Independencia de Cataluña: Dos culebrones Puigdemont

Dos culebrones Puigdemont

La fiesta de Sant Jordi fue casi normal, pero el conflicto está más envenenado que hace un año

Foto: La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaria (i) regala un libro al vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras (c) en abril de 2017 por Sant Jordi. (EFE)
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaria (i) regala un libro al vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras (c) en abril de 2017 por Sant Jordi. (EFE)

La anormalidad en que vive Cataluña desde la DUI del 27-O, o desde antes, y la vigencia del 155 no han alterado demasiado la fiesta de Sant Jordi, el día del libro, de la rosa y de una tradicional afirmación catalanista, cultural y nada partidaria. ¿Fue un Sant Jordi normal? No, porque no hubo ninguna celebración en la Generalitat (el Gobierno de Madrid ha sido prudente). Pero casi. La prensa catalana así lo testimoniaba ayer. El cuadernillo catalán de la edición de 'El País' titulaba: "Sant Jordi sale invicto ante el 'procés". Cierto, pero el titular del 'Ara', independentista y que apoya la rápida elección de un 'president', también reflejaba parte de la realidad: “Las rosas amarillas marcan la diferencia de un Sant Jordi que no olvida los presos políticos”. Y es que un 10% de las rosas que se vendieron fue del color amarillo que se exhibe para protestar contra la prisión de dirigentes independentistas. Más pragmáticos, 'El Periódico' y 'La Vanguardia' titulaban: “Sant Jordi pese a todo” y “Sant Jordi vence el desánimo”.

Pero la relativa normalidad no puede esconder que Cataluña —con una mayoría secesionista confirmada el 21-D que no sabe, o no quiere, elegir 'president'— está peor que hace un año y que la fractura interna en la sociedad catalana, y entre Cataluña y España, no solo no ha desaparecido sino que aumenta. Hechos muy recientes lo corroboran. Las sedes sociales de Cs, PSC y PP sufren agresiones con cierta asiduidad, y la víspera de Sant Jordi la vivienda de Salvador Illa, el secretario de Organización del PSC, apareció pintada con amenazas.

La crítica del ministro al lazo amarillo y la retirada de camisetas en la final de Copa, dos casos visibles de distanciamiento

Y en Madrid no solo el Gobierno sino una parte de la sociedad no encuentra —o no quiere encontrar— el tono con que dirigirse a una Cataluña en donde el 47% apuesta por la independencia. Que hace pocos días el ministro de Justicia, que dice ser un hombre dialogante, le espetara en el Congreso a Carles Campuzano, diputado del PDeCAT, que el lazo amarillo que lucía era un símbolo ofensivo, no es la forma más inteligente de serenar los ánimos en una Cataluña en la que el 83% de los ciudadanos (bastantes más que el 47% de independentistas) cree —según la encuesta de 'El Periódico' del fin de semana— que los políticos secesionistas deberían salir de la cárcel antes de la sentencia. Recordemos que están en una situación bastante anormal de prisión incondicional sin fianza y antes de juicio.

Y después del incidente Catalá, la requisa de camisetas amarillas con la inscripción “Ara es l'hora” (ahora es la hora) de muchos barcelonistas, que —dispuestos a hacerse notar— iban a asistir a la final de la Copa del Rey contra el Sevilla, ha sido vista en Cataluña como injusta, humillante y desproporcionada. Hasta el Gobierno lo debe haber captado, pues tanto la vicepresidenta como el propio ministro del Interior, que no es un genio de las relaciones públicas, se han apresurado a declarar que la requisa no obedeció a una orden política sino al criterio policial en función de la normativa para evitar altercados en los estadios de fútbol en un partido que estaba calificado de alto riesgo.

Dos años sucesivos y dos Sant Jordi muy distintos de la vicepresidenta del Gobierno en Barcelona

Hay una foto que revela la evolución negativa del último año. En 2017, la relación entre el Gobierno y la Generalitat ya era muy tensa. Pero el presidente del Gremio de Editores de Cataluña, Patrici Tixis, directivo de editorial Planeta, junto a los presidentes del gremio de libreros y al de floristas, tuvo la iniciativa de pedir a la Unesco que la fiesta de Sant Jordi fuera reconocida como Patrimonio de la Humanidad y consiguió el apoyo tanto de la Generalitat como del Gobierno de Madrid. La foto amigable de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, junto el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras (Puigdemont no quiso asistir), lo atestigua. El lunes esa foto —que indicaba que pese al conflicto había respeto y diálogo— fue imposible. Junqueras lleva ya varios meses encerrado en Estremera y la vicepresidenta ha vuelto a Cataluña —voluntad no le falta—, pero a un acto de Sociedad Civil Catalana. La Generalitat estaba —al menos el lunes— invernada.

