La gimnasia y la magnesia

Un mayor equilibrio de la inversión del Estado no es una exigencia independentista sino algo reivindicado por toda Cataluña

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), entrega el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. (EFE)
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), entrega el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. (EFE)

La decisión final de los dos grupos secesionistas —ERC y el PDeCAT— sobre los Presupuestos de Pedro Sánchez está en el aire. No lo sabremos, como pronto, hasta mediados de febrero, cuando se voten las enmiendas a la totalidad, y no se puede descartar que estos grupos presenten dichas enmiendas y las acaben retirando en el último momento.

Para el independentismo, hacer la pinza en un frente contra los Presupuestos con el PP y Cs podría tener un alto coste político. Pero Puigdemont quiere tumbarlos y costará que el PDeCAT vuelva a desobedecer a Puigdemont, pese a la presión casi unánime —el Foment y la Cambra— del empresariado catalán. Y si el PDeCAT no los vota pese a la clarísima toma de posición de Andreu Mas Collell —antiguo 'conseller' de Jordi Pujol y de Artur Mas— en el 'Ara', ERC tampoco lo hará. Porque no querrá asumir el coste de romper la unidad independentista y porque no serviría para nada, ya que se precisan los 17 votos de los dos grupos independentistas, no solo los nueve de ERC.

Pero hoy quisiera llamar la atención sobre algo menos relevante a corto plazo pero que puede ser muy grave para el clima político y la unidad de España a medio y largo plazo. Me refiero a la actitud del PP y de parte de la opinión publica conservadora de Madrid ante las partidas previstas en los Presupuestos para la inversión en Cataluña.

La inversión del Estado en Cataluña ha sido siempre inferior a la proporción del PIB catalán sobre el del Estado

Es legítimo que el PP quiera echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. E incluso que recurriera —si los hubiera— a los diputados de Vox, como está haciendo en el Parlamento andaluz para evitar que gobierne el PSOE, que fue la lista más votada. Y es normal y legítimo que para ello ataque las partidas presupuestarias. Pero no lo es que recurra irresponsablemente a confundir la gimnasia con la magnesia, expresión que era muy usada en España y que ha caído en cierto desuso.

No se puede decir que la inversión prevista del Estado en Cataluña para 2019, 2.051 millones con un incremento del 52%, frente a un aumento medio de la inversión regionalizable del 21%, sea una inadmisible cesión a Torra o al independentismo. Porque no lo es. En un Estado autonómico, es lógico que la inversión del Estado en las diferentes comunidades sea equilibrada. Los ultraliberales podrán argüir que se debería invertir mas en aquellas regiones —como Cataluña o Madrid— que están más desarrolladas y tienen mas capacidad de crecer. Dirían que el crecimiento de ellas acabará arrastrando al resto de autonomías. Nada más inseguro. Por el contrario, los mas redistribuidores dirán que la prioridad es corregir los desequilibrios y que ello exige invertir más en las de menor renta per cápita, como Andalucía o Extremadura.

En un Estado autonómico —con parlamentos autonómicos—, lo prudente y racional es mantener —no año a año, que es difícil porque una gran infraestructura consume mucho gasto público— un equilibrio plurianual que intente no desviarse de la proporción entre el PIB cada región y el PIB nacional.

Por eso, era un contrasentido que el porcentaje de la inversión del Estado en Cataluña fuera sistemáticamente inferior a la proporción del PIB catalán sobre el español. Desde el año 2000, y según las cifras del Ministerio de Hacienda, la inversión del Estado en Cataluña siempre ha estado bastante por debajo del 18,5% que es 'grosso modo', el porcentaje del PIB catalán sobre el español. Y la inversión ha llegado a proporciones tan bajas como el 9,6% o el 9,5% en dos años sucesivos. Por eso la mayoría de las fuerzas políticas catalanas y las organizaciones empresariales como el Foment, Pimec o la Cambra exigían que se pusiera fin a una práctica que penaliza a Cataluña, que es un obstáculo a su crecimiento y que, justificada quizás por criterios redistributivos durante un periodo limitado de tiempo, no debía convertirse en algo 'de facto' permanente, como está ocurriendo. No es una reivindicación independentista sino muy mayoritaria en Cataluña, ya que una sistemática menor inversión lastra el crecimiento y el bienestar ciudadano.

