Mito y chantaje

A primeros de semana un sector de JuntsxCAT encabezado por Jordi Sànchez, el número dos de la candidatura y expresidente de la ANC, más ERC e incluso el PDeCAT (con la que tiene un contencioso) acordaron el nombre de Elsa Artadi como candidata a la Generalitat. No tanto por entusiasmo, o incluso confianza, sino con la esperanza de que la gran proximidad de Artadi a Puigdemont haría que este tomara conciencia de que el 22 de mayo está a la vuelta de la esquina, desistiera de ir a nuevas elecciones y diera luz verde al esperado plan D: la propuesta de un candidato sin causas judiciales que pudiera ser elegido.

Pero el jueves y el viernes la esperanza se truncó. Elsa Artadi renunció porque —​como ha explicado Marcos Lamelas con lujo de detalles— las condiciones puestas por Puigdemont —entre las más llamativas la no utilización del despacho presidencial y de ciertas salas del Palau— reducían el papel del presidente de la Generalitat al de un mero delegado de Puigdemont. Sin ninguna capacidad de iniciativa Antonio Franco, exdirector de 'El Periódico', escribió una aguda columna diciendo que no tendríamos presidenta sino secretaria. ¿Por qué Puigdemont ha puesto tantas condiciones a una de sus más cercanas colaboradoras? Solo puede obedecer a qué quiere proclamar ante toda Cataluña y ante el gobierno de Madrid que el que manda —y el único interlocutor— es él. Y quizás también porque duda del plan D y todavía baraja forzar nuevas elecciones si el 22 de mayo no se ha elegido presidente.

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Al mismo tiempo —el viernes— la mayoría secesionista del parlamento de Cataluña votó la nueva ley de presidencia que permitiría la elección no presencial de Puigdemont, sin hacer caso del Consell de Garanties Estatutarias (nombrado por el parlamento catalán) que dictaminó por unanimidad que la ley era inconstitucional y que, además, no se podía aprobar por el procedimiento extraordinario de lectura única. Y el objetivo de la ley no era tanto elegir a Puigdemont (la Mesa no se atreve tras la prohibición del Constitucional) sino mostrar que el Estado español no respeta la voluntad del parlamento catalán. Para el independentismo insistir en su tozudez pesa más que gobernar y acabar con la vigencia del tan criticado 155.

El independentismo está prisionero de que no haya candidato con éxito sin el aval previo de Puigdemont

Estamos pues ante una sumisión total —aunque con malhumor, sobre todo de ERC— a Puigdemont que amparado en una quincena de diputados incondicionales bloquea la situación. ¿Por qué el independentismo acepta tanta sumisión que raya ya en humillación? No por los resultados electorales ya que Puigdemont obtuvo 60.00 votos menos que Arrimadas y solo 12.000 más que Oriol Junqueras, el cabeza de lista de ERC. No, la aceptación es por el chantaje de Puigdemont: sin mi quincena de diputados separatistas no hay presidente independentista y no podéis pactar con los españolistas, los constitucionalistas o Colau. Pero, además del chantaje, está el mito nacionalista: el parlamento catalán es soberano y el gobierno de España no es quién para destituir al presidente de la Generalitat.

El mito —como todos los mitos— contiene un fondo atractivo de leyenda y abundantes inexactitudes o irrealidades. Pero lo relevante es que funciona y tiene paralizada a Cataluña y en buena parte a España. Y tras su liberación en Alemania, Puigdemont ha ganado notoriedad y, al menos ante los suyos, más credibilidad. Pensar que el conflicto se puede solucionar solo con la aplicación de la ley penal y de duras condenas a los dirigentes del "golpe de Estado" es seguramente caer en otro mito. Porque una cosa es imponer algo y otra solucionar un contencioso. Los que creen que Puigdemont y Junqueras son golpistas como Milans del Bosch y Tejero ​—o como Franco—, olvidan que los autores de la DUI no consumada tenían y han tenido vuelto a tener —el 21-D— el apoyo del 47% de Cataluña. Y dos encuestas recientes demuestran que el contencioso es más complejo que lo que sugiere la simplificación golpista. Una (22 de abril) de 'El Periódico de Cataluña' dice que solo el 8,4% de los catalanes y el 29,6% de los españoles creen que el conflicto pueda solucionarse en los tribunales. Por el contrario, un 89% de los catalanes y un 64% de los españoles creen en el diálogo político entre los partidos catalanes y españoles. Y respecto al trato a los presos, un 14,2% de los catalanes y un 49,2% de los españoles creen que deben continuar en prisión preventiva sin fianza hasta la sentencia pero el 83,2% de los catalanes y el 43,5% de los españoles opinan que deberían estar fuera de la prisión hasta la sentencia.

