El Estado, ¿contra Iceta?

Siempre es difícil hacer pronósticos electorales en base a las encuestas. Sobre las catalanas del 21-D hay que añadir aquello de "el más difícil todavía". Todas las del viernes —el último día que se podían publicar— dan aún un alto porcentaje de indecisos. La de 'El Periódico de Cataluña' señala incluso un incremento del 25 al 27% en los últimos ocho días. Y los resultados finales pueden depender de muy pocos diputados. Apunté hace unos días que Cataluña parece prisionera de un "empate eterno" entre independentistas y constitucionalistas.

Me inclino a creer lo que me gustaría. Que en el alto porcentaje de indecisos, hay una fracción significativa de votantes de la antigua CDC, que votaron independentista en el 2015 creyendo que Artur Mas debía tener fuerza suficiente para arrancar de Madrid un pacto favorable, aún mayor y que ahora, visto el desastre de los dos últimos años y de la DUI (declaración unilateral de independencia), estarían rumiando, u ocultando, su inclinación a votar constitucionalista. En este caso PP, Cs y PSC podrían tener un mejor resultado que el que predicen los sondeos. Pero solo se debe elucubrar lo justo, vayamos a las encuestas.

¿Habrá un parlamento ingobernable en una Cataluña muy dividida entre el 44,9% y el 44,6% como predicen las últimas encuestas?

Las de los cinco diarios ('El Periódico', 'El País', 'ABC', 'El Mundo' y 'La Razón') que publicaron el viernes indican un descenso significativo pero discreto del separatismo. No hay ninguna que prevea su aumento y del 47,7% que obtuvieron en el 2015 bajan a un promedio del 44,9%. El separatismo recibe pues un castigo limitado, de casi tres puntos. Pero podría salvar los muebles porque, con la ayuda de la Ley Electoral española que da más diputados a las provincias menos pobladas como Girona y Lleida, donde ganan los independentistas, los sondeos les dan un promedio de 66,8 diputados. Es menos que los 72 del 2015 y no llega a los 68 de la mayoría absoluta pero una ligera desviación les permitiría conservarla.

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En este caso pese a las dificultades de los candidatos —Puigdemont está en Bruselas y Junqueras en la cárcel— y aunque las relaciones entre las tres listas del bloque no son buenas, es muy probable que al final hubiera un presidente independentista. Pero su nombre es una gran incógnita. Podría ser un no candidato —Marta Rovira o Carles Mundó si gana ERC, y Josep Rull o Jordi Turull si Puigdemont llega primero— y tendría ante sí un futuro muy espinoso. Habiendo perdido votos no podría insistir en un programa que fracasó cuando tenían más fuerza. La entente con la CUP peligraría y la renuncia a la unilateralidad —por convencimiento o por la fuerza de la gravedad— le obligaría a tratar con un Rajoy receloso y condicionado por una opinión española muy escocida con el intento de desmembrar España.

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Por el contrario, la suma de los tres partidos constitucionalistas —PP, Cs y PSC— aumenta. En el 2015 tuvieron un 39,1% de los votos y 52 diputados y ahora suben a un promedio del 44,6% (práctico empate con el independentismo) y 61 diputados. Son menos escaños que los de los independentistas por la ya citada Ley Electoral. Ignacio Varela en un buen análisis decía que Barcelona, con un 75% de la población, elige solo el 63% de los escaños. Parece pues muy difícil que alcancen la mayoría absoluta.

Cs sube mucho (algunas encuestas dan a Arrimadas como ganadora), el PSC también, pero menos, y el PP baja. Pero el problema —quizás irresoluble— es que un presidente constitucionalista necesitaría alguna entente —y el voto favorable— de En Comú Podem, los comunes, el partido de Ada Colau que está asociado con Podemos. No será fácil de lograr, pero Arrimadas e Iceta ya han dicho que lo intentarán.

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Xavier Domènech, el candidato de los comunes, es un político pragmático (más tranquilo que Ada Colau o Pablo Iglesias), pero el líder de Podemos extraoficialmente [ver la crónica de Iván Gil en El Confidencial] baraja condiciones imposibles como el apoyo a una moción de censura contra Rajoy.

Entonces, ¿nuevas elecciones ya avanzada la primavera con la paralización política y la degradación económica para Cataluña —y para España— que ello comportaría? El constitucionalismo va a intentar evitarlo por todos los medios. Rajoy lo sabe e Iceta lo trabajará.

Y hay una razón suplementaria. Los secesionistas, si no logran los 68 diputados y no quedan política e intelectualmente aniquilados por la magnitud de su fracaso —lo que puede pasar— podrían intentar una última carta. Creo imposible que En Comú Podem vote a un candidato independentista —Xavier Domènech lo ha repetido y para Pablo Iglesias sería catastrófico en España—, pero los secesionistas podrían hacer presidente a Domènech a cambio de mantener cuotas de poder —tienen ahora altos cargos pese al 155— y de la exigencia del famoso referéndum pactado que Iglesias, Colau y Domènech no dejan de pedir pero que es inviable por muchos motivos. El más inmediato es que ni Mariano Rajoy ni Albert Rivera ni Pedro Sánchez están por la labor y que además implicaría prorrogar la inestabilidad política y económica.

