¿El Supremo contra Rajoy?

Las esperadas declaraciones de Puigdemont a TV3 del domingo por la noche no han aclarado nada. El expresidente afirmó que no quería nuevas elecciones —dijo que ese era solo el deseo del Gobierno español—, pero que no se podría elegir 'president' de inmediato porque “las soluciones contrarias a los deseos de la gente no son soluciones”. Traducción: no permitirá, al menos por ahora, la elección de un presidente 'limpio' de procesos judiciales.

¿Entonces? Puigdemont exigió tiempo para negociar (pero resulta que el pacto del PDeCAT con ERC ya dice que tras el segundo intento fallido de Jordi Sànchez se elegirá 'president') y apuntó a que tras la aprobación por el Parlamento catalán de la nueva Ley de Presidencia —que permite la investidura a distancia, pero que tendrá problemas— intentará de nuevo ser elegido. Sabe que será otro intento fallido. Llegados a este punto, como ya escribí el pasado domingo, Puigdemont tendrá dos opciones. Hacer elegir un 'president' de su total confianza, una especie de delegado suyo en el interior, o forzar la repetición electoral. Todavía no lo ha decidido y todo dependerá de las expectativas.

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Si se viera reforzado —por ejemplo, por una rápida negativa del tribunal alemán a conceder también la extradición por malversación—, podría optar por ir a elecciones a la espera de una mayor victoria en las urnas. Y hay personas de la cúpula secesionista que aseguran que esa era la intención de Puigdemont pero que creen —mejor dicho, confían— que los consejos de Artur Mas, que le visitó la semana pasada en Berlín, le han hecho cambiar de opinión.

Personajes centrales del independentismo admiten que ahora todo depende de Berlín. No de Merkel sino de Puigdemont

En todo caso, ahora —dicen— todo depende de Berlín. No de Merkel sino de Puigdemont. Los partidos independentistas —el PDeCAT y sobre todo ERC— que deseaban la rápida formación de un Gobierno para recuperar la Generalitat y negociar el inicio de una etapa de cierta normalización han quedado prisioneros de Puigdemont. De hecho, ha sido así desde las elecciones del 21-D, porque la quincena larga de diputados puigdemontistas (de entre los 34 diputados de JxCAT) ya le daban poder de veto, salvo que ERC y el PDeCAT estuvieran dispuestos a articular una mayoría de otro tipo (no separatista). Pecado mortal.

Pero ahora la decisión del tribunal alemán de dejarlo en libertad —contrariando la euroorden española y colocando al Supremo español en situación desairada— ha aumentado la popularidad del expresidente entre el 47% de soberanistas, y Puigdemont está más celoso de su autoridad que nunca. En la entrevista de TV3 se vio, porque Puigdemont no ocultó su enfado tanto ante la decisión del presidente del Parlamento, Roger Torrent (ERC), de no tramitar su investidura el pasado 30 de enero como ante algunas preguntas incómodas de Vicens Sanchis, el director de TV3. La entrevista tuvo una gran audiencia (30%) por el morbo que despierta el expresidente huido, pero no creo que reforzara su prestigio, porque se mostró algo irritable y resultó evidente que vive en un mundo de cierta irrealidad.

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El independentismo ha quedado prisionero de Puigdemont y los partidos constitucionalistas tampoco dominan la situación. Quizá porque el separatismo consiguió repetir mayoría absoluta el 21-D. Ahora, Albert Rivera le pide a Mariano Rajoy más contundencia en la aplicación del artículo 155, pero observa satisfecho cómo la crisis catalana le ha hecho subir en las encuestas. El PSOE está preocupado porque apoyó —y apoya— el 155 pero constata que el conflicto no se encauza, sino que se complica e incluso radicaliza. Y el PP está desconcertado porque la judicialización ha acabado llevando —tras la DUI del 27-O— a que las decisiones relevantes sobre el conflicto no correspondan ya al Gobierno de la nación sino a los fiscales y jueces del Supremo, cuyo único norte es la aplicación —muchas veces rigorista— del Código Penal.

Pero el predominio del Supremo —se ha llegado a decir que el auténtico presidente del Gobierno es el juez Llarena— está llevando a contradicciones que pueden enredar todavía más la situación. En parte es lógico, porque un conflicto que afecta a las aspiraciones del 47% del electorado de la primera comunidad autónoma española por su aportación al PIB, y que además tiene lengua y cultura propias, es algo de naturaleza muy especial, y el Supremo está para unificar doctrina y aplicar la ley, no para maniobrar en conflictos complejos. Además, dos centros de poder —el Gobierno y el Supremo— abordando al mismo tiempo un mismo y complicado problema pueden entrar en contradicciones de efecto negativo. Es un dato que el fiscal general ha ordenado a la Fiscalía del Supremo y de la Audiencia Nacional la libertad provisional bajo fianza del 'conseller' Forn y la no adopción de medidas cautelares contra el mayor Trapero. Y que ambas ordenes han sido recibidas con malhumor por ambas fiscalías y, en el caso de Forn, el Supremo ha hecho caso omiso.

El auto de procesamiento del juez Llarena impidió en marzo la elección de Turull y el levantamiento del 155

Hay ejemplos de esta relativa distorsión entre el Gobierno y el Supremo. El 21-D, el constitucionalismo perdió las elecciones catalanas por muy poco y muchos analistas —empezando por los del PSOE, según corroboran informaciones el pasado lunes de 'La Vanguardia' y 'El País'— creen que la prisión provisional sin fianza aplicada a dirigentes independentistas movilizó al voto separatista, al regalarle un extra de protesta contra el trato penal dado a unos presos que gran parte de la población catalana considera desproporcionado.

