Cataluña, ¿empate eterno?

Detecto un optimismo algo simplista sobre Cataluña tras las últimas encuestas del CIS. Un titular: “Tras el 155, la independencia de Cataluña pasa de la segunda a la cuarta preocupación de los españoles”. Es cierto, y el 155 —no sin inconvenientes— ha rebajado la gran tensión de septiembre y octubre. Pero que 'solo' el 24,6% de los españoles estén preocupados por la posible independencia de Cataluña frente al 29% de octubre no debe ser magnificado. El Indice de Confianza Politica del CIS, que oscila entre 0 y 100, está en un mísero 31,1, ciertamente mejor que el 30,6 de octubre, pero muy lejos del punto medio del 50 y por debajo del mediocre 36,3 de enero, tras la formación del segundo Gobierno Rajoy. Estar tuerto aunque algo menos que un mes antes es un triste consuelo.

Y lo mismo cabe decir de los titulares que dicen que el independentismo pierde su mayoría absoluta (68 escaños) porque se queda con 67 cuando un simple cambio del último diputado por Barcelona (que puede depender de un centenar de votos) alteraría el resultado. O de que Cs será el primer partido tras las elecciones porque el CIS le da una estimación de voto del 22,5% frente al 20,8% de ERC cuando la intención directa de voto, antes de la cocina del reparto del 29% de indecisos, es del 17,1% para ERC, del 13,7% para Junts per Catalunya de Puigdemont, del 13,2% para Cs y del 12,1% para el PSC.

El rigorismo constitucionalista puede ser negativo para la normalización de una Cataluña indecisa y en crisis

Cierto triunfalismo constitucionalista puede tener los pies tan de barro como el estúpido “mandato democrático” con el que hace muy poco nos martirizaba el separatismo. Veamos por ejemplo lo que ha pasado con la orden internacional de detención de Puigdemont. Ayer, Pablo Llarena, el magistrado del Supremo, decidió anularla. Porque Bélgica podía otorgarla para un delito menor pero no para el de rebelión —que muchos juristas dicen que no existe por ausencia de violencia—, y entonces otros imputados no podrían ser acusados en España del mismo delito sin riesgo de nulidad. ¿No pensarán muchos ciudadanos catalanes —y no catalanes— que la jueza Lamela de la Audiencia Nacional actuó con notable precipitación e imprudencia cuando, jaleada por algunos medios, envió a la cárcel a los 'consellers' que no se fueron a Bélgica y dictó una euroorden de detención contra Puigdemont y los otros 'consellers'?

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Al final el Supremo —indudablemente de acuerdo con el nuevo fiscal general— ha juzgado que lo más sensato era rectificar. Además, retirar la euroorden priva a Puigdemont del efecto propagandístico de comparecer periódicamente ante los tribunales belgas para defenderse de una democracia que califica de deteriorada. Puigdemont ahora solo vivirá en Bruselas, o donde quiera, porque le dé la gana y porque no quiere —como sí han hecho Junqueras y otros 'consellers'— afrontar sus responsabilidades en España. Será menos noticia. ¿No ha sobrado teatro dramático al dictar prisión incondicional, sin juicio previo, contra los 'consellers?' Así lo creen como mínimo el 77% de los catalanes que, según la encuesta de 'El Periódico' del 21 de noviembre, decían que la prisión para los 'consellers' destituidos era “desproporcionada”.

El 74% de los catalanes cree que la situación política es peor que hace dos años, pero están divididos al juzgar la gestión de la Generalitat

Pero vayamos a la encuesta del CIS sobre Cataluña. Ayer, Ignacio Varela hacía de ella un insuperable análisis electoral. Pero retrata también un estado anímico de Cataluña que conviene tener en cuenta. Lo primero a destacar es que tras cinco años de 'procés' —desde las elecciones anticipadas de Artur Mas de 2012—, Cataluña se siente vapuleada. Así, el 48% cree que la situación económica es hoy peor que hace dos años, cuando ahora el paro es del 12,5% y en 2015 todavía estaba en el 18%. Esta percepción solo puede ser fruto de un pesimismo bastante radical. El 67,8% cree que la situación política es mala o muy mala, y nada menos que el 74% (contra solo el 9%) cree que es peor que hace dos años, cuando las famosas elecciones plebiscitarias.

Sin embargo, segundo punto a tener en cuenta, los catalanes se muestran muy divididos a la hora de señalar a los culpables. Según el CIS, el 39% cree que en términos generales la actuación durante los dos últimos años del Gobierno de la Generalitat fue buena o muy buena, frente al 36% que opina que fue mala o muy mala. A la vista de los resultados, parece increíble. Y solo el 42,6%, frente al 41%, desaprueba la gestión de Puigdemont. Y hay un sentimiento de insatisfacción respecto al autogobierno. Según el CIS, solo el 23,4% está satisfecho con el grado de autonomía actual, o incluso la cree excesiva (11%), mientras que el 74% cree que es insuficiente. Y este 74% se divide entre un 29,9% que querría más autogobierno y un 44% partidario del derecho a decidir. Más división: el 44% se sienten tan españoles como catalanes, mientras que el 45% se sienten más catalanes que españoles o solo catalanes. Y aún queda un 7% que se siente más español o solo español.

