Cisma: maximalistas contra pragmáticos

El 'puigdemontismo' quiere cambiar la Ley de Presidencia, en lectura única, para que la Generalitat sea dirigida desde Bruselas

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07/02/2018 05:00 - Actualizado: 07/02/2018 23:35

Nadie quiere confesar una gran derrota. Y más si cree poderla tapar con una victoria parcial. Pero la realidad acaba por imponerse. Y si se tarda demasiado en aceptarla, la derrota puede ser peor.

Así está el independentismo. Perdió la batalla de la independencia unilateral porque la proclamó un viernes en el Parlament y luego —antes y después de que Rajoy aplicara el 155 y convocara elecciones— no osó ni arriar la bandera española del Palau de la Generalitat y el Gobierno desapareció el fin de semana, excepto Puigdemont, que hizo unas extrañas declaraciones, que ya olían a exilio, desde una escalinata de Girona. Luego, unos aparecieron en Bruselas y otros se presentaron en la Audiencia Nacional.

En realidad, la declaración unilateral no pasó de ser simbólica, como dijo Forcadell. ¿Entonces por qué cometieron la estupidez de proclamarla? ¿Por qué vivían en su burbuja?

Pero como el 21-D el independentismo conservó la mayoría absoluta (aunque Inés Arrimadas fue la más votada) y la primera lista secesionista fue la encabezada por Puigdemont, que basó toda su campaña en el retorno del presidente legítimo, el independentismo ha optado por proclamar que no ha perdido y que la lucha por 'la república' continúa.

Pero los hechos son tozudos. El unilateralismo ha sido derrotado —y además sus dirigentes son perseguidos por el aparato judicial— y el secesionismo ha ganado las elecciones autonómicas convocadas al amparo del 155. Tiene derecho a gobernar, pero en el marco del Estatut y la Constitución. Lo otro es pasado que más conviene enterrar, al menos mientras no cambien las circunstancias, cosa que no parece probable porque el 47,5% que vota separatista no baja pero tampoco crece, España ha actuado con casi unánime determinación y la Unión Europea no ha mostrado ninguna simpatía —más bien lo contrario— con el separatismo.

En el secesionismo nadie desea confesar el desastre. Pero unos admiten el error y quieren recuperar la Generalitat y cierta normalidad para aminorar la cuenta de daños de Cataluña y de las propias organizaciones independentistas, y otros —que no han aprendido nada— pretenden utilizar su mayoría parlamentaria para seguir haciendo pulsos al Estado, montar un Gobierno en el exilio y agitarse por Europa con la vana pretensión de que Bruselas cambie de opinión. Y si ese cambio de opinión no llega, proclamar que la UE ha traicionado sus ideales y no es digna de ella misma, como Puigdemont ya hizo hace unas semanas.

ERC pone como condición para elegir a Puigdemont que la investidura sea válida y efectiva. O sea, legal

Lo que vivimos estos días es una sorda guerra interna en el independentismo. Los maximalistas quieren seguir con la estrategia rupturista e investir a Puigdemont en el Parlamento. Luego, ¿qué? No parece importarles. Lo que pretenden es un nuevo gesto de ruptura. Pero no pueden imponer su plan porque solo tienen una treintena de escaños. A todo estirar, algo más de una veintena de diputados de Junts per Catalunya (que tiene 34) y los cuatro de la CUP.

Pero el resto de diputados secesionistas —la gran mayoría de ERC y con más prudencia la docena de diputados del PDeCAT que también forman parte del grupo parlamentario de JxCAT— tampoco tienen la sartén por el mango. Si rompen definitivamente con Puigdemont, desaparece la mayoría secesionista y todo puede acabar en nuevas elecciones. Ni ERC ni el PDeCAT lo quieren, pero Clara Ponsatí —'exconsellera' muy cercana a Puigdemont— ha dicho con descaro que prefiere la repetición electoral a incumplir el mandato del 1 de octubre (referéndum fallido) y del 21-D y que Puigdemont no sea presidente.

Los pragmáticos tampoco quieren decir en voz alta —ante sus electores— que el 27-O fue una equivocación, ni atacar a Puigdemont. No solo porque es el último presidente de la Generalitat elegido sino porque encabezó la lista secesionista más votada (aunque solo por 12.000 votos).

