Puigdemont: ¿cómo invertirá ahora su capital?
La libertad alemana le ha consolidado como líder secesionista. Puede nombrar un delegado en la Generalitat o ir más lejos y forzar nuevas elecciones
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La decisión del tribunal superior del pequeño estado alemán de Schleswing-Holstein de denegar la extradición de Puigdemont por rebelión, otorgarle la libertad provisional con fianza, y dejar pendiente la extradición por el delito menos grave de malversación, ha causado consternación en Madrid. Bastaba ver el viernes las portadas del 'ABC' y de 'El Mundo'. O escuchar a Rivera quejarse de que la euroorden no había servido para proteger a España de "delincuentes, en este caso golpistas". El Gobierno reaccionó con más cautela y profesionalidad, pero la procesión iba por dentro.
Ciertamente la decisión —además rápida— ha sorprendido y no era la esperada. Para el mundo del Supremo y de la judicatura conservadora es un duro golpe. Lo que predican como verdad indiscutible —el delito de rebelión con violencia— no es visto así por tres jueces alemanes. ¿Qué ha pasado? La euroorden solo es un mecanismo automático para 32 delitos —entre ellos no el de rebelión— y lo que los jueces alemanes dicen —equivocadamente o no— es que para asimilar el español de rebelión al alemán de alta traición debe haber un fuerte recurso a la violencia que no ven en el caso catalán.
Es también un serio golpe para Mariano Rajoy que, como escribió en El Confidencial Fernando Garea, apostaba a que los jueces liquidaran una generación de líderes independentistas por la acusación de rebelión que automáticamente suponía la exclusión de todo cargo político. Al menos en el caso de Puigdemont no parece que vaya a ser así.
Pero lo sucedido tampoco era imposible. Muchos juristas españoles y el propio Felipe González habían expresado sus dudas sobre el delito de rebelión y la misma jueza Lamelas no acusa a Trapero, el jefe de los Mossos, de rebelión sino de sedición. Lo que pasa es que el complejo político-jurídico-mediático de la derecha española que —gobierne quien gobierne— tiene mucho poder, tiende a confundir sus conclusiones con verdades indiscutibles y no admite mucha discusión. Pero en esta columna ya he escrito varias veces —en base a encuestas muy solventes— que la opinión pública catalana —mucho más allá del independentismo— estaba en claro desacuerdo con la prisión provisional sin fianza aplicada a los líderes independentistas por el juez Llarena y que incluso los consideraba presos políticos.
Ahora, tras el subidón por la detención de Puigdemont el pasado domingo de Ramos, a la derecha española le llega la depresión. El mundo no es como había imaginado y aseguraba que era. Por el contrario, el independentismo sonríe relajado. Y es que toda la teoría de la rebelión elaborada por el juez Llarena se ha estrellado nada menos que con Alemania. Un prudente político conservador me interpela compungido: ¿cómo puede ser que Angela Merkel no nos ayude?
Europa muestra más realismo ante la crisis española que las élites independentistas y las de Madrid
Pero Europa, que sufre una seria crisis de valores por el alza del populismo, sigue inyectando algo de sentido común en la vida española. En el último trimestre del 2017 los gobernantes europeos dejaron meridianamente claro que no les gustaba ni interesaba la independencia de Cataluña. Sería debilitar a un socio importante de la UE y quizás crear por el efecto imitación algún problema en otros países. Y no se cortaron al apoyar a Rajoy y añadir que pretender tener un mandato popular con el voto del 47% y una mayoría absoluta parlamentaria gracias al sistema electoral era de una insolvencia total. Ahora los tres jueces alemanes vienen a decir que otra cosa muy distinta es que la justicia europea tenga que suscribir —a petición de un juez del Supremo español— su teoría sobre el uso de la violencia. Los jueces alemanes no osan contradecir a Llarena, simplemente le dicen que nada les obliga a interpretar de idéntica manera el uso de la violencia en el delito alemán de alta traición. Punto final.
Lo que sucede es que la decisión alemana va a tener relevantes consecuencias jurídicas y políticas en España. Vamos a las jurídicas. Si finalmente Puigdemont es extraditado solo por malversación, ¿le podrá mantener el Supremo en prisión provisional sin fianza cómo está haciendo con los dirigentes independentistas —empezando por el líder de ERC, Oriol Junqueras— a los que acusa de rebelión? Parece difícil.
