El lunes el Tribunal Constitucional (TC) suspendió la reforma del reglamento del parlamento de Cataluña que Rajoy considera inconstitucional porque permitiría aprobar, en lectura única y violando los derechos de los grupos parlamentarios, la ley de referéndum (ya conocida) con la que el separatismo quiere tener una base legal para la consulta del 1 de octubre, y la futura ley de desconexión, de independencia respecto a España. Todavía desconocida.

Desde el punto de vista jurídico el independentismo está perdiendo la batalla y el referéndum no se podrá celebrar. Otra cosa es lo que vaya a pasar en la realidad pues el radical Jordi Turull, el nuevo portavoz, dijo ayer mismo que el gobierno catalán apoyara al grupo parlamentario de Junts pel Si (la coalición de ERC y la antigua CDC que tiene 61 diputados) si decide desobedecer al Constitucional y tramitar en lectura única la ley de referéndum. Y el nuevo líder parlamentario de JpS, Lluis Corominas, declaró que también se podía tramitar con el reglamento antiguo por la via de urgencia. Es muy dudoso que así la ley pudiera ser aprobada a tiempo para votar el 1-O. Y en todo caso sería inmediatamente recurrida y suspendida. Pero como el nuevo conseller de Interior y el nuevo director de policía han dicho que los “Mossos” garantizarán que el referendum tenga lugar, nos podemos encontrar el 1-0 ante un choque de trenes real: el gobierno catalán y el español dando órdenes contrarias a la policía catalana.

Cuesta creer que el desencuentro entre el independentismo catalán, que manda en la Generalitat desde finales del 2010, y el Gobierno español haya llegado tan lejos desde la sentencia del TC sobre el Estatut del 2006 de junio del 2010. Pero podemos estar ahí y tener consecuencias graves.

Cada vez más juristas catalanistas ponen distancias con la creciente radicalización del independentismo

Pero sería suicida que el independentismo llevara sus planes hasta el final. Y no sólo por las consecuencias legales -inhabilitaciones y procesos en los tribunales- que tendría que afrontar sino porque es difícil que sacara rentabilidad política en unas elecciones posteriores ya que la radicalización del movimiento no ha sido acompañada ni por la sociedad catalana ni incluso por sectores del catalanismo. Tres hechos muy recientes lo han puesto de relieve.

El primero es el artículo que Antoni Bayona, letrado mayor del parlamento catalán y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra, publicó en la “Revista Catalana de Dret Public” que se conoció a finales de julio. Bayona, cuya proximidad a la antigua CDC es conocida, ponía serios reparos a la legitimidad democrática de la vía unilateral porque Cataluña no es un sujeto jurídico y político soberano y resaltaba que el independentismo había hecho una lectura equivocada de las elecciones-plebiscito del 27-S del 2015 ya que no podía decir que las había ganado con el 47,8% de los votos. Además, JpS sólo había logrado 62 diputados y la mayoría absoluta parlamentaria únicamente se alcanzó gracias a los 10 diputados de las CUP, formación antisistema y anticapitalista que aboga por la separación de España y por la salida de la Unión Europea, lo que no el objetivo ni del nuevo PDeCAT ni de ERC que sostienen que una Cataluña independiente no saldría de la UE.

Operación de los Mossos d’Esquadra para buscar ‘espías’ de Madrid entre sus agentes

Antonio Fernández. Barcelona

La obsesión de los Mossos d’Esquadra es conocer quién puede haber hablado con miembros del Cuerpo Nacional de Policía para depurar responsabilidades

Por último, Bayona calificaba de grave error considerar al Estado español autoritario y creer -o intentar hacer creer- que no es una democracia homologable.

Los argumentos de Bayona no son nuevos, pero es relevante que sean explicitados por el letrado mayor del Parlamento catalán y no hacen sino corroborar el divorcio entre el independentismo radicalizado y los cuerpos jurídicos del autogobierno catalán, tanto los letrados del parlamento como la Comisión Jurídica Asesora, un mixto de Consejo de Estado y de Tribunal Constitucional catalán que ha dictaminado en contra de algunos aspectos de la reforma del reglamento.

El segundo hecho es el dictamen, radicalmente contario al referéndum unilateral, de la Comisión Jurídica del Foment, la gran patronal catalana. Afirma que el borrador de la ley de referéndum se sitúa al margen del marco constitucional y de los principios del Estado de Derecho, apela a una “inexistente soberanía del pueblo de Catalunya”, no respeta los mínimos exigidos por las organizaciones internacionales, e impide una campaña con las mínimas garantías temporales. Por ello considera que el proyecto en ningún caso debería llegar a aprobarse porque “impone una declaración unilateral de independencia expres con una simple mayoría de votos y en caso de llevarse a cabo supondría de hecho un golpe de estado jurídico…y un ejercicio de irresponsabilidad política de consecuencias jurídicas impredecibles”.

Tanto el presidente del Foment, Joaquim Gay de Montella, como Juan Rosell, antiguo presidente del Foment y actual presidente de la CEOE, han suscrito las duras críticas de la comisión jurídica. Evidentemente el Foment representa a una parte importante de Cataluña pero no es -ni de lejos- toda Cataluña. No obstante, dar un paso tan relevante para el futuro contra el criterio explícito de la patronal -no enmendado por ninguna otra entidad del empresariado- sería una aberración. Un gobierno puede dictar leyes contrarias al criterio del empresariado -incluso enfrentarse a él-, pero no puede ir hacia adelante imponiendo, o pretendiendo imponer, la existencia de un Estado propio.

