El sábado, dos días antes del 40 aniversario del retorno del 'president' Tarradellas a la Generalitat —la gran esperanza de una España democrática que aceptaría la personalidad específica y preconstitucional de Cataluña—, el Gobierno de Rajoy recurrió al artículo 155 de la Constitución para intervenir o suspender la autonomía y destituir al presidente, Carles Puigdemont, y a todo su Gobierno.

Son horas tristes y traumáticas para una Cataluña dividida y desconcertada que confirman que el futuro inmediato es de gran incertidumbre y hay amenazas de convulsiones. Y son también horas negras para la democracia española. Todo el edificio constitucional —lleno de imperfecciones, pero sin duda democrático— construido tras las elecciones de junio del 77 está amenazado. Y debe haber sido también una decisión dura para el presidente Rajoy, que hace pocas semanas contaba aprobar los Presupuestos con el apoyo del PNV, tener una legislatura no exenta de complicaciones pero exitosa, e intentar pasar a la historia como el hombre que sacó a España de su peor crisis económica.

No se puede sostener que un referéndum sin ninguna garantía y votado sólo por el 43% del censo es un fundamento para declarar la independencia

La realidad es que el culpable inmediato de la intervención de la autonomía catalana ha sido el independentismo, que no dudó —los pasados 6 y 7 de septiembre— en aprobar una ley de referéndum y otra de transición y fundación de la república que violan la Constitución y el propio Estatut que los catalanes votaron en 2006, y que requiere para asuntos relevantes una mayoría de dos tercios (90 diputados), y los separatistas tienen solo 72. Al actuar así, el Gobierno de Puigdemont iba contra su propia legitimidad legal, que tiene sus cimientos precisamente en la Constitución del 78 y en el Estatut.

Y lo que hizo casi inevitable la intervención fue la última respuesta de Puigdemont a la requisitoria de Rajoy que —aunque de forma oblicua, acababa confesando que aún no había habido declaración de independencia— empezaba diciendo nada más y nada menos: “El pueblo de Cataluña, el día 1 de octubre, decidió la independencia en un referéndum con el aval de un elevado porcentaje de electores. Un porcentaje superior al que ha permitido al Reino Unido iniciar el proceso del Brexit”.

Es una afirmación que indica que Puigdemont vive en las nubes o —quizá más posiblemente— cree que liar las cosas y sembrar confusión le beneficia. No se puede sostener que un referéndum sin ninguna garantía y votado solo por el 43% del censo es fundamento alguno para declarar la independencia catalana y romper la pertenencia a España, cuya Constitución fue votada por un porcentaje de catalanes superior al del resto de españoles.

Más de la mitad de los catalanes cree que el referéndum del 1 de octubre no justifica una declaración de independencia

No es de recibo. Europa lo sabe y los catalanes también. Según la encuesta de 'El Periódico' publicada el mismo sábado y realizada por Gesop, acreditada casa de encuestas, el 55,6% de los catalanes (frente al 40,1%) cree que los resultados del referéndum no justifican que el Parlamento haga una declaración de independencia, el 60,4% (contra el 36,3%) cree que no tenía las garantías suficientes, y nada menos que el 80,9% (contra solo el 10,8%) opina que no puede gozar del respaldo internacional.

El único razonamiento que Puigdemont puede esgrimir contra el Estado (aunque no para la validez del referéndum) es que un espectacular 83,4% (frente a solo el 10,8%) juzga desproporcionada la actuación policial del 1 de octubre. Y que incluso los no independentistas (70,5% frente a 22,9%) comparten ese criterio.

Pero que el culpable inmediato del desastre de la suspensión de la autonomía sea el independentismo no quiere decir que sea el único culpable. Ni incluso que —en términos históricos— sea el culpable principal. Es un asunto que supera las dimensiones de este artículo. No obstante, no se deben olvidar hechos que el independentismo podría utilizar para argumentar legítima defensa.

El primero es el recurso masivo del PP contra el Estatut de 2006 que —tras ser recortado (Alfonso Guerra dijo “cepillado”)— fue aprobado tanto por el Congreso como por el Senado y luego en referéndum por los catalanes. Y que la sentencia de 2010 del Constitucional (cuatro años y muchos incidentes después) enmendó y recortó. Y aquel Estatut establecía que Cataluña formaba parte de España y que sus futuras leyes quedaban bajo el control del Constitucional.

