Inconscientes hacia el choque

La democracia del 77 ha sido un éxito porque ha permitido el periodo más largo de nuestra historia en que se han respetado los derechos y libertades. Y así lo reconocen en toda Europa, aunque ahora —y no es irrelevante— la diputada Irene Montero diga que es una gran vergüenza que Rodolfo Martín Villa participe en un acto en conmemoración de las primeras elecciones democráticas. Seguramente porque no sabe que Martín Villa era el ministro del Interior que las organizó y que tuvo un papel determinante en la legalización del PCE la primavera del 77 y en el posterior retorno del exilio del 'president' Tarradellas.

La ignorancia se cura con los años. O se puede curar. Más grave es que dirigentes del PP y del PSOE —que no son Podemos— no sean consciente de que la democracia del 77 fue posible porque no solo incorporó sino que desde el principio se fundamentó —al menos en parte— en la aportación de las tres fuerzas políticas catalanas entonces más relevantes: los socialistas del PSC, los comunistas (euro) del PSUC y los catalanistas de centro de CDC. Roca Junyent, por CDC, y Jordi Solé Tura, por el PSUC (luego fue ministro de Felipe González), participaron en la elaboración de la Constitución, y fruto de su trabajo y del de Gregorio Peces Barba (del PSOE) y Miguel Herrero Rodríguez de Miñón (UCD), el artículo dos de la Constitución habla de las “nacionalidades y regiones” que forman España.

No sé si el diputado Pablo Casado —joven promesa del PP— habría sido más españolista que Fraga y habría vetado lo de nacionalidad. ¡De aquellos polvos vienen estos lodos! Y ahora Pedro Sánchez —y antes Felipe González— hablan de que España es una nación de naciones.

El independentismo se equivoca al no respetar el imperio de la ley, pero incluso Pérez de los Cobos dijo que los conflictos políticos exigen negociar

Si ahora la democracia no es capaz de integrar la Cataluña actual, en la que en 2015 —últimas elecciones catalanas— un 47,8% votó a candidaturas independentistas y un 9% a otra que abogaba por un referéndum, es muy posible que la democracia española salga severamente tocada. Ciertamente el conflicto no es fácil de embridar y —sin remontarnos a las culpas históricas— lo cierto es que la democracia es el imperio de la ley y que el Gobierno de la Generalitat se equivoca gravemente cuando pretende crear —'ex novo', en 24 horas y violando la legalidad española, e incluso el Estatut— una nueva legalidad.

Pero incluso el último presidente del Tribunal Constitucional, Pérez de los Cobos, nada sospechoso de catalanismo, dijo en su discurso de despedida que el conflicto catalán era un problema político y que este tipo de problemas necesitan una negociación y no se resuelven solo recurriendo a la ley. La fundación catalana Tercera Vía, que preside el notario Mario Romeo, no se aleja mucho de este enfoque cuando dice: “Con la ley, sí; pero solo con la ley, no”. Y para muchos catalanes —pese a lo que dice la Constitución— la soberanía no reside en el pueblo español sino en el pueblo catalán. La ley es la ley, pero las convicciones religiosas son libres y han generado —no hace tanto— muchas guerras en Europa. Por eso fue una imprudencia temeraria que el partido de la derecha española —en parte para intentar derribar a Zapatero— hiciese una cruzada (sí, la palabra tiene connotación religiosa) contra un Estatut que —gustara o no gustara— había sido aprobado por las Cortes españolas, por el pueblo catalán en referéndum, que decía que Cataluña formaba parte de España, y ante cualquier contencioso que se derivara de su aplicación quedaba sujeto al arbitrio del Tribunal Constitucional en el que —por definición— los independentistas nunca podrían tener mayoría.

Todo esto es pasado. Mejor no removerlo, pero los dirigentes del Estado deberían tenerlo en cuenta. Y la desafección catalana —advertida por el 'president' Montilla— ha aumentado mucho desde que en 2010, con cuatro años de retraso y magistrados 'caducados', el Constitucional dictó una sentencia que ha tenido consecuencias desestabilizadoras.

Cuando Puigdemont compara la persistencia en la lucha contra ETA con el 'procés', confiesa que la dinámica dogmática resta lucidez

A la vista están. El 'president' Puigdemont dijo el lunes —en un acto de homenaje a las víctimas de Hipercor— que era la persistencia la que había conseguido vencer al terrorismo de ETA. Y que de la misma manera la persistencia haría posible que un día Cataluña fuera independiente. La frase —y el momento— no puede ser más desafortunada, pero Puigdemont no es de la CUP (aunque ha optado por depender de ella) ni un descerebrado. La semana pasada hubo en la Generalitat un acto de homenaje a Josep Pallach, el líder socialdemócrata del Moviment Socialista de Catalunya, que murió en enero del 77 y que siempre se negó —pese a las presiones del SPD alemán— a que el socialismo catalán se integrara en el PSOE. Pallach no era independentista, y aunque muchos de su partido se integraron en el PSC, otros se fueron a CDC o a ERC.

