¿Un referéndum para el autogobierno?
Si el secesionismo acepta el reto, el PP y Cs no pueden vetar —sin más— el intento de pactar un nuevo Estatut para Cataluña
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Intentemos una reflexión pausada —alejada de las batallas del día a día y mirando al futuro— sobre la crisis catalana que España arrastra como mínimo desde 2010, cuando la sentencia del Constitucional anuló parte del Estatut de 2006 que ya había sido aprobado en referéndum. Son ocho años de una grave crisis institucional, ya que afecta a la incardinación de una 'nacionalidad' que suma el 16% de la población y aporta casi el 20% del PIB.
Hoy, la primera conclusión es que la secesión parece imposible. Porque en tres elecciones sucesivas —2012, 2015 y 2017— el separatismo obtuvo el 47% de los votos, que es mucho pero totalmente insuficiente para reclamar la independencia. Y ello pese a que la crisis económica favorecía la respuesta populista-nacionalista.
Y con estos resultados —corroborados además por las encuestas más serias—, un referéndum de autodeterminación (la demanda suplente del separatismo) no serviría de nada porque la mitad de un país no puede romper el orden estatutario (el Estatut exige para su reforma el apoyo de las dos terceras partes de los diputados) o constitucional.
Además, la salida independentista no contaría con la aquiescencia de España, por lo que tendría que ser traumática, ni de la UE, por lo que acarrearía serias consecuencias económicas. Reflexionemos sobre el inmenso lío que la mala ocurrencia del conservador Cameron, al ceder a la exigencia nacionalista del referéndum del Brexit, ha ocasionado en Reino Unido. La directora del FMI, Christine Lagarde, acaba de declarar que todas las salidas tendrán un alto coste.
El secesionismo empieza a admitir que la independencia —al menos a corto— es imposible
El secesionismo no quiere reconocer que la independencia es —a corto y a medio plazo— imposible. Pero en realidad lo está admitiendo (a medias). Elisenda Paluzie, quizá la líder más radical y presidenta de la emblemática ANC, lanzó la idea hace unas semanas de un “paro de país”, traducido al lenguaje no teológico 'una vaga' (en catalán) o una huelga (en castellano) con motivo del aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre. El vacío que encontró la propuesta en el ambiente y en los sindicatos hizo que fuera olvidada con rapidez y que ahora se discuta sobre una gran manifestación ante el Parlamento catalán a las seis de la tarde. Aunque algunas secciones territoriales —realistas— no lo ven y alegan la dificultad de desplazarse a Barcelona un lunes laborable por la tarde.
Y el propio Puigdemont, que decía que ya en 2017 Cataluña sería independiente, ahora ha declarado a un diario belga que Cataluña ya es un poco más independiente que hace un año (debe ser porque tiene al presidente destituido en el exilio) y que la independencia llegará antes de 15 o 20 años. Un plazo que podría tranquilizar incluso a Inés Arrimadas.
Por otra parte, el Parlamento catalán —depositario de la soberanía nacional— no celebra plenos desde julio por las crecientes divergencias dentro de la mayoría nacionalista y por la enemistad, cada día más manifiesta, entre sus dos líderes: Puigdemont, de nuevo en Waterlo, y Oriol Junqueras, en la cárcel de Lledoners. Dos observatorios diferentes.
Quizás es posible mantener el 'statu quo', pero es innegable que acarrearía inestabilidad y prolongaría la crisis
La otra opción es concluir que, como no habrá independencia, es superfluo cambiar el 'statu quo'. Eso sí, sabiendo que irá acompañado de malestar y protestas en Cataluña y de crisis institucional en España. Es una opción, porque es el escenario en el que estamos inmersos desde hace años, pero tiene grandes costes para Cataluña y para España, porque las dosis de inestabilidad suelen acabar mal.
Para España, convivir con una mayoría separatista en el Parlamento catalán o, aunque perdieran la mayoría, con un 45% de la población catalana reclamando la independencia, no es el mejor de los mundos. Josep Borrell, ministro de Exteriores, acaba de reconocer que la imagen de España en Europa ha sufrido como consecuencia de la crisis catalana. Y está claro que algunas de las respuestas penales del Tribunal Supremo no han tenido —con razón o sin razón— la aquiescencia de la Justicia europea. Y que se han tenido que retirar las órdenes de extradición contra los dirigentes exilados. Si prefieren, huidos.
Que el 'statu quo' implica inestabilidad lo han admitido últimamente los dos líderes del centro derecha español. Pablo Casado y Albert Rivera han reclamado a Pedro Sánchez —quiero creer que no totalmente en serio— que ante los desplantes verbales de Quim Torra ponga en marcha otra vez el 155. Y los que los jalean dicen que no debería ser como el de Rajoy (prudente) sino más largo. ¿Hasta cuándo? ¿Permanente? ¿Hasta que el independentismo perdiera la mayoría? Y que además debería ser más duro e intervenir TV3, cuando la cuota de mercado de TV3 es del orden del 15%. ¿No se dan cuenta Albert Rivera y Pablo Casado de que la pendiente que preconizan tiene serios riesgos de inconstitucionalidad y que dañaría seriamente la democracia española? ¿Quieren que Puigdemont pueda acabar teniendo razón —en un hipotético futuro— cuando equiparaba la democracia española con la turca?