Quizá Rajoy tomó aquella decisión tanto contra Zapatero (la lucha cainita entre los dos grandes partidos) como contra el Estatut, pero el resultado fue la creciente 'desafección' catalana, que ayudó a que el independentismo pasara de tener un apoyo del 20-25% a otro del entorno del 45%. Aunque el PP podría recordar que aquello no debió ser tan terrible por cuanto Artur Mas —elegido presidente de la Generalitat a finales de 2010— no tuvo inconveniente ninguno en aprobar dos presupuestos consecutivos con el apoyo del PP.

El segundo argumento del pliego de descargos es que Rajoy no ha logrado corregir aquella desafección a lo largo de los siete años que lleva gobernando, aunque es cierto que Artur Mas hizo de incendiario. Y no tanto el separatismo: cualquier analista sensato no puede sino censurar el hecho de que en su último Gobierno de finales de 2016 —cuando ya se veía que el conflicto catalán no iba por buen camino— no incorporara a nadie representativo de la sociedad civil catalana de talante moderado lo que, sin ninguna duda, habría sido un colchón y hecho más difícil presentar al actual Gobierno como enemigo de Cataluña. Incluso el general Franco nombraba ministros representativos del conservadurismo catalán como Pedro Gual Villabí, secretario de un Fomento descafeinado, en 1959, y —más tarde y con mucha más influencia— Laureano López Rodó. Y es indudable que la ministra catalana, Dolors Montserrat, quizá represente al PP catalán, pero tiene un peso muy escaso en la sociedad civil catalana. No estamos ni ante un López Rodó ni ante siquiera un Piqué.

Pero estamos donde estamos. En pleno lío y desbarajuste. Y Rajoy ha tomado una opción que altera todavía más la normalidad constitucional y cargada de peligros. Ninguna decisión de las que va a tener que tomar va a ser 'popular' o fácil, empezando por la de echar a Puigdemont —que puede ser acusado de iluminado pero no de deshonesto o incoherente con sus ideas— del Palau de la Generalitat. Y seguida por otras muchas que tampoco serán populares (ver el gran artículo de ayer de Ignacio Varela en El Confidencial).

Estamos donde estamos. En pleno lío y desbarajuste. Y Rajoy ha tomado una opción que altera todavía más la normalidad constitucional

No digamos ya si, como explica Marcos Lamelas, Puigdemont apostara por declarar la independencia y convocar elecciones antes de que el Senado aprobara el artículo 155. Nos podríamos encontrar entonces con que Puigdemont estuviera habilitado para convocar elecciones —e incluso ser candidato— y que el mismo día la Fiscalía concluyera que debía acusarlo de un delito de rebelión castigado con 20 años de cárcel. Sería una situación que empezaría a acercarnos a la de Venezuela.

Además, ya se vio el 1 de octubre que las autoridades del Estado no pecan precisamente de mano izquierda a la hora de hacer cumplir sus resoluciones. Y hace pocos días, hemos visto su capacidad de fabricar 'mártires' en los momentos menos apropiados, cuando la Fiscalía pidió —y obtuvo— prisión sin fianza para los dos militantes independentistas —Jordi Sánchez y Jordi Cuixart— que presiden las dos organizaciones catalanas con más capacidad de movilización y que —guste o no en Madrid— son vistos como héroes por un porcentaje nada despreciable de Cataluña.

La intervención de la autonomía catalana no es la buena solución, porque genera un rechazo social muy amplio en Cataluña

Y el 155 parte ya, de entrada, con un gran rechazo social. Veremos cómo se aplica, pero ya nada menos que el 66,5% de los catalanes (contra el 23,8%), según la encuesta de 'El Periódico' en la que el independentismo no sale bien parado, no aprueban la intervención de la Generalitat. Y la desaprobación no es solo de los que tienen un sentimiento independentista sino también (43,7% contra 42,8%) de los no independentistas. No puede sorprender así que algunos alcaldes del PSC —como los de Granollers, Terrassa y Santa Coloma— hayan hecho público su nerviosismo e inquietud.

