha salido de las hazañas de los hermanos Pujol Ferrusola —uno de ellos, destinado a heredar a Artur Mas el liderazgo de CDC— y de la correspondencia de la madre superiora. El independentismo ya no puede hablar de la España corrupta porque respecto a esta lacra, y a los abusos de los partidos gobernantes, se puede decir que Cataluña y España son muy parecidas.

Los trenes ya están uniformados y dispuestos en sus vías, al independentista le falta todavía —eso sí— la llamada ley de transitoriedad, o sea la proclamación revolucionaria, que en Madrid se prefiere presentar como un golpe de Estado, quizá porque hoy a la derecha española le producen más repulsión los golpistas que los revolucionarios (un cambio histórico relevante). Pero la realidad es que ya todo el mundo sabe el número de vagones, la capacidad de la máquina e incluso la pericia de los conductores. E, incluso admitiendo que en lo de la pericia hay mucho a discutir, todo observador atento —incluidos bastantes independentistas— sabe que el tren del Estado —no sin sufrir serios daños— saldrá mejor del choque. Rajoy escogió judicializar el conflicto y en este campo el tren del Estado va a ganar porque es más fuerte. Cosa distinta serán las consecuencias de futuro, pero eso es oficio de los historiadores y tentación de los profetas. Y ni Rajoy ni Puigdemont tienen, 'a priori', vocación de profeta.

Cualquier 'president' de la Generalitat pruedente buscaría alargar los plazos sin perder la cara. Extrañamente, no es lo que pretende Puigdemont

Estando las cosas como están, cualquier 'president' avisado buscaría la forma de —sin perder la cara— retrasar el choque de trenes, alargar los plazos abriendo una negociación, aunque no llevara a ninguna parte, o incluso crear una conmoción política y distraer la atención manifestando voluntad de apoyar una hipotética moción de censura de Pedro Sánchez. Sin poner ninguna condición, para que al líder socialista le fuera más difícil escabullirse y aumentar así el nerviosismo de Madrid.

Pero no. Puigdemont fue a Madrid el lunes para mostrar que es un estadista decidido, con mando en plaza, y a decir con buenas palabras que está dispuesto a negociar la fecha y la pregunta —o sea, nada de lo esencial, por lo que todos los partidos españoles salvo Podemos se oponen al referéndum— mientras prepara una ley de ruptura. Un estadista educado pero dispuesto a violar el orden constitucional elaborado, entre otros, por Roca Junyent y Jordi Solé-Tura. Diplomacia aparte —y es un hombre cordial—, Puigdemont ha ido a Madrid a proclamar 'urbi et orbi' que es el maquinista del tren rebelde y que está a punto de dar la orden de embestir. Salvo —eso sí— que el tren mejor pertrechado acepte que ha perdido la batalla y negocie la sumisión. Es bastante absurdo.

¿Qué pretende Puigdemont, antiguo alcalde de Girona pero nacido en rebeldes tierras 'carlistas'? Misterio. Una tesis es que Puigdemont es un independentista sincero, sin ambiciones políticas (las que pudiera tener ya fueron colmadas en exceso por Artur Mas al inmolarse ante la CUP), y que lo único que quiere es quedar bien ante los suyos convocando el referéndum tras dar todos los pasos diplomáticos y jurídicos que cree imprescindibles. Luego se retiraría a Girona y se dedicaría a meditar y escribir sobre el futuro. Algo siempre abierto.

Es una tesis demasiado simple, pero no imposible. Otra tesis sería que estamos ante un empedernido consumidor de películas de la Segunda Guerra Mundial. Puigdemont estaría dispuesto a hacer de kamikaze porque cree que estrellando su avión contra el Congreso de los Diputados, contra la soberanía nacional, provocaría un terremoto de consecuencias imprevisibles. El cálculo se basaría en que España está en una situación muy inestable y precaria (gobierno en minoría, asaltado por la corrupción, dependiente del PNV y con un paro que todavía dobla el europeo) y que el choque podría alterar la ecuación política vigente desde el 77, la de la monarquía de Adolfo Suárez y Felipe González, y de Santiago Carrillo y Manuel Fraga.

Entre la tentación kamikaze y el sueño de que una reacción desproporcionada del Estado provocará una revuelta similar a la de hace años en Egipto

Y esta cálculo podría reforzarse por la creencia en el llamado teorema Forcadell: el Estado español es el aliado perfecto porque siempre se equivoca, reacciona desproporcionadamente y provoca irritación en los catalanes. Puigdemont creería que es inevitable una reacción excesiva y desmedida del Estado —jaleado por alguna prensa—, que haría que los catalanes protestaran ocupando —tras el 11 de septiembre — en una cuarentena de plazas públicas y que todas las televisiones del mundo explicaran la nueva primavera catalana. Como pasó en Egipto hace unos años cuando la rebelión contra Mubarak.

Es bastante disparatado, porque los catalanes no viven como los egipcios —aunque es cierto que en septiembre la perspectiva ya no es la playa, y tras las vacaciones no van bien de euros en mano— y porque a estas alturas del partido Puigdemont debería saber que Mariano Rajoy no es el Jaime Mayor Oreja de aquellas elecciones vascas y que Enric Millo —aunque atrapado en el conflicto de los pasaportes del aeropuerto— es todo lo contrario de Alejo Vidal Quadras.

Puigdemont, sea un kamikaze o apueste por la revuelta popular, tiene todos los números para ser el gran perdedor del choque de trenes. Pero Cataluña, que no le habrá ni seguido, ni tampoco condenado, tendrá algún día que celebrar elecciones, incluso si la CUP premia al 'president' con algunos meses más de vida y el tren del Estado no le ha arrollado. Y Rajoy sabe que no puede tirar sal sobre el 20% del PIB español, como dicen que hizo Roma con Cartago en otros tiempos, lo que desearían algunos predicadores de Madrid.

¿Dónde están pues las salidas, todas imperfectas? Nacho Cardero, director de El Confidencial, decía ayer con razón que Oriol Junqueras, el líder de ERC, no pactaría con Rajoy a cambio de la presidencia de la Generalitat porque es “un obseso de la independencia”. Y la presidencia no depende de Rajoy sino de ser el primer partido en las urnas, lo que ERC conseguiría —según todas las encuestas— si ahora hubiera elecciones. Pero es difícil que Junqueras tenga mayoría absoluta y el PDeCAT, que mientras proclama la ruptura con España hace pactos con el PP sobre el Palau de la Música (ver crónica de la semana pasada), puede quedar en una situación que le aconseje rehacerse en la oposición (lo que defienden Marta Pascal y los jóvenes alcaldes que la acompañan).

Entonces Junqueras tendría que decidir. Hablaremos otro día.