La repetición de las elecciones no se puede descartar y 'La Razón', el diario que dirige Paco Marhuenda y que tiene antenas en La Moncloa, junto a la encuesta titulaba significativamente: "Un parlamento ingobernable".

Por eso el día 21 por la noche la noticia será la identidad del ganador. Si ERC —con Junqueras en la cárcel—, si Inés Arrimadas que si llega en primer lugar —como señalan las encuetas de 'ABC' y 'El País'— inyectaría un saludable chorro de realidad entre los convencidos de que solo la estelada representa la Cataluña auténtica, o si finalmente es Carles Puigdemont, con menos posibilidades porque su campaña, basada en el sentimentalismo y la idea del presidente legítimo, parece haber tocado fondo.

Miquel Iceta insiste en la reconciliación e incluso lanza una atrevida propuesta de indultos que luego califica de prematura

Pero el día 22 por la mañana la pregunta será otra si los resultados son los previstos por las encuestas, y ni el independentismo ni el constitucionalismo llegan a los 68 diputados: ¿Alguien puede ser elegido? Y Miquel Iceta, que seguramente será la cuarta lista, ya ha dicho y repetido que lo intentará. Confía en lograrlo porque dice que ha nacido para pactar, pero el frío realismo inclina a mucha cautela.

Pero tanto si el nuevo presidente es Iceta, o finalmente hay mayoría independentista y el presidente es Carles Mundó (no sería lo peor), o si la hay constitucionalista e Inés Arrimadas es investida, o si finalmente se tienen que repetir elecciones, la idea de Iceta de la reconciliación es posiblemente la única solución no traumática. Como la de Santiago Carrillo de la reconciliación nacional —expuesta en el clandestino "Después de Franco, ¿qué?" de 1965— acabó funcionando doce años después.

Tras tantos años de enfrentamiento y de empate (44,9 contra 44,6% dicen las encuestas) entre independentistas y constitucionalistas parece imposible que la solución razonable sea la de un presidente que quiera imponer a la otra mitad —sea la que sea— únicamente su verdad. Cataluña no tiene solo un problema con España —que también— sino un problema interno entre sus dos mitades.

Y luego está la reconciliación con España. Una Cataluña que se emperre en diabolizar a Rajoy. Y en añadir que Pedro Sánchez es lo mismo y que Albert Rivera —cuyo partido será el segundo o el primero el jueves— es todavía peor, solo puede ir a la independencia —para la que ya han confesado no tener fuerza— o a la ruina de solemnidad.

Tomé nota de que Iceta afirmó —en el coloquio de Nueva Economía Fórum en Barcelona el pasado viernes— que le gustaría que en La Moncloa estuviera Pedro Sánchez, pero que si es elegido su obligación será negociar lealmente con el presidente del Gobierno. Y añadió —de pasada— que "suerte tenemos de que Rajoy esté en La Moncloa y no un Aznar u otros dirigentes del PP que callaré". Para alguien que en un mitin en Gavá en setiembre del 2016 exclamó: "¡Pedro (Sánchez), líbranos de Rajoy!" indica una notable capacidad de adaptación a la realidad.

Y al Estado también le conviene explorar algún acomodo con el independentismo que —por los motivos que sea— ha pasado en Catalunya del tradicional 15-20% de deseo indeterminado en las encuestas al 47,7% en las elecciones del 2015. ¿Es lo mejor para una España democrática y próspera coexistir con un 45% de catalanes movilizados a la contra de forma permanente y con sus dirigentes —que quizás encabecen las dos primeras listas en las elecciones del jueves— purgando penas graves de prisión? ¿No sería correr el peligro de una cierta 'ulsterización' de Cataluña?

Por ahí debe ir la idea de Iceta del indulto que tan mala acogida —con argumentos sólidos e impecables basados en el imperio de la Ley— ha tenido en la prensa y la clase dirigente de la capital. Es algo sobre lo que habrá que reflexionar, aunque sea una idea "prematura", como el propio Iceta ha reconocido.

Pero quizás no lo sea tanto para el 59,4% de catalanes (porcentaje que supera en bastante a los independentistas) que creen no justificada "la actuación judicial y la acusación de rebelión y sedición contra el 'expresident', los 'exconsellers' y los 'Jordis'. O para el 53,4% que cree que son "presos políticos". No son datos de Diplocat, ni del PSC, ni de los "sanchistas" del PSOE, sino de la encuesta de 'La Vanguardia' del pasado domingo realizada por la madrileña GAD3, la misma casa de encuestas que trabaja para el diario ABC. Y no olvidemos que en el Ulster el jefe del IRA acabó de vicepresidente del unionista más intransigente.

Por cierto, también he tomado nota de que pese al rasgamiento de vestiduras que ha provocado "la ocurrencia" de Iceta, Rajoy ha dicho solamente que "el Gobierno es restrictivo con los indultos a los políticos". Interesante.

Pero no entremos en charcos prematuros. Hoy lo relevante es qué lista será la primera el jueves y qué mayorías se podrán articular con las siete formaciones que luchan por el voto.