¿Jaque mate a Puigdemont?

La reacción europea, el éxodo empresarial y la manifestación del domingo acorralan al independentismo

Foto: El 'president' Carles Puigdemont durante una entrevista. (Reuters)
El 'president' Carles Puigdemont durante una entrevista. (Reuters)

El domingo 1 por la noche, hace solo ocho días, Puigdemont vislumbraba la victoria. Dos millones habían votado en el referéndum unilateral —carente de validez jurídica— que había convocado y la desafortunada intervención policial —retransmitida por muchas televisiones— había logrado lo que era un objetivo del independentismo de muchos años: internacionalizar el conflicto.

Pero la internacionalización no ha sido un triunfo, puede haberse convertido en una derrota. El 1 de octubre, el mundo tomó conciencia de que la declaración de independencia de Cataluña podía ser una realidad y que ello podía convertir a Cataluña, e incluso a España, en una zona de inseguridad. Además, ya desde el 6 y 7 de setiembre coexistían —muy mal— dos legalidades enfrentadas: la constitucional y la insurreccional catalana.

Este domingo 8 de octubre por la noche, la situación se ha invertido. El independentismo parece haber perdido la partida —al menos de momento— y Puigdemont puede que solo tenga opción a elegir entre dos formas de ser derrotado. La primera sería admitir la realidad, proclamar lo que el ‘conseller’ Santi Vila ha bautizado como un “alto el fuego” e intentar volver a lo que Mariano Rajoy ha definido en la entrevista a ‘El País’ como “la normalidad”. A la situación previa al 6 y 7 de setiembre, con la aprobación de las leyes de ruptura, que implicaron una desconexión a medias con España.

La segunda sería lanzarse sin paracaídas a una DUI, declaración unilateral de independencia que podría llevar a la suspensión de la autonomía.

¿Qué ha pasado entre el 1 y el 8 de octubre para esta inversión de la situación? Tres cosas básicas.

Europa condena la violencia policial, pero se niega a intervenir y mediar en los asuntos internos de España

Los sucesos del 1 de octubre han sido debatidos en el Parlamento Europeo antes que en el español, lo que demuestra que algo no acaba de funcionar demasiado bien en la democracia española. Y la Comisión de Bruselas condenó con rapidez la actuación policial por la que ciudadanos que querían votar fueron golpeados por las fuerzas de orden público, que buscaban apropiarse de las urnas de un referéndum ilegal. Fue un duro golpe para el Gobierno español.

Pero a renglón seguido, tanto la Comisión como los líderes de los grupos parlamentarios europeos y los jefes de gobierno de los países más representativos dejaron claras varias cosas. Que España es un país democrático y los conflictos deben resolverse de acuerdo con lo establecido en la Constitución, y que no se planteaban intervenir o mediar en los problemas internos de un Estado miembro.

Es más, en varias declaraciones se añadió que si un día Cataluña llegaba a ser un Estado independiente, tendría que solicitar su ingreso en la Unión Europea y someterse a las normas y trámites existentes para todos los países candidatos. Y algunos políticos dijeron más. Manuel Valls, ex primer ministro francés y nacido en Barcelona, que en esto es muy representativo de los políticos franceses, afirmó que la independencia de Cataluña sería muy peligrosa para Europa. No solo por la inestabilidad y las repercusiones sobre España, sino por los fenómenos similares que podía alimentar en otros países y regiones. Lo de Cataluña podría alentar una subdivisión de estados que creara un grave problema extra a la UE.

En su hoja de ruta, el independentismo siempre había asegurado que, llegado cierto momento, la UE intervendría para evitar una grave crisis en España. Puigdemont ya se quejó antes del 1 de octubre de la pasividad de las capitales europeas y no ocultó su decepción. Tras el 1 de octubre, ha quedado claro que la UE no va a intervenir ni a mediar en la crisis española.

La esperanza en una mediación europea —con España en posición defensiva por negarse a reconocer el derecho a decidir— se ha venido abajo con rotundidad. Cataluña no tiene nada que ver con Kosovo, y aún hay países de la UE (no solo España) que no han reconocido a ese país.

El éxodo de los bancos catalanes y de varias empresas del Ibex demuestra que la independencia tiene costes económicos

El independentismo siempre había presumido de que la economía catalana era demasiado relevante como para que la independencia tuviera efectos negativos. Las empresas nunca se marcharían de un mercado de siete millones y nunca querrían quedar mal ante un nuevo país destinado a ser la Holanda del sur.

