Sánchez persiste: desinflamación

Pedro Sánchez ha sido acusado de cortoplacista. En política, el cortoplacismo es criticable si indica ausencia de proyecto, pero en parte es inevitable: si un día te matan, es imposible, o muy difícil, revivir. Sí, ahí está Winston Churchill, pero Churchill era Churchill y solo le fue posible cuando se comprobó que su análisis de Hitler era el correcto.

Pedro Sánchez resiste e insiste, está en sus objetivos. Un cortoplacista puro habría disuelto a primeros de septiembre con el "gobierno bonito" en el activo y cuando las encuestas le daban 130 escaños frente a los 84 actuales. No lo hizo —y quizás se equivocó— ha persistido en los dos ejes de su política. Uno, la corrección socialdemócrata de los efectos de la crisis (con complicidad con los sindicatos), sin romper el equilibrio presupuestario y los pactos con Bruselas (las ministras Montero y Calviño).

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Pero si este objetivo no es fácil, el segundo, la desinflamación en Cataluña, es no solo más complicado, sino endemoniado. Desinflamar Cataluña, donde el soberanismo ha tenido el 47% del voto en tres elecciones consecutivas (2012, 2015 y 2017) es difícil. Y además Cataluña es un problema permanente que se ha envenenado desde el Estatut del 2006 y ha inflamado a toda España desde el primer intento de referéndum de autodeterminación en el 2014.

Los dos objetivos de Sánchez están íntimamente ligados. Para gobernar necesita presupuestos y para tener presupuestos precisa que la coalición del no a Rajoy, de la moción de censura, se transforme en una mayoría algo trabada que permita que las dos formaciones independentistas no reprueben —junto al PP y Cs— los presupuestos del 2019. Pero el secesionismo —dividido y con dificultades de revisión porque pese a que la DUI se estrelló contra el 155, luego ganó las elecciones— mira a Sánchez con interés y desconfianza. Por una parte, le conviene porque desinflamar implica negociar y pactar. Por la otra, le repele porque la desinflamación puede hacer ganar atractivo a alguna especie de tercera vía y acabar dilatando o enterrando la independencia.

El independentismo no firmó la Constitución, pero sí que cualquier solución exige respetar la seguridad jurídica

Tras una etapa inicial de distensión en la que el secesionismo le tanteó e intento forzarle a ciertas decisiones, llegó el choque. Torra amenazó con derribarle si en noviembre no había una oferta de algo similar a un referéndum de autodeterminación. Era un golpe a su línea de flotación, pero no demasiado grave porque Torra ya estaba crecientemente aislado (incluso dentro de JpC y solo se mantiene por Puigdemont), pero luego ERC lanzó su apuesta: solo habría presupuestos si la Fiscalía modificaba la acusación de rebelión contra nueve presos independentistas (entre ellos Junqueras y Jordi Sánchez, el número dos de JpC). ¿ERC querían asesinarlo al igual que el puigdemontismo? No, porque es más realista, pero sí creía que podría obligarle a hacer cambiar el criterio de la Fiscalía. Como el año pasado, seguía sin calibrar bien la pulsión unitaria de Madrid.

Con ERC apostando por el no a los presupuestos y Torra lanzado al maximalismo verbal (aliento a los CDR e invocación de la vía eslovena), Sánchez quedó en máximo peligro. Parecía que irremisiblemente se quedaba sin presupuestos, tenía un Consejo de Ministros en Barcelona que no podía desconvocar porque sería el fracaso de la desinflamación, Torra exasperaba a gran parte de la población española, el resultado andaluz demostraba que hay una España también inflamada contra la larga crisis catalana…

Sin presupuestos, con Vox en el escenario y Casado y Rivera exigiendo un 155 inmediato y más duro, Sánchez corría el serio riesgo de tener que constatar que el independentismo era intratable, lo que le forzaba a convocar elecciones a primeros de año. Había perdido el impulso del "gobierno bonito" y todavía no tenía obra de gobierno. Había vivido un trimestre de gran desgaste y, aunque las encuestas le siguen dando ganador (en la de El Confidencial solo había perdido un 0,7% desde septiembre), el panorama no era el esperado. Y surgía la amenaza de un tripartito de derechas si crecía la inflamación del resto de España contra el desgobierno catalán.

No hay razones válidas para otro 155 (el verbalismo anticonstitucional no rompe el ordenamiento jurídico), sí lo hay para cierta exasperación con el separatismo que preocupa a una parte de los barones socialistas que tienen elecciones en mayo.