La última encuesta del CEO, el CIS de la Generalitat, reconoce que las tesis independentistas han perdido apoyo en los últimos meses

Y no son sólo los estamentos jurídicos catalanistas o empresariales los que se desentienden de la radicalización soberanista sino que la población -según las encuestas del propio CEO, Centre d´Estudis D´Opinio, el Cis catalán- se aleja de las tesis independentistas. Según la última oleada del CEO, conocida el 21 de julio, el 49,4% de los encuestados, frente al 41,1%, no quiere que Cataluña sea un estado independiente. Una diferencia de ocho puntos que dobla la de la encuesta anterior. El independentismo va perdiendo peso a medida que se radicaliza.

Pero el CEO va más allá y deja constancia que son más los catalanes que no apoyan un referéndum unilateral que los que lo respaldan. Y eso pese a que la tesis del referéndum para decidir el futuro despierta un amplio consenso en Cataluña, posiblemente como consecuencia de que las instituciones españolas no respetaron el referendum del 2006 que aprobó -cierto que con una amplia abstención porque el resultado estaba cantado- el Estatut del 2006. Y cuando se pregunta qué debería ser Cataluña en el futuro, el 34,7% dice que un estado independiente, cuando habían llegado al 50%; el 30,5% que una Comunidad Autónoma de España; el 21,7% que un estado dentro de una España federal. y el 5,3% que una simple región.

Romeva envía la ley del referéndum a las cancillerías internacionales

P. G.

“La necesidad de encontrar una solución política al conflicto con el Gobierno español, permitiendo a los ciudadanos adoptar una postura clara mediante un referéndum”, argumentan

Que el gobierno de Cataluña, en base a una mayoría parlamentaria estrecha y heteróclita, quiera imponer a España y a la población catalana un referéndum de autodeterminación unilateral contra el criterio de la propia población, del empresariado y de muchos juristas catalanistas es una auténtica aberración.

¿Cómo se ha podido llegar aquí? En parte por el dogmatismo nacionalista. En parte, porque la tendencia se ha visto alentada por la total dependencia de las CUP, un grupo antisistema sin el que la mayoría parlamentaria independentista no existiría. Pero también por la falta de empatía de muchas fuerzas políticas españolas en el rechazo -y más todavía el modo de rechazo- al Estatut del 2006. El PP tiene mucha responsabilidad en este desencuentro del que ya avisó el presidente Montilla antes de la sentencia.

Cierto que desde la formación del nuevo gobierno Rajoy, a finales del 2016, el tono ha cambiado. Y la falta de diálogo se puede atribuir en buena parte a Puigdemont que no ha querido negociar nada que no impllicara la previa celebración de un referéndum de autodeterminación. Rajoy no ha logrado, o no ha querido, forzar un diálogo sin líneas rojas, pero -contrariamente al periodo anterior- no ha tensionado demasiado sino que -salvo excepciones como la de la ministra de Defensa diciendo que el Ejército defendería por tierra, mar y aire la unidad de España- se ha limitado a subrayar la necesidad de respetar el marco constitucional.

Segunda quincena de agosto: España ante su crisis constitucional más grave y el independentismo catalán enfrentado a su "quinta columna"

Es un cambio razonable. Pero las fuerzas políticas responsables deben tomar conciencia de que la exageración -y el electoralismo barato anticatalán- son, junto a la crisis económica, una de las causas del dogmatismo separatista y del crecimiento de sus partidarios desde el 2006. En este sentido es de lamentar que en ocasiones C´s recupere los tópicos y falsificaciones que el PP se va dando cuenta que debe abandonar. Así mientras tenemos al exministro Wert -el de españolizar a los niños catalanes- en el dorado destierro de Paris, Miguel Gutierrez, secretario general del grupo popular del Congreso, hizo comparaciones este lunes absolutamente fuera de lugar entre Venezuela y Cataluña diciendo que lo que le pasa a Puigdemont es lo mismo que le pasa a Maduro.

¡Que un bus turístico sea asaltado por cuatro encapuchados de las CUP para protestar contra el turismo “que mata a los barrios”, es un hecho desgraciado y condenable! pero no tiene nada que ver con Venezuela. Ni la personalidad de Puigdemont se parece a la de Maduro.

La CUP convoca al "pueblo catalán" en el cuartel de la Guardia Civil de Barcelona

Natalia Lázaro Prevost

Al son de "No haréis callar la voz de un pueblo" el partido independentista catalán moviliza a través de las redes sociales una concentración para el próximo lunes

Con estas mentiras y falsificaciones de la realidad, que a veces se disculpan diciendo que son simples exageraciones, no se contribuye a rebajar la pulsión antiespañola en Cataluña. E incluso Inés Arrimadas debería preocuparse. Si Miquel Gutierrez insiste en comparar a Puigdemont con Maduro, es posible que C´s no pueda repetir los resultados electorales de las autonómicas del 2015.

Mi impresión es que la primera quincena de agosto será de calma relativa. Eso si con mucho ruido y balas de fogueo. Pero a partir del miércoles 16 de agosto, o todo lo más del lunes 21, España se topará con la crisis constitucional más grave desde el golpe del coronel Tejero. Y el independentismo se equivocará gravemente si tras el 11 de setiembre no tiene en cuenta que Cataluña es muy plural y que no toda sale ese día a la calle. Lo que algunos independentistas desprecian como algo similar a la famosa “quinta columna” de la guerra civil, en democracia tiene todos los derechos. Y más si según el CEO suma el 49,4% frente al 41,1%.