La disposición adicional del Estatut sobre la inversión del Estado fue aprobada por el Parlamento español y tenía lógica

Por eso, para compensar, el Parlamento español aprobó una disposición adicional del Estatut que decía que durante unos años la inversión del Estado debía equivaler a la aportación catalana al PIB. Y entonces —en 2006—, el independentismo tenía el apoyo de menos del 20% del electorado catalán (ahora es del 47%).

Lo que pasó es que el Tribunal Constitucional dijo que esta cláusula no podía limitar la soberanía del Parlamento español al votar cada año el Presupuesto. Tiene lógica que no limite, pero no que no pueda ser un pacto político y que no sea conveniente. Además, llegaron la crisis política entre la Generalitat y el Gobierno del Estado, la crisis fiscal que hizo que España estuviera a punto de ser rescatada, la campaña contra el Estatut y luego el progreso del independentismo, y la cláusula no solo no se respetó sino que se olvidó completamente. Y el déficit de inversiones —por ejemplo, en los trenes de Cercanías— favoreció la propaganda independentista.

Es lógico pues que cualquier política —de Pedro Sánchez o del moro Muza— que quiera desinflamar las tensas relaciones entre Cataluña y el resto del Estado preste una gran atención a las inversiones del Estado en Cataluña. Es lo que hace el proyecto de Presupuestos de 2019 que, tras el fuerte aumento anual de un 52%, dedica un 16,8% de la inversión regionalizable a Cataluña. Porcentaje que es todavía inferior al 18,5%, la proporción del PIB catalán sobre el PIB español.

Además, no se acaba con el criterio redistributivo —muchas veces, justificado no solo por el grado menor de desarrollo sino también por los costes derivados de la gran extensión de algunas regiones—, ya que la inversión per cápita en Cataluña es de 278 euros frente a los 454 de Castilla y León (comunidad muy extensa y despoblada), los 458 de Castilla-La Mancha, o los 280 de Galicia y 287 de Asturias.

El PP se equivoca, pues, mucho cuando dice —en base a las inversiones del Estado— que estamos ante los Presupuestos de Torra, que son una cesión al independentismo. La demagogia anticatalana con la inversión del Estado no ayudará nada a restablecer los vínculos de confianza y de pertenencia a un proyecto común, sino todo lo contrario.

Puigdemont se reúne con la ejecutiva del PDeCAT en Waterloo. (EFE)
Puigdemont se reúne con la ejecutiva del PDeCAT en Waterloo. (EFE)

Y lo más grave de esta actitud es que se está generalizando en parte de la opinión pública española. No es solo el PP, sino que el diario tradicional de la derecha española, el 'ABC', abría su portada ayer diciendo: “El golpismo tiene premio. El Gobierno dedica a Cataluña un 66% más en infraestructuras para ganarse el apoyo de Torra”. Y El Mundo no se quedaba corto: “Sanchez riega de millones al separatismo”. A su lado, el económico 'Expansión' ganaba el premio al equilibrio porque se limitaba a titular: “Récord de gasto y regalo a Cataluña”. Decir que la inversión del Estado en Cataluña premia a los golpistas es despreciar a los ciudadanos de Cataluña.

El PP puede —es en parte un deber de la oposición— intentar hacer la vida difícil al Gobierno. Pero debe ser consciente de que hacer demagogia sobre la inversión pública en Cataluña es dinamitar la unidad nacional (porque Cataluña es una parte del Estado, con los mismos derechos que Castilla o Andalucía). No vaya a ser que los unitaristas se conviertan en separadores y acaben siendo más peligrosos y subversivos que los separatistas.

Por cierto, en 2003, los Presupuestos de Aznar dedicaron el 15,9% de la inversión del Estado a Cataluña (el porcentaje más alto hasta el 16,8% del proyecto de este año). Entonces a nadie —que recuerde— se le ocurrió decir que Aznar compraba el apoyo de Pujol, entre otras cosas porque Aznar tenía mayoría absoluta. La diferencia es que entonces el PP gobernaba y pensaba seguir gobernando, y ahora está conmocionado por la práctica de la moción de censura constructiva, un mecanismo constitucional.

Confidencias Catalanas
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