¿Qué pasará tras el próximo domingo?

La tensión en Cataluña ha subido hasta extremos inimaginables hace pocas semanas, y España se enfrenta a su crisis constitucional más grave desde la recuperación de la democracia. El propio Felipe González —el presidente que más años ha gobernado en democracia— lo explicitó ayer al decir que lo de Cataluña es lo que más le preocupa de los últimos 40 años.

Ahí van cuatro ideas sobre la crisis actual y las posibles vías de salida.

1. El independentismo se equivocó al violar la Constitución y el Estatut. Rajoy debe explicar su posición, más allá de hacer cumplir la ley.

No nos remontemos a las causas del conflicto. Ni siquiera a la sentencia del Constitucional de 2010 que puso fin a la normalidad —con episodios de agudo desencuentro— que imperó en las relaciones entre España y Cataluña desde el retorno del exilio del presidente Tarradellas (antes de la Constitución, pero tras las primeras elecciones democráticas). Era la famosa “conllevancia” a la que Ortega y Gasset apuntó como la solución viable en el primer parlamento de la República.

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Vayamos al momento actual. El separatismo se equivocó gravemente los pasados 6 y 7 de septiembre al aprobar —además, con un procedimiento irregular— dos leyes de ruptura con España que transformaron el choque de trenes, que se venía temiendo desde hace tiempo, en un flagrante choque de legalidades. Y como en un país no pueden coexistir dos legalidades distintas —la insurreccional catalana y la constitucional—, es inevitable que una se imponga a la otra. Y lo que estamos viendo desde entonces es un duro forcejeo entre esas dos legalidades. Siempre se puede rectificar, pero el 6 de septiembre el separatismo traspasó lo que en principio es un punto de no retorno.

El referéndum con todas las garantías que el independentismo presumía que podría realizar de forma unilateral es ya imposible, porque la Sindicatura Electoral —creada por la ley de referéndum— ha sido declarada ilegal, multada y disuelta por el propio Puigdemont. Si quien debe garantizar el correcto funcionamiento y comunicar los resultados ha dejado de existir, es evidente que el referéndum que se pretendía no va a tener lugar.

Sin embargo, Puigdemont en la entrevista sin concesiones a la que se sometió con Jordi Évole (hecho que le honra), a pesar de parecer un político acorralado, afirmó que el referéndum se celebraría y que se proclamarían resultados. Parece pues que a lo que aspira es a repetir una especie de consulta participativa como la que Artur Mas hizo el 9-N de 2014, proclamar luego de alguna forma unos resultados —que solo le pueden ser favorables, porque controlaría las mesas y los no separatistas no irían a votar— y actuar luego según lo que dice la ley de ruptura: proclamar la independencia.

Salvo, claro, que en un gesto de lucidez decidiera convocar nuevas elecciones. Algunos independentistas lo defienden, porque creen que las reacciones excesivas del Estado han provocado una mayor desafección que electoralmente les beneficiaría.

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Pero ese escenario significaría que la legalidad insurreccional se ha impuesto. El Estado intentará evitarlo, porque sería admitir impotencia. Por eso, el Estado ha reaccionado y la Fiscalía ha ordenado a la policía autonómica (los Mossos) que precinte los colegios electorales desde el viernes por la noche hasta el domingo por la noche. Pero algunos dirigentes de la CUP ya están abogando por okupar antes los colegios electorales (muchas veces, escuelas de la Generalitat) y asegurar así la votación. ¿Nos podemos encontrar pues con enfrentamientos entre okupas (de la CUP o incluso de la ANC) y fuerzas de seguridad, con los posibles votantes como testigos? Sería un escenario lamentable, pero no se puede descartar.

Por eso, el Gobierno está cada día más preocupado. Rajoy ha ido a Washington y ha conseguido una importante declaración de Trump (que no tiene gran prestigio en la opinión europea, pero que es presidente de los Estados Unidos) diciendo que España es un gran país y que debe permanecer unido. Y ya antes había suspendido su asistencia a la cumbre europea de Tallin (Estonia) del jueves y viernes. Lo lógico es que esté en España y explique a la opinión pública —especialmente a la catalana, que es la más afectada— la situación y las posibles vías de salida. Ante lo que más preocupa a Felipe González de los últimos 40 años, Rajoy no puede estar callado mientras la Fiscalía actúa.

¿Debe decir lo que haría ante una ya no descartable declaración unilateral de independencia del Parlamento catalán?

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2. El Estado afronta un difícil reto: hacer imperar la legalidad, pero sin que las medidas de coerción aumenten la desafección.

Las medidas coercitivas —incluso una simple multa de tráfico— nunca son simpáticas. Ahora el Estado se enfrenta a la tarea de imponer la legalidad constitucional en Cataluña, territorio en el que el PP no es fuerte. Solo tiene un diputado más que la CUP.

No es una tarea fácil, pero las medidas coercitivas no deben aumentar la desafección. Si se impone la legalidad, pero los medios utilizados son reprobados —con razón o sin ella— por la población, se puede ganar la batalla pero se corre el riesgo de perder la guerra. Y en este sentido, tanto la imputación por la Fiscalía —con amenaza de ser conducidos por la fuerza pública, caso de no presentarse— de 712 alcaldes (el 75% del total, pero que que no reúnen el 50% de la población) como la detención de altos cargos de la Generalitat no son ni fácilmente comprensibles ni proporcionadas. Los altos cargos de la Generalitat pueden ser imputados —si son sospechosos de delito—, pero su detención durante 72 horas no arregla nada y solo ha conseguido agitar la calle y aumentar la notoriedad del conflicto.

