¿Es inevitable un nuevo 155?

Un comprensible desánimo se percibe en amplios sectores de la opinión pública catalana y española. Siete meses después de la aplicación del 155P​, el parlamento de Cataluña ha elegido un nuevo presidente, Quim Torra, que habla de recuperar las leyes de desconexión, de ser fiel al referéndum del 1 de octubre, y que proclama su subordinación al expresidente Puigdemont, un huido de la Justicia, al que -prueba de sumisión- visitó ayer en Berlín. Y que antes de volar dijo que quería restituir en sus cargos a los 'consellers' cesados por el 155 y al mayor Trapero al mando de los Mossos.

Al mismo tiempo Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se reunieron en La Moncloa para avisar de que cualquier ilegalidad, o la creación de estructuras no previstas en la Constitución y el Estatut, acarrearía una nueva aplicación del artículo 155. Y Albert Rivera -más expeditivo- dice no solo que el 155 se debe mantener, sino que hay que aplicarlo con mayor severidad.

¿El 155 no ha servido para nada y estamos atrapados en un laberinto sin salida, o sin salida todavía más traumática?

¿Estamos pues igual que antes del 155 que no habría servido para nada? ¿Atrapados en un laberinto sin salida, o al menos sin salida todavía más traumática? Puede ser, pero en todo caso es una conclusión demasiado apresurada. Habrá que ver lo que pasa en las próximas semanas.

El discurso rupturista de Torra -un candidato sorpresa, seleccionado solo por el favor de Puigdemont y de pensamiento radical, casi xenófobo- llevará a un nuevo choque de trenes (a otro 155) si se transforma en actos de desafío. Pero es posible que esto no suceda, al menos a corto plazo.

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Mi impresión es que Puigdemont quiere recuperar el control de la Generalitat para no perderlo de inmediato y que se lo pensará dos veces antes de otro acto irreparable. Puigdemont y Torra quieren mandar en la Generalitat para mantener alta la tensión, intentar agrietar el poder y el prestigio del Estado y poder convocar elecciones -ellos- en el momento que crean más conveniente para sus intereses. Quizás dentro de un año como protesta a las sentencias del Supremo contra los dirigentes independentistas. Este objetivo les exigiría, al menos de momento, que la inflamación verbal fuera acompañada de dosis de prudencia en los actos de gobierno.

No es el panorama ideal, ni el camino (espinoso) para una recuperación de la vía negociadora por la que apostaba ERC, pero indica también que el independentismo ha palpado sus límites.

En realidad, la situación actual es la consecuencia de un doble pero desigual fracaso. Uno es el del Estado. Pese al gravísimo error del independentismo con la DUI del 27-O, las fuerzas secesionistas consiguieron reeditar su mayoría absoluta -algo disminuida- en las elecciones del 21-D. ¿Por qué? Pues porque la autonomía catalana es juzgada -con razón o sin ella- insuficiente por buena parte de Cataluña y seguramente porque el proceso electoral resultó afectado por el factor emocional de unos dirigentes independentistas electos huidos o en prisión provisional pero incondicional y sin fianza.

Los partidos españoles deben sacar las conclusiones y reconocer que la nueva victoria del separatismo el 21-D indica que algo no funciona en la relación del Estado con Cataluña. O Rajoy, Sánchez y Rivera recomponen su discurso o el problema puede enquistarse definitivamente. En tal caso, ¿podría la democracia española coexistir satisfactoriamente con un 155 aplicado de forma permanente?

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Las leyes están para respetarse, pero también para adaptarlas -de forma ordenada y negociada- cuando conviene. Y en el ambiente resentido de la poscrisis -veamos lo que está pasando en Italia- y ante un movimiento nacional-populista, la capacidad de entender y encauzar es fundamental.

Pero la revisión del independentismo -que por el momento no quiere abordar- deberá ser todavía mayor. Insistir en que el 47% de los catalanes que votan secesionista representan la voluntad de toda Cataluña -como volvió a hacer Torra en su discurso- es una barbaridad. El resultado ha sido que C's, un partido creado como reacción al independentismo, ha sido el más votado en Cataluña. Por ese camino no se avanzará porque el cisma interno catalán ahogará la demanda de más autogobierno.

El independentismo necesita revisar sus planteamientos o arriesgarse a otro fracaso más grave que el del 27-O

Pero el independentismo también deberá llegar a la conclusión que encerrarse en su 47% lleva no solo al fracaso sino al dominio de los más radicales. Es lo que ahora ha ocurrido. Puigdemont y su quincena de diputados han conseguido condicionar a todo el grupo parlamentario de JxCAT. Y al PDeCAT que lo patrocinó. Y amenaza también el futuro de ERC. El objetivo de Puigdemont es una opa total sobre el PDeCAT y ERC. El PDeCAT quizás no pueda ya reaccionar, al menos a corto, pero ERC es un partido con demasiada historia para dejarse absorber. Y dirigentes como Oriol Junqueras, Pere Aragonès o Joan Tardá han explicado una estrategia muy diferente a la de Torra.

Lo que indica el 'impasse' actual es que sin una revisión profunda de los dos campos, la crisis no tiene salida y solo puede evolucionar a peor. El independentismo no puede pensar que, por arte de magia, el 47% se transformará en el 66% que le daría una mayor legitimidad. Para conseguir más autogobierno debe reconocer -e integrar en sus planteamientos- un hecho irrefutable, que hay muchos catalanes (más del 47%) que de una forma u otra quieren seguir siendo españoles. Y que eso obliga a tener en cuenta a toda Cataluña y a renunciar a la vía unilateral.

Hoy Puigdemont y Torra no lo admiten, pero instalados en la administración (la ventaja de que no haya elecciones) pueden irlo digiriendo. La alternativa es volver al error del 27-O, con fracaso asegurado, o convocar -eso sí- unas nuevas elecciones en un momento emocional propicio.

Es cierto que a Torra se le puede aplicar aquello de que la cabra tira al monte, pero todo tiene un límite. El radicalismo de su discurso quizás sea una forma no demasiado consciente de justificar una pausa no declarada en busca de una nueva estrategia. Y es cierto que la revisión es sólo la salida racional mientras el populismo se alimenta de sentimientos, frustraciones, mitos y reacciones algo primitivas.

¿Será capaz el independentismo de asimilar lo que ha ocurrido en los últimos meses y de constatar los límites del 47%? ¿Sabrá el constitucionalismo asumir que sin empatía hacia ese 47% de catalanes que votan independentista todo se complicará? Está claro que los procesos de revisión son difíciles, laboriosos y no pueden ser cortos. Pero las fuerzas y debilidades respectivas (todavía no la evolución ideológica) hacen que el momento actual sea propicio a la revisión.

O el independentismo acepta que el 47% de catalanes no puede imponerse al resto de Cataluña, a toda España y al orden europeo, o corre el riesgo de que su electorado se canse de pedir lo imposible. Por su parte el constitucionalismo ya ha constatado que si no sabe reconducir la protesta independentista a una demanda racional de más autogobierno, el funcionamiento normal de la democracia española resulta alterado.

El desafío algo irracional del tándem Puigdemont-Torra no incita al optimismo. Y preocupa la tentación de 'a priori' no levantar el 155. Pero ERC ya ha dicho (síntoma de 'seny') que no ve bien restituir a los 'consellers' cesados y el comunicado de ayer de Rajoy y Sánchez indica determinación, pero también contención. La clave está en cómo digiere el secesionismo, que no se acaba en Puigdemont y Torra, su regreso a los despachos de la Generalitat.