El independentismo retrasa el salto al vacío

El 4 de julio, día de la independencia americana, el independentismo presentó, curiosamente en el Teatre Nacional de Catalunya pero no en el Parlamento catalán, la tan anunciada ley del referéndum, y no la hizo entrar en la Cámara catalana hasta el 31 de julio, el día anterior a las vacaciones parlamentarias. Todo indicaba que, aprovechando que la precipitada reforma del reglamento —la de la lectura única— habilitaba la segunda quincena de agosto, en la primera reunión de la mesa, el miércoles 16 de ese mes, se admitiría a trámite la citada ley para poderla votar rápidamente y dar credibilidad al referéndum que se debería celebrar el 1 de octubre, solo 45 días después.

Era además lo obligado. Una vez que un proyecto de ley entra en el Parlamento se admite a trámite en la primera reunión de la mesa. Pero extrañamente en este caso, y con una ley tan urgente para el independentismo, no sucedió así. Pese a las protestas de los grupos de la oposición, que querían llevarla inmediatamente al Consell de Garanties Estatutarias, un mixto de Consejo de Estado y de Tribunal Constitucional catalán, cuyo dictamen no es vinculante pero que tiene autoridad moral y que ya ha objetado algunas decisiones del independentismo.

Y ha vuelto a ocurrir lo mismo en la reunión de la mesa de ayer martes 29. Pero, eso sí, para intentar satisfacer las ansias levantiscas de la CUP, el grupo parlamentario de Junts pel Sí presentó el lunes la ley llamada de transitoriedad, que es en realidad la de ruptura con España que —hecho sin precedentes en la historia del constitucionalismo— pretende derogar mediante una ley aprobada por una mayoría no cualificada una Constitución aprobada en referéndum (la española del 78) y dictar una constitución provisional para un estado hoy inexistente.

El anuncio de Rajoy de recurrir la admisión a trámite de la ley del referéndum ha alterado el calendario del independentismo

¿Qué está pasando? ¿Cómo puede suceder algo tan irracional como retrasar la tramitación de la ley de un referéndum que se tiene que celebrar dentro de un mes y, al mismo tiempo, presentar otra de ruptura con España, que solo entraría en vigor en el hipotético caso de que ese referéndum —todavía no aprobado— se celebrara y ganara el sí a la independencia?

Parece un absurdo. Pero me acordé del café tomado en Madrid una tarde de finales de julio con un discreto asesor de Rajoy. Puigdemont acababa de cambiar su Gobierno, del que habían sido purgados muchos moderados del PDeCAT —en especial, el de Interior, con mando sobre los Mossos, Jordi Jané— y sustituidos por otros más radicales. La pregunta era obvia:

—El independentismo se radicaliza, lo que disminuye las posibilidades de evitar el choque de trenes, o de conseguir que sea lo más suave posible.

—Sí, la radicalización no es un buen signo, pero no vamos a renunciar a intentar el diálogo con la Generalitat. Solo hay una línea roja, el respeto a la legalidad, y por tanto la imposibilidad de un referéndum inconstitucional.

—Pero ya era difícil porque Puigdemont solo quiere negociar el referéndum y ahora parece imposible.

—… En principio es así… Pero… bueno, hasta el momento todo son declaraciones pero no han firmado nada relevante.

—¿Y?

—… Es positivo que no firmen. Indica que saben que cuando lo hagan será recurrido ante el Constitucional, suspendido… Y que puede aparejarles consecuencias jurídicas desagradables… Se están tentando la ropa.

—Pero en algún momento firmarán, Junqueras ha dicho que lo harán todos los 'consellers' y será muy duro y noticia en el 'New York Times' inhabilitar a tantos.

—Por eso me alegro de que no hayan firmado. No vamos a recurrir declaraciones o cosas que podamos perder, pero si pasan a los hechos…

—Suspender a 15 'consellers' sería traumático.

—Los traumatismos no son convenientes... No hay por qué pedir la suspensión de todos los 'consellers' sino del responsable, del único que tiene capacidad para firmar.

—¿Cómo?

—Deseamos que nadie firme nada ilegal y no vamos a caer en ninguna provocación, que es seguramente lo que pretenden.

—¿Entonces?

—Cuando Rajoy cesa a un ministro, él es único responsable. Sería irrelevante que hiciera firmar el cese también a Soraya o a Carmen Martínez Castro (la jefa de prensa de Moncloa), o al director del Teatro Real, o a todos los socios del Atlético de Madrid.

—… Solo la suspensión de Puigdemont, no la de otros 'consellers'. ¿Incluido Junqueras?

—Solo he dicho lo que he dicho. Es ya muy tarde.

Ahí está la clave. El independentismo sabe que debe al mismo tiempo calentar el ambiente y retrasar al máximo el enfrentamiento abierto, porque ese será el momento de la verdad, el del salto al vacío. Por eso anunció la ley de referéndum y la hizo entrar en el Parlamento, para movilizar. Pensaba admitirla a trámite el 16 de agosto para calentar motores, pero Rajoy, tras ver al Rey, vino a decir (a su manera) que recurriría la ley de referéndum no cuando se aprobara (se supone que a primeros de septiembre) sino cuando se admitiera a trámite. Y el Tribunal Constitucional se reunía el 16 de agosto. Puigdemont no podía correr el riesgo de 'sublevarse' a mediados de agosto y quedarse colgado de la brocha. Tenía que esperar a las vísperas de la Diada para que la protesta intentara ser ensordecedora. Había que retrasar la admisión a trámite.

