El arreglo que no pudo ser

El dimitido 'conseller' Santi Vila, el primer secretario del PSC Miquel Iceta y el lehendakari Iñigo Urkullu se emplearon a fondo para evitar el choque final

Foto: El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante su comparecencia. (Reuters)
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante su comparecencia. (Reuters)

Ayer a las 12 del mediodía se levantó una esperanza en la Cataluña y la España que creen que el choque de trenes (la declaración de independencia y la aprobación del artículo 155) agravará una profunda crisis que ha ido agudizándose en los últimos siete años. La bolsa y las acciones de los bancos catalanes se dispararon cuando se conoció una inminente comparecencia del 'president' Puigdemont para convocar elecciones anticipadas. Pero a las 13:30 la comparecencia se retrasó a las 14:30. A las 14:30 se volvió a suspender, y a las cinco de la tarde el 'president' dijo que había pensado convocar elecciones para evitar la suspensión de la autonomía, pero que no había recibido las garantías suficientes de Madrid.

Fue un jarro de agua fría para los que temen el choque de trenes, pero el independentismo —que había tenido toda la mañana voz de funeral— recuperó su tono habitual.

Tras el 1 de octubre, el independentismo, envalentonado por los dos millones que participaron y —todavía más— por la acción policial que retransmitieron las televisiones de todo el mundo, quiso proclamar la independencia argumentando el mandato democrático del 90% de los votantes en un referéndum en el que solo participó el 43% del censo (y siempre según la Generalitat). Pero las presiones para no hacer la declaración fueron fuertes e incluso el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, instó al presidente catalán a no hacer una declaración unilateral y a emprender el camino del diálogo. Puigdemont resolvió —mejor dicho, creyó resolver— la papeleta declarando la independencia a medias y pidiendo una negociación y una mediación. Pero no contestó de forma clara la requisitoria de Rajoy, por lo que se puso en marcha el mecanismo para aplicar el artículo 155 e intervenir la autonomía.

La dimisión de Santi Vila revela el miedo de gran parte de la sociedad catalana al conflicto y a las consecuencias económicas

Pero el entusiasmo separatista empezó a chocar con el miedo de gran parte de la sociedad catalana tanto al desorden como al 155 y las consecuencias económicas de un largo conflicto. Los cambios de sede social de CaixaBank, Sabadell y otras grandes y medianas empresas (hasta 1.500, que aportan el 30% del PIB catalán) no podían sino impactar.

Y en los últimos días, la presión de la amplia y diversa sociedad civil catalana para que Puigdemont convocara elecciones e impidiera así la prolongación de la conflictividad y la pérdida de la autonomía ha sido muy fuerte. El pasado domingo —después de que Rajoy activara el 155—, esta presión subió de nivel. El domingo no hubo editorial conjunto de la prensa catalana, pero los editoriales de los dos grandes diarios de Barcelona —'La Vanguardia' y 'El Periódico'— a favor de las elecciones fueron extraordinariamente similares. Incluso el diario 'Ara', independentista y muy contario al PP pero moderado, se sumó al clamor para evitar la intervención de la autonomía y taponar la degradación de la economía.

Y esta semana, las presiones de todo tipo sobre los gobiernos de Cataluña y Madrid para impedir el definitivo choque de trenes han ido en aumento. El martes, la reunión del Gobierno de la Generalitat fue movida y al menos tres 'consellers' —Santi Vila (Empresas), Meritxell Borràs (Gobernacion) y Carles Mundó (Justicia, y de ERC)— plantearon serias objeciones a una declaración de independencia que implicara la suspensión de la autonomía. Aquella misma tarde, Santi Vila —que encarna la corriente pragmática de la antigua CDC— le comunicó a Puigdemont (y a sus círculos allegados) que no podría seguir en el Gobierno si no se modificaba el rumbo.

El hasta este jueves 'conseller' de Empresa, Santi Vila (d), sale del despacho del presidente Carles Puigdemont. (EFE)
El hasta este jueves 'conseller' de Empresa, Santi Vila (d), sale del despacho del presidente Carles Puigdemont. (EFE)

Vila argumentaba que, pese a que la actitud de Madrid era inadmisible, se habían cometido errores por ambas partes y que al punto al que habían llegado las cosas la prioridad era evitar la intervención y frenar el éxodo empresarial. Y Vila, que tiene muchas relaciones —entre ellas con Ana Pastor, pues ambos fueron responsables de obras públicas de sus respectivos gobiernos—, hizo abundante consumo de su teléfono tanto el martes como el miércoles hasta altas horas de la madrugada. Y Vila, que ya discrepaba del rumbo crecientemente radical del Gobierno catalán, hizo efectiva su dimisión ayer noche tras la sesión parlamentaria.

Cuatro catalanes de la sociedad civil recurrieron a Urkullu para que presionara a Puigdemont y mediara con Rajoy

Pero Vila —al que algunos ven próximo a Marta Pascal, la actual coordinadora del PDeCAT— no fue el único que intento mediar entre Puigdemont y Madrid. El PSC está movilizado desde hace días e Iceta habló a fondo tanto con Pedro Sánchez como con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con la que tiene una relación fluida. Preguntado el sábado pasado sobre el 155, Iceta, sin ocultar su alarma, contestaba que había tiempo hasta hoy para pararlo y que no tiraba la toalla. El expresidente y senador José Montilla visitó el miércoles a Puigdemont, y Núria Marín, alcaldesa de l'Hospitalet, la segunda ciudad catalana, intentó sensibilizar a alcaldes de otras ciudades de España. El PSOE fue receptivo al PSC. Pedro Sánchez se ha mantenido discreto, pero la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, no dudó en decirle a Rajoy en la sesión de control que si Puigdemont convocaba elecciones, el 155 no estaría justificado ni política ni jurídicamente.