Ante esta situación, ERC ha acabado diciendo que quiere investir a Puigdemont pero que la investidura debe ser válida y efectiva. O sea, legal. Como eso —intentar cuadrar el círculo, como ha dicho Joan Tardà, al que algunos ya acusan de traidor— es imposible… hay que encontrar una solución complicada, pero no tanto como la cuadratura del círculo. Por una parte, satisfacer a Puigdemont y por la otra permitir la elección de un presidente que pueda ocupar la Generalitat, gobernar… y tener comunicación con Madrid.

Eduard Pujol reprende a Oriol Junqueras: "Investidura solo hay una, y presidencia solo hay una, la de Puigdemont"

A finales de la pasada semana, Oriol Junqueras —que desde la soledad de la cárcel debe permitirse menos castillos en el aire que Puigdemont y su séquito de Bruselas— lanzó una propuesta con este objetivo. Hacer a Puigdemont presidente simbólico en el exilio —elegido quizá por la asamblea de electos de la Asociación de Municipios por la Independencia, que tiene unos 5.000 concejales inscritos— y al mismo tiempo elegir un presidente legal en la Generalitat. Una presidencia honoraria y otra ejecutiva, y encontrar alguna fórmula de enlace entre las dos.

Era una idea algo rebuscada que se habría topado con la oposición segura del PSC y Cs en el Parlament y con la indignación del Gobierno de Madrid. Pero el primer problema fue que Puigdemont (y los 'puigdemontistas' que a su vera quieren el poder) ha dicho que no. Puigdemont quiere ser investido cambiando la Ley de Presidencia de 2008 en lectura única y desdoblar la Generalitat en un Consell de la República en Bruselas y el Gobierno de la Generalitat (supeditado) en el interior. Tras ser investido, Puigdemont sabe que sería cesado, pero entonces desde Bruselas mandaría sobre el nuevo presidente.

Es un imposible. Pero los maximalistas argumentan que es una propuesta y los pragmáticos no quieren abandonar la negociación. Ninguna de las dos partes desea una ruptura porque eso podría llevarles al desastre y hacerles aparecer ante sus electores no solo como divididos sino también como incompetentes y derrotados. Pero, mientras, el 155 sigue y no hay un Gobierno que se pueda ocupar de Cataluña —que buena falta hace—, ni incluso de preparar una estrategia que desde el poder afronte los próximos meses, incluido el auto de procesamiento contra los dirigentes encausados en el Supremo.

Es verdad —veremos lo que dicen los letrados del Parlament, que tienen una difícil papeleta— que quizá no corren los plazos (al contrario de lo que pasó en la Asamblea de Madrid cuando el 'tamayazo', en este caso el pleno de investidura ni siquiera empezó), pero eso no arregla nada. Cataluña seguiría bajo el 155 y Rajoy vería casi toda su acción política —empezando por la aprobación de los Presupuestos de 2018— paralizada. Malo para Cataluña y malo para España.

Miquel Valls (Cámara de Comercio) advierte de que sin Gobierno estable y Presupuesto, la caída de la economía irá a más

Previsión para los próximos días. La guerra sorda en el independentismo va a continuar. El PDeCAT —cuyo criterio en privado no coincide siempre con su posición pública— se va a tener que definir más. El nerviosismo de la sociedad catalana va a aumentar porque, como ha dicho Miquel Valls, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, que tiene un solvente servicio de estudios, los daños sobre la economía han sido hasta ahora limitados y desiguales —han caído el turismo, consumo y construcción, lo que ha sido compensado por el tirón de la industria exportadora—, pero si prosigue la ausencia de Gobierno estable y de Presupuestos, la situación se puede degradar con rapidez.

¿Maximalismo o pragmatismo? No veo a Puigdemont —cuyo portavoz, Eduard Pujol, acaba de declarar “investidura solo hay una, y presidencia solo hay una, la de Puigdemont”— inclinado al sacrificio. No lo veo porque tiende a creerse Tarradellas en el exilio (en mejores condiciones materiales) y no percibe que España no es ya la dictatorial de Franco sino el cuarto país del euro.

Quizás el cisma independentista vaya haciéndose más público y no se puede descartar que el 'puigdemontismo' registre el proyecto de ley para cambiar la Ley de Presidencia de la Generalitat y crear el Consell de la República en Bruselas. En este caso, Roger Torrent —y ERC… y el PDeCAT— se encontraría en la misma comprometida situación que la mañana del pasado 30 de enero cuando, en el último momento, tuvo que suspender (sin desconvocar) el debate de investidura.