Un juicio para coser o ¿para separar?

La sala de lo Penal del Supremo ha decidido abrir juicio oral contra 18 acusados (9 de ellos por rebelión) por los hechos ligados a la Declaración Unilateral de Independencia del 27-O del 2017, hace justo un año. Ahora los defensores y las partes acusadoras (Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox) comunicarán sus calificaciones y se espera que el juicio empiece después de los Reyes Magos.

Es quizás hora de reflexionar con cuidado porque es la primera vez que están en el banquillo los principales dirigentes de una autonomía (no el presidente Puigdemont que huyó, pero sí el vicepresidente Junqueras y otros 'consellers' que decidieron quedarse) por haber querido proclamar la independencia de su Comunidad Autónoma violando la Constitución, las leyes, el propio Estatut de Cataluña que requiere una mayoría de dos tercios para cualquier cambio estatutario, y desobedeciendo además las órdenes del Tribunal Constitucional.

Sànchez y Cuixart rechazaron la unilateralidad ante Llarena en dos ocasiones

S.D.

Tratándose de Cataluña, el 16% de la ciudadanía española, el 19% de la economía, que tiene una apreciada lengua propia, que ya consiguió un régimen autonómico durante la II República y cuyo presidente en el exilio, el republicano de ERC, Josep Tarradellas, volvió a España como presidente provisional de la Generalitat poco después de las primeras elecciones democráticas, es evidente que el juicio tendrá profundas repercusiones sobre el futuro de todos.

Y el juicio es todavía más relevante por cuanto salvada la legalidad y el régimen constitucional tras la aplicación por el Senado del 155, en las elecciones autonómicas subsiguientes, convocadas no por el gobierno destituido sino por el presidente Rajoy, el independentismo, que se presentó en tres listas separadas, logró el 47% de los votos y la mayoría absoluta en la cámara autonómica. Como consecuencia y de acuerdo con las normas, el actual gobierno legal de la Generalitat ha sido elegido por esa mayoría independentista y afirma que el gobierno anterior fue destituido ilegítimamente.

Es una situación ciertamente delicada y compleja en la que es no ya necesario sino imprescindible poner las luces largas. La sentencia no afectará solo a legítimos intereses políticos, sino que repercutirá también sobre las relaciones España-Cataluña (Ortega decía que lo único posible era la conllevancia) y el grado de aceptación de las instituciones en una CCAA cuya incardinación en España ha sido uno de los problemas más relevantes desde principios del siglo XX. No estamos, pues, ante algo con lo que convenga excitar las bajas pasiones —siempre inflamadas y entusiastas— en el próximo mitin de cualquier partido en Valladolid. O en Girona. Estamos ante un juicio que puede ayudar a cicatrizar las heridas de la España constitucional y autonómica o que, por el contrario, puede infectarlas y agravarlas.

Una de las primeras reflexiones es que la proclamación inconstitucional y unilateral de una república independiente —por muy legítimos que los promotores creyeran sus motivos— no puede quedar impune. No pasaría así en ninguna democracia del mundo porque la primera norma democrática es el respeto al Estado de derecho.

Otra reflexión ya es más espinosa. No es seguro que el órgano judicial competente sea el Supremo. Lo podría haber sido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ya juzgó a Artur Mas y otros 'consellers' por la "consulta participativa" del 2014. Además, así se daría a los hipotéticos condenados la posibilidad de apelar en España antes de hacerlo ante los tribunales europeos.

El término "golpista" busca equiparar el 27-O con el 23-F del 81, pero Junqueras y los otros encausados no tienen nada que ver con Tejero

Pero ya estamos ante el Supremo. La fiscalía acusa de rebelión a la mitad de los encausados y el juez instructor, el magistrado Llarena, ha aceptado dicha calificación en su modalidad agravada lo que podría implicar largas penas de prisión. Está claro que una parte del arco parlamentario español —el PP y Cs que juntos tuvieron el 46% de los votos— no solo está acorde con esta calificación, sino que la quiere jalear. Sin ir más lejos, el líder de la oposición se refirió el pasado miércoles en el Pleno del Congreso a los acusados no como tales, sino con el término despreciativo de "golpista" (sin el obligado "presuntos") para equipararlos con Tejero. Y no es lo mismo un teniente coronel que invade el Congreso con armas y secuestra a los diputados que el vicepresidente de un gobierno autónomo que hace una declaración verbal de independencia, no arría la bandera española del Palau de la Generalitat y se entrega voluntariamente a la justicia.

Y curiosamente no se acusa a Casado —o a Rivera que dice lo mismo— de estar presionando al tribunal al tratar a los acusados como ya condenados y calificándolos de golpistas.

Pero hay otros ciudadanos y partidos españoles que no ven el delito de rebelión, que dudan o que creen que esa pena tendría tales consecuencias que harían peor el remedio que la enfermedad. Sin ir más lejos, el presidente del Gobierno más longevo de la democracia, Felipe González, ha expresado sus dudas. Con contención, porque debe tomarse en serio la independencia judicial. El antiguo presidente del Supremo y del Constitucional, Pascual Sala, que no es un catedrático de Filosofía del Derecho sino un juez con mucha mili en los juzgados ha afirmado que no ve el delito de rebelión por ningún lado y que es muy problemático el de conspiración para la rebelión o incluso el de sedición.