Era el día siguiente a que Puigdemont dijera la fecha y la pregunta del referéndum. Pero ante Teresa Juve (viuda de Pallach, 96 años), Puigdemont no cayó ni un milímetro en la tentación de capitalizar la figura del líder socialista catalán que los independentistas utilizan para atacar al PSC.

¿Cómo un hombre como Puigdemont puede pues comparar la lucha contra ETA —para preservar el primer derecho del hombre, que es la vida—, que ha causado tantos muertos, con la lucha por la independencia? ¿Cómo un partido como CDC, la quintaesencia del catalanismo pragmático de Jordi Pujol y Miquel Roca, se ha convertido al independentismo no ya como programa máximo sino como programa mínimo? ¿Cómo ERC, que solo votó contra el Estatut de 2006 porque Zapatero —que había hecho de Artur Mas su interlocutor privilegiado— se negó a negociar la transferencia del aeropuerto, está ahora como está? ¿Cómo muchos catalanes, que siempre han mirado a Europa como norte geográfico y moral, están dispuestos a quedarse como mínimo un tiempo en la sala de espera a cambio de la independencia?

La respuesta es que cuando se entra en la dinámica del dogmatismo —solo vale la independencia o solo vale romper con el capitalismo— se pierde la lucidez política e intelectual. El nacionalismo de la derecha española y las inconsistencias de la izquierda han contribuido a la desafección, pero el error grave es el del catalanismo que ha abrazado —quizá por la tentación populista— la tesis del independentismo como programa mínimo y que ha optado por no respetar el Estado de derecho.

Y la dinámica dogmática niega la realidad. La realidad es que el grupo de Ada Colau les dijo el lunes (Domènech mediante) a Puigdemont y Junqueras que el referéndum que planean se parecerá más a otro 9-N que a un referéndum legal y con garantías, y que solo lo apoyarán (si lo hacen) como expresión de protesta. La realidad es que en la sociedad catalana hay una fractura fuerte por la exigencia independentista, que los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT), que no hacen ascos al derecho a decidir, no son partidarios de un referéndum unilateral y que las asociaciones del tercer sector se están escindiendo por el referéndum.

El Gobierno es culpable de no haber negociado nada en cinco años, pero el independentismo alienta un frente de rechazo que va desde Aznar a Guerra

No importa, el independentismo ha optado por el choque de trenes. Sabe que lo más probable es que pierda la batalla, pero cree (la fe mueve montañas, decían en los colegios preconciliares) que los errores del enemigo (el nacionalismo español) harán que el independentismo salga fortalecido. Las últimas semanas he señalado las reticencias y la oposición creciente del Círculo de Economía y de la patronal del Foment. No importa. El pasado sábado se celebró en La Seu d'Urgell el 28º encuentro del Pirineo, que reúne a muchos empresarios dinámicos de la Cataluña interior. Había unanimidad en el optimismo sobre su facturación y sobre la creación de empleo, pero el 57% manifestó, en una encuesta 'in situ', que la incertidumbre de la política catalana afecta negativamente a sus negocios. No importa, la portavoz para todo Neus Munté —antes de Mas, ahora de Puigdemont— les recitó la lección: “La independencia aportará una mayor competitividad respecto de otros estados con los que se podrá estar en igualdad de condiciones, sin cargas fiscales y sin incumplimientos en las infraestructuras necesarias para el progreso” (del resumen de 'La Vanguardia').

¡Vivir para ver! ¿Y qué dice el Gobierno español? La vicepresidenta —que ha viajado mucho a Barcelona y que tiene el mérito de hablar con mucha gente— vino a decir el lunes en Barcelona que el choque de trenes no se podría evitar pero que esperaba que tras el 1 de octubre (el día D) lleguen “el sosiego y la desaceleración” y se pueda negociar. Al menos la vicepresidenta —y Rajoy desde que fue reelegido a finales del año pasado— no crispan innecesariamente, pero no es una frase adecuada para una vicepresidenta con poder desde finales de 2011. ¿No ha podido dialogar ni negociar nada antes del choque de trenes?

No se trataba de discutir de soberanías, que en los conflictos religiosos España es bastante intolerante, sino de haber sabido ponerse de acuerdo en normas de 'conllevancia' (la prescripción de Ortega y Gasset), antes de que el contencioso religioso —donde radica realmente la auténtica soberanía— saliera del tarro de las esencias.

Y cuidado, porque mientras Soraya habla de volver a dialogar después del choque (y qué otra solución hay ya, que volver a exiliar disidentes, como en 1939, es imposible), el joven Pablo Casado acusa al PSOE de colaboracionismo con el independentismo por afirmar que España es una nación de naciones y Alfonso Guerra regresa para desbordar por la derecha a Rajoy y exigir que se aplique ya el artículo 155 de la Constitución.

¿Y si al final asistimos a un pacto transversal Aznar-Guerra (lo mejor del PP y lo mejor del PSOE) exigiendo palos de Constitución al catalanismo? Sería todo lo contrario de lo que les conviene a Cataluña y a España. Aunque… el dogmatismo independentista se lo tendría merecido.