Celebrar un Consejo de Ministros con la aprobación (en parte forzada) del gobierno secesionista, pero elegido constitucionalmente, es diferente a rendirse

Pero el Consejo de Ministros de Barcelona, que podía ser su tumba y que está siendo muy criticado por el dúo Casado-Rivera, no solo no le ha matado, sino que puede haberle dado aire. El secesionismo más calculador (el de ERC y el de Jordi Sánchez, que no se entienden entre sí) le ha ordenado a Torra que no rompa la baraja. Están irritados con Sánchez porque querrían condicionarlo y no lo consiguen, pero constatan que es el mal menor. Por eso Elsa Artadi —que tiene la imposible función de conectar y obedecer a Puigdemont, cuidar que Torra no se desmande demasiado, escuchar a Jordi Sánchez, número dos de JpC, y pactar con ERC (Pere Aragonès)— dijo hace tres semanas que el Consejo de Ministros en Barcelona era una provocación. Ahora ha sido —junto al vicepresidente Pere Aragonès de ERC, un político a seguir— uno de los motores que ha hecho posible que la reunión del Gobierno español en Barcelona transcurra en un clima de cierta distensión cuando faltan muy pocos días para que se inicie el juicio contra dieciocho dirigentes independentistas en el Supremo, un juicio que será sin duda el más polémico de la democracia española y en el que la acusación de rebelión es muy discutida, tanto en Cataluña como en España (menos) y en Europa.

El juicio, que según Torra debía ser un momento de máxima exaltación, vendrá precedido pues por un acuerdo razonable entre el secesionismo y el Gobierno de España que marca una laxa hoja de ruta en la que ni se habla de presos ni de sublevación. El comunicado, laboriosamente negociado, constata la existencia de un conflicto sobre el futuro y de divergencias sobre las razones de la crisis (una evidencia), pero hace una apuesta por un "diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo de la sociedad catalana" (amplio, debe ser más cercano al 66% que al 47%) y que ello debe hacerse en el marco de la seguridad jurídica (el secesionismo no ha firmado la Constitución, pero la única seguridad jurídica es la ley).

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Hablar pues de la rendición de Pedralbes es negar la realidad. El secesionismo ha reconocido que no tiene fuerza (otra cosa son las ganas) para reincidir en la vía unilateral. Celebrar un Consejo de Ministros con práctica normalidad y la aprobación (en parte forzada) del gobierno secesionista pero elegido constitucionalmente, es muy diferente a rendirse.

En Barcelona ha habido protestas y la 'Llotja', la sede histórica de la Cámara de Comercio (la 'Cambra'), tuvo fuerte protección policial. Pero es que la Llotja está en el centro histórico de la ciudad.

La reunión del Gobierno en Barcelona se desarrolló con bastante normalidad a pocos días de que empiece el juicio a los dirigentes independentistas

¿Se imaginan la protección que habría tenido que tener un Consejo de Ministros en la plaza Mayor de Madrid en pleno 15-M? Pero la violencia no fue la nota principal del día ni la dominante en las manifestaciones de protesta. Una relativa normalidad se impuso pese al corte de carreteras que provocó una disminución del tráfico y la manifestación de protesta de la tarde, que reunió a 40.000 personas según la Guardia Urbana, fue pacífica. 40.000 manifestantes son muchos, pero nada que ver con las cifras cercanas al millón que se contabilizaban en otras ocasiones.

La conclusión es que hubo protestas contra la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona en vísperas del polémico juicio, pero que las protestas no movilizaron a nada cercano a la mayoría de la población catalana. Sánchez ha desinflamado. Por eso Artadi —que no quiere admitir la normalidad de un Consejo de Ministros en Barcelona— dijo luego que la reunión no había sido trascendente y que las molestias causadas a los ciudadanos no habían valido la pena.

