Caleidoscopio catalán previo al referéndum

Esta mañana, el 'president' Puigdemont tiene que explicar en el Parlament el cese la semana pasada del 'conseller' de Empresa Jordi Baiget, y su sustitución por Santi Vila, el de Cultura. No es una papeleta fácil, aunque la mayoría independentista de 71 diputados (sobre 135) no le planteará problemas. A no ser, claro, que la CUP (10 diputados) aproveche para acusar a algunos 'consellers' del PDeCAT (la antigua CDC) de poco compromiso con el referéndum.

Y la mayoría independentista desprecia lo que puedan opinar los cuatro grupos de la oposición (PP, C´s, PSC y la coalición ICV-EUA-Podemos). Así, ni se inmutó cuando el Consejo de Garantías Estatutarias (un mixto entre un TC catalán y el Consejo de Estado, pues es un órgano consultivo) dictaminó por unanimidad que la reforma del reglamento del Parlament —que permitirá aprobar en lectura única y en un solo día la ley de referéndum— violaba los derechos de esos grupos al impedir —entre otras cosas— el recurso al citado Consell de Garanties.

La brecha en Podemos por el 1-O se extiende de Cataluña a Andalucía, Galicia y 'anticapis'

Iván Gil

Las discrepancias que hasta ahora se habían contenido en el debate interno comienzan a mostrarse públicamente en varios territorios y sectores, elevando el tono contra la dirección estatal

Pero Puigdemont deberá ir con cautela, pues el cese de Jordi Baiget es solo la parte emergente de un iceberg: los reparos de una parte sustancial del PDeCAT a la actitud de Puigdemont, al que muchos en el partido le reprochan cierto maximalismo. El 'conseller' Baiget, en una entrevista al independentista 'El Punt Avui', hizo tres afirmaciones que atacaban la línea de flotación de Puigdemont. Primero, que el referéndum no se podría celebrar tal como estaba diseñado porque el Tribunal Constitucional lo suspendería y que lo que se podría lograr sería una repetición de la consulta no vinculante de Artur Mas del 9-N de 2014. Segundo, que la diferencia con el 9-N solo podía venir de una mayor afluencia a las urnas (doblar el número de votantes), pero que no creía en movilizaciones más rupturistas y prolongadas en el tiempo: “El país [Cataluña] no aguantaría una huelga general, pensar lo contrario es no conocerlo”. Tercero, que varios 'consellers' no conocían lo que Puigdemont planeaba y que así arriesgaban su patrimonio (por las posibles sanciones de los tribunales) mientras las decisiones eran tomadas por un comité fantasma que no corría riesgos. El título de la entrevista era precisamente: “Aceptaría ir a la cárcel, pero no que vayan contra mi patrimonio”.

La crisis Baiget es la parte visible de un iceberg: la creciente desconfianza entre el PDeCAT y el 'president'

Es una crítica dura a la radicalizada (más que nada, por inflexible) posición de Puigdemont, apoyado —al menos formalmente— por Junqueras. Pero la relevancia de la crisis del PDeCAT viene tanto del fondo de las críticas de Baiget como de su personalidad. Baiget, que fue secretario del Gobierno de Artur Mas, ha sido siempre un 'conseller' disciplinado y reservado. Es por tanto probable que no expresara su opinión personal sino la de un grupo no reducido de preocupados 'consellers' y cuadros del PDeCAT. Que la coordinadora del partido, Marta Pascal, dijera el mismo lunes de las declaraciones: “Llegaremos al 1-0 y con Baiget en el Gobierno”, lo atestigua. Además, el jefe de gabinete de Baiget era precisamente el esposo de Marta Pascal. Y su mujer es una directora general del departamento de gobernación que se dice que tuvo que ver con la decisión final de retirar el concurso de adjudicación de urnas.

