¿Dos rectificaciones?

Los últimos hechos están poniendo de relieve que el relativo empate del conflicto catalán debe hacer reflexionar a sus protagonistas. Lo sucedido esta última semana ha sido la confluencia de dos derrotas (una mayor que la otra) que quizás ayuden a superar lo sucedido a finales del 2017.

Entonces el 155 liquidó con rapidez la DUI (declaración unilateral de independencia del 27-O) sin que el independentismo osara la más mínima resistencia (Puigdemont pasó la frontera y Junqueras acudió por su propio pie a la Audiencia Nacional) y luego se celebraron las elecciones autonómicas convocadas por Rajoy. El orden constitucional se impuso y el secesionismo unilateral fue derrotado. Ahí estamos.

Pero la derrota separatista tuvo su compensación. En las elecciones del 21-D logró mantener sus votos (47%) y la mayoría absoluta. Luego acabó eligiendo presidente a Quim Torra —seleccionado por Puigdemont— y formó gobierno. Y el 155 se acabó tal como estaba fijado (solo Cs abogó por prorrogarlo y endurecerlo).

La victoria del orden constitucional se ve afectada pues por la existencia de un gobierno separatista en Barcelona que —algunos días— actúa (mejor dicho discursea) como si Cataluña fuera una república independiente. Estamos pues en un 'impasse' del que será difícil salir.

El lunes, el 'president' Torra mantuvo sus reivindicaciones, pero vino a aceptar trabajar en el marco autonómico

Pero las dos derrotas de la última semana indican que las rectificaciones se imponen. El lunes el 'president' Torra se entrevistó en la Moncloa con Pedro Sánchez. En la rueda de prensa posterior reafirmó su convicción en la vigencia del referéndum del 1 de octubre y en la DUI del siguiente 27, pero expresó satisfacción porque Sánchez había escuchado su reivindicación de un referéndum (llegó a hablar de nueva etapa) e informó que se había acordado volver a poner en marcha la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, prevista en el Estatut, que no se reunía desde el 2011.

Como señaló José Antonio Zarzalejos, Torra, uno de los líderes del separatismo radical, reconocía así de facto el orden autonómico y ello le iba a valer —como ha sucedido— críticas severas de la CUP, los CDR (comités de defensa de la República) y la ANC.

Y la contradicción fue mayor este sábado. Los presos ya están en cárceles catalanas y el independentismo —algo reconfortado por la decisión del tribunal de Schleswing-Holstein sobre Puigdemont— se manifestó con muchos miembros del gobierno en la cabecera a favor de su libertad. Pero los presos ya están en cárceles catalanas y bajo el control de la Generalitat y si Cataluña fuera independiente, o tuviera un gobierno insumiso, serían liberados en cinco minutos. Afortunadamente, el gobierno Torra no lo hará porque sabe —y acepta— que solo tiene la competencia sobre prisiones por un acuerdo con el Estado. Hace lo que debe hacer (aunque se manifieste en contra) y así va entrando por el aro del orden constitucional.

La decisión del tribunal alemán de Schleswig-Holstein condicionará toda la causa contra los dirigentes independentistas

¿Es posible mantener durante mucho tiempo la ficción o el discurso de que Cataluña es independiente si se cumplen —eso sí criticándolas— las normas del Estado? Quizás el independentismo quiera mantener la ficción, quizás sea una fórmula de rectificar sin abjurar, o quizás actúe solo para ganar tiempo, pero no hay duda de que parte del 47% acabará viendo algún día (la fe es resistente) que se les está vendiendo algo que cada día será más evidente que es un cuento chino.

Pero la visión más estricta y rigorista del constitucionalismo también ha tenido su derrota. Hay sectores que creen que el independentismo ha crecido por la excesiva tolerancia del PSOE, por el pacto del Majestic de Aznar y últimamente por la actitud moderada (a veces calificada de contemporizadora e irresponsable) de Rajoy. En estos medios se ha creído que el gobierno español no reaccionó con suficiente energía a lo que se simplificó diciendo que era un golpe de estado (cuando algo que es apoyado por un 47% de la población estaría mas cerca de una intentona revolucionaria) y que el Estado español se salvó por el discurso de Felipe VI y por la actuación de los fiscales y los jueces. Me dicen que alguien —relevante— llegó a decir que el juez Pablo Llarena debía presidir el Gobierno.

La realidad es que el 155 fue la clave de la victoria del constitucionalismo y que fue decidido por Rajoy con el apoyo de Pedro Sánchez y de Albert Rivera y aprobado por las Cortes españolas. El Rey se dirigió a la opinión pública y los fiscales y los jueces actuaron, pero el golpe (si les gusta el término) lo descabezó el 155.

Y en estos sectores se venía a decir que una interpretación rigorista del Código Penal, lógica quizás en el ministerio fiscal pero menos en un magistrado instructor del Supremo que debe saber que la justicia debe ser proporcionada, era la obligada y única solución para acabar de una vez —sin complejos— con el eterno conflicto. Pues bien, esta visión del problema se estrelló el jueves pasado —tres días después de que Torra aceptara de facto el autonomismo— con la decisión del tribunal de Schleswing-Holstein denegando la euroorden por rebelión contra Puigdemont y aceptándola solo por malversación.