El segundo caso es todavía más claro. Poco antes de Semana Santa, el 20 de marzo —Fernando Garea lo explicó en este diario—, Rajoy esperaba la rápida elección de Jordi Turull como presidente de la Generalitat. No era el mejor escenario posible, pero al menos permitiría dejar de aplicar el 155 e iniciar una cierta normalización de la vida catalana —ciertamente complicada— y de la española con la aprobación de los Presupuestos (por el PNV) y el reforzamiento de la estabilidad gubernamental. Pero el 21 de marzo, día del inicio de la primavera, las expectativas del Gobierno se estrellaron contra el auto de procesamiento del juez Llarena acusando de rebelión a muchos dirigentes secesionistas, entre ellos Turull, y dictando prisión incondicional sin fianza dos días más tarde.

Seguramente Llarena había hecho, dada la instrucción y los delitos imputados, lo inevitable, pero también impidió la elección legal de un nuevo presidente de la Generalitat, el levantamiento del 155 y el inicio de la normalización política en Cataluña. Al menos, lo que el PP y el PSOE (supongo que también Cs) creían menos malo.

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Y el último caso es más reciente y explosivo. El Domingo de Ramos, 25 de marzo, Puigdemont fue detenido en una autopista alemana en virtud de una euroorden del Supremo español que instaba a su extradición a España por rebelión y malversación de fondos. Puigdemont parecía acabado —su autoridad sobre el independentismo bajaba y ERC exigía un Gobierno inmediato— y el secesionismo podía empezar (si quería) a acoplarse a la realidad. Pero sorpresivamente, el jueves 5 de abril, Puigdemont es dejado en libertad provisional por el tribunal alemán competente, la extradición por rebelión es denegada y se piden mas aclaraciones respecto a la malversación. Fue un jarro de agua helada para el Gobierno y el Supremo que, por exceso de confianza —o prepotencia—, nunca pensaron que tres jueces alemanes 'de provincias' pudieran tener un criterio contrario al de Llanera.

Automáticamente se produjo una mayor atención de toda la prensa internacional hacia el 'procés' y hacia un presidente exiliado del que España pedía la captura y a quien la Justicia alemana dejaba en libertad. Y en paralelo, un incremento del poder de Puigdemont sobre el independentismo. La elección de un presidente legal de la Generalitat en las próximas semanas se complicó y el fantasma de nuevas elecciones (que al parecer Puigdemont cree que puede ganar) perturba todavía más la ya muy alterada (caso Cifuentes) política española.

El enfrentamiento público entre el Supremo y la Justicia alemana solo serviría para envenenar e internacionalizar el conflicto

La realidad —sin valoración alguna— es que, por una seria de circunstancias, a veces fortuitas, la acción del Supremo no ha ayudado al levantamiento del 155. Y que la judicialización del conflicto catalán, iniciada por Rajoy, ha acabado trasladando el poder sobre la política catalana al Código Penal interpretado por el Supremo. Pero el reinado del Código Penal no es solo culpa de Rajoy sino —y en parte muy sustancial— de Puigdemont y los dirigentes separatistas que, pese a reiteradas advertencias —de los mismos letrados del Parlamento catalán— violaron el Estatut y la Constitución con las leyes aprobadas el 6 y 7 de septiembre y finalmente proclamaron la DUI el 27-O. Pese a que Rajoy les había lanzado un bote salvavidas pocos días antes con su requisitoria: díganme que no ha habido ninguna declaración de independencia allá donde ustedes han proclamado que Cataluña es un sujeto político soberano y me lo creo. Puigdemont y Junqueras prefirieron entonces no romper las expectativas de los separatistas a los que habían enfervorizado. ¡Qué cafrada!

A partir de aquel momento, la Fiscalía y las leyes penales empezaron a mandar en Barcelona y en Madrid. Pero el Código Penal —la norma para aplicar a los delincuentes— no es el método adecuado para solucionar un grave problema político y territorial. Y tampoco es cierto que Puigdemont y Junqueras sean unos delincuentes normales como los que España extradita sin ningún problema a Alemania (aunque no algunas veces a Suiza).

Y solo faltaría, no haría sino envenenar e internacionalizar más el conflicto, que ahora el Supremo español se metiera en una discusión pública —como parece que inició ayer— sobre quién tiene la razón y los dislates de los jueces alemanes. El derecho penal es positivo. En España lo interpreta el juez Llarena. En Alemania, en este caso, el tribunal superior de un estado federado. No se trata de quién tiene la razón sino de que son dos instancias diferentes que no están obligadas a compartir doctrina. Y que no hay instancia superior. Además, Merkel no manda sobre el tribunal alemán, como Rajoy no manda sobre el Supremo. Punto.

Por otra parte, una bronca pública sobre la euroorden —algo que está en sus fases iniciales— no nos ayudará a resolver el grave problema que tenemos y en cuya resolución no se ha avanzado mucho —si es que se ha avanzado algo— en los últimos meses. Una sola cosa está clara. Al menos hasta el momento, querer encauzar el conflicto vertiendo sobre él más ruido mediático, más carga emocional en la opinión pública, más dosis de visceralidad y más conflictividad (política o penal) no ha servido absolutamente para nada.