Las repercusiones de los jueces alemanes

Se refuerza la autoridad de Puigdemont sobre el independentismo y se complica el proceso del Supremo por rebelión

Foto: El expresidente catalán Carles Puigdemont ofrece una rueda de prensa en Berlín. (EFE)
El expresidente catalán Carles Puigdemont ofrece una rueda de prensa en Berlín. (EFE)

El día después de las elecciones catalanas del 21-D escribí un artículo en El Confidencial. Título: "mayoría absoluta secesionista, el independentismo habría tenido más fácil e incluso habría estado obligado a rectificar. Y el Gobierno central habría podido adoptar una actitud más flexible. ¿Cómo rectificas (el separatismo) si los electores te han venido a dar la razón con la mayoría absoluta? ¿Cómo te abres a una negociación cuando el independentismo, tras la barbaridad de violar la Constitución, gana las elecciones y no modula?

Ahora, a principio de abril, las cosas están todavía peor. En su política de priorizar la ley penal y el castigo del delito, España pidió y obtuvo la detención de Puigdemont en Alemania y su inmediato ingreso en prisión. Si Puigdemont era entregado e ingresaba en Estremera, junto a Junqueras, la derrota del independentismo sería total. Al menos a corto plazo. Pero el jueves de la semana pasada el tribunal alemán competente decidió no aceptar la euroorden española en lo concerniente al delito de rebelión, ponerlo en libertad provisional con fianza y dejar para más adelante la posible extradición por el delito menor de malversación de recursos públicos.

En el fondo nada ha cambiado. El independentismo sigue teniendo la misma mayoría absoluta y la misma incapacidad para implementar sus planes. Pero el Estado ha sufrido una derrota relevante porque un tribunal alemán (el país de Merkel y la primera economía del euro) no ha aceptado extraditar por rebelión a Puigdemont con el argumento de que no existió el grado de violencia suficiente que exige el delito de alta traición, el equiparable en Alemania.

Ha sido una decisión jurídica discutible, como todas, pero que va a tener consecuencias políticas en España. Una, reforzar el liderazgo de Puigdemont sobre el independentismo. Dos, enturbiar la estrategia penal del Tribunal Supremo, al menos para los líderes independentistas que están fuera de España. En Bélgica, Reino Unido, Suiza o Alemania. Tres, contribuye a convertir a Puigdemont en un personaje relevante en los medios de comunicación alemanes y europeos, lo que puede internacionalizar un conflicto que hasta ahora era visto por la UE como un asunto interno español. Hagamos una primera valoración de estos efectos.

Puigdemont tiene ahora más fácil colocar en la presidencia de la Generalitat a un delegado suyo en el interior

Puigdemont siempre ha tenido —por la existencia de una veintena de diputados puigdemontistas en la lista de JxCAT— poder de veto sobre la estrategia del secesionismo. Pero ahora este poder es más alto porque al haber sido liberado en Alemania —aunque con medidas cautelares— y no haberse admitido el delito de rebelión, su atractivo para los votantes separatistas se ha incrementado. Si alguien que vive desde hace seis meses con el estatus, algo fantasmagórico, de presidente de Cataluña en el exilio, se mueve con normalidad en Bélgica, sale de la cárcel —contra pronóstico— en Alemania y dice que va a seguir plantando cara al Estado, es lógico que su prestigio se incremente en el 47% de catalanes que votan independentista y que así pueden pensar que el ridículo y la derrota del 27-O fue solo un mal momento.

Ahora Puigdemont, con más fuerza en el separatismo, podrá escoger entre dos caminos una vez haya pasado la tentativa —condenada al fracaso— de elegir esta semana a Jordi Sànchez. Una, hacer 'president', o presidenta, a alguien con escasa relevancia política (aunque la tenga cultural) que se vea como un delegado suyo en el interior, que despache con él cada semana en Berlín o Waterloo (si no es extraditado por el delito menor de malversación, o el Gobierno español retira la euroorden), y montar una estrategia tendente a forzar al Gobierno a una negociación de igual a igual (o casi). ¿Negociar qué? Un referéndum pactado, que es algo que siempre tiene buena prensa y que puede despertar simpatías en círculos europeos.

La otra opción es seguir plantando cara hasta que se consuman los plazos y forzar unas nuevas elecciones con la idea de sacar una mayoría más amplia y volver a exigir con mayor fuerza el referéndum o la independencia (en función de la intensidad de la victoria). Es algo que seduce a algunos de sus seguidores, pero que es muy aventurado. Primero, porque puede salir el tiro por la culata si hay retroceso electoral o, peor, pérdida de la mayoría. Y tampoco es seguro que ERC aceptara la imprescindible (en esta opción) lista única del independentismo. En especial si Puigdemont, como es muy posible, no pudiera ser candidato.