¿Fue un intento de un sector del partido, con el conocimiento de Marta Pascal, de frenar a Puigdemont? Quizá, pero el 'president' reaccionó con un gesto de autoridad y al destituir a Baiget hizo saltar por los aires la autoridad de Pascal. Hasta el punto de que el 'conseller' Santi Vila, cuya actitud es muy próxima a la de Baiget, aceptó sustituirlo. Así, la crisis no acabó en una marginación total de los 'moderados', pero sí en la demostración de su impotencia. Manda Puigdemont. Y el PDeCAT, apesadumbrado porque las encuestas indican que ERC lo superaría en mucho y que Junqueras podría ser el próximo 'president', está sin estrategia de partido. Puigdemont tiene como única prioridad el 1-O, mientras que Marta Pascal pretendería que el partido no quemara las naves para llegar en las mejores condiciones posibles a las municipales de 2019, cuando muchos alcaldes convergentes —que son mayoría en la ejecutiva del partido— se juegan su futuro,

Ada Colau tiene que alentar el referéndum, pero sin implicarse demasiado. Cree que separarse de la protesta le resta atractivo electoral

Pero son casi todos los partidos —con la notable excepción de los republicanos, donde Junqueras manda como un rey de los de antes— los que acusan la crisis del 'procés'. Catalunya en Comú, el nuevo partido de Ada Colau y Xavier Domènech, que no se corresponde exactamente con el actual grupo parlamentario de ICV-Podemos que dirigen Lluís Rabell y Joan Coscubiela, adoptó el sábado una posición salomónica respecto al referéndum. No se lo tomaban en serio como referéndum —por ausencia de garantías y dudas sobre su celebración— y por lo tanto no incitarían al voto, pero lo apoyarían como expresión de protesta. Luego la reacción crítica de los independentistas hizo que Ada Colau —que no se quiere separar de un movimiento de protesta— dijera que darían todas las facilidades. Y más tarde volvió a rectificar diciendo que lo que le preocupaba del referéndum no era tanto la oposición de Madrid, o incluso del PSOE (gobierna en coalición con el PSC), sino que dividía a la sociedad catalana.

Con el referéndum todavía no convocado —ni la ley aprobada— es difícil saber cuál será la posición final de los 'comunes'. La impresión es que Colau no pondrá en juego su posición en el Ayuntamiento de Barcelona y que por tanto no incurrirá en ninguna ilegalidad, pero sí que puede jalear la protesta, con mayor o menor intensidad según las circunstancias. Cree que separarse demasiado de una protesta relevante puede perjudicarla electoralmente, aunque tampoco quiere sumarse en exceso. En este sentido, es relevante que Pablo Iglesias —al que la coalición con Colau e ICV ha dado muchos diputados en Madrid— haya inflexionado su posición. De criticar un referéndum sin garantías, ha pasado a afirmar que, pese a todo, las instituciones catalanas deben apoyar la movilización.

Lo que oculta el cese del consejero Baiget: las parejas que se la juegan con el 'procés'

Antonio Fernández. Barcelona

Si es verdad que la familia que trabaja unida permanece unida, la gran familia convergente tiene una larga trayectoria por delante

Pero el gran hándicap de Colau y Domènech es que el partido que están montando solo está de acuerdo en exigir un referéndum legal. Luego, la discrepancia entre los que estarían a favor del sí (no mayoritarios), los del no (pocos), y los que defienden o se refugian en proponer alguna forma de tercera vía (incluida la confederación) es muy fuerte. ¿Puede ganar en Cataluña un partido que no quiere definirse —por la división interna que podría hacerlo explotar— sobre la independencia?

Los 'comunes' tenían expectativas de ser la primera fuerza catalana, enarbolando la bandera de la protesta social, contra la España del PP y contra las 'traiciones' de Zapatero y del PSC. Y lo fueron en las legislativas de 2015 y —con una ligera pérdida de gas— en las de junio de 2016, cuando la prioridad del electorado catalán de izquierdas era echar al PP. Pero no en las catalanas de septiembre de 2015 —que ganó Junts pel Sí seguida de C's—, ni lo son en las encuestas sobre las próximas elecciones catalanas, en las que ERC parece capitalizar casi todo el voto de protesta y en las que el PSC queda por delante del nuevo partido, como ya pasó en 2015.