Por eso ninguneó medidas simbólicas de distensión como la condena del juicio y asesinato del 'president' Companys que, refugiado en Francia, fue entregado por la Gestapo a Franco en 1939. O la nueva denominación como Josep Tarradellas del aeropuerto de El Prat. Tarradellas fue un sucesor de Companys en el exilio que regresó a España en 1977, tras ser reconocido como presidente de la Generalitat provisional por el gobierno de Adolfo Suárez, después de las primeras elecciones democráticas y antes de la Constitución. Tarradellas presidió un gobierno de unidad —desde la UCD al PSUC, el partido de los comunistas catalanes— y, aunque de ERC, su praxis política no fue separatista. El gobierno Torra no simpatiza con la política de Tarradellas, pero no puede negar que fue el presidente de la Generalitat republicana y por eso se queja alegando solo falta de consenso. Pero la competencia es del Gobierno central y Sánchez lo quiso dejar claro al mismo tiempo que enviaba dos señales de reconocimiento del catalanismo en las personas de Companys y Tarradellas.

Ada Colau asistió por primera vez a la cena del Foment y lanzó un claro mensaje de voluntad de concordia

El Consejo de Ministros también fue un éxito porque lo aplaudió una parte relevante de la sociedad catalana —el empresariado del Foment— que se adelantó a la decisión de la Generalitat e invitó a Sánchez y a cinco ministros a la cena anual de Foment en la que se otorga el premio Carles Ferrer Salat. La Generalitat no podía tampoco poner mala cara a la visita del presidente de un Gobierno que era además el invitado del Foment a una cena que reunió según su presidente, Josep Sánchez-Llibre al 60% del PIB catalán. No asistir —Torra se resistió hasta el último minuto— era admitir que el empresariado catalán y buena parte de la sociedad civil estaban más cerca del gobierno de Madrid que del de la Generalitat. Asistir era aceptar que sus discursos son ensoñaciones.

La cuestión de fondo es que la mayoría del 'establishment' catalán no quiere la independencia o, como mínimo no la quiere si implica una ruptura de la legalidad, pero tampoco desea otro 155 traumático y la destitución, por segunda vez en un año, del gobierno de Cataluña legalmente elegido. Por eso cree que la política de desinflamación —aunque difícil y lenta— es la única posible. Y en la cena no hubo solo empresarios, sino que contó con la significativa asistencia de los secretarios generales de CC.OO y UGT en Cataluña y, por primera vez, de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que pronunció un astuto discurso que fue una inteligente llamando a la concordia. De alguna forma el Foment, la sociedad civil, los sindicatos y la alcaldesa antisistema le indicaban al independentismo que la ruptura era imposible e inconveniente.

El 'president' Torra habló en términos moderados, pero con alguna referencia a un supuesto consenso republicano en la sociedad catalana que provocó murmullos. Torra quiso estar, pero también marchar antes del final alegando su participación, comprometida con anterioridad, en un evento cultural. Estuvo a su pesar y marcó alguna distancia. Fue aplaudido cortésmente, pero menos que Pedro Sánchez que habló luego e insistió en que la situación exigía diálogo, diálogo y… más diálogo.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, lanzó a los empresarios catalanes un emotivo "os necesitamos, sois el 20% del PIB"

No obstante, lo más relevante fue el discurso del nuevo presidente del Foment —y vicepresidente de la CEOE— Josep Sánchez-Llibre que afirmó que la economía iba bien pero que necesitaba estabilidad política y que ello exigía la aprobación de los presupuestos del 2019, tanto del Estado como de la Generalitat. Sánchez-Llibre se desmarcaba así tanto del independentismo radical como de la posición del PP y Cs que exigen elecciones inmediatas y la aplicación de un nuevo 155. El empresariado catalán viene a decir que —sin sostener, ni mucho menos, el programa de Sánchez— cree que lo conveniente en este momento —o como mínimo lo menos malo— es mantener la estabilidad política.

Antes de Sánchez-Llibre habló el también nuevo presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, con un breve y medido discurso. No habló de presupuestos, pero empezó con un emotivo "Os necesitamos" que recordó el mensaje de Gordon Brown cuando el referéndum escocés del 2014: "Cataluña es el 20% de la economía española, sois parte fundamental del proyecto común. Queremos diálogo, responsabilidad y moderación. Todo se puede hacer dentro de la ley. Vamos a estar y vamos a apoyar que esto pase".

Garamendi ha dejado claro que no le gustan los presupuestos del 2019 pero el “os necesitamos” y el “todo se puede hacer dentro de la ley” no sonó demasiado lejano al “ley y diálogo” de Pedro Sánchez.

¿Se desmarca algo el empresariado español de la actitud hacia Cataluña de Casado y Rivera? Al menos ni Sánchez-Llibre ni Garamendi tuvieron ningún inconveniente en sentarse en la misma mesa con el hombre que, según Casado, tiene secuestrados a los catalanes.