El líder del PSC, Miquel Iceta, durante su intervención en el pleno. (EFE)
El líder del PSC, Miquel Iceta, durante su intervención en el pleno. (EFE)

Y el empresariado catalán presionó al máximo en todas las direcciones. E incluso recurrió a Iñigo Urkullu que, por distintos motivos, tiene influencia tanto sobre Puigdemont como sobre Rajoy. Urkullu cree que el conflicto catalán podría desestabilizar la democracia española y no dudó en asegurar a Puigdemont que la única salida era la convocatoria de elecciones.

Es en este contexto en que cabe situar el muy reciente encuentro del lendakari con cuatro personas muy representativas de la sociedad catalana: el conocido abogado Emilio Cuatrecasas, Mariano Puig (hijo), del grupo Puig, pero no su máximo ejecutivo, Joaquín Coello, conocido empresario catalanista de centro-izquierda y presidente de la fundación de la familia Carulla (Agrolimen), que es accionista relevante del diario 'Ara', y Juan José López Burniol, notario, directivo desde hace años del Círculo de Economía, columnista sénior de 'La Vanguardia' y consejero de la Fundación La Caixa.

¿El cambio de Puigdemont es fruto de su debilidad o de la falta de cintura del PP?

Como resultado de todas estas gestiones —y tras dos largas y difíciles reuniones nocturnas el martes y miércoles con el estado mayor del independentismo—, Puigdemont comunicó ayer por la mañana a su Gobierno que estaba dispuesto a convocar elecciones para evitar un choque de trenes que había llegado a la convicción de que podía ser muy negativo para Cataluña. Pero la esperanza se quebró poco después cuando el 'president' dio marcha atrás.

¿Por qué Puigdemont estuvo dispuesto a convocar elecciones, enfrentándose a una parte importante del separatismo, y cambió de opinión en cinco horas?

Una primera interpretación es que se asustó al ver la virulencia de las reacciones contrarias. Los estudiantes, que estaban en la calle para pedir la libertad de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, se trasladaron a la Generalitat y empezaron a gritar contra Puigdemont. Otros lo hacían ante la sede del PDeCAT en la calle Provenza. Dos diputados del PDeCAT —uno fue muy cercano a Mas— dimitieron inmediatamente y se dieron de baja del partido. Además, ERC se desmarcó con rapidez. Y Puigdemont no es un político rodado acostumbrado a nadar contracorriente, pues su cargo de más responsabilidad (hasta enero de 2016) fue el de alcalde de Girona.

Una segunda interpretación es que Puigdemont no recibió las garantías de Madrid que había solicitado a Urkullu. O que el 'president' pidió cosas imposibles, como la liberación inmediata de los presidentes de la ANC y de Òmnium. Pero la teoría de una falta de cintura (o de interés) de Rajoy —difícil de creer porque debe mantener una relación correcta con Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu— tampoco se puede desechar, porque el PP no admitió ayer la enmienda del PSOE al desarrollo del 155 diciendo que si se convocaban elecciones en Cataluña se interrumpiría su ejecución. Claro que eso pasó cuando Puigdemont ya había dado marcha atrás, pero es indudable que círculos dirigentes del PP decían que hacía falta algo más que convocar elecciones: restaurar la legalidad. Lo que pasa es que convocar elecciones implicaba anular 'de facto' las leyes del referéndum y la desconexión del 6 y 7 de setiembre.

Quizá las razones sean una mezcla de todo lo anterior y de que es muy complicado improvisar en pocas horas un arreglo a un asunto que se ha ido envenenando a lo largo de muchos años.

¿Qué va a pasar ahora? Lo más probable es que el Parlamento haga mañana una declaración de independencia, o algo similar, y que el Senado apruebe la aplicación del 155, aunque Iceta —inasequible al desaliento y que presume de haber nacido para pactar— todavía le insistió ayer a Puigdemont en el Parlament para que se presentara hoy en el Senado a pedir una negociación. E incluso se ofreció a acompañarlo.

Sin milagro, el Gobierno aplicará el 155, que es un camino difícil y espinoso. El discurso de Soraya Sáenz de Santamaría fue sobrio y moderado de tono, pero la aplicación del 155 —empezando por la destitución de Puigdemont y de todos los 'consellers'— no será popular en Cataluña. La encuesta de 'El Periódico' del pasado sábado —de la que me hice eco en mi artículo del lunes— decía que el 66,5% de los catalanes (contra el 23,8%) se oponía de entrada a la intervención de la autonomía. Y lo que en Madrid deberían tener muy presente es que incluso el 43,7% de los no independentistas (contra el 42,8%) se decía contrario al 155.

En medios catalanes conservadores y centristas —nada independentistas—, se cree que el 155 no solo puede no ser la solución sino que podría empeorar las cosas.

Confidencias Catalanas

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