El Poder Judicial, tras el escándalo

El wasap de Cosidó y la renuncia del juez Marchena revelan graves fallos políticos y dañan todavía más el prestigio del Supremo

Foto: Imagen: E. Villarino.
Imagen: E. Villarino.

El escándalo originado por el wasap del portavoz del PP en el Senado a más de 140 miembros de su partido y de esa Cámara legislativa afirmando que la nominación de Manuel Marchena como presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido “una jugada estupenda”, con la que el PP iba a controlar la Sala Segunda del Supremo “desde detrás”, ha causado una gran conmoción. Y la subsecuente reacción de Marchena, renunciando a ambas posiciones y quedándose en la presidencia de la poderosa Sala Segunda del Supremo, la que debe juzgar los posibles delitos de los políticos, ha subido más la tensión y ha originado —como señala Ignacio Varela— un espectáculo pornográfico de excepción y una grave crisis política y judicial.

El Poder Judicial, tras el escándalo

Es así, imposible negarlo, pero con ella vamos a tener que coexistir. El procesalista Jordi Nieva-Fenoll, autor de atinados comentarios sobre la candente actualidad judicial, ha escrito: “Estamos ante una crisis de Estado de primer orden que ha puesto gravemente en cuestión el principio de la independencia judicial. Conviene no minimizar lo sucedido. Es urgente parar máquinas y sentarse a concretar la solución, que debe traducirse en importantes reformas con grandes consensos".

Estoy de acuerdo casi al cien por cien con las dos primeras afirmaciones. Pero la tercera, aunque revela buen criterio, estoy seguro de que, al menos a corto plazo, no se va a producir: no va a haber importantes reformas con grandes consensos. La composición actual del Parlamento lo hace imposible —el tan criticado pacto PP-PSOE ha sido el consenso máximo logrado— y el mapa de partidos (cuatro 'nacionales' de importancia bastante equilibrada y tres 'nacionalistas' con gran influencia en dos CCAA), más la judicialización de la política —que no es culpa exclusiva de los políticos—, lo hace inimagible.

Dicho esto, hay mucha materia para reflexionar.

El juez Marchena

El juez Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, ha hecho lo obligado para mantener su prestigio y dignidad. No se puede pasar a presidir el Supremo cuando un zafio portavoz —que no ha sido desautorizado inmediatamente por su partido— ha dicho que gracias a su nombramiento el PP iba a controlar la Sala Segunda “desde detrás” y además la relevante Sala del 61, y que debido a la 'auctoritas' del magistrado —que Cosidó dice que fue vetado por Rubalcaba— las votaciones no serían de 11 a 10 sino próximas al 21 a cero.

El magistrado Manuel Marchena (c). (EFE)
El magistrado Manuel Marchena (c). (EFE)

Marchena ha vuelto a poner de relieve su inteligencia jurídica y política. Pero el daño que se le ha infligido —a él y al Supremo— es grave. Y se debe no tanto a las actitudes por las que ha podido ser atacado —una visión en exceso conservadora de la Justicia y ser el motor de la instrucción discutible del juez Llarena en el caso de los políticos independentistas presos— sino porque determinados sectores —políticos e ideológicos— lo habían convertido en una bandera.

¿Es bueno convertir a un juez, y todavía más al presidente de la Sala Segunda del Supremo —más sin su concurso que con él—, en un referente político? Visto lo visto, seguro que no.

El proceso a los independentistas

El próximo juicio a los políticos independentistas es sin duda el más relevante al que se enfrenta la democracia española. No solo porque afecta a dirigentes electos de una relevante comunidad autónoma que se considera una nación, no solo porque puede dividir a la sociedad española y agrandar la desconexión entre la opinión dominante en Cataluña y la mas generalizada en el resto de España, no solo porque la acusación de rebelión es grave, no solo porque muchos juristas españoles y un relevante tribunal alemán han afirmado que falta la violencia suficiente, que es el componente esencial de la rebelión, no solo porque una parte relevante de la clase política acusa repetidamente a Oriol Junqueras y a los otros acusados de “golpistas”, equiparándolos así con Tejero, Armada y Milans del Bosch, lo que es muy descalificativo (en todo caso, solo serían presuntos) e insultante para el 47% de catalanes que los votaron antes y después de la DUI del 27-O…No por estos puntos concretos sino por la suma de todos y porque la incardinación satisfactoria de Cataluña en España es una asignatura permanente.