Cuando Casado y Rivera reclaman ya otro 155, pueden estar deslizándose por una pendiente que lleva a la inconstitucionalidad
Rivera y Puigdemont han criticado a Pedro Sánchez por su política de desinflamación y por su propuesta de pactar un autogobierno para Cataluña que pueda ser después refrendado en referéndum por los ciudadanos de Cataluña, como manda la Constitución y como ya se hizo en 2006. Decir que los catalanes no pueden votar un nuevo pacto de autogobierno (un nuevo Estatut) es rechazar algo plenamente constitucional. Y Pablo Casado riza la anticonstitucionalidad cuando exige —supongo que en un mal momento— que el pacto de autogobierno de Cataluña se tendría que someter a referéndum en toda España. A ver si el partido que más presume de constitucionalidad (aunque Aznar y parte de AP no votaron la Constitución) acaba en el constitucionalismo anticonstitucional.
Casado recuerda a Sánchez que no puede negociar la soberanía nacional con Torra
La Constitución del 78 se caracterizó por la voluntad de anteponer el pacto con el otro (por ejemplo de Fraga con Carrillo) a la de imponer las ideas propias. Entonces, bajo la vigilancia de generales nombrados por Franco, se consagró constitucionalmente el término 'nacionalidad'. Ahora, a algunos intelectuales de la derecha nacionalista el término les quita el sueño. No digamos ya lo de nación de naciones del histórico socialista Anselmo Carretero.
Casado y Rivera sí tienen razón en tres cosas. El independentismo debe estar dispuesto a negociar el autogobierno. La desinflamación debería ayudar, pero todavía no estamos ahí.
El Estatut de 2006 generó inestabilidad, pero porque se priorizaron los intereses de partido, al contrario que en la Transición
Dos, el Estatut de 2006 creó inestabilidad. Pero la razón es que no se negoció bien. En Cataluña, el tripartito soñó con demostrar que era más catalanista que Pujol, que les había dado lecciones de pedante nacionalismo (y mandado en exceso) durante 23 años. Y Artur Mas persiguió que el nuevo Estatut fuera su victoria personal (incluso impidió que ERC obtuviera nada distinto a su pacto con Zapatero) para acabar con Pasqual Maragall, volver a la Generalitat y que el Gobierno de izquierdas en Cataluña fuera solo un breve accidente.
Y en España, Zapatero pensó que podía negociar con los partidos catalanes arrinconando al primer partido de la oposición, y Rajoy, presionado por el sentimiento de estafa que invadió al PP cuando perdió las elecciones de 2004, apostó a que aquel Estatut sería la tumba de Zapatero. La realidad es que su actitud entonces ha contribuido a su desahucio del poder en 2018.
Ahora, los partidos catalanes y los españoles (o al menos los más relevantes) tendrían que negociar sin exclusiones. En España, como mínimo el PP y el PSOE (o Cs y el PSOE si Rivera supera a Casado). Y algo similar en Cataluña (Cs, PSC, JxCAT y ERC), o tres de ellos si uno se excluyese. Será enojoso y complicado, pero es lo que se hizo en la Transición. ¿Se pueden permitir las formaciones políticas de hoy, o las opiniones públicas respectivas, ser más cerradas e intransigentes que las de entonces?
Rivera ve una "barbaridad" que Sánchez proponga un nuevo Estatut para Cataluña
El tercer punto en el que Casado y Rivera tienen algo de razón es que negociar unas nuevas reglas de autogobierno con quienes se han creído que podían romper el Estado español tiene riesgos. Pero el mayor riesgo es no intentarlo. Cuando Adolfo Suárez, secretario general del Movimiento, negoció con el PSOE, el partido que gobernó la 'España roja' durante la guerra, o con Santiago Carrillo, secretario general del PCE cuando todavía existía la Unión Soviética, los agravios y las razones de desconfianza eran mucho mayores. Además, negociar no es todavía pactar. Al final, quizás el pacto sea imposible, pero el mayor riesgo es negarse a intentarlo desde posiciones inmovilistas. Unos porque acusan a los otros de golpistas. Y los otros porque no quieren hablar con 'fascistas'.
O se intenta pactar de nuevo el autogobierno de Cataluña y que luego los catalanes lo voten en referéndum, como manda la Constitución, o qué. Pedro Sánchez lo propone. Podemos va en la misma dirección. Los independentistas pueden decir que no si prevalece el maximalismo que saben que solo pueden enunciar, pero no consumar. ¿Qué piensan de verdad —más allá de la respuesta de carril— los dos líderes del centro derecha? Suarez reconoció a Tarradellas y el propio Aznar pactó mucho con Pujol. ¿Eran dos ilusos?
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