El TC pasa la pelota al independentismo

Una cierta sensación de empate entre el Estado, que con el 155 logró impedir la independencia de Cataluña proclamada el 27 de octubre, y los partidos separatistas, que consiguieron repetir su mayoría absoluta en las elecciones del 27-S, ha provocado un nuevo y grave enfrentamiento. No será el último, pero su desenlace va a marcar territorio.

Puigdemont quiere volver a ser el 'president'. Y los partidos independentistas le apoyan porque fue destituido por el 155 y porque encabezó la lista secesionista más votada (por poco). También porque dentro de la lista de Junts per Catalunya (JxCAT), apoyada por el PDeCAT, dispone de una quincena de diputados incondicionales. Y si el 'grupo de los 15' quiere, puede bloquear la legislatura. No hay mayoría independentista sin esos 15. Y un candidato no independentista sería siempre derrotado porque los separatistas superan los 68 diputados de la mayoría absoluta (tienen 70).

Por eso el independentismo en bloque apoya, con un grado de entusiasmo muy variable, a Puigdemont. Y por eso una parte del independentismo (¿o todo?) estaba dispuesta a investirlo aunque fuera sin su presencia en el Parlamento. Haciendo el discurso a través del plasma (al parecer intentaba hablar desde el Parlamento flamenco) o mediante la delegación del discurso en otro diputado.

Era una ilegalidad clara que no tenía el aval ni de los letrados del Parlamento catalán y que, por lo tanto, no tenía mucho recorrido porque rápidamente sería impugnada y anulada. Pero el Gobierno de Madrid había hecho cuestión de principio que no fuera presidente ni por un día. Aparte de que está fugado y que, al contrario que otros independentistas, no admite la legalidad vigente (se presenta como el presidente legítimo de Cataluña junto a la bandera catalana y europea pero sin la española), su elección implicaría una cierta victoria compensatoria de la fracasada rebelión del 27 de octubre. Ya se vio la semana pasada que las andanzas de Puigdemont —en Bruselas o en Dinamarca— provocan un ataque de nervios en el Gobierno de Madrid. Un inteligente abogado catalán me dice que para el Gobierno del PP Puigdemont es casi como Bin Laden para el presidente Bush.

Una hipotética ilegalidad futura no invalidaba el derecho de Roger Torrent a proponer a un diputado electo como 'president'

Para matarlo políticamente, el Gobierno anunció un recurso al Constitucional contra la propuesta de Puigdemont como candidato hecha por Roger Torrent, el presidente del Parlamento catalán. Pero el Consejo de Estado, cuyo dictamen previo es preceptivo aunque no vinculante, no aprobó —por unanimidad— el recurso. En base a que Puigdemont era diputado y no se podía presuponer que intentará una investidura no presencial. Una hipotética ilegalidad futura no invalidaba el derecho de Roger Torrent a proponer a un diputado electo como 'president'. Otra cosa, pero en todo caso posterior —decía el Consejo de Estado—- sería que Puigdemont fuera elegido ilegalmente. Entonces sí se podría recurrir, pero no antes.

Puigdemont, arropado por el independentismo, quería volver a desafiar al Estado, y el Gobierno de Madrid —nervioso por los números imaginativos del exilado de Bruselas, que aumentan su popularidad entre los suyos y le convierten en la bestia negra de los contrarios— no estaba dispuesto a tolerar otro desafío y actuó con exceso de precipitación al presentar el viernes un recurso contra algo que el propio Rajoy había dicho —en la entrevista a Onda Cero del miércoles— que no era recurrible porque no existía acto administrativo a recurrir. Extraño.

Y para evitar que Puigdemont se colara en el Parlament, el TC establece que para asistir al pleno necesita la autorización del juez del Supremo

Por eso el Tribunal Constitucional ha hecho un auténtico encaje de bolillos al decidir, por unanimidad y tras dos sesiones de mañana y tarde, algo equilibrado pero además operativo. No se admite el recurso del Gobierno contra la propuesta de Puigdemont como presidente (aunque tampoco se rechaza, porque la resolución se deja para más adelante), pero sí se bloquea la posible elección ilegal de Puigdemont advirtiendo al presidente del Parlamento —y a los miembros de la Mesa— que tanto la investidura sin presencia del candidato como la delegación de voto de los diputados de Bruselas (cinco con Puigdemont) serían ilegales. Y para evitar que Puigdemont se colara en el Parlamento en algún maletero (la obsesión del ministro Zoido) y que quizá trasladara allí su domicilio y pretendiera gobernar cuatro años sin traspasar la puerta del edificio (para no ser detenido), establece que para asistir al pleno, Puigdemont necesitará la autorización del juez del Supremo.

