Adelante y sin rumbo
El independentismo no tiene fuerza suficiente, y además nadie en la UE —salvo quizás el populismo de derechas— moverá ni un dedo para desestabilizar a España
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El último trimestre del 2017 fue un desastre para Cataluña y tóxico para España. La declaración unilateral de independencia (DUI) del 27-O fue una estulticia total. No es un juicio mío, pues la muy activa y entusiasta 'exconsellera' de Educación (la que debía abrir las escuelas para la votación), Clara Ponsatí, exiliada ahora en Escocia, ha afirmado que jugaban al póker e iban de farol. Rajoy no se creyó el farol y recurrió a un 155 prudente, pues convocó al mismo tiempo elecciones para 55 días después, el plazo mínimo posible. Y los partidos independentistas "tragaron" el 155 al ir a esas elecciones.
El drama es que Rajoy —o el Estado, o los dos— no supieron actuar con la cabeza fría y la inteligencia precisa para impedir que luego —pese al gran ridículo de la DUI— los tres grupos independentistas (JxCAT de Puigdemont, ERC y la CUP) volvieran a ganar las elecciones al revalidar su muy ajustada mayoría absoluta. Que hubiera políticos presos y exiliados contribuyó. No lo duden.
La realidad hoy, a finales del 2018, es que se ha constatado que la independencia unilateral ha fracasado y que no se podrá volver a repetir. El independentismo no tiene fuerza suficiente (el otoño no ha sido caliente sino cálido, y el aniversario muy desangelado), y además nadie en la UE —salvo quizás el populismo de derechas— moverá ni un dedo para desestabilizar a España.
Pero, primer obstáculo para la normalización, el independentismo no solo sigue mandando —democráticamente— en la Generalitat sino que no ha renunciado a la ruptura unilateral. Sigue creyendo en ella (seguramente solo a medias) y no quiere, o no sabe, cómo decirles a sus electores —a los que necesita mantener para no perder el poder— que les prometieron algo imposible.
El segundo obstáculo es que Cataluña está partida en dos mitades y que difícilmente podrá mirar al futuro con normalidad si perdura la división. Que Cs fuera el primer partido en las elecciones catalanas lo demuestra. También que el partido de Inés Arrimadas tuviera el 25% de los votos y que las listas de Puigdemont y Junqueras sacaron el 21% cada una.
El tercer obstáculo es que la lucha cainita entre los dos grandes partidos españoles hace que el PP boicotee ahora la sensata política de desinflamación del gobierno de Pedro Sánchez. Algo solo comprensible por el ansia de recuperar el poder a toda costa ya que esta actitud es la contraria al medido pero decidido apoyo socialista (ya mandaba Pedro Sánchez) al 155 de Rajoy.
La gran paradoja es que el independentismo cree que el momento de la segunda oportunida vendrá con una dura condena del TS contra los presos
¿Quieren más realidades disruptivas? El independentismo sueña irracionalmente (los sueños carecen de sentido) que la salvación le puede venir de una condena fuerte del Supremo a los políticos presos (para gran parte de Cataluña presos políticos) que genere algo así como una sublevación indignada en el interior del país y la caída de la venda de la Europa democrática sobre lo que gran parte del separatismo sostiene sin pestañear: que las imperfecciones de la democracia española son de tal calibre que la desnaturalizan y que la convierten en un régimen similar a la Turquía de Erdogan. ¡Qué aberración, su estrategia —si la hay— parece basarse en esperar la condena de sus presos!
Otra realidad disruptiva es que el PP y Cs parecen convencidos de que para resolver el serio problema del encaje de Cataluña en España son necesarias unas condenas duras y severas contra los 18 dirigentes independentistas en el inminente juicio del Supremo. Antes se deberían prohibir todos los posibles indultos —lo patriótico es maniatar al gobierno de España— y aplicar otro 155, pero no como el de Rajoy, juzgado cobarde, sino uno más severo y más macho que liquide TV3, la culpable de todos los males pese a que solo la ven el 16% de los catalanes.
Lo malo de esta creencia —equivocada pero respetable— es que encuentra cierto eco en parte del electorado conservador, lo radicaliza, alimenta y magnifica a Vox. Al final el PP y Cs, atrapados en este discurso, llegan a la conclusión de que se llevará el gato al agua el que más alto proclame: "ley y orden en Cataluña y que luego salga el sol por Antequera".
El infortunio es mayor porque por unas décimas (21,65% contra 21,39%) la lista Puigdemont se impuso a ERC en las elecciones y pudo nombrar a un apoderado provisional y sin oficio, Quim Torra, como presidente de la Generalitat. Y Puigdemont no representa a CDC, que le hizo presidente, ni al PDeCAT sino que es expresión de la protesta, de 'la rauxa' catalana, que cree en la independencia con la fe del carbonero y que tiene serias limitaciones para reconocer los contornos de la realidad.
