Veinte tiendas de campaña

El ruido de la ofensiva contra Pedro Sánchez es enorme. ¿Cómo se ha creído este que con un Gobierno bonito puede gobernar con 84 diputados y colocar al PP y a Cs a la defensiva?, parece la reflexión dominante de una parte de la sociedad española al volver de vacaciones. Y la reacción, lo demuestra la entrevista de John de Zulueta, nuevo presidente del Círculo de Empresarios, a 'El Mundo', no viene solo de la política.

Y en este contexto la crisis catalana no ha pasado a segundo plano porque la política de desinflamación puede ser otro frente de batalla contra Sánchez. En Cataluña la crisis sigue ahí y, como escribí el domingo, el independentismo no sabe salir de su laberinto. Unos días parece que se adentra en el camino del examen de conciencia. Interesante entrevista el lunes del director de 'La Vanguardia' a Oriol Junqueras. Otros, como ayer martes, parece que sienten nostalgia de la insumisión.

JxCAT y ERC han llegado un acuerdo para reabrir el Parlament que puede llevar a desobedecer al Supremo en la inhabilitación de seis diputados

Así, el 'president' Torra ha comunicado un plan de gobierno para cuatro años en el que prioriza la creación, a partir del 15 de octubre, de un Fórum Cívico, Político y Constitucional para una amplia discusión en todos los rincones de Cataluña de la futura Constitución que luego sería sometida a referéndum.

Lo más probable es que sea otro ejercicio literario, tan del gusto del 'president', que al mismo tiempo dijo que el presupuesto, que prepara el realista vicepresidente, Pere Aragonès (ERC), debería negociarse con la CUP, que insiste en que no votará nada que no conduzca a la rebelión inmediata, y los comunes, sumidos en una profunda crisis tras la dimisión de Xavier Domènech. Eso sí, tuvo que afrontar preguntas sobre la falta de atención al creciente número de jóvenes inmigrantes y sobre fallos en el pago a beneficiarios de la renta mínima.

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Más explosivo puede ser el pacto anunciado ayer entre JxCAT y ERC que debería permitir reabrir el Parlament (cerrado curiosamente desde el 18 de julio) para que tenga lugar el próximo martes el debate de política general. El acuerdo se basa en que se supedita la inhabilitación de seis diputados acusados de rebelión —Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez (JxCAT), Raül Romeva (ERC), Jordi Turull y Jordi Rull (JxCAT-PDeCAT)— a lo que decida una comisión del Parlament, que tendría que ser refrendado luego por una votación del pleno. Pero si la decisión fuera la de mantener las actas de los inhabilitados (a los que curiosamente el Parlament ya ha dejado de abonar su sueldo) contradiciendo la orden de Llarena, sería una desobediencia al Supremo de la que el presidente del Parlament, Roger Torrent, intentaría evitar las consecuencias penales amparándose en que había decidido el pleno de acuerdo con el reglamento.

¿Ha ganado Puigdemont el pulso a ERC? ¿Volverían entonces los seis diputados a percibir su suspendida retribución?

Puigdemont quiere controlar al independentismo pero también fantasea pidiendo la mediación de Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo

No se sabe cuál será la decisión final, pero un ninguneo de la inhabilitación ordenada por el Supremo podría dificultar más la vida al Gobierno Sánchez, que se encontraría en una pinza entre el independentismo, que volvería a las andadas, y Pablo Casado y Albert Rivera, que aprovecharían para volver a exigir otro 155 (pero más duro que el de Rajoy), que plantean como la pócima milagrosa. Sin complejos, a lo Aznar.

Pero este escenario es, hoy por hoy, precipitado. Falta ver lo que decide la comisión de marras. Y todo puede pasar. Por otra parte, ayer salió el libro que Puigdemont acaba de publicar (en catalán, francés y neerlandés), titulado curiosamente 'La crisis catalana, una oportunidad para Europa'. No he tenido tiempo de hojearlo a fondo, pero algunas afirmaciones son sorprendentes. El director de 'El Periódico', Enric Hernández, subraya en un análisis de urgencia que olvida —o finge hacerlo— tanto el “mandato democrático” del 1 de octubre como la vía unilateral, se declara “preparado” para entrar en prisión, reconoce que el referéndum de autodeterminación queda muy lejos y aboga por un diálogo a largo plazo con el Estado, sin descartar que el desenlace final no sea la independencia.