Es posible que al Supremo y a algunos políticos les impresionen poco las encuestas de un diario catalán. Pues vayamos a 'La Razón', nada sospechosa, y veremos que aunque los resultados son diferentes, el problema es complejo y no tiene soluciones fáciles. Según la encuesta del diario de Paco Marhuenda, el 48,3% de los catalanes, contra el 44,9%, estaría dispuesto a participar en otro referéndum como el del 1 de octubre. Y el 40,8% valora mal, contra el 39,3% que lo ve positivamente, la aplicación del artículo 155. Y si bien el 45,4% cree que los líderes del 'procés' deben estar en prisión, el 41,4% opinan lo contrario. Las encuestas no coinciden, pero de ambas se desprende que las recetas unilaterales son de difícil aplicación. En el unilateralismo no está la solución.

'La Razón', barriendo para casa, dice que el independentismo está de baja y que en unas nuevas elecciones se quedaría en 67 diputados frente a los 70 actuales y los 68 necesarios de la mayoría absoluta. Pero quien pronostica 67 escaños debe saber que también pueden ser 68 o 69. El último escaño de cada una de las cuatro provincias siempre es muy disputado.

Hay algo más de un 30% de posibilidades de que Puigdemont se incline por ir a nuevas elecciones

Pero el unilateralismo sigue siendo la receta de buena parte del independentismo. No de ERC que ya prepara un congreso revisionista para julio y el diputado Joan Tardá publicó un brillante artículo el pasado martes en 'El Periódico de Cataluña' en este sentido, pero sí de algunos sectores "hiperventilados" que rodean a Puigdemont. Entre estos la nueva presidenta de la ANC, la también economista Elisenda Paluzie, que se ha manifestado partidaria de Puigdemont o Puigdemont y que ha convocado una consulta entre sus socios preguntando si aprobarían la elección de otro presidente.

¿Pueden los hiperventilados convencer a Puigdemont de ir a elecciones y hacer durar así la anomalía institucional hasta, como mínimo, mediados de julio? Un buen conocedor de ese mundo me pone el porcentaje de posibilidades en algo por encima del 30%.

Pero los independentistas recalcitrantes están prisioneros del mito y no atienden a lo que piensa la gente. Quieren imponer su voluntad y punto. Y la realidad —ya se vio con el rotundo fracaso del 27-O cuando los dirigentes separatistas tras la DUI se fueron de fin de semana— es muchísimo más compleja de lo que imaginan.

Tres simples datos de la encuesta postelectoral del CIS sobre Cataluña lo demuestran. Uno, El 41,5% de los encuestados se confiesan nacionalistas catalanes. Es un porcentaje alto, pero los que dicen no serlo —definición más laxa— son el 54,1%. Dos, los catalanes que son partidarios de que una CC.AA se transforme en un Estado independiente son hoy solo un 36,4% frente a un 44% hace solo cinco meses. Casi ocho puntos menos. Por el contrario, los que quieren un Estado autonómico como el de los últimos años han pasado del 12,4% al 23,8%. Once puntos más. Por último, el líder catalán más valorado no es Puigdemont, que suspende con un 4,45, sino Oriol Junqueras que es el único que aprueba con un 5,2. Para ser ecuánimes es cierto que Puigdemont sale mejor parado que Miquel Iceta (3,68) o Inés Arrimadas (3,59).

Lo más probable es que en la reunión de este fin de semana Puigdemont siga apostando por marear la perdiz sin aclarar cuál es su decisión final. Llegaremos así a después de San Isidro. Y lo más triste es que el independentismo menos aventurista (ya sea el del PDeCAT, el de Jordi Sànchez o el de ERC) no tiene el coraje de definir una estrategia diferente a la de Puigdemont. Son rehenes de un político imprevisible que no ha dudado en poner unas condiciones estrafalarias a su colaboradora de confianza, Elsa Artadi, para permitirle ser su delegada en Cataluña. Algunos sostienen que se inclinará por un candidato más dócil y con menos perfil que Artadi.

El problema es que mientras el independentismo no reconozca que gran parte de sus propuestas son inviables, y en el antiindependentismo —de Barcelona o de Madrid— no se explicite que un 47% es mucho 47%, y que aunque no tiene legitimidad para imponerse debe ser tratado con algo más que el código penal, el conflicto seguirá enquistado.