Todo este planteamiento —que se había hecho fuerte en la sociedad y la intelectualidad catalanas— ha saltado por los aires en poco más de 48 horas. Tras asustarse ante las imágenes en televisión de todo el mundo pintando una Barcelona políticamente conflictiva —además, poco después de los atentados de agosto—, los hoteleros y restauradores se alarmaron ante la comprobación de que las reservas para los próximos meses descendían. La suspensión de la convención de las cámaras de comercio europeas ha sido un duro golpe.

Y la alerta llegó también a las dos grandes entidades financieras catalanas (CaixaBank y el Banco Sabadell), que veían que desde la primera semana de septiembre aumentaban los síntomas de desconfianza. Depositantes catalanes asustados que preguntaban en las oficinas, clientes españoles enfadados, bonistas europeos que se empezaban a inquietar, descensos bursátiles… No era una situación alarmante, pero lo podía ser si había declaración unilateral de independencia y los mercados creían que ambas entidades se quedaban al margen de la protección del Banco Central Europeo. No había otra opción que trasladar la sede social fuera de Cataluña para que no quedara duda de que con DUI efectiva, con DUI no efectiva, sin DUI, o con manifestaciones en las calles e inestabilidad, ambos bancos quedarían, sin ningún tipo de duda, bajo el paraguas del BCE.

Y la decisión de CaixaBank y de Banco Sabadell —tras una clara advertencia del Círculo de Economía— fue seguida inmediatamente por empresas relevantes como Gas Natural y Agbar, mientras otras como Abertis o Inmobiliaria Colonial se preparan para hacerlo. Han sido 14 valores, de los 15 que forman el llamado Ibex catalán, los que vieron caer durante la semana el precio de sus acciones más que la media de la bolsa española, que también bajó. Además, Goldman Sachs reducía un 10% el precio de referencia de toda la banca española para dentro de un año y el FMI advertía de que el alargamiento de la crisis catalana podía afectar negativamente al aumento del PIB.

Y en despachos de la alta burguesía catalana —tentados durante años por huir de conflictos con la Generalitat—, el mensaje del Rey del martes por la noche fue un aldabonazo. Si el Rey salía y afirmaba con severidad que los gobernantes de la Generalitat habían actuado reiteradamente con deslealtad…

Y el éxodo económico —de las sedes sociales, no de los centros operativos y de producción— empezó a actuar como la fuerza de la gravedad. Tres ejemplos lo ponen de relieve. El jueves, Jordi Basté, conductor del programa matutino más seguido de la radio catalana y próximo al independentismo, no vaciló en afirmar —claramente, y sorprendiendo a muchos oyentes— que en estos momentos una DUI sería muy inconveniente. Al día siguiente, Santi Vila, ‘conseller’ de Empresa de Puigdemont y esperanza blanca del sector más centrista y moderado de la antigua CDC, escribió un artículo en el diario ‘Ara’ (independentista pero que quiere la negociación) defendiendo la tesis de un “alto el fuego” por ambas partes.

 El conseller de Empresa y Conocimiento, Santi Vila. (EFE)
El conseller de Empresa y Conocimiento, Santi Vila. (EFE)

Pero quizá lo más espectacular haya sido que el viernes, Artur Mas, el presidente de la Generalitat que inició la marcha hacia la independencia y que aseguraba —ya en el 2014— que económicamente no habría ningún problema, se descolgó con unas declaraciones al ‘Financial Times’ afirmando que Cataluña no estaba preparada para una independencia real. Luego desmintió el titular, pero la transcripción según su propia oficina de prensa no deja lugar a dudas: “Para ser independientes hacen falta algunas cosas que aún no tenemos: control de infraestructuras, de aduanas y fronteras, que la gente pague a la Hacienda catalana y una Administración de Justicia que haga cumplir las leyes del Parlamento catalán”.

La declaración de Mas tuvo el efecto de un terremoto. Da la sensación de que está asustado ante el salto al vacío, pero que no se atreve a recomendar que no se haga la DUI. Y lo que es difícil de evitar es la sensación de que Artur Mas —y no solo él— es culpable de un gran engaño sobre la viabilidad de una independencia sin dolor.

Tras el éxodo empresarial de esta semana, Artur Mas y los que han defendido la tesis de la independencia sin dolor han quedado algo más que desautorizados.

La gran manifestación de Barcelona contra la desconexión demuestra que el nacionalismo catalán no tiene el monopolio de la calle y los sentimientos

El tercer elemento es la gran manifestación de Barcelona de ayer. Fue convocada por Sociedad Civil Catalana, plataforma a veces señalada como próxima al PP, pero la realidad es que tanto el lema como el desarrollo de la manifestación fueron apartidistas. Lo que movilizó a los manifestantes fue un sentimiento de identidad español (no anticatalán, pues algunos cantaban “yo soy catalán y español, catalán y español…) y de protesta ante el monopolio de la calle y de los sentimientos por parte del nacionalismo catalán. La ‘mani’ era contra la política de Puigdemont y uno de los gritos más coreados, que indica cierta exasperación, fue “Puigdemont a prisión”.

