Iceta va al Constitucional

El pasado domingo levantaba acta de la parálisis política catalana. Dos meses después de que las elecciones del 21-D, convocadas por Rajoy al amparo del 155, revalidaran la mayoría absoluta de los partidos secesionistas, Cataluña sigue sin 'president' y sin Gobierno.

¿Los que despreciaban la autonomía del régimen del 78 y querían la desconexión de España y la independencia se encuentran ahora a gusto con el 155? No, no es eso. Lo que pasa es que los independentistas están divididos y no se saben poner de acuerdo.

Simplificando mucho, en un bando están los que aceptan la realidad. Saben que tienen mayoría parlamentaria, que pueden formar Gobierno, gobernar dentro del marco constitucional… e intentar abrir o recomponer vías de negociación. Se dicen: "Es lo que hay y tenemos derecho por haber ganado las elecciones, ¿por qué vamos a renunciar al pájaro en mano en función de ciento volando?". Los que defienden esta tesis son gente con experiencia y encuadrada en los partidos tradicionales, ERC y PDeCAT (la antigua CDC). Oriol Junqueras ha insistido en que la prioridad es formar Gobierno y Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT, ha declarado que el conflicto catalán se debe solucionar en el marco del Estatut y la Constitución.

El pacto independentista es complicado: para unos, la prioridad es gobernar, para otros, defender la república catalana

El segundo grupo está formado por Puigdemont, los 'consellers' exiliados de Bruselas y unos 20 diputados de Junts per Catalunya, coalición electoral promovida por el PDeCAT y Puigdemont. Son personas con poca carrera política y que vienen más del activismo asociativo o cultural (Eduard Pujol, Laura Borràs, Gemma Geis, Quim Torra, menos Elsa Artadi). Quieren la Generalitat, pero no tanto para gobernar como para reivindicar la república proclamada el 27-O y explotar las contradicciones del Estado español. Y lógicamente este camino pasa por investir a Puigdemont. O por que quede claro que Puigdemont —presidente de la república catalana en el exilio— es el que manda.

Y estos dos planteamientos, que no coinciden con los grupos parlamentarios de ERC y JxCAT, de una cincuentena escasa de realistas y una veintena de inflamados (hay fluctuantes), no saben —o no pueden— pactar. Y hay tres complicaciones añadidas. Primera, si no pactan, no pueden elegir 'president'. Algunos hablan del chantaje Puigdemont: o yo, o elecciones. Segunda, los realistas no se atreven a romper con Puigdemont porque el exiliado de Bruselas es el que repite —pese al estrepitoso fracaso del 27-O— todo lo que el PDeCAT y ERC vendieron como irrenunciable desde 2014. Se ha erigido en el guardián de las esencias.

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Fernando Garea Marcos Lamelas. Barcelona

Pero la tercera complicación es la peor. Hoy por hoy, no hay ningún plazo que les obligue a pactar o a romper. Y por tanto hay una cierta inercia hacia la parálisis. Decían que todo estaba supeditado a las comparecencias judiciales de esta semana y que luego Puigdemont aceptaría ser investido en Bruselas por una extraña asamblea de alcaldes y concejales, pero cedería la presidencia delegada (en el interior) a otro diputado. Veremos.

Lo cierto es que no hay plazos. El presidente del Parlament, Roger Torrent, propuso como candidato —a petición de los grupos que tienen la mayoría— a Puigdemont. Pero el Tribunal Constitucional, en la famosa medida cautelar del sábado 27 de enero, prohibió la investidura no presencial —por discurso desde Bruselas o leído por otro diputado— de Puigdemont. Y a Roger Torrent no le quedó otro remedio que el martes 30 —el día fijado para la investidura— suspender el pleno del Parlamento. La consecuencia es que no ha habido investidura fallida y por lo tanto no han empezado a correr los plazos.

La ausencia de plazo hace que, sin pacto independentista, el Parlament pueda estar meses sin elegir 'president' y sin disolverse

Al menos en teoría, el Parlament podría permanecer en este limbo durante varios meses. Y los letrados del Parlament no han aclarado la cuestión.

¿Cómo salir del atasco? Ayer, Roger Torrent se negó a tramitar la nueva Ley de Presidencia que JxCAT quiere hacer votar para investir a Puigdemont (y que con toda seguridad sería anulada por el TC). ERC no quiere seguir con Puigdemont si no es para una hoja de ruta realista. Pero no está interesado en ganar tiempo y tampoco convocó el pleno que piden Inés Arrimadas y Cs, que posiblemente solo aportaría más ruido, ya que la mayoría secesionista puede bloquear las resoluciones del pleno tanto como las decisiones de la Mesa.

En esta parálisis política y embrollo judicial —la política catalana se ha convertido en una crónica de las comparecencias ante el Supremo—, el PSC se decidió ayer a intentar poner en marcha el reloj de la investidura presentando un recurso de amparo de los derechos de los diputados ante el Constitucional, pidiendo al tribunal —causante en parte de la parálisis, al prohibir la investidura de Puigdemont— que indique si el plazo de los dos meses empezó a correr el pasado 30 de enero, día del pleno de investidura desconvocado. O que, caso contrario, indique la fecha en que el reloj de la investidura empezará a funcionar.

¿Qué irá más rápido: el pacto entre los secesionistas o el recurso del PSC al Constitucional? Se admiten apuestas. Mientras, Cataluña sigue paralizada, los Presupuestos de Rajoy también, y Albert Rivera —que gana en todos los frentes— puede atacar al mismo tiempo el fracaso del independentismo y la ineficiencia del Gobierno del PP.