Un referéndum convocado solo 20 días antes de su celebración pierde muchas garantías y corre el riesgo de convocar solo a los separatistas

El problema es que el 11 de septiembre el independentismo se puede inflamar pero un referéndum convocado solo 20 días antes carece de toda garantía. Se puede convertir así —si finalmente se hace— en un nuevo 9-N, como ya advirtió a primeros de julio el defenestrado 'conseller' Baiget. Y ya antes el propio Artur Mas dijo un día —no lo repitió— que un referéndum unilateral no era inteligente porque —como ya pasó el 9-N— los no independentistas no irían a votar y no tendría legitimidad internacional.

Rajoy corrió un cierto riesgo al anunciar un recurso de inconstitucionalidad no contra una ley sino contra su admisión a trámite, porque está ahí el precedente de Ibarretxe y el Constitucional se podría haber dividido. Pero jugó fuerte y el independentismo ha retrasado su calendario. Hoy, 30 de agosto, estamos como cuando la conversación transcrita del pasado 20 de julio. El independentismo todavía no ha firmado nada y el 1 de octubre está 40 días más cerca. ¿A quién favorece el retraso?

Rajoy cree que a él, pero el independentismo, cierto que cada día más nervioso —ayer, como informó El Confidencial, el 'conseller' Turull dijo que los catalanes que no fueran a votar no se comportarían como ciudadanos sino como súbditos—, tampoco renuncia.

Además, la prensa más nacionalista de Madrid recrimina a Rajoy que no haya recurrido ya hace meses, desde el 8 de junio, cuando se anunció la fecha del referéndum (Jorge de Esteban, ayer, en 'El Mundo'), al artículo 155 de la Constitución. Y critican también la presencia del Rey en la manifestación del pasado sábado (editorial de 'El Español'). Pero Rajoy debe pensar que subir la tensión alimenta el independentismo y no le favorece. Es más un conservador biológico que ideológico a lo Aznar. Y un político que en plena tormenta —sus nueve meses en funciones de 2016— aguantó sin perder los nervios. Ahora aborda la crisis catalana en base a estas características, que para unos son cualidades y para otros solo parsimonia culpable.

Rajoy cree que con precipitación y subiendo la tensión enervaría a la Cataluña tranquila y movilizaría al independentismo

He escrito (algunos lectores creen que demasiado) que se equivocó con su campaña denigratoria contra el Estatut de 2006 y con su recurso invasivo ante el Constitucional. Fue un grave error, pero, visto en perspectiva, seguramente le ayudó a salvarse de la hoguera que el tripartito de Madrid (Aznar, Esperanza Aguirre y Pedro J.) le preparó tras su derrota ante Zapatero en 2008 (la de 2004 fue de Aznar). Creo que se equivocó todavía más cuando no aprovechó sus cuatro años de mayoría absoluta para, en vez de actuar con prepotencia, echar mercromina sobre la herida. Y cuando en sus gobiernos solo ha puesto a militantes del PP catalán (Jorge Fernández y ahora Dolors Montserrat) y no a representantes de la sociedad civil catalana como hizo Aznar (necesitándolo menos) con Josep Piqué y Ana Birulés.

Su Gobierno tendría más autoridad moral en Cataluña si hubiera incorporado a gente no militante de la sociedad civil como, por ejemplo, Joaquim Gay de Montellá, presidente del Foment, o Anton Costas, hasta hace poco presidente del Círculo de Economía. Claro, había que hacer el esfuerzo de transaccionar para convencerles.

Y se vuelve a equivocar al cerrar la puerta a discutir una reforma de la Constitución. El independentismo no tendría bastante, pero ayer mismo un político tan significativo como Iñigo Urkullu, o incluso el diputado Carles Campuzano —cercano a Marta Pascal, la maquinista de la antigua CDC, que no sintoniza demasiado con Puigdemont—, afirmaba que todavía hay tiempo para evitar el choque de trenes.

Rajoy —quizá porque el PP solo gusta de incondicionales— no valoró bien lo que pasaba en Cataluña y desoyó la advertencia sobre la creciente desafección de José Montilla. Pero su actitud actual de no precipitar el choque, de que no sea el presidente del Gobierno el que se precipite y provoque lo difícilmente reparable, indica que aunque tarde está adaptándose a la realidad. Además, esta actitud es la única que puede iniciar una política menos enfrentada con el PSOE, algo que el independentismo tiene que considerar.

El nacionalismo es como la sal: usado con moderación cohesiona, pero si te pasas de grado, empiezan los disgustos

El nacionalismo es como la sal. Usado con moderación, es útil para la cohesión social. Lo vemos en la Francia o la Alemania de hoy. Pero cuando sobrepasas el grado de sal —como en el Reino Unido del Brexit o la América de Trump— empiezan los disgustos. Y en España, donde de alguna manera deben conllevarse el nacionalismo español y el catalán, hay que llevar mucho tiento en el uso de la sal. Porque lo que no se puede hacer es lo que decía el lunes Cayetana Álvarez de Toledo en 'El Mundo', tan brillante y pasada de nacionalismo como en el otro lado Pilar Rahola: "Tenemos dos opciones: podemos reclamar la dimisión del presidente por haber expuesto al Rey, a sí mismo y a los españoles decentes a una previsible y radical humillación (…) o podemos ocuparnos de la verdadera regeneración (…) cómo sacar de la circulación a los separatistas, esa gente tan ufana y tan perversa”.

No es posible 'sacar de la circulación' —salvo con la independencia— al 47,8% de catalanes que votó listas independentistas en 2015. O al 41% que las encuestas dicen que desea ahora la independencia de Cataluña. La realidad es, guste más o guste menos, bastante tozuda.