Lazos amarillos colocados ante una fotografía del exvicepresidente Oriol Junqueras. (EFE)
Lazos amarillos colocados ante una fotografía del exvicepresidente Oriol Junqueras. (EFE)

Y es inevitable que ahora —ante la opinión pública, no solo la catalana— y luego —ante la Justicia europea si finalmente son condenados—, los políticos independentistas vayan a argumentar que han sido víctimas de un juicio político. Y las afirmaciones de Cosidó van a estar ahí. El portavoz del PP en el Senado, que debe presumir de patriota español, no ha hecho un buen servicio ni a la Justicia ni a España. Ha envenenado más un asunto que ya era muy conflictivo.

El juicio a los 18 independentistas catalanes —nueve acusados de rebelión— se ha complicado todavía más y la presidencia de Marchena va a ser un elemento más polémico. Aquí y fuera de nuestras fronteras.

La prolongación del actual CGPJ y de Lesmes

Una de las escasas virtudes del pacto entre el PP y el PSOE era que, contrariamente a otras ocasiones, se iba a cumplir la ley renovando a tiempo un importante órgano del Estado que exige un consenso muy relevante (las tres quintas partes del Congreso y del Senado). Es evidente que en el contexto actual la exigencia de una mayoría tan amplia no podía ser fruto del angelismo de los partidos, pero como mínimo esta vez no se iba a producir el inconveniente y pornográfico aplazamiento de la renovación que se dio en anteriores ocasiones, tanto para el CGPJ como para el Constitucional. En este último caso —no es ni un detalle menor ni una casualidad—, precisamente cuando estaba en discusión el Estatut de Cataluña de 2006.

Ahora, un Supremo presidido por Carlos Lesmes, que no se ha distinguido por su acierto —ahí está el muy reciente caso del impuesto de las hipotecas en la Sala Tercera—, va a continuar en funciones indefinidamente. Posiblemente hasta las nuevas elecciones y la difícil conformación de las mayorías y los pactos que las seguirán. Y lo mas probable es que Lesmes no renuncie como ha hecho Marchena. Tampoco es seguro que fuera lo mejor, pero un CGPJ y un presidente del Supremo prorrogados no contribuirán al buen funcionamiento de la Justicia.

La Justicia y la política no pueden ser ajenas

Los tres poderes del Estado de Montesquieu —el legislativo, el ejecutivo y el judicial—, piense lo que piense Alfonso Guerra, deben seguir siendo lo más independientes posible, pero hay una indudable relación entre ellos que es imposible negar y que sería infantil querer evitar. El legislativo elige (en los regímenes parlamentarios) o condiciona (en los presidenciales) al ejecutivo. Y el legislativo y el ejecutivo influyen en la designación de los jueces o de los órganos de gobierno de los jueces.

Eso es así en España y en muchas otras democracias, y tiene efectos colaterales. Y solo hay que ver lo que pasa en Estados Unidos, una de las democracias más añejas del mundo, cuando hay que renovar uno de los nueve jueces del Supremo que, con carácter vitalicio, nombra el presidente americano, pero tiene que ser aprobado por el Senado. Recordemos que Obama no pudo hacer un nombramiento que le correspondía porque el Senado, controlado por los republicanos, lo impidió. Faltaba solo un año para las presidenciales y el Partido Republicano prefería esperar, porque si las ganaba podría designar un juez conservador. Y ahí están las recientes batallas de los nombramientos de Trump que dicen que aseguran el dominio de la derecha en el Supremo para muchos años.