En resumen, el Constitucional da un cierto varapalo al Gobierno al no admitir el recurso censurado por el Consejo de Estado (contra Roger Torrent), pero le da la razón de forma contundente sobre el fondo: Puigdemont no puede ser elegido 'president' de Cataluña. A no ser que vuelva a Cataluña, el juez Llarena autorice su presencia en el Parlamento (se la ha negado a Junqueras) y esté dispuesto a pasarse unos meses (o unos años) en la misma situación en que hoy están otros miembros de su Gobierno como Oriol Junqueras, el líder de ERC, o Joaquim Forn, del PDeCAT. Puigdemont dijo que prefería ser presidente a presidiario y lo más probable es que ahora opte por no ser ninguna de las dos cosas.

¿Qué sucederá ahora? Pasada cierta euforia inicial de que el Consejo de Estado discrepara de Rajoy y de que el Constitucional haya dedicado largas horas al asunto, el independentismo se encontrará ante unas alternativas complicadas.

La primera opción sería desobedecer al TC, lo que sería volver a la ruptura con la legalidad española y podría implicar sanciones para la Mesa del Parlamento y los dirigentes que están en libertad condicional. No parece que vaya a ser esa la vía.

La otra —la más probable— es la de no desobedecer pero protestar por todos los medios legales posibles y los propagandísticos contra la decisión. Se contentará así al electorado y se ganará tiempo para pactar la salida con Puigdemont.

A los partidos independentistas —a ERC y al PDeCAT— no les interesan, digan lo que digan, nuevas elecciones. Artur Mas en su despedida ya dijo que los 70 diputados eran “un tesoro” que no se podía despreciar “ni arriesgar”. Pero para evitar nuevas elecciones y poder gobernar necesitan el aval de Puigdemont, lo que posiblemente implicará investir a un presidente que tenga su confianza.

La decisión del Constitucional deja al 'expresident' Puigdemont gravemente herido, pero el independentismo tendrá que pactar con él

¿Qué nombres podrían tener la bendición de Puigdemont? Imprescindible que sea alguien de la lista de Junts per Catalunya. Los 'exconsellers' Jordi Turull y Josep Rull tienen la ventaja de ser del PDeCAT y no estar mal vistos por Puigdemont, pero la desventaja de que están imputados y pueden quedar inhabilitados. También Elsa Artadi, la brillante economista de Mas-Colell que sorprendentemente se ha convertido en la mosquetera de Puigdemont, o Eduard Pujol, exdirector de la primera cadena de radio en catalán que destronó a la pública Catalunya Ràdio. Ambos tienen la ventaja (también desventaja) de ser muy próximos al político de Bruselas. Y el inconveniente de tener poca experiencia política. Y nula parlamentaria.

Además, Puigdemont es imprevisible. Cuando dimitió como alcalde de Girona (porque Mas le hizo 'president'), eligió como sucesor a un hombre de su confianza (luego salió rana) que ocupaba el puesto 18 de su lista municipal, obligando así a dimitir a todos los que iban en un puesto mejor y no eran ya concejales.

Si Puigdemont no cede —seguramente no lo hará a corto, pero quizá la presión hará que más tarde se reblandezca—, habrá que ir a nuevas elecciones cuando toque o se habilite (sin sesión de investidura, aunque sea ficticia, quizá no corra el plazo), o dejar que el 155 se prolongue indefinidamente. Esta solución es mala para todo el mundo, pero inaceptable para el secesionismo (incluido Puigdemont).

El TC ha logrado una resolución unitaria en un asunto muy delicado con una decisión que no es la que pretendía el Gobierno pero que sobre el fondo le da toda la razón. Y al mismo tiempo ha colocado la pelota en el campo de los partidos independentistas. Ellas —Marta Rovira de ERC y Marta Pascal del PDeCAT— y sus entornos deberán decidir lo que quieren ser de mayores. Pero necesitarán el permiso de Puigdemont. El de Bruselas ha quedado gravemente herido, pero no muerto.