Cataluña está en un momento crítico. Por una parte, la conflictividad política y las manifestaciones ahuyentan el turismo (baja de un 20% de las reservas hoteleras), retraen el consumo (menos ventas en los grandes almacenes) y provocan un éxodo de las sedes de sociedades —empezando por CaixaBank, Banco Sabadell y seis de las siete catalanas del Ibex, y seguidas por más de un millar de empresas— que puede tener efectos muy negativos y originar una grave pérdida de dinamismo económico. Entre otras cosas porque, como pasó en Montreal cuando el referéndum de Quebec, es difícil que muchas de las empresas que ahora marchan decidan volver cuando se supere la fase de conflictividad.

Por otra parte, las masivas manifestaciones separatistas —y también contrarias— con cifras de más de 300.000 participantes indican el peligro de que el divorcio interno y la división social, que hasta el momento han estado contenidos, pasen a una fase más aguda. No se debe olvidar que todas las encuestas serias indican que la población está muy dividida y la última del CEO, el CIS de la Generalitat, dice que el 41% es favorable a la independencia, pero el 49% se opone. Además, la encuesta de 'El Periódico' dice que el 55,6% es pesimista respecto al futuro y el 49,3% cree que hay un serio riesgo para la economía si la independencia sigue adelante.

¿Solución? Hay menos catalanes que desean que el 'procés' lleve a la independencia que los que prefieren un pacto de más autogobierno

Con todo, quizá lo más relevante es que la sociedad catalana está dispuesta —mucho más que su Gobierno y el de España— a vivir bajo un compromiso. Incluso desea el pacto. La encuesta de 'El Periódico' —confirmando 'grosso modo' sondeos anteriores de 'El País' o 'La Vanguardia'— indica que el 36,1% de los catalanes desearía que el 'procés' condujera a la independencia, pero el 46,1% preferiría un acuerdo con España que diera más autogobierno, y solo un 10% quiere el grado de autonomía actual.

¿Tan imposible hacen los sacros e irrenunciables principios alcanzar un pacto como el que desean la mayoría de los catalanes? Un joven amigo francés, casado con una encantadora catalana y con un pequeño establecimiento hostelero, me decía el pasado martes que estaba desencantado y harto. No había pensado nunca que la democracia española tuviera raíces tan débiles y que la polarización llegara tan lejos. Y su irritación le llevaba a concluir, sin perder la sonrisa, que habría que poner a Mas, Puigdemont y Rajoy en la cárcel. Y no sabía por qué orden.

¿Hay solución? Parece difícil. Pero sí hay caminos que conducirían sin duda a una situación más calamitosa. La declaración de independencia sería una catástrofe para la economía y para la convivencia. La intervención de Rajoy, casi una suspensión total de la autonomía, de llevarse a cabo, podría servir solo para enconar aún más los ánimos. Solo que Puigdemont —que es el que legalmente puede— se decidiera a dar la palabra a la gente y convocar elecciones (sin machada independentista previa) podría abrir un rayo de esperanza.

Solo que Puigdemont se decidiera a dar la palabra a la gente y convocar elecciones (sin machada independentista) podría abrir un rayo de esperanza

Es lo que pide el 68,6% de los catalanes (contra el 27,4%) en la encuesta comentada. Y es lo que piden los dos grandes diarios de Cataluña. El director de 'El Periódico' publicaba ayer un artículo con un título rotundo: “President, ponga las urnas”. Curiosamente, coincidía con el título del editorial de 'La Vanguardia'. Y su director, Marius Carol, concluía comedido: “Creo que hemos perdido mucho por saltarnos las reglas de juego. Tener el autogobierno intervenido es un fracaso. Pretender insistir en el camino emprendido podría ser un desastre”.

Por su parte Lluís Foix, respetado comentarista y exdirector de 'La Vanguardia', tuiteaba el mismo sábado por la tarde que todavía quedaban días —hasta el viernes, en que se reúne el Senado— para evitar lo peor. Pedro Sánchez tiene razón: si hay suspensión de la autonomía, la principal responsabilidad no será de Rajoy sino de Puigdemont.

La culpa histórica de que las cosas hayan llegado a este punto no es desde luego de Puigdemont, que solo preside la Generalitat desde enero de 2016, pero hoy es solo él quien puede evitar el descenso a los infiernos. ¿Será capaz de imponerse a la corte de hiperventilados que le asedian y rodean?