¿Vuelve la pinza?

En los finales del gobierno de Felipe González se habló mucho de algo que se definió como 'la pinza'. El pacto no escrito por el que desde posiciones radicalmente contrarias el PP de Aznar y la IU de Julio Anguita coordinaban ciertas actuaciones para reforzarse mutuamente en el acoso y derribo al Gobierno socialista. La famosa pinza PP-IU nunca fue explícitamente admitida por sus protagonistas, aunque sí tuvo un intelectual orgánico —'El Mundo' de Pedro J. Ramirez— que la argumentó: la corrupción (Filesa, Juan Guerra, Luis Roldán y Mariano Rubio) y el ataque a las libertades (el GAL y TVE) habían llegado a tal extremo que el primer imperativo de los partidos democráticos, con independencia de la ideología, era liberar España de la dictadura felipista del PRI-PSOE.

El hecho es que la costumbre democrática de la alternancia —más que la pinza o las operaciones mediáticas al abrigo de Mario Conde que explicó Luis María Anson— llevaron a “la dulce derrota” socialista de 1996. Habían pasado casi 14 años desde aquella mayoría absoluta de 202 diputados de 1982 que llevó a Felipe González al poder y que confirmó que la monarquía de Juan Carlos I era constitucional y democrática: la izquierda volvía a gobernar por primera vez desde el fin de la Guerra Civil en 1939.

Han pasado muchos años, ahora vivimos tiempos líquidos en que las ideologías tienen contornos más fluidos y las cosas transcurren a un ritmo mucho más rápido, de vértigo, y con menos necesidad de intelectuales orgánicos a lo Gramsci ni de justificaciones teóricas. La acción política esta justificada siempre si el objetivo es llegar al poder o destruir al adversario o ambas cosas a la vez.

El centro-derecha parece creer que acusar a Sánchez de ser cómplice de los golpistas es lo que más puede debilitarle

Y así empieza, a solo seis meses —nada de 14 años— de su llegada al poder, se está empezando a visualizar una nueva pinza —más líquida y descarnada que la de Aznar y Anguita— contra Pedro Sánchez y la política de desinflamación.

Desde hace algunas semanas, el ataque principal del 'no bloque' de centro-derecha a Pedro Sánchez no es ya su tesis doctoral, ni el salario mínimo ni la subida de impuestos, sino el ser cómplice de los golpistas, porque está condenado a pagar y a servir —presionando a la Justicia, como se ha demostrado cuando la Abogacía del Estado ha prescindido de la rebelión en sus conclusiones sobre el juicio del 27-O— a los independentistas. No solo por el apoyo a la moción de censura contra Rajoy sino porque los necesita para mantenerse en el poder. Casado y Rivera, revueltos pero no juntos, martillean que Sánchez es “cómplice de los golpistas” en una actitud que contrasta con el apoyo del PSOE de Sánchez (no el de Rubalcaba ni el de Susana Díaz) a la aplicación del 155 en Cataluña.

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Sánchez es acusado de romper la unidad del constitucionalismo porque Casado y Rivera han concluido que el anticatalanismo es eficaz para acomplejar y debilitar al PSOE en el resto de España. Rajoy ya cayó en esa tentación poco después de que Zapatero llegara al poder, pero ZP no sucumbió por el Estatut ni por la negociación con ETA —pese al ruido ensordecedor y a las muchas manifestaciones convocadas— sino por la peor crisis económica internacional desde 1929. Y por la falta de coraje —que todavía perdura— en defender lo que se había hecho y que la economía española necesitaba con extrema urgencia en aquel momento. Zapatero no vio venir la crisis. Claro, como el BCE que subía tipos de interés cuatro meses antes de la crisis de Lehman Brothers.

