España, ante el teorema de Forcadell

Hace unos años, cuando todavía era presidenta de la ANC, Carme Forcadell enunció un teorema que ha servido de consuelo y de colchón al movimiento independentista: tranquilos, porque incluso en el momento en que estemos más bajos, siempre vendrá el Estado español a ayudarnos con sus decisiones impopulares y anticatalanas.

Hay que admitir que el teorema Forcadell ha funcionado. Un caso típico fue cuando las elecciones de 2012, que Artur Mas anticipó pidiendo una mayoría excepcional. Perdió 12 diputados, bajando de 62 a 50 y quedando más lejos de los 68 de la mayoría absoluta. En CDC reinaba la consternación, pero entonces el ministro Wert —que quería meter goles en el Bernabéu— dijo aquello de que “hay que españolizar a los niños catalanes”. En Cataluña fue visto como una agresión al catalanismo —incluso por los nada independentistas— y dio cobertura al pacto de Artur Mas con ERC para gobernar —sin que ERC entrara en el Gobierno— hasta 2015, que facilitó la radicalización de la hasta entonces inclinada al pacto CDC.

Siempre he creído que si en aquel momento Rajoy hubiera sido consciente de la situación y hubiera prescindido de Wert(lo tuvo que hacer después, porque el ministro no dejó de ocasionar problemas), las cosas podrían haber ido por otros derroteros. Algunos dicen que entonces el gran problema de Rajoy era evitar el rescate de España. Vale, pero eso sería reconocer aquello de que el hombre es incapaz de hacer dos cosas al mismo tiempo.

Pero el teorema Forcadell no siempre se cumple. Tras la declaración de independencia del viernes 27 de octubre —cuando Puigdemont se echó atrás del pacto Urkullu, consistente en que convocaba elecciones y Madrid se retenía—, Rajoy no cometió el error de promulgar un 155 por tiempo indefinido, que habría ocasionado choques continuos. Lo promulgó solo por 55 días convocando elecciones para el 21 de diciembre. Desautorizaba así en parte la tesis de que el 155 sería el final de la autonomía catalana y una involución general en toda España.

La primera consecuencia fue que la independencia solo se pudo celebrar —y poco— una tarde. Luego, el separatismo, sin ningún reconocimiento internacional, con la condena de la UE, la fuga de empresas y el ridículo de una declaración de independencia con solo 72 diputados (sobre 135), el voto secreto vergonzante y el dictamen contrario de los propios letrados del Parlamento catalán, se quedó con una muy escasa capacidad de protesta, casi mudo y reconociendo que no tenía otra opción que concurrir a las elecciones autonómicas, un marco que acababa de declarar finiquitado.

El teorema Forcadell había fracasado y el separatismo había dejado de marcar, por primera vez desde la primavera de 2012, cuando Mas exigió el pacto fiscal, el terreno de juego.

La prisión sin fianza de los 'consellers' es discutible y en Cataluña es percibida como una arbitrariedad o venganza política

Pero el pasado jueves el teorema Forcadell resucitó de nuevo cuando la Fiscalía pidió —y obtuvo— prisión sin fianza para los 'consellers' que se personaron en la Audiencia Nacional, los que no estaban en Bruselas. Fue una decisión que tuvo un impacto muy negativo en la sociedad catalana —ningún líder catalán, ni siquiera Albiol, la ha defendido— y mucha gente —no solo independentista— cree que es una decisión política que humilla a Cataluña porque los 'consellers' —aunque cesados— habían sido nombrados por el Parlamento catalán elegido democráticamente.

Por el contrario, en la capital se sostiene que es la decisión de una jueza independiente. Vayamos por partes. No se trata de que los posibles delitos deban quedar impunes por motivos políticos, pero la prisión provisional es algo bastante excepcional —aunque algunos jueces son aficionados—, porque todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia —el PP, desde la Gürtel, lo repite cada semana— y a un juicio justo. Además, la prisión ha sido pedida por la Fiscalía, que no es un órgano independiente, lo que da verosimilitud a la tesis —que no comparto— de que estamos ante una arbitrariedad o una venganza política. Por otra parte, el delito de rebelión es discutible, porque muchos penalistas subrayan la ausencia de violencia.

Además, la Fiscalía y el juez del Supremo —donde comparecen Carme Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlamento que tienen la condición de aforados— han ampliado hasta mañana jueves el plazo de alegaciones de la defensa, lo que no pasó en la Audiencia Nacional. ¿Hay dos varas de medir? Y este argumento se refuerza porque parece que en el Supremo —uno de cuyos fiscales es la antecesora de Maza en la Fiscalía General— puede abrirse paso la tesis de que estamos ante una conspiración para la rebelión con penas menores que el delito consumado. Finalmente, el riesgo de reincidencia no parece muy ajustado porque los 'consellers' ya no tienen poder, y el de fuga es todavía más discutible. Puigdemont y algunos 'consellers' se fueron a Bruselas, pero los que comparecieron se han quedado en España. E incluso hay dos —Meritxell Borràs y Joaquim Forn— que han regresado de Bruselas para presentarse en la Audiencia Nacional. ¿Riesgo de fuga?

