Cataluña, ante el Supremo

No es solo la Justicia española la que tiene graves problemas. Ahí está por ejemplo la reciente batalla política que se ha generado en Estados Unidos (que no es ni mucho menos la primera) por la elección (muy reciente) de un miembro (conservador y acusado de acoso) del Tribunal Supremo, que allí tiene también funciones propias de una corte constitucional. Pero mal de muchos, consuelo de tontos, y lo que pasa aquí debería ser analizado con algún sentido crítico y sin que acusaciones de 'sospechosidad' sean lanzadas contra las opiniones que discrepan de las que se presumen más mayoritarias y casi indiscutibles.

Está bastante claro que la instrucción del juez Llarena —y la acusación de rebelión de la Fiscalía— respecto a nueve de los presos catalanes encausados por el 1-O va a generar mucha polémica. Y lo que ha pasado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo sobre quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados en la concesión de hipotecas es otra demostración —grave, porque afecta al crédito social del Supremo, a la estabilidad bancaria y a las cuentas públicas— de que algunas veces en el alto tribunal las querencias ideológicas priman sobre las consideraciones jurídicas. En la sala segunda, la de lo Penal, parecen tener mucha influencia determinadas posiciones sobre la unidad nacional que pueden haber llevado a una interpretación extensiva del delito de rebelión, y en una sección de la Sala de lo Contencioso otras de signo justiciero —con la idea de que pagar un impuesto puede encubrir un abuso de la banca— que han originado una gran conmoción económica y social. ¿Hay un cierto exceso en algunos órganos de la judicatura, tentados por la vocación de cruzados o —en sentido contrario— de coyotes?

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Marcos Lamelas. Barcelona

Parece que sí, y la sentencia de ayer, a favor de Arnaldo Otegi y otros cuatro encausados —entre ellos, Rafael Díez Usabiaga, antiguo secretario general del sindicato Lab—, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que por unanimidad concluye que no tuvieron un juicio justo en la Audiencia Nacional cuando fueron condenados por pertenencia a ETA, viene a confirmarlo.

El terrorismo de ETA fue (afortunadamente ya no es) una seria amenaza a la democracia y los tribunales debían ser severos. Con quienes segaban vidas indiscriminadamente, poca broma. Pero, y menos en los juzgados, la severidad no debe ser enemiga del equilibro y el respeto a las garantías. El resultado es que ahora el máximo tribunal europeo nos saca los colores. Y Arnaldo Otegi y sus compañeros —implicados en negociaciones de paz— ya han cumplido la condena. Más perturbador es que el Tribunal Constitucional no corrigiera a la Audiencia Nacional. El prestigio de la Justicia española no sale reforzado.

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Es algo que convendrá no olvidar en el caso de los presos catalanes acusados de rebelión. Solo faltaría que tras el serio conflicto interno que aparejará el juicio, al final el tribunal de Estrasburgo pudiera emitir una sentencia similar sobre la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El domingo escribí que la acusación de rebelión —otra cosa es el juicio— contra Oriol Junqueras y ocho acusados más podía originar una división en la sociedad española similar a la que produjo en Francia, hace más de un siglo, el famoso caso Dreyfus, que partió y contaminó la sociedad francesa durante lustros de la división entre 'dreyfusards' y 'antidreyfusards'. Un apreciado lector me ha indicado que Dreyfus y Junqueras no tienen nada que ver. Por supuesto, nada hay en común entre un capitán judío del Ejército francés que fue condenado por espionaje al servicio de Alemania y el líder católico de ERC que promovió una declaración unilateral de independencia que violaba la Constitución y el Estatut. El único pero interesante nexo entre ambos casos es la división social que pueden producir. Que en España puede tener una especial gravedad, porque no enfrenta tanto a la derecha y a la izquierda de un Estado unitario en el que todos hablan francés como se convierte en un factor suplementario de la desafección entre la sociedad catalana y las instituciones españolas sobre la que ya alertó hace años el 'president' Montilla.

Hacía el domingo referencia a una encuesta de 'El Periódico' sobre lo que opinaban los catalanes respecto a las acusaciones y a la situación de los presos, y ahora —tras la publicación en el mismo diario de otra encuesta sobre España— es posible constatar el divorcio entre lo que piensan los ciudadanos catalanes y lo que opinan los del resto de España. La desconexión ya es fuerte y ningún poder del Estado —que quiera proteger al Estado— la debería desconocer. Y menos todavía los líderes políticos que se quieren presentar como los mejores garantes de la unidad nacional.

Respecto a la actitud de la Fiscalía ante los presos, el 64% de los catalanes piensa todo lo contrario que el 65% de los ciudadanos del resto de España

Para empezar, el 82% de los catalanes —los más directamente afectados— cree que los presos deberían estar ya en libertad provisional, mientras que en el resto de España el criterio mayoritario (52% contra el 39%) es el contrario. Yendo más al fondo del asunto, el 70% de los españoles, contra el 24%, cree que los hechos fueron graves o bastante graves, lo que de alguna manera podría sintonizar con la acusación de rebelión. Por el contrario, el 51% de los catalanes, contra el 44%, cree que los hechos no tuvieron apenas gravedad.

No obstante, lo más relevante es que el 64% de los catalanes, un porcentaje muy superior al 47% de independentistas, cree que el Gobierno debería haber pedido a la Fiscalía que suavizara la petición de penas, mientras que un porcentaje idéntico (el 65%) de los ciudadanos del resto de España es de la opinión exactamente inversa.

No se trata ahora de juzgar qué opinión pública es más ajustada a derecho o más ecuánime, o de indagar en las causas del divorcio entre ambas opiniones, sino de constatar que la desconexión existe y es relevante. Y de que, como consecuencia, todos los poderes responsables —y en especial los que quieren gobernar y creen que la unidad nacional es un valor a proteger— deben tenerlo muy en cuenta.

La interesante opinión del Rey emérito tras el golpe del 23-F curiosamente ha sido sepultada en el olvido. Y no lo merece

No es la particular opinión de un columnista catalán, no especialmente apreciado por el público más independentista, sino algo que los máximos dirigentes del Estado tuvieron presente cuando se juzgó a los generales Armada y Milans del Bosch y al coronel Tejero por los hechos del 23-F de 1981, que fueron mucho más graves porque hubo una rebelión militar y se secuestró a la totalidad del Gobierno y del Congreso de los Diputados (excepto la decidida socialista Anna Balletbò, que fue autorizada a salir del hemiciclo por estar embarazada de gemelos).

En efecto, el otro día, Carles Francino recuperó en la SER un párrafo del discurso del rey Juan Carlos tres días después de los acontecimientos y tras la gran manifestación de repulsa que unió a todos los partidos, desde la AP de Manuel Fraga al PCE de Santiago Carrillo (hoy sería desde Pablo Casado a Pablo Iglesias). Dijo entonces el jefe del Estado: “Sería muy poco aconsejable una abierta y dura reacción de las fuerzas políticas contra los que cometieron actos de subversión. Invito a todos a la reflexión y a la reconsideración de posiciones que conduzcan a la mayor unidad y concordia de España y de los españoles”.

Francamente, me sorprendí al escuchar estas palabras que, la memoria es débil, había olvidado. Pero me ha chocado mucho más que la frase reveladora de sentido de Estado del rey Juan Carlos —una vez recuperada por Francino— haya tenido no escaso sino nulo eco en la prensa que tanto presume de defender —por tierra, mar y aire— a la monarquía.