Preocupémonos, pues —que motivos hay—, por lo que acaba de pasar, pero no nos rasguemos las vestiduras más de lo objetivamente necesario porque en todas partes cuecen habas. Y hay senadores americanos que deben pensar a la manera de Cosidó. En la política, el descaro impenitente también existe y Trump lo demuestra cada día. La diferencia es que Trump ha sido elegido (con un sistema electoral peculiar, pues Hillary tuvo mas votos) y Cosidó parece que solo debe su fortuna política al favor de Cospedal.

Los jueces son independientes

Pero una cosa es que los órganos de gobierno de los jueces estén influenciados por los políticos —y que incluso algunos (o bastantes) jueces lo tengan en cuenta— y otra que no haya independencia judicial.

Cada juez —seleccionado por oposición— es independiente si quiere y en función de su conciencia, otra cosa es que pueda no ser lo más cómodo. Y en España está claro. La mayoría de los jueces actúan con independencia según su leal saber y entender (que pese a ser independiente puede ser equivocado). Lo vemos cada día en la mayoría de las sentencias.

Una cosa es que los órganos de gobierno de los jueces estén influenciados por los políticos y otra que no haya independencia judicial

Un caso curioso es el del juez Garzón (exjuez). Con independencia del juicio que tengamos sobre él, es evidente que plantó cara al Gobierno socialista con su instrucción del caso GAL. Y luego fue gracias a él que nos enteramos del caso Gürtel. Podríamos decir que el discutido juez Garzón (exjuez) está en el origen de los problemas que han tenido los dos grandes partidos españoles (PSOE y PP) y tres presidentes que tuvieron mayoría absoluta: Felipe González, Aznar y Rajoy. No siempre el juez Garzón actuó correctamente (según dictaminó la Justicia), pero no hay duda de que fue independiente del poder ejecutivo.

La influencia de los políticos en el nombramiento de los órganos de gobierno de los jueces quizá no ayuda, pero no impide la independencia judicial.

Cómo elegir el órgano de gobierno de los jueces

Estos días, la tentación fácil será decir que los políticos —culpables de todo, al menos los contrarios— no deben intervenir en la elección de los órganos de gobierno de los jueces, o en la designación del presidente del Supremo, o de los miembros del Tribunal Constitucional. Pero no es lo que pasa en la mayoría de los países (otra cosa es su grado de influencia) y además sería una equivocación.

La Justicia es un poder del Estado y no puede quedar prisionera del corporativismo judicial. Los jueces deben ser independientes, pero la profesión (la corporación) no puede tener la exclusiva de uno de los tres poderes del Estado.

La politización no viene solo de los políticos sino también de adscripciones ideológicas de los jueces, que no pueden militar en un partido, pero sí razonar

Además, la politización judicial no viene solo de los políticos sino también de las adscripciones ideológicas de los jueces, que no pueden militar en un partido, pero sí razonar. Y no se puede prohibir que el pensamiento sea sesgado o incluso sectario. ¿Sería más ecuánime, justa y profesional una selección de los jueces en la que las asociaciones (o sindicatos) judiciales fuertemente ideologizadas, como la APM o Juezas y Jueces para la Democracia, eligieran y se repartieran los órganos de gobierno de los jueces?

El sectarismo y el amiguismo de las camarillas no es —ni mucho menos— una exclusiva de los políticos profesionales.

Otra cosa es que en España, gracias al sistema electoral de listas y a la ausencia de diputados de distrito —una anomalía en las grandes democracias—, el poder de las cúpulas políticas, no solo sobre los jueces sino incluso sobre los diputados, no sea excesivo. Y que esas cúpulas —el caso de Ignacio Cosidó, en cuestión por haber favorecido al PP como director general de la Policía con una investigación sobre Bárcenas, lo ilustra— sean muy mejorables. Pero de eso hablaremos otro día.

Confidencias Catalanas

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