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Para alguien que cuando fue investido presidente a principios de 2016 suscribió el compromiso de que Cataluña sería un nuevo Estado antes de 18 meses y que hace un año hizo lo que hizo, es una revisión relevante. Enric Hernández dice —con razón— que por menos las redes sociales próximas al puigdemontismo han lapidado al diputado Tardà y a otros dirigentes de ERC.

Habrá que leer el libro con atención, pero intuyo que Puigdemont está desorientado. Por una parte, la voluntad —que Torra proclama cada día— de ser investido 'president' cuanto antes, que fue su gran promesa electoral de las elecciones de 2017 y que le impulsa a intentar boicotear el diálogo con el Gobierno de Madrid. Por la otra, el deseo de decir cosas que puedan parecer razonables a la prensa europea.

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Es cierto que el Supremo español —con razón o sin razón— no está saliendo demasiado bien parado ante los tribunales belgas o alemanes. Además, alcaldes del departamento francés de los Pirineos Orientales (la Cataluña norte) —entre ellos el de Perpignan, que es del partido de la derecha (Sarkozy)— han firmado una carta de apoyo a los 'políticos presos'. Manifiestan que no son independentistas pero que para ellos el lazo amarillo —el alcalde de Perpignan lo ostentaba cuando recibió a Torra hace unos días— no es un ataque a la Justicia española sino la expresión de solidaridad con unos políticos que están injustamente en prisión provisional.

Es posible que Puigdemont sobrevalore estos 'inputs' y que por ello lance la idea de que la crisis catalana solo se puede solucionar con una mediación de alguna autoridad europea. Puigdemont se manifiesta dolido por la falta de reacción europea ante la represión y violencia del Estado español (en un momento dice "estamos en guerra con España"), pero curiosamente confía en la mediación del polaco Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, cuando ningún Gobierno europeo manifestó la mínima empatía con el separatismo catalan.

Puigdemont, por una parte, quiere controlar al independentismo con mano de hierro, aunque no siempre lo consigue, pero por la otra sueña con la mediación de Tusk. Imposible, porque además lo más probable es que Tusk sea relevado de su cargo tras las elecciones europeas de mayo.

El secesionismo no sabe qué hacer, excepto no rendirse, pero por ahora la protesta está lejos de la virulencia del año pasado

Como decía el domingo, el secesionismo no sabe salir del laberinto en el que se ha metido. ¿Y Cataluña? Una anécdota quizá sea reveladora. Tras la manifestación del 11 de septiembre, un grupo de radicales plantó unas 30 tiendas de campaña en la plaza Sant Jaume, delante de la Generalitat y del ayuntamiento, y proclamaron que no se moverían hasta que Cataluña fuera independiente. Me dicen que el 'president' Torra les visitó y animó. Pero llegaron los preparativos de la Mercè, la fiesta mayor de Barcelona. La alcaldesa Colau se inquietó porque los acampados podían deslucirla. Los Mossos se alarmaron por el temor a incidentes (no políticos sino de aglomeración de gente) y advirtieron al 'conseller' de Interior, que es más cercano a Puigdemont que al moderado Campuzano. Resultado: los acampados —me dicen que próximos a los CDR— se marcharon con la música a otra parte para no perjudicar la fiesta mayor.

Pero ayer se acabó la fiesta mayor y se volvieron a plantar las tiendas. El separatismo persiste, la desinflamación avanza, pero… a ritmo lento. Ahora bien, unas tiendas que se montan y desmontan en la plaza Sant Jaume son una protesta, sí, algo asilvestrada… pero que no se sale de un orden. Por ahora estamos lejos del otoño caliente, o el gran incendio, con el que amenazaban los separatistas más radicales y que jaleaban (no aplaudiendo sino alarmando) algunos alérgicos al soberanismo.

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El secesionismo está fragmentado y no sabe demasiado qué hacer, excepto no rendirse. Cataluña está dividida. Y hay interés —que no entusiasmo ni confianza— en saber si la política de desinflamación puede dar algún resultado. Mientras, han vuelto las tiendas de la plaza Sant Jaume.