Pero la manifestación fue muy plural, en general tranquila (excepto algunos incidentes posteriores) e incluso entusiasta, pese a la gran diversidad. El grito de “somos catalanes, no somos fachas” y el de “y luego diréis que somos cinco o seis” fueron muy repetidos. Y la amplitud política se patentizó en el hecho de que los discursos corrieran a cargo de Mario Vargas Llosa, un premio Nobel con doble nacionalidad (española y peruana), y Josep Borrell, un socialista próximo a Pedro Sánchez, pero que se ha caracterizado por discutir desde hace años y con solidez las tesis del independentismo sobre el expolio fiscal.

Manifestación en Barcelona por la unidad de España

La manifestación demostró que el nacionalismo no tiene el monopolio de la calle. Los organizadores hablan de más de 900.000 participantes. La policía municipal, de 350.000. La Delegación del Gobierno, prudentemente, calla. Mi tentación, privado ayer por causas que no vienen al caso de mi asesor en estas situaciones, es que la cifra debe estar en el punto medio. Entre 700.000 y 800.000 manifestantes. Es muchísimo, menos que en los 11-S de los últimos años, pero muchísimo, y además con un potente sentimiento de protesta contra el desprecio a la identidad española. Y sigue siendo así, aunque, como sostienen algunos, un 10% o un 15% viniera de fuera de Cataluña.

"Y luego diréis que somos solo cinco o seis"

Este grito es uno de los que más me llamaron la atención y que refleja cierto sentimiento de exclusión de los manifestantes. Puigdemont tiene que tomar una decisión en pocas horas. No quiere reconocer que la decisión del Parlamento de Cataluña del 6 y 7 de septiembre —el gran error del independentismo— se tomó violando no solo la Constitución española sino el propio Estatut.

Vale, pero no puede olvidar ni este grito de identidad mixta catalana y española —que además, según todas las encuestas, es el dominante en Cataluña—, ni el voto de desconfianza e incluso de censura que significa el éxodo empresarial, ni la realidad de que Europa ni cree, ni quiere, ni le interesa intervenir en los asuntos internos de la cuarta economía de la zona euro.

¿Qué hará? Si desoye a todo el mundo no independentista, al mundo económico e incluso al independentismo social —Jordi Basté— y a políticos de su propio partido —Santi Vila— y proclama la independencia, se va a tirar por un precipicio con consecuencias desconocidas que puede acabar con la suspensión de la autonomía. Y ayer le advertía Rajoy, en una entrevista muy medida en ‘El País’, que no desea “tomar soluciones drásticas” pero que “es absolutamente irrelevante que la declaración de independencia entre en vigor al día siguiente o que sea con condiciones suspensivas o en diferido”.

Varios manifestantes portan una pancarta que reza 'Españoles somos todos'. (EFE)
Varios manifestantes portan una pancarta que reza 'Españoles somos todos'. (EFE)

Ir al precipicio el martes es una locura. Y más cuando el próximo jueves es la Fiesta Nacional. Pero levantar la bandera blanca sería admitir una derrota total. Sería aceptar que erró el 6 y 7 de septiembre con las leyes de ruptura y que todo el independentismo se equivocó a finales de 2015, cuando proclamó que el 47,8% de los votos era un triunfo en unas elecciones plebiscitarias que se presentaban como el referéndum definitivo. Y cuando con el apoyo de la CUP ha gobernado desde entonces con el único objetivo de la independencia.

Puigdemont y el nacionalismo catalán deberán repensar a fondo sus objetivos y su estrategia, pero es difícil que lo hagan antes del martes. Quizá lo menos malo sería admitir la complejidad del momento —el éxodo empresarial es razón suficiente— y, tras declarar el “alto el fuego” que le recomienda Santi Vila, abrir un periodo de consultas con todas las fuerzas parlamentarias para buscar una salida. En este caso, podría empezar por grupos como el PSC y los comunes. Tanto Miquel Iceta como Lluís Rabell y Joan Coscubiela tienen experiencia y ganas de encontrar una solución pactada y pueden hacer de puente con grupos como el PP y C’s, lo que sería insensato no tener en cuenta. Sería una rectificación a ritmo lento y buscando algo que nunca se debió despreciar: el consenso parlamentario.

Pasiones aparte la crisis de las últimas semanas apunta a que Cataluña necesita —ante todo— recuperar consensos. Claro, le queda otra solución que quizá sea la inevitable: convocar nuevas elecciones.

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