El delito de rebelión era como mínimo discutible porque la violencia —si la hubo— fue de escasa dimensión. El propio Felipe González expresó con mesura, pero de inmediato, sus dudas. La prisión provisional (antes de juicio), incondicional y sin fianza debería ser algo excepcional y no tener fines "ejemplarizantes" o "curativos". La fuga de algunos dirigentes es un motivo, pero tampoco es lógico que la paguen los que se han presentado ante la justicia voluntariamente.

Es posible que el tribunal alemán se haya equivocado al entrar, de alguna manera, en el fondo del asunto y negar la euroorden por rebelión a Puigdemont. Pero lo indudable es que Llarena retiró la euroorden a Bélgica —dictada con precipitación por la juez Lamela— porque temía perderla y que ahora la ha perdido tras haber peleado hasta el último minuto en Alemania. Lo mínimo que se puede decir es que ha habido en el Supremo algo de prepotencia —o de provincianismo— al creer que el clima dominante en el Palacio de las Salesas era algo universal que debía imperar en Bruselas y en todo el continente.

Los jueces deben aplicar la ley, pero la creencia de que la interpretación maximalista y disuasoria del Código Penal serviría para solucionar un serio conflicto político es todavía más ingenua (y algo más primitiva) que la de Rajoy y Soraya haciendo poca política y confiando todo en los recursos al Constitucional.

La reacción a la decisión alemana —parece que es la que propugna Pablo Casado, el candidato neoaznarista a presidir el PP— puede ser salirse de Schengen y afirmar que la euroorden no sirve de nada. La prueba sería que unos jueces de una provincia alemana han esnobeado al Supremo español. Pero cuando se argumenta que ni un país europeo ha mostrado la menor simpatía por la independencia de Cataluña, también se debe admitir que mucha opinión europea —y española, no digamos ya catalana— ha creído excesiva la instrucción del caso y la duración de las medidas de acompañamiento.

Ahora el juicio a los dirigentes independentistas seguirá y debe seguir, pero la decisión alemana —que correcta o incorrecta es la que cuenta— representa un serio golpe a la instrucción. ¿Se puede juzgar por rebelión a Junqueras y a otros "consellers" con penas que pueden llegar a 30 años y solo por malversación a Puigdemont que fue el jefe del golpe o de la intentona revolucionaria? Parece un absurdo total. ¿Se puede juzgar a Junqueras por rebelión y dejar que Puigdemont se pasee como un ciudadano libre por Bélgica, Alemania y quizás otros países europeos con la salvedad —eso sí— de no poder entrar en España y bañarse en la Costa Brava? Parece un absurdo todavía mayor. Pues bien, una de esas decisiones deberá tomar Llarena y posiblemente acabará obligando a la sala del Supremo a un criterio más jurídico y a rebajar los componentes de indignación moral de la instrucción.

La acusación de Rebelión quizás fue un atajo jurídico-político que al final puede haber tenido más inconvenientes que ventajas

Si la hubo, la decisión de acusar de rebelión para poder inhabilitar rápidamente a los dirigentes independentistas, antes del juicio y solo con la calificación de los delitos por parte del instructor, como dictaminó esta semana el juez Llarena, quizás haya sido un atajo jurídico-político con más inconvenientes que ventajas.

Algunos dispararán discursos contra Europa y seguirán negándose a ver las complejidades de todo el conflicto. E intentarán movilizar a la opinión pública contra lo que descalificarán como cesiones. Tendrán argumentos porque el comportamiento de los secesionistas en setiembre y octubre fue no solo estúpido sino profundamente antidemocrático. Pero lo sucedido desde el 2006 inclinar sin ninguna duda a primar la racionalidad sobre la ideología o la indignación.

Querer resolver el conflicto sin política, solo con la brigada Aranzadi (Rajoy y Soraya), o con el Código Penal (los que creen que Rajoy pecó de blando), ha servido para mantener el orden constitucional, que no es poco, pero el conflicto sigue ahí. Quizás es hora de hacer política para resolver problemas —no para excitarlos y ganar votos— y para escuchar a la opinión pública que es mucha más plural que la que se manifiesta.

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EC

Todas las encuestas dicen que en Cataluña hay deseo mayoritario de una tercera vía pero, al mismo tiempo, poca confianza en que pueda lograrse. Además el 69% no creen justificada la acusación de rebelión y el 76% está disconforme con la prisión provisional sin fianza según una reciente encuesta de GAD3 para 'La Vanguardia'. La justicia debe ser independiente, pero debe también saber mirar por la ventana.

Y tantos años de conflicto no resuelto están teniendo efecto no solo en Cataluña sino también en el resto de España. Una encuesta de este sábado de 'El Mundo' —diario muy contrario al independentismo— ponía de relieve que al 46% de los españoles (contra el 28%) les ha parecido bien que el gobierno Sánchez haya trasladado a los presos a Cataluña. El 44%, contra el 41%, no cree que el Gobierno vaya a hacer concesiones a los separatistas que pongan en peligro la unidad de España, y el 53%, contra el 34%, considera positivo que el Gobierno tenga una actitud menos beligerante en el conflicto catalán.

Quizás si que las nuevas circunstancias aconsejen una rectificación del independentismo basada en la asunción de la realidad y una revisión de los sectores del constitucionalismo que lo fían todo a resolver el conflicto solo con la ley y la aplicación rigorista del Código Penal.