Este viernes, las ejecutivas del PSOE y el PSC fijarán su posición en Barcelona: no al referéndum unilateral, pero exigencia de negociación

Por su parte, el PSC celebra en Barcelona este fin de semana una reunión conjunta de su ejecutiva con la del PSOE con la presencia de Pedro Sánchez. El objetivo es dar fuerza a la candidatura de Miquel Iceta a las próximas elecciones catalanas y aunar las posiciones del PSC y del PSOE, algo más fácil tras la consagración de Iceta en las primarias del PSC y la más reciente de Pedro Sánchez en las del PSOE.

Iceta ha defendido siempre que Cataluña ni debía ni podía salir de España y, como consecuencia, de la UE, pero ha exigido también alguna forma de tercera vía, marcando distancias con el inmovilismo del PP, al que responsabiliza en parte de la situación actual por su recurso contra el Estatut de 2006. Esta posición fue muy atacada tanto por el independentismo (los más soberanistas salieron del partido con el aplauso del 'agit-prop' convergente), como por el PP e incluso sectores del PSOE. Pero ahora el PSC ya tiene su crisis detrás y cuando Madrid constata que la desafección de Cataluña (denunciada por José Montilla) no es un invento sino una realidad que permanece y el independentismo parece que no puede superar su techo de 2015 y arrastra la hipoteca de la CUP, se ha convertido en el punto de referencia más sólido de la tercera vía. Y su pragmatismo le ha llevado a tener una vía de comunicación abierta tanto con la vicepresidenta del Gobierno como con sectores del independentismo.

Además, el retorno de Pedro Sánchez, que en Cataluña ganó las primarias con un margen amplísimo, es visto como lluvia de mayo. Para ganar en España, Sánchez necesita que el PSC recupere voto en Cataluña, donde Felipe González nunca perdió una elección. Sanchez e Iceta se oponen al referéndum, por unilateral, ilegal y falto de garantías, pero exigen acabar con el inmovilismo y el recurso exclusivo a la vía judicial. Creen que se debe abrir una vía de diálogo sentando en una mesa parlamentaria a todas las posiciones y abogan —además de por acuerdos relevantes sobre una mejor financiación y mayores inversiones del Estado— por crear en el Congreso una subcomisión para la reforma de la Constitución.

Creen que la subcomisión podría ser el inicio del diálogo y no comparten la opinión de Rajoy de que no hay el consenso necesario para reformar la Constitución. Reconocen que no será fácil, pero que desde luego es imposible mientras no se dialogue en sede parlamentaria. Y el propio Francesc Homs, portavoz del PDeCAT en Madrid hasta su inhabilitación por el Supremo, pidió una comisión sobre Cataluña.

En este asunto, curiosamente las posiciones de Pedro Sánchez y de Felipe González están bastante próximas. Ambos coinciden en que la subcomisión parlamentaria podría ser el inicio del deshielo. Y Sánchez ha leído con atención la reciente encuesta del Instituto DYM para El Confidencial que dice que el 48,5% de los españoles (contra el 35,6%) está de acuerdo en que España es un estado plurinacional. Y esta opinión es mayoritaria en todas las franjas de edad, excepto entre los mayores de 66 años.

¿Puede el choque de trenes del 1 de octubre abrir una nueva etapa de diálogo? Parece imposible, pero...

El problema es que aunque el PP no pueda impedir esa subcomisión, su no participación la condenaría por razones obvias a la irrelevancia. Y cuando los dos trenes han abandonado la última estación antes del choque (o de algo parecido), no es el momento más oportuno para que Rajoy haga un gesto que la derecha de su partido —y parte de la prensa madrileña— no dudaría en criticar.

¿Será más factible esta comisión tras el choque de trenes? En principio, parecería todo lo contrario, pero la realidad es que hay declaraciones recientes de Soraya Saénz de Santamaría y Oriol Junqueras (que en los últimos meses se han visto con cierta asiduidad) que dicen que lo relevante es pensar en el 2 de octubre. ¿Es condición para el diálogo que los dos trenes hayan hecho antes su demostración de fuerza?