Pero la radicalidad de Puigdemont se apoya en grupos de protesta activa e inflamada —como la ANC actual y los CDR— que con su acción logran frenar y limitar los intentos de ERC y de la dirección y el grupo parlamentario del PDeCAT de llegar a un pacto con la realidad, similar al que llegó el PNV tras el fracaso de la vía Ibarretxe. Pintar de amarillo la vivienda del juez Llarena en San Cugat, o reventar las ruedas de Alejandro Fernández, el nuevo líder del PP catalán, son gamberradas cafres que satisfacen los instintos de una tribu excitada pero que tienen dos consecuencias negativas: generan mucho ruido y tensión impidiendo la desinflamación, alarman al electorado conservador español y alimentan el turbio clima en el que Vox engorda. Grande-Marlaska lo ha advertido, pero ni Casado ni Rivera parecen comprenderlo.
La distancia entre el PNV y el independentismo de Torra y Puigdemont se ha vuelto a ver esta semana con el viaje del 'president' Torra, cada vez menos apreciado —lo reflejan las encuestas— por el elector secesionista medio a Euskadi. El encuentro Torra-Urkullu fue formalmente amable y correcto pero las formas no pudieron ocultar las divergencias de fondo.
La primera es que las posiciones de Puigdemont y Torra y la presencia de Torra en el acto del Kursal de San Sebastián benefician más a las tesis de Bildu que a las del PNV. Y ello pese a que Bildu prepara un pacto electoral con ERC para las europeas. Bildu recibiría así más regalos de Torra de los que Otegi le daría a la coalición de Puigdemont. La otra es más profunda. El PNV, que gobierna Euskadi con apoyo del PSOE y sin satanizar al PP, sabe que los sueños son libres, pero que lo que le toca ahora es defender y ampliar el autogobierno dentro de un estado que desearía que fuera más plurinacional. Y que ello exige realismo y no excluir pactos con el gobierno de Madrid, mande el PP o mande el PSOE. Y que si España va bien no es malo para Euskadi.
El enrocamiento de Puigdemont y Torra contrasta con la inteligencia con la que el PNV supo rectificar —sin alaracas— el fracaso de Ibarretxe
Por el contrario, tanto Torra como su jefe de Waterloo, creen que hoy lo primordial es debilitar y desprestigiar al máximo la democracia española, pero sin romper la legalidad hasta que se llegue al lugar adecuado y el momento oportuno, como decía el añorado anuncio de los cigarrillos Lucky Strike. ¿Qué momento? No lo saben muy bien y no lo explicitan, pero intuyen que podría venir tras una sentencia muy dura del Supremo —que no pueden desear— contra los 18 dirigentes independentistas.
Para ello hay que exigir a Sánchez "gestos" con los presos. Si algún "gesto" llega, pájaro en mano, aunque lo de menos es "momento". Pero si no llega, porque Sánchez no quiera, o no pueda, motivo de más para reclamarlos con fuerza y ruido porque la no concesión será vendida como crueldad y alimentará la frustración, la protesta y la indignación.
Urkullu exhortó a Torra a aprovechar el momento favorable de un gobierno Sánchez en minoría y Torra contestó que Sánchez solo ofrece un Estatut que nadie quiere porque es una pantalla pasada y 215 años de prisión. Al PNV le preocupa esta cerrazón. No tanto porque pueda favorecer a Bildu, sino porque la negativa a explorar con realismo la posibilidad de un mayor autogobierno dentro de las estructuras actuales de España y de la Unión Europea favorece en Madrid las posiciones más alérgicas al autonomismo. Ni Pablo Casado ni Albert Rivera son Mariano Rajoy. Y tampoco parecen dispuestos a regalar botellas de vino del Duero a Arzalluz como hizo Aznar en la prehistoria, antes de que se le subiera la mayoría absoluta a la cabeza.
El desengaño de gran parte del PNV con el independentismo catalán no es nuevo ya que Puigdemont acabó haciendo caso omiso de la mediación de Urkullu con Rajoy el último trimestre del 2017 y no convocó elecciones, sino que se lanzó a la DUI que el PNV cree que ha tenido consecuencias negativas para Cataluña, para España y para Euskadi.
Pero que Puigdemont y Torra no hayan sacado las mínimas conclusiones del fracaso de la DUI y sigan prisioneros de una estrategia fracasada es algo difícil de entender. Bastaba leer el jueves el análisis de Alberto Surio, jefe de opinión del 'Diario Vasco', titulado "Realismo o gesticulación. Dos ritmos y dos rumbos distintos", para captar el divorcio total entre las visiones de España de Urkullu y Torra.
No estamos en el peor de los mundos. Al menos no peor que hace un año. El unilateralismo ha fracasado. El gobierno de Madrid quiere desinflamar, pero la Generalitat no sabe, no contesta por su división interna y el dominio del apoderado de Puigdemont. Antes el rumbo era la DUI. Ahora no hay rumbo, aunque sí se repite con fuerza 'endavant' (adelante). Quizás es mejor, o menos malo. Pero el ruido y el embrollo continúan. No es el tampoco, ni de lejos, un mundo envidiable.
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