¿Cómo se recompone la porcelana rota?

El sábado, en la finca de Luis Conde en Fonteta, minúscula y bucólica localidad de la provincia de Girona, amenazaba lluvia e imperaba la preocupación. El tan temido choque de trenes ya era realidad desde que la primera semana de septiembre el Parlamento catalán votó dos leyes de ruptura con España que fueron suspendidas por el Constitucional. Y la semana terminaba con el anuncio de Montoro de la suspensión 'de facto' de la autonomía financiera de Cataluña y por la citación del fiscal general (con la amenaza de ser conducidos por los Mossos) a 712 alcaldes de los más de 900 que tiene Cataluña.

En una reunión anual en la que Luis Conde siempre ha alentado el diálogo entre la clase política catalana y española, y entre el empresariado de Barcelona y el del resto de España, y donde, pese a todo, el optimismo siempre prevalecía, el sábado dominaba cierta consternación. El choque de trenes se iba haciendo cruento y afectaba a la propia Fonteta. En abril de 2016 estuvieron presentes cuatro ministros: Ana Pastor, Rafael Catalá, José Manuel García-Margallo y Jorge Fernández Díaz. Este año, Moncloa quiso evitar cualquier gesto (o clandestina fotografía) que pudiera parecer excesiva proximidad a un Gobierno insurrecto.

La solución fue enviar a Julio Rodríguez-Pomar, secretario de Estado de Infraestructuras, y a Marisa Poncela, su homónima de Comercio, dos relevantes altos cargos, de interés para el empresariado, pero con un perfil técnico. Y el Gobierno catalán siguió un patrón muy similar. Ni Puigdemont ni Junqueras, presentes el pasado año, porque no se excita a los militantes de la ANC compartiendo mesa con “el Gobierno represor”, pero sí cuatro 'consellers', dos del PDeCAT (el radical Turull y el contemporizador Santi Vila) y dos de ERC, Toni Comín, titular de Sanidad, y Carles Mundó, de Justicia, al que se atribuyen reservas ante el maximalismo. El grupo político más representado —expresidentes de la Generalitat Mas y Montilla aparte—, era el de los 'consellers' y altos cargos recientemente dimitidos por no suscribir la huida hacia delante de Puigdemont. El que más curiosidad despertaba, Albert Batlle, director general de los Mossos hasta julio.

En este ambiente, en el que no conviene olvidar la presencia del combativo Miquel Iceta (PSC), de Marta Pascal (coordinadora del PDeCAT) y Andoni Ortuzar, el Arzalluz actual del PNV que no se parece a Arzalluz, Olga Grau, redactora-jefa de Economía de 'El Periódic', resumió el sentir general con una frase corta pero expresiva: “Nadie sabe cómo recomponer esta porcelana rota”.

En un Estado no pueden coexistir dos legalidades distintas. Una tiene que imponerse a la otra. El choque será intenso

Nos enfrentamos a dos problemas distintos y sucesivos. Uno, cómo resolver y capear el choque del 1 de octubre, que se perfila brutal. Dos, cómo recomponer una convivencia política civilizada en Cataluña y cómo articular una incardinación —razonablemente operativa— de Cataluña en España.

El primer problema es muy espinoso, pero acotado. La mayoría parlamentaria catalana (72 diputados sobre 135, pero sin mayoría social, ya que en las elecciones plebiscitarias de 2015 se quedó en el 47,8% de los votos) ha optado por romper con el Estatut y la legalidad española y proclamar una nueva legalidad que le permita celebrar el referéndum del 1 de octubre y 'desconectar' luego definitivamente de España. Si hay referéndum y el resultado es el que espera.

Es una obviedad —lo escribí en 'El Periódico' del pasado domingo— que en un Estado no pueden coexistir —más allá de unos pocos días y con grandes dificultades— dos legalidades distintas. O el independentismo se sale con la suya porque el Estado cede antes o después del 1-O (si hay urnas y una gran afluencia con gran victoria del sí), o el Estado se impone.

Y en este choque entre una legalidad insurreccional y la constitucional no va a haber demasiados escrúpulos. Una vez pasado el Rubicón (las declaraciones de ruptura del Parlamento), Puigdemont tiene difícil retroceder. Por eso presiona —y hace presionar— a los alcaldes socialistas para que dejen locales para el referéndum, llegando a casos límites como no condenar los graves insultos al alcalde de Terrassa o el cartel de Arran (movimiento cercano a la CUP), con las fotografías del alcalde Ros y de los concejales de Lleida (del PSC, C's y PPC) y la consigna: 'Señalarlos'.

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Por eso ha llegado a un arreglo con Ada Colau para no hostilizarla, aunque el ayuntamiento no ponga urnas y evite así caer en la ilegalidad, a cambio de que los comunes acudan a votar pese a que Colau declare que el referéndum no es un referéndum sino una movilización de protesta y que por tanto no importa lo que se vote.

Y el interés del Estado es justo el contrario: evitar que el referéndum se celebre. Los registros de ayer en Unipost, en que el secretario judicial tuvo que ser amparado por la fuerza pública y en donde se incautaron comunicaciones a los componentes de las mesas electorales, así como los múltiples registros a imprentas, son parte de esta ofensiva. También la suspensión 'de facto' de la capacidad financiera de la Generalitat tras la negativa a continuar enviando a Hacienda los partes semanales de gasto.

El conflicto puede llevar al extremo de que casi 200.000 funcionarios catalanes sufran un retraso en el cobro de sus nóminas

Pero Junqueras se resiste con todas sus fuerzas, alegando que la admisión a trámite de su recurso ante el Supremo implica que la Generalitat continuará como hasta ahora. Interpretación que el Supremo niega y batalla que puede llevar a retrasos en el cobro de las nóminas de los casi 200.000 funcionarios catalanes.