Y esta división se convierte en una partición electoral en dos mitades. Según el CIS, el 44,4% votará a listas independentistas (ERC, Junts per Catalunya y la CUP), mientras que el 44,3% lo hará por listas constitucionalistas (Cs, PSC y PP). El 8,6% restante lo hará a favor de los comunes de Xavier Domènech (la lista de Ada Colau que apoya Pablo Iglesias).

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Y el empate es difícil de gestionar. Los constitucionalistas han subido cinco puntos respecto a 2015, mientras que los independentistas han bajado tres respecto al 47,8% que tuvieron en 2015. Pero los secesionistas ganan en las provincias de Girona y Lleida, en las que, fruto de la ley electoral española, se obtienen diputados con menos votos que en la más poblada Barcelona. La consecuencia es que los independentistas pueden perder la mayoría absoluta pero que el resultado pende de un hilo. Y aunque los separatistas pierdan su mayoría, no es seguro que se pueda formar un Gobierno no independentista porque los comunes arbitrarán y es difícil saber su inclinación final. Quizá no la saben ni ellos mismos.

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Y hay divisiones en cada bloque. La de los separatistas es fuerte, porque formar un Gobierno estable dependiendo de la CUP (nueve diputados, según el CIS) ya se ha visto que es imposible. Y además la CUP insiste en la vía unilateral. Dentro del secesionismo, la lista ganadora, según el CIS, seria ERC, pero el candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, es el preferido como presidente y las elecciones catalanas —desde Pujol, Maragall y Mas— son muy presidencialistas. Por otra parte, Junqueras está en la cárcel, Puigdemont en Bruselas y Marta Rovira, la segunda de Junqueras, no arrastra. Se vio en el debate de 'Salvados' con Arrimadas. ¿Quién sería el presidente si los secesionistas repitieran mayoría? No se sabe.

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Y en el campo constitucionalista las cosas tampoco están claras. Cs es una lista constitucionalista, de tintes estrictos, pero con una candidata atractiva, Inés Arrimadas. La otra lista es la del PSC, que ha sumado democristianos, centristas y personalidades más a la izquierda como el antiguo fiscal Jiménez Villarejo. Se puede calificar de constitucionalista y catalanista. Reforma de la Constitución y demanda de más autogobierno. La encuesta del CIS da ventaja clara a Cs con un 22,5% de estimación de voto y con una subida espectacular, ya que, aparte de voto abstencionista de 2015, atrae a muchos electores que entonces votaron al PP.

Pero Miquel Iceta, que en 2015 con 16 diputados salvó los muebles de un desahuciado PSC, es el candidato revelación, pues ocupa el segundo puesto (tras Puigdemont y por delante de Junqueras y Arrimadas) como presidente preferido. También sube en las encuestas y aspira —el CIS no lo detecta— a recoger voto catalanista moderado de clase media que votaba CiU antes de que Mas abrazara el independentismo. A notar que Cs solo supera al PSC en un 1% en intención de voto directa y en 6,5 puntos en estimación de voto (tras la atribución de indecisos).

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En resumen, no solo el electorado está dividido en dos bloques sino que dentro de cada bloque hay dura competencia por la hegemonía. Si hay mayoría independentista, habrá presidente secesionista aunque es imposible predecir al elegido. Puede haber una gran sorpresa, como pasó en 2015 cuando Artur Mas, vetado por la CUP, se inventó a un entonces poco conocido Carles Puigdemont.

Sin mayoría independentista, hay dos candidatos con ganas —las cosas están más definidas que en el campo secesionista—, pero ni Inés Arrimadas ni Miquel Iceta podrán ser elegidos sin alguna entente con los comunes de Ada Colau y Pablo Iglesias.

Cataluña tiene los mismos partidos que Alemania y allí la llegada del séptimo partido dificulta la formación de Gobierno

En la estable Alemania dicen que la entrada en el Bundstag de Alternativa por Alemania, el séptimo partido, ha roto el equilibrio político y ha puesto a la hábil Merkel en dificultades. En esto Cataluña ya se parece a Alemania, pero está mucho más partida por cuestiones identitarias, tiene un grado manifiestamente insuficiente de integración en España y una reciente amenaza de declive económico y pérdida de imagen de seriedad. Los electores catalanes lo captan, pero dudan sobre la solución. Y el Gobierno de Madrid —pese a que Rajoy ha gestionada de forma sensata el 155— no ha ayudado mucho. Por algo el PP será —siempre según el CIS— el último grupo parlamentario con siete diputados frente a nueve de la CUP. Quizá lo explique un poco que los catalanes estén más a la izquierda que los españoles, ya que en una escala de 1 a 10 (donde 1 es la extrema izquierda) se sitúan en el 3,96 frente al 4,65 de la media española.

El 'establishment' de Madrid se equivoca cuando lanza las campanas al vuelo porque el CIS dice que la independencia de Cataluña preocupa menos y cuando creen que es justo y conveniente (las dos cosas) que Oriol Junqueras duerma en Estremera. Como repite el prestigioso notario Juan José López Burniol, hay dos realidades. Una, que Cataluña —además dividida— no tiene fuerzas ni posibilidades de ser independiente. Dos, que una Cataluña en crisis es una amenaza para la estabilidad de la democracia española. Y la crisis catalana no se resuelve con simplificaciones.