Una descomunal crisis de Estado

Ayer por la noche, el presidente Puigdemont, acompañado de todo el Gobierno catalán, compareció en rueda de prensa y —sin dar los resultados del referéndum, pese a lo avanzado de la hora— anunció que el pueblo de Cataluña se había ganado el derecho a ser un país independiente y que en los próximos días convocaría el Parlamento y se tomarían las decisiones pertinentes. En síntesis, Puigdemont da muestras claras de preparar una DUI (declaración unilateral de independencia). Al mismo tiempo, hizo una apelación a Europa y a los gobiernos europeos —a los que había criticado el sábado en una entrevista al diario 'Ara'— para que ejercieran una labor de mediación ante el Gobierno de Madrid.

Pocos minutos antes, los líderes de las organizaciones nacionalistas no partidarias —Jordi Sánchez, de la ANC, y Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural— habían anunciado una convocatoria de huelga general para el próximo martes que luego fue reafirmada —con el matiz de que también se apelaba a los comerciantes y a la patronal— por Dolors Llobet, de CCOO.

El Gobierno del PP demostró que no solo no controla sino que no entiende la situación en Cataluña, y los ánimos se inflamaron

A esta radicalización de las posiciones ha contribuido seguramente la triste jornada del domingo, en la que las cargas policiales no pudieron impedir pero sí perturbaron —con una cifra de heridos que, según la Generalitat, supera las 800 personas— un referéndum unilateral e ilegal que no se pudo celebrar con las garantías debidas, pero en el que indudablemente participaron muchísimos catalanes (fuentes oficiosas de la Generalitat hablan de tres millones) de forma cívica. El referéndum difícilmente tendrá valor jurídico —por la ausencia de garantías—, pero participó mucha gente, el Gobierno del PP demostró que no solo no controla sino que no entiende la situación en Cataluña, y los ánimos se inflamaron.

Si esta hoja de ruta insinuada se confirma, Cataluña se dirige a una DUI que el Gobierno de España no puede dejar pasar sin reacción. Lo más probable sería entonces el recurso al artículo 155 para suspender de forma provisional la autonomía, y nos encontraríamos ante la expresión mas fuerte de una crisis de Estado. El PP de Rajoy —que en la cuestión catalana no ha estado fino desde que en 2006 recurrió al Constitucional el nuevo Estatut que decía que Cataluña formaba parte de España— se puede encontrar así en una situación muy delicada. Varias agencias de 'rating' han advertido ya de que un agravamiento —como el que parece a punto de producirse— de la crisis catalana tendría consecuencias económicas negativas.

¿Cómo puede acabar todo? Puigdemont busca la intervención de Europa, que no puede apostar por la independencia de Cataluña, pero lo que el independentismo puede pretender es una negociación que lleve a un referéndum de autodeterminación legal y pactado. Puigdemont ha atacado las bases constitucionales españolas, pero el Gobierno español no ha calibrado la gravedad de la crisis catalana. No solo ahora sino desde 2006.

El problema de Puigdemont es que hoy la sociedad catalana está inflamada, pero que Cataluña no parece estar en un clima revolucionario. Si las huelgas y la agitación se convierten en el menú de cada día mientras sigue el enfrentamiento con España, la agitación puede ceder el paso al cansancio. Pero eso exigiría que en Madrid se actuara con más inteligencia que testosterona, lo que no ha sido el caso desde hace años.