¿Hay sectores del aparato del Estado que actúan con criterios jurídicos y políticos distintos a los del Gobierno?

Por otra parte, parece lógico que a un Gobierno que convoca elecciones en Cataluña para dentro de pocas semanas lo que menos le convenga sea enrarecer el ambiente y enardecer a los separatistas que enarbolarán también la bandera de la amnistía a los 'presos políticos'. Al Gobierno Rajoy no creo que le interesara una campaña con cabezas de lista y candidatos en la cárcel. ¿Entonces? Puede que en algunos sectores del Estado se actúe con criterios jurídicos y políticos distintos —o incluso contrarios— a los del Gobierno.

¿Hay sensibilidades Wert que no tienen en cuenta que la crispación daña el orden constitucional? Sería extraño y reprobable, porque la incardinación de Cataluña en España es un asunto de Estado que exige la máxima coherencia (pocas expansiones de los fiscales en tertulias radiofónicas) y que, como demuestra la encuesta del CIS de ayer, es ya la segunda preocupación de los españoles, tras el paro e incluso por delante de la corrupción.

Las encuestas dicen que ERC será el primer partido y que tanto Cs, con Inés Arrimadas, como el PSC de Miquel Iceta suben algo

Vayamos al 21-D. El independentismo parte con el hándicap de su reciente y algo humillante fracaso y de que Rajoy solo ha convocado tras la indecisión de Puigdemont. Pero por otra parte tiene la prima de la prisión de los 'consellers', que le permite levantar las banderas de la protesta, la amnistía, el agravio a los catalanes y otras que alimentan el victimismo. Y Puigdemont en Bruselas ha conseguido tanto atención internacional como seguir estando presente en Cataluña ensayando la figura del presidente en el exilio. Claro que si se pasa —como ayer en Bruselas ante los 200 alcaldes que fueron a reconocerle como presidente— y ataca a las instituciones europeas, puede ser un bumerán ante una parte del electorado independentista que sabe que Cataluña tiene que estar —con España o sin ella— dentro de Europa.

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Las encuestas disponibles, que se deben tomar con precaución porque quedan muchos días hasta el 21-D, indican que los resultados no serían muy diferentes a los anteriores. El separatismo puede conservar por poco —o perder también por poco— la mayoría absoluta de diputados, pero —hoy por hoy— no parece que pueda superar el 50% de los votos. Si finalmente —como es lo más probable— no hay lista única independentista, los electores de Junts pel Sí irán en gran parte a ERC, que obtendría aproximadamente un 30% de los votos, mientras que el PDeCAT, con un 10%, pasaría a ser el cuarto partido, tras Cs y el PSC.

Por otra parte, se percibe un descenso de la CUP y un ascenso de Cs, que capitaliza el voto antiseparatista, y del PSC, que enarbola la idea de la tercera vía —ni independencia ni 'statu quo'— y que se beneficia del mayor protagonismo político de Miquel Iceta. El PP y los comunes tienden a la estabilidad, y los comunes quizá noten que los electores ya no perdonan la no definición sobre la independencia. Decir que solo exigen un referéndum para que el pueblo decida es interpretado como no querer abordar un asunto capital que divide al partido todavía en gestación.

El 68% de catalanes cree que el 'procés' ha afectado a la convivencia, y el 67%, que está perjudicando a la economía

Pero si el teorema Forcadell no vuelve a hacer de las suyas, el independentismo puede tener peores resultados. El descenso del turismo, del comercio, la marcha de empresas, el aumento del paro en octubre (superior en Cataluña que en el resto de España) son percibidos con creciente preocupación. La encuesta de GAD3 para 'La Vanguardia', la última publicada y realizada incluso tras la entrada de los 'consellers' en la cárcel, indica que el independentismo no tiene asegurada —ni en ese momento tan delicado— la mayoría absoluta.

Además, el 68% (contra el 29%) cree que el 'procés' ha afectado a la convivencia, un 58% (contra el 27%) cree que Cataluña ha salido perdiendo en los cinco años de 'procés', un 61% cree que si se consiguiera la independencia, sería a costa de salir de la UE, un 67% afirma que la economía está saliendo perjudicada y un 54% (contra un 32%) está convencido de que la marcha de empresas tendrá efectos negativos a corto o a largo plazo.

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La guinda de esta encuesta de 'La Vanguardia' es que solo el 15% cree que el conflicto acabará en la independencia y que solo el 29% desea que tenga este final. Un 29% es mucho, pero no puede imponerse. Tampoco puede ningunearse, porque encuestas recientes sitúan la más amplia aspiración a la independencia en el entorno del 45%.

La salida no traumática del conflicto exige un cambio razonable de relación España-Cataluña que sea aceptado —con mayor o menor entusiasmo— por los sectores más moderados del independentismo. Pero, por encima de todo, que España y el Estado lleguen a la conclusión de que el teorema Forcadell debe ser considerado una advertencia que no conviene despreciar.