Pero volvamos a los tiempos líquidos. Como se ha visto repetidamente, en el Parlamento y el lunes en el debate en TVE de la campaña andaluza, decir que Sánchez está aliado con los políticos independentistas es la gran arma del centro-derecha. Albert Rivera —para desespero de su candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls— incluso ha atacado a Sánchez acusándole de hacer demasiado caso a Miquel Iceta, un independentista peligroso que es acusado por los secesionistas —día sí, día también— de 'botifler' y de vendido al españolismo.

No es una conducta racional por parte del PP y de Cs porque todas las encuestas indican que la desinflamación está contribuyendo al descenso de la tensión en Cataluña. El domingo comentaba la última encuesta del CEO de la Generalitat. En un año, la nota que obtiene el Gobierno catalán ha bajado un punto, de un casi aprobado (4,73) a un suspenso claro (3,73). Por el contrario, la del Gobierno español ha subido mas de un punto, de un vergonzoso 1,73 a un famélico 2,99. Pero el diferencial entre la valoración de los dos gobiernos ha pasado de tres puntos a menos de uno (0,73). Parece que la desafección, de la que alertó Montilla en 2008, ha iniciado una tímida marcha atrás.

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Quizás es por eso que se empieza a visualizar una pinza contra la desinflamación. Casado y Rivera creen que Sánchez merece ser derribado por complicidad con los golpistas. Y los independentistas también parece que disparan contra la desinflamación. La semana pasada, Joan Tardà, un político de lo mejor de ERC y muy próximo a Junqueras, reaccionó en el Congreso con vehemencia contra Rivera y Casado diciendo que se habían sobrepasado todos los límites y que cada vez que alguien les acusara de 'golpistas' reaccionarían llamándole 'fascista'. Lo inaudito es que al día siguiente Gabriel Rufián, un político de lo peor de ERC, dijo que Josep Borrell, el ministro de Exteriores del presidente que es acusado de ser cómplice de los golpistas, es el ministro más indigno de la historia de la democracia española. ¿Añoraba a García Margallo?

Y respecto a la estabilidad del Gobierno Sánchez, que quiere desinflamar y negociar, ERC no solo no votará los Presupuestos —está evidentemente en todo su derecho— sino que se niega incluso a sentarse a negociar las cuentas porque la Fiscalía del Supremo —que, como sabemos, es el brazo ejecutor de la ministra de Justicia— ha mantenido la acusación de rebelión contra nueve dirigentes independentistas. Tan curioso que el ministro Abalos, en las jornadas económicas de S'Agaró el pasado viernes, se permitió afirmar que si el Gobierno y los independentistas eran aliados, lo disimulaban rematadamente bien.

¿Tanto molesta la desinflamación al independentismo? Parece que sí, porque el 'president' Torra ha contestado a la sugerencia de una entrevista con Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros que en principio se debía celebrar en Barcelona el próximo 21 de diciembre, proponiendo en voz alta —y sin propuesta previa de orden del día— una reunión bilateral de Gobierno a Gobierno, de igual a igual.

Parece que al apoderado de Puigdemont en Barcelona no le interesa que Pedro Sánchez visite la ciudad. Era más previsible que la actitud de Rufián en el Congreso. Lo más curioso es que ante el no sin alharacas a dicha reunión, Torra haya dado un paso hacia la moderación, al proponer que Sánchez vaya al Parlament a explicar su propuesta sobre Cataluña —si la tiene— y que después el Parlament, el único soberano según la doctrina Torra, se pronuncie sobre la propuesta.

Es evidente que Torra —sin expresarlo directamente y utilizando solo la mala educación— intenta que el Consejo de Ministros de España no se reúna en Barcelona. Es algo coherente con su maximalismo, pero que confirma que está contra la desinflamación.

En 2018, la pinza no busca acabar con la ocupación del poder durante casi 14 años por Felipe González. Ahora la pinza líquida entre el dividido centro-derecha español (Casado y Rivera) y el independentismo mal avenido (Junqueras, Puigdemont y Torra) es contra los seis meses de la política de desinflamación de Pedro Sánchez, que algún modesto resultado ha dado.

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