Al final, Puigdemont, el principal responsable de la DUI del 28-O, ¿será condenado por malversación a un máximo de ocho años mientras que Junqueras y los otros encausados arriesgarán una pena de 25 por rebelión más otras suplementarias por otros delitos? Parece un despropósito y se comprende la desazón de Llarena y del Supremo ante la decisión alemana. Pero ¿por qué no actuaron con mayor prudencia en su elaboración algo arriesgada del delito de rebelión y por qué no se lo pensaron dos veces antes de querer que los jueces europeos compartieran su criterio? Ya se sabe que, en las cuestiones vidriosas, el derecho brinda tantas posibilidades como doctos catedráticos consultados.
Recurrir al tribunal de Luxemburgo y volver a retirar la euroorden sería una fórmula tramposa para tragarse la derrota
¿Qué pasará ahora con los otros independentistas exiliados en Bruselas o Gran Bretaña? La decisión alemana les puede beneficiar. Y plantear una cuestión interpretativa y prejudicial ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo, como parece que considera Llarena, solo sería una forma pretendidamente elegante pero tramposa de volver a retirar —como ya se hizo ante Bélgica— la euroorden y dejar a Puigdemont en libertad para viajar por muchos países. De viaje por Bélgica y Alemania, condenándole de facto —eso sí— a una pena de extrañamiento permanente que solo le impediría entrar en España y ser elegido presidente de la Generalitat. O tomar el sol en la Costa Brava. El 47% de catalanes que votaron separatista en el 2015 y en diciembre del 2017 lo verían como una victoria total. Y agitarían esteladas. Pero ¿y si es lo menos malo que Llarena pueda decidir?
La realidad española es que la Generalitat independentista, apoyada en su mayoría, su TV3, su influencia en los medios y su sintonía con los intelectuales (y publicistas) nacionalistas creía ser el centro del mundo y tener derecho a todo. Bueno, a casi todo, empezando por hostilizar moralmente a los "malos catalanes" que no marcaban el paso. Y algo similar pasa en el Madrid de la derecha política, jurídica y mediática. Pero ni la Generalitat independentista ni la Moncloa y sus tertulianos son el centro del mundo. Y aunque Madrid pese más, tampoco puede actuar como si Bruselas o Berlín tuvieran que obedecer a sus criterios. De alguna forma, el poderoso tío europeo lleva meses rebajando las fantasiosas expectativas independentistas. Y esta vez ha hecho lo mismo con los que creían, o querían hacer creer, que el juez Llarena hablaba 'ex cátedra'. Y el tío europeo se puede equivocar y no es perfecto, pero no está supeditado a ninguna tribu catalana ni española.
Otra cosa son las consecuencias políticas. ¿Cómo operará el relativo éxito de Puigdemont al ser liberado y evitar el juicio por rebelión sobre la estrategia del independentismo catalán? Puigdemont era ya desde hace semanas el profeta y el líder indiscutible de los más forofos, una veintena de diputados de los 34 de JxCAT. Además, recuperada la libertad se disparará de inmediato su prestigio en el electorado independentista y va camino de convertirse en un personaje mundial. Discutido, alabado, o despreciado, pero sus andanzas llevan días en la portada digital del 'Financial Times'. Por eso, tanto el PDeCAT, la antigua CDC con la que tiene muchas diferencias, e incluso ERC, que querían elegir con rapidez un presidente de la Generalitat para gobernar y normalizar algo la situación, tienen hoy más complicado plantar cara a Puigdemont. Un político sin mucho fondo, pero más correoso y resistente de lo que muchos pensaban. Puede que dentro de poco algún historiador antiindependentista —y progresista— lo compare con Ramón Cabrera, el general carlista. No sería el tigre del Maestrazgo sino el del Empordà (Ampurdán), de residencias más distinguidas.