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Felipe González repitió que los jueces solo debían hablar mediante providencias, autos y sentencias. Tenía toda la razón, pero el fiscal general —cuya autoridad moral no es muy alta, pues fue reprobado por el Congreso de los Diputados— se permite afirmar en público que los catalanes están “abducidos”, como si estuviera en una tertulia del café Gijón, y declarar que no se descarta el ingreso de Puigdemont en prisión. Es exactamente lo que el lendakadri Urkullu ha calificado de “echar gasolina al fuego”.

3. Un conflicto tan grave con Cataluña, donde más se votó la Constitución, indica que algo se ha hecho mal.

El 'president' Montilla —socialista y no nacionalista— ya advirtió hace años de la creciente desafección catalana. Es evidente que en el conflicto actual nadie está libre de toda culpa. Los políticos, los periódicos, los empresarios catalanes se pueden haber equivocado muchas veces, pero es evidente que el 'establishment' madrileño no ha sabido entender el problema. Ya se vio cuando Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona, habló de abrir el camino a la bicapitalidad de España con la presencia en Barcelona de instituciones españolas (como el Senado) y la respuesta fue acusarle de separatista.

'El País' publicaba el domingo una encuesta que obliga a reflexionar. El 61% de los catalanes cree que el referéndum de Puigdemont no tiene las garantías precisas para ser considerado legal y válido internacionalmente, y el 57% (contra el 36%) opina que Cataluña debería optar por una estrategia negociadora como la del País Vasco, pero al mismo tiempo nada menos que el 82% piensa que el Gobierno Rajoy ha contribuido a reforzar el independentismo y un porcentaje idéntico es partidario de un referéndum pactado y legal sobre la independencia, en el que los catalanes decidan si quieren seguir formando parte de España.

¿Hay peso suficiente en Madrid para actuar teniendo en cuenta esta realidad? Pedro Sánchez lo viene a admitir al proponer una comisión parlamentaria que estudie la situación y lleve la discusión a las Cortes españolas, que por otra parte es lo que propone como vía negociadora Roca Junyent en su último artículo. Y es cierto que Rajoy, con años de retraso, lo ha acabado aceptando. Pero mucha gente en Cataluña —no solo independentista— piensa que ya es tarde, que el bosque ya quema y que “a buenas horas, mangas verdes”.

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Pero España va admitiendo la dura realidad. Es indicativo que Javier Vega de Seoane, presidente del muy español Círculo de Empresarios, haya declarado: “Hemos sido sumamente torpes con Cataluña… Algo hemos hecho mal cuando un porcentaje muy alto de catalanes se quiere ir de España”.

Si la derecha española fuera más receptiva a estos planteamientos, podría haber un camino para la recomposición. Pero Gay de Montellá, el presidente del Foment y vicepresidente de la CEOE, acaba de abogar por el reconocimiento de la identidad catalana, el pacto fiscal y el aumento de las inversiones del Estado (escandalosamente bajas), y el mismo diario que le entrevistaba descalificó inmediatamente la propuesta.

4. Miquel Iceta se lanza como candidato a la Generalitat y propone un pacto aprobado por el 80% de los catalanes.

¿Hay solución al peligroso desencuentro que vivimos? El secretario del PSC, Miquel Iceta, intentó dar ayer una respuesta positiva en una conferencia en el Fórum Europa en Barcelona.

Iceta reafirmó su censura a la ruptura del independentismo con la legalidad. Cree que es una vía estéril sin salida y que además divide a los catalanes. Afirmó que era necesario un pacto y que ese pacto debería ser sometido a referéndum, porque Cataluña tiene la herida abierta del rechazo al Estatut de 2006 que decía que Cataluña, que se consideraba una nación, formaba parte de España.

No obstante, reafirmó que no era partidario de un referéndum de autodeterminación que la ONU solo acepta para las colonias, cosa que Cataluña, un país con instituciones elegidas, no es. Iceta cree que es prioritario un referéndum para un pacto que una, no para consagrar la división. Con Cataluña partida (un 41% quiere la independencia y un 49% no, según la última encuesta del CEO de la Generalitat), un referéndum sobre la independencia no arreglaría la división interna y debería ser en todo caso un posterior y último recurso.

Ahora propone un referéndum que pueda alcanzar casi el 80% del voto, como muchas encuestas indican, basado en el reconocimiento de la identidad catalana, un mayor autogobierno y una fiscalidad más equilibrada que respete la ordinalidad. Curiosamente, las grandes líneas de ese pacto no difieren mucho de las que proponía Gay de Montellá —presente en la conferencia, así como Camil Ros, secretario de la UGT catalana— en su entrevista a 'El Mundo'.

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Pero lo más interesante de la comparecencia de Miquel Iceta es que manifestó su voluntad de ser candidato a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones, que cree inevitables. Pero añadió un matiz: quería ser el candidato del PSC, pero también de todos aquellos —socialistas o no— que apuesten por un nuevo pacto para resolver la incardinación de Cataluña en España. Cree que el PSC puede ser también el refugio de todos los que quieren más autogobierno, pero dentro de España.

Iceta repitió la oferta de la tercera vía, tan criticada pero que puede ser la única solución no traumática y por la que abogaba también el editorial de 'The Economist' de la semana pasada.

Pero la propuesta de Iceta —respaldada por los alcaldes catalanes del PSC, desde Àngel Ros, de Lleida, y José Félix Ballesteros, de Tarragona, a Núria Marín, de L'Hospitalet, y Antoni Balmón, de Cornellá— es solo algo para el futuro. El primer reto al que se enfrenta Cataluña —y España— es salvar con el menor daño posible la jornada del próximo domingo.