Opiniones cualificadas de fuera y dentro de España no creen que pueda acusarse de rebelión porque no ha habido violencia

El tribunal superior de un 'Land' alemán ha denegado la extradición de Puigdemont porque no ve rebelión, aunque sí malversación y, en una decisión muy discutible, el Supremo ha renunciado a traerlo a España. Claro, Puigdemont acusado de malversación y Junqueras de rebelión ante el máximo tribunal español sería un magnífico guion para un ácido film de Bardem o Berlanga.

Alguna prensa ha hablado con desprecio de "un tribunal regional alemán" pero la mayoría de los catedráticos españoles de Derecho Penal han querido ampliar estudios en Alemania. Y muchos han expresado, con mayor o menor énfasis, su disconformidad con la instrucción.

En los últimos días, el presidente Sánchez y la vicepresidenta Calvo —quizás contradiciéndose con declaraciones anteriores— han recordado lo que dice mucha doctrina, que la violencia es elemento constitutivo de la rebelión. Y en Cataluña no hubo violencia. En todo caso, no mayor a la de los piquetes en algunas huelgas o la de los grupos que inutilizan las cerraduras de los bancos. La violencia que vio el mundo —más allá de nuestras fronteras— fue la de las fuerzas de seguridad con actuaciones excesivas que tuvieron lugar como resultado de órdenes políticas después de que los servicios especializados no lograran localizar las 6.000 urnas que, procedentes de la China excomunista, entraron por la frontera hispano-francesa en el largo y cálido agosto del 2017. Y que tampoco lograron evitar su llegada posterior a los centros de votación.

Curiosamente, ahora se proclama que Sánchez y Calvo están presionando al Supremo. ¿Cuándo Sánchez decía —lo he visto en "la maldita hemeroteca"— que no dudaba de que había habido rebelión, no presionaba y sí lo hace ahora cuando considera —recordando frases de Trillo— que la violencia es elemento esencial del delito de rebelión?

Por favor, pongamos las luces largas. Es evidente que ha habido delitos —seguro que desobediencia, posiblemente malversación— pero ¿rebelión agravada? Además, una prisión provisional incondicional y sin fianza tan larga es vista por muchos juristas como una pena anticipada. Y algunos sospechan que la calificación de rebelión se ha hecho para poder inhabilitar a los nueve acusados de este delito —como así ha pasado— bastantes meses antes de la sentencia.

Los encausados son cargos electos y si la justicia debe restituir el orden violado —para proteger la convivencia— no estaría de más tener en cuenta lo que piensan los ciudadanos de Cataluña.

Es una reflexión de sentido común, anterior a los códigos, que una justicia cuyas sentencias no sean ni comprendidas ni aceptadas por la ciudadanía afectada muy difícilmente contribuirá a restablecer el orden social. En el fondo, la institución del jurado obedece a una reflexión de este tipo.

La mayoría de los catalanes creen no solo que no ha habido rebelión, sino que hay que soltar a los presos

¿Y que dicen los catalanes, que son el 16% de la población española y una parte de cuyos dirigentes —afortunadamente los hay más sensatos— van a ser juzgados? Pues telegráficamente que no hubo rebelión y que la prisión provisional sin fianza ha sido excesiva. No lo afirma TV3 ni 'El Periódico de Cataluña', ni 'La Vanguardia', ni el CEO de la Generalitat, ni periodistas sospechosos de empatizar con la tercera vía. Lo revela, aunque no lo descubre, una encuesta de 'La Razón', diario nada sospechoso de connivencia con el nacionalismo (al menos el catalán).

La encuesta de NC Report, publicada el 1 de octubre, decía que el 47,7% de los catalanes (contra el 44,3%) no quiere una Cataluña independiente, pero también que el 47%, contra el 35%, no cree que "los líderes encarcelados del 'procés' llevaran a cabo una rebelión". Y un porcentaje todavía más abultado (el 55% contra el 30%) mostraba su acuerdo con la afirmación siguiente: "hay que sacar de la cárcel a los líderes del 'procés'". La justicia no se basa en sondeos, pero está bien auscultar la opinión pública si de lo que se trata es de imponer el Estado de derecho lo que, a la larga, es muy difícil sin el convencimiento y la libre adhesión de la ciudadanía.

Y no estaría de más pensar en los efectos que podría tener —no solo en Cataluña– que el Supremo condenara por rebelión y uno o dos años después la Justicia europea siguiera el criterio del tribunal alemán y descartara dicho delito.

La clase dirigente española debe poner las luces largas. El Tribunal Supremo debe enjuiciar con la máxima responsabilidad. Y los políticos nacionalistas españoles (que los hay y se vanaglorian de que España sea el único país que descubrió un nuevo mundo) y los nacionalistas catalanes (que creen que la democracia nació en Cataluña con anterioridad a la Carta Magna inglesa) deberían ser conscientes de que no estamos ni en el siglo XIII ni en el XV sino en la Europa del siglo XXI que desgraciadamente está sacudida por nacionalismos excluyentes y por populismos de todo tipo.

No nos deslicemos por esa pendiente. El Supremo, como muchos altos tribunales del mundo, puede tener ya problemas de politización de distinto signo que algunos ya ven tanto en la sala segunda como en alguna sección de la tercera.

Es de esperar que la sala de lo Penal sea consciente de la trascendencia del juicio y no se deje influir si alguien, amparándose en la gradería, lo quiere convertir en un espectáculo y un proceso inquisitorial. No sería lo conveniente.