Así estamos, peor que hace un año. Y en menos de un mes —el 22 de mayo— se acaba el plazo para elegir 'president' y, en caso de no haber uno, automáticamente se convocan elecciones generales en julio. Es imposible vaticinar lo que pasará el 22 de mayo, pero lo seguro es que hasta entonces las políticas catalana y española van a estar dominadas por dos culebrones que van a ocupar muchas cabeceras y cuyo protagonista principal será Carles Puigdemont. La decisión ayer de la Mesa del Parlamento de permitir la delegación de voto al diputado Toni Comín, que está en Bruselas, podría permitir a JxCAT y ERC elegir 'president' en segunda votación, solo con la abstención de la CUP (66 votos sí, 65 no y cuatro abstenciones). Cs y el PP la quieren recurrir, pero quizá fuera el fin del bloqueo.

Después del puente, el Parlamento votará la nueva Ley de Presidencia y Puigdemont intentará otra vez ser investido. Y vetado

El primer culebrón ya tiene fecha de lanzamiento, pues parece que el jueves de la semana próxima, el 3 de mayo, el pleno del Parlamento catalán aprobará la nueva Ley de Presidencia, que pretende que la investidura del presidente de la Generalitat pueda hacerse sin la presencia del candidato en el hemiciclo y que no todos los 'consellers' tengan que estar en Cataluña. Todo pensado para que Puigdemont pueda ser investido y algunos 'consellers' exilados recuperen su cargo. Nada más y nada menos. Y la ley será aprobada diga lo que diga el Consell de Garanties Estatutàries, que ha sido requerido por el PSC y Cs porque el proyecto de ley es de dudosa legalidad.

El gran objetivo es volver a intentar la investidura de Puigdemont, que el Tribunal Constitucional tenga que vetarla de nuevo, colocar a Roger Torrent (y a ERC y al PDeCAT) ante la disyuntiva de retirar de nuevo la propuesta o violar la legalidad… En suma, a certificar que había mayoría para investir a Puigdemont y que la democracia española —infectada de partículas turcas— lo ha impedido. En suma, a consagrar más la figura de Puigdemont para ir a nuevas elecciones, o para dejarle seleccionar un presidente títere que actúe como su delegado en el interior. Y todo con el consentimiento forzado de ERC y el PDeCAT, que querrían haber elegido ya a un 'president', pero que están prisioneros de Puigdemont por tres motivos. Porque sin los 15 o 20 diputados puigdemontistas no tienen mayoría, porque consideran que sería una traición un pacto con no independentistas y porque la decisión de los jueces alemanes de no extraditarlo por rebelión y dejarlo en libertad provisional ha hecho subir su cartel entre el electorado separatista: Junqueras está en la cárcel, lo que viene a ser un reconocimiento de derrota, mientras que Puigdemont planta cara al Estado, se ampara en Europa y todavía puede ganar. Es mas una fantasía que un razonamiento y es desde luego injusto con Junqueras, pero...

Y lo que finalmente haga Puigdemont quizá dependa de cómo acabe el segundo culebrón, la decisión final del tribunal alemán competente. Y este pleito enfrenta no solo a Puigdemont con el Estado (con un gol en el marcador a favor de Puigdemont) sino también al Gobierno con el Supremo tras las declaraciones de Montoro de que Hacienda —que tenía intervenida la Generalitat— certificaba que ni un céntimo de los gastos del referéndum del 1 de octubre venía de dinero público. Un torpedo a la petición de extradición por malversación de fondos públicos de la euroorden del Supremo.

Este segundo culebrón puede complicarse mucho y ser de larga duración. Va a dar mucho que hablar, pero puede que el 22 de mayo estemos en una situación similar a la de hoy. ¿Qué hará pues finalmente Puigdemont tras rentabilizar los dos culebrones? Tiendo a creer que las presiones de los partidos catalanes —constitucionalistas o independentistas—, de los sindicatos, del empresariado, del Gobierno español y el propio miedo a perder en las urnas le llevarán finalmente a permitir la elección de un 'president' de su total confianza.

Pero, como me decía el día de Sant Jordi un antiguo e inteligente diputado catalán: “Estamos en manos de un hombre imprevisible”.

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