Y en esta línea están también las suspensiones y posibles sanciones del Constitucional (por el momento, a los miembros de la nueva sindicatura electoral catalana), así como las iniciativas de la Fiscalía por los posibles delitos que se estén cometiendo.

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Lo lógico es que el Estado gane esta batalla y que el referéndum con garantías no se pueda celebrar. Otra cosa es que pueda haber urnas en algunas localidades (cuántas y de qué tamaño) y pueda darse una notable afluencia de votantes independentistas, como ya pasó en la consulta participativa de 2014. Esta réplica del 9-N no tendría ningún valor jurídico, pero si se superara la cifra de votantes de 2014 (2,3 millones), el independentismo proclamaría como mínimo que había derrotado y humillado al Gobierno de España.

Pero tan importante o más que ganar físicamente el 1-O es la batalla ideológica y afectiva. ¿Lo que pase de aquí al 1-O llevará a que más catalanes (el 41% actual, según el CEO) piensen que el futuro de Cataluña pasa por romper con España o, por el contrario, se inclinarán por confiar en una negociación que permita un acomodo satisfactorio en la democracia española?

El independentismo perdió fuerza moral al aprobar de forma expeditiva las leyes de ruptura. El fiscal general puede estar excediéndose

La primera semana de septiembre, el independentismo se desacreditó —incluso ante muchos de sus partidarios— por las formas expeditivas y poco democráticas con las que aprobó en el Parlamento las leyes de ruptura. Las intervenciones de Joan Coscubiela, antiguo líder de CCOO, y de Miquel Iceta no pudieron sino impactar a gran parte del catalanismo progresista. El independentismo, al forzar más allá de lo razonable, perdió legitimidad y fuerza.

Pero hay que reconocer que la semana pasada se produjo un efecto contrario. En parte es inevitable, porque los registros en imprentas y algunos diarios, las citaciones judiciales y la bronca que acompaña a muchos actos de autoridad nunca son populares. Al menos en la opinión catalana, que se resume así: 41% de separatistas, 49% contrarios, dos tercios que aceptarían alguna forma de tercera vía, y un porcentaje superior que querría un referéndum legal, pactado y con todas las garantías.

Opinión

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Por eso el Estado puede ganar la batalla del 1-O, pero incrementar la desafección de gran parte de Cataluña. Decisiones como la del fiscal general del Estado de imputar (y amenazar con el acompañamiento por los Mossos) a 712 alcaldes de Cataluña (muchas veces de pueblos pequeños, ya que pese al número no llegan al 50% de la población) no es una medida sensata, ni proporcional, ni efectiva ni, por descontado, popular para la mayoría de la población catalana. Parece diseñada por el 'agit-prop' independentista. Y todavía lo es menos que el fiscal general (Felipe González dijo acertadamente que los jueces debían hablar a través de providencias, autos y sentencias) se permita pontificar sobre la política catalana. El fiscal general debe aplicar la ley, pero no es —ni debe ser— un líder partidario, y cuando declara que los catalanes están “abducidos” puede hacerse popular ante un españolismo que se siente ofendido (ver el artículo de este lunes de Nacho Cardero), pero no se le paga con dinero público para eso.

Rajoy debe ir con cuidado porque ganando la batalla del 1-O no debería hacer perder puntos a la idea de una España en la que Cataluña se sintiera más o menos a gusto y ayudara a la gobernabilidad, como pasó hasta el mismo 2010, cuando CiU —absteniéndose— permitió la aprobación de las medidas de austeridad de Zapatero que impidieron el rescate. En este sentido, lo más inquietante no es ya lo de Maza sino que el ministro de Justicia no dudara el domingo pasado en declarar a 'La Razón' que si 700 alcaldes infringían la ley, 700 alcaldes serían condenados. ¿Era necesario? ¿Era lo más oportuno? Los alcaldes, sobre todo en poblaciones pequeñas, acostumbran a ser respetados y queridos. Precipitarse contra los alcaldes —que no son los cabecillas de nada— es buscarse enemigos.

Es imprescindible que Rajoy, Rivera y Pedro Sánchez actúen con inteligencia y no solo guiados por los intereses de partido

Si la iniciativa del PSOE de crear una comisión parlamentaria destinada a revisar el modelo autonómico y la incardinación de Cataluña se hubiera aprobado hace tiempo, ¿el independentismo habría rectificado y el conflicto se habría reconducido? Tengo serias dudas, porque las dificultades a la conllevancia, que aconsejaba Ortega y Gasset en la Segunda República, se acumulan desde hace más de 10 años, pero de lo que no hay duda es de que la ausencia de diálogo solo ha envenenado el problema. Y contrariar todavía más el deseo de autogobierno de un gran porcentaje de catalanes no parece una prescripción viable en un régimen democrático.

Pasará el 1 de octubre (más mal que bien) y viviremos con las consecuencias. Pero habrá que hablar y negociar con Cataluña. Como bien intuyó Adolfo Suárez reconociendo a Tarradellas, y como hicieron las Cortes constituyentes con Miquel Roca y Jordi Solé Tura. Y entonces sería bueno que los partidos españoles (PP y PSOE como mínimo) dejaran de utilizar la política catalana como terreno de combate y reclamo para ganar votos en el resto de España. Y lo mismo habría que reclamar a Podemos, tan proclive al populismo, y a C's, que algunas veces —ayer lo demostró— parece tentado de usar el asunto catalán para ganar protagonismo y superar en nacionalismo (español)) al PP de Rajoy. Y no es ese el partido liberal de corte europeo que España y Cataluña necesitarían.

Si Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera no actúan con inteligencia y responsabilidad…