Para Puigdemont lo más fácil ahora es nombrar un 'president' "limpio", como quiere Rajoy, que despache con él cada semana en Berlín
Y la prioridad de Puigdemont —supongo que ahora todavía más— es la de seguirse enfrentando a España. Para él la República proclamada el 28-O sigue viva y lo máximo que contempla —lo repitió el viernes nada más salir de la cárcel— es una negociación entre sujeto políticos distintos. En este esquema el intento de investir de nuevo a Jordi Sànchez —como se intentará esta semana— es perfectamente lógico porque será impedido por Llarena y la crisis catalana seguirá viva y gravitando sobre la política española.
Pero ahora —tras el fracaso de la investidura de Turull— los plazos ya cuentan y si el 22 de mayo no se ha elegido presidente habrá que ir a nuevas elecciones. ¿Qué decidirá Puigdemont, que ha aumentado su poder de veto sobre el secesionismo? Es posible que opte por hacer elegir un presidente de la Generalitat legal que actúe como su delegado en el interior, aunque para ello necesitaría el apoyo de la CUP que ya han dicho que no votarán a Jordi Sánchez y que su único candidato es Puigdemont. ¿Votará la CUP a un candidato "limpio" (sin problemas judiciales), como quiere Rajoy, que Puigdemont marque como el suyo? Es muy posible que sí. Y esta opción no gustará nada a Rajoy porque complicará la vida política y demostrará que su visión simplista de la realidad catalana no era ni la correcta ni la propia de un hombre de Estado. Tampoco a Rivera, que está en una actitud más rígida, pero que también ha quedado tocado por la decisión alemana. Equiparar a independentistas que tienen el apoyo del 47% con los típicos golpistas españoles ha dado votos, pero no soluciona nada. Y menos si la Europa que Rivera predica no quiere encarcelar golpistas. Y Pedro Sánchez podrá consolarse diciendo que tenía razón —que las cosas son más complicadas de lo que piensa la derecha— aunque seguirá con poca potencia de fuego.
Pero no es seguro que Puigdemont opte por una rentable renta fija, nombrar un delegado en la Generalitat que despache con él cada semana en Berlín o en Waterloo. O donde más convenga. Con la alegría que debe de tener tras haber salido vivo de la detención en Alemania y con el entusiasmo de los 'puigdemontistas' más alocados, puede apostar por la renta variable. O sea, utilizar los días que quedan hasta el 22 de mayo para, sin elegir 'president', ser omnipresente en sus críticas a la España de poca calidad democrática y al final forzar unas nuevas elecciones. Con la esperanza de que el haberse convertido en un personaje mundial y la propaganda continua de la prensa española —atacándole— hagan que el independentismo bajo sus órdenes (¿se negaría ERC entonces a una lista conjunta encabezada por Puigdemont?) consiga una mayoría absoluta más abultada. Y entonces, con más diputados, volver de nuevo y con más fuerza a la carga contra una derecha española desarbolada, un PSOE confundido y un tándem Pablo Iglesias-Ada Colau que se desintegraría.
¿Y si resulta que el Supremo, pretendiendo matarlo, hubiera conseguido encumbrarlo?
Es una idea brillante. Tiene el problema de que quizás los electores catalanes no tengan el optimismo de los puigdemontistas y el separatismo pierda la mayoría absoluta. O quede más reducida. Entonces para el independentismo sería el crujir de dientes, como lo está siendo para Rajoy lo que pasa desde el 21-D. Y todo por no entender que no era inteligente celebrar elecciones catalanas con líderes en prisión provisional sin fianza, a la espera de juicio y planeando sobre sus cabezas, y sobre la imaginación de muchos catalanes, penas de más de 20 años de prisión. Y en Cataluña la protesta a precio tasado —solo un voto— contra lo que es percibido como una injusticia tiene éxito.
La realidad es que el domingo de Ramos, tras la detención de Puigdemont y la posibilidad de que compartiera celda y pena de rebelión con Oriol Junqueras, el resultado del partido era: Estado, 3 – Independentismo, 0. Hoy los tres jueces alemanes hacen que el resultado sea el que Fernando Ónega, el biógrafo de Suárez, usaba el sábado para titular su análisis en 'La Vanguardia': Soberanismo, 1 – Estado, 0.
¿Y si queriendo matar a Puigdemont, los magistrados y fiscales del Supremo lo han encumbrado? Dará guerra.
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