Pero las dos opciones son malas para el Gobierno Rajoy y para el PSOE, e incluso para Cs, que preferirían la elección de alguien que pusiera en marcha una estrategia de negociación-confrontación, pero dentro de la ley. Es la opción por la que de alguna forma se inclinan tanto el PDeCAT como, todavía más, ERC, pero ahora tendrán menos fuerza para defenderla ante Puigdemont.

Sería difícil de entender que Puigdemont fuera acusado de un delito mucho menor que Junqueras y otros acusados

La segunda consecuencia es que la estrategia del Supremo de evitar la reiteración delictiva con la prisión provisional sin fianza, el procesamiento y la automática suspensión de los líderes independentistas ha sufrido un serio contratiempo. Es más difícil que los exiliados acaben juzgados por rebelión con penas de hasta 25 años, como los que están en las cárceles españolas. Y la sola idea de que Junqueras y otros que están en el interior puedan ser condenados a penas fuertes mientras que Puigdemont —si es extraditado por malversación— solo lo pueda ser a un máximo de 10 hace chirriar toda la instrucción.

Quizá se haya ido demasiado lejos con la prisión provisional sin fianza y la acusación de rebelión, algo que no convence a muchos juristas españoles y que, no de forma directa, es ahora cuestionado por el tribunal alemán. Es algo que puede afectar al prestigio de las instituciones españolas ante la opinión pública catalana (que tiende a creer que son presos políticos), española y europea.

Y no se trata de si tiene razón el juez Llarena, del Supremo español, o los tres jueces de un tribunal provincial alemán, como discuten algunos medios. En derecho hay casi tantas opiniones como catedráticos de prestigio y con ganas de notoriedad consultados. Se trata de que la decisión corresponde al tribunal alemán y que las posibilidades de alterarla son —a mi modesto entender— bastante limitadas. Otra cosa es que no se quiera reconocer la realidad y se proclame que se va a recurrir hasta el final. Ya lo practica el independentismo.

El magistrado Pablo Llarena. (EFE)
El magistrado Pablo Llarena. (EFE)

Y más peligrosa es la tentación de adentrarse en guerras doctrinales con la Justicia alemana sobre quién tiene la razón. Aquí lo relevante es que Puigdemont está en libertad provisional y Junqueras en la cárcel porque dos órganos competentes piensan de forma diferente. Y ninguno es superior.

Cuando la ministra de Justicia alemana, del ala izquierda del SPD, dice —'off the record', pero lo publica el importante 'Sudeutsche Zeitung'— que la decisión de los jueces alemanes es correcta, lo mas inteligente sería no entrar al trapo. Pero se contesta que no es prudente que los ministros opinen sobre las decisiones judiciales. Vale. Lo inconsecuente es que pocas horas después el ministro Zoido —el responsable del operativo del 1 de octubre en Cataluña— salga diciendo que no puede entender que los jueces alemanes no vean la violencia.

Puigdemont se está convirtiendo en un polémico personaje internacional y su petición de mediación tendrá eco

Y aquí entramos en la tercera consecuencia. El exilio de Puigdemont en Bélgica, acusando injustamente a España de ser una democracia a la turca, su detención en Alemania a instancias del Supremo español y su posterior puesta en libertad provisional por el tribunal alemán competente han convertido al político catalán en un personaje de portada —todo lo polémico que se quiera— de la prensa internacional. Hasta el momento, todos los gobiernos europeos —y el alemán lo acaba de repetir— creen que el conflicto catalán es un asunto interno español que debe resolverse de acuerdo con la Constitución. Pero Puigdemont va a pedir una mediación internacional y va a tener altavoz. Es algo difícil de que se produzca, porque a ningún país —se ha comprobado— le interesa la independencia de Cataluña.

Es difícil ningún tipo de mediación, pero el solo ruido sobre la cuestión puede animar al secesionismo a adoptar decisiones equivocadas. Por eso hay que ser conscientes de que cuando el ministro Zoido lee la cartilla a los jueces alemanes, cuando se toman decisiones que parecen excesivas incluso a algún expresidente del Gobierno, cuando un eurodiputado del PP se muestra airado con decisiones de otros países, o cuando la prensa próxima al Gobierno ataca las instituciones europeas, lo que se está haciendo es alimentar un ruido en el que las peticiones de mediación internacional serán inevitables.

Que un vicepresidente del SPD —el partido que gobierna en coalición con Angela Merkel— haya hablado de mediación quizá no es demasiado relevante. Pero si es indicativo de que las autoridades políticas y jurídicas españolas no deben actuar como si lo que ellos piensan —que además puede caer muy bien a muchos españoles— sea una verdad universal de obligada aceptación por la prensa, los jueces y los políticos de los países europeos. Quizá por haber apostado a que la judicatura alemana compartiría los criterios del Supremo español se ha actuado con una seguridad tal que puede tener los efectos contrarios a los perseguidos.

La DUI del 27-O y las posteriores elecciones del 21-D ya han dejado claro que en el llamado conflicto catalán las victorias por goleada son quiméricas. Se trata de aceptarlo y de que cada parte busque ganar (lógico), pero sin arrasar.

Confidencias Catalanas

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