¿Nos lo podíamos haber evitado?
El juicio contra el independentismo se convertirá en un 'striptease' mundial del Supremo y de la democracia española. Y la sentencia definitiva será la de Europa
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Ya está aquí. Ya ha llegado el juicio que para unos españoles —los independentistas catalanes— demuestra que nuestra democracia tiene demasiados tics autoritarios y para otros (no todos) va a impartir justicia contra los autores de un golpe de Estado acusados de rebelión.
El juicio durará más de tres meses y alterará la normalidad hasta —como mínimo— la sentencia española que se espera para finales de junio. Luego vendrá la europea. Comparecerán 500 testigos, entre ellos el expresidente Rajoy, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el lendakari Urkullu y Josep Lluís Trapero, el exjefe de la policía catalana, acusado también en otro proceso. Y será seguido por más de 150 periodistas de medio millar de medios nacionales y de todo el mundo. El Supremo español será pues objeto de atención mundial y la opinión pública internacional contemplará el 'striptease' de la democracia española en uno de sus momentos menos afortunados.
Habrá quien crea que la democracia española saldrá fortalecida. Habrá también quien crea —no sin razón— que la causa del independentismo nunca habría alcanzado tanta notoriedad. En mi opinión no beneficiará ni a la democracia española ni al progreso de Cataluña. Perderemos parte de la admiración mundial que logramos con la transición ejemplar de la dictadura de Franco a la democracia y apareceremos como un país dividido, muy conflictivo, más inestable y difícil de entender. ¿Beneficiará al progreso económico y social que tanto necesitamos después de la larga crisis?
¿Nos podíamos haber evitado un espectáculo que no nos va a beneficiar nada? Sí, si el espíritu de la transición de consensuar y de no enfrentar una España contra la otra no hubiera naufragado en la discusión del Estatut del 2006. Y de aquel naufragio hay culpables en todas partes. Quizás más en algunos sectores de la derecha.
El independentismo se equivocó gravemente el 27-O, Rajoy reaccionó con prudencia, pero el 'establishment' español debió tener más retranca
También, si el independentismo (heredero parcial del catalanismo) no hubiera confundido sus deseos (legítimos) con lo posible y hubiera tomado nota de que el 48% de catalanes de las elecciones plebiscitarias del 2015 (así fueron convocadas por Artur Mas) indicaba mucho apoyo, pero no configuraba una mayoría ciudadana, ni incluso de electores, y desde luego no autorizaba a hablar en nombre de toda Cataluña ni del más del 50% que no los habían votado.
Es evidente que con la declaración unilateral de octubre del 2017 el independentismo se equivocó gravemente. Como señala un atinado artículo de 'The Economist': "Aprobando leyes para permitir el referéndum y crear un nuevo Estado, el parlamento de Cataluña violó la Constitución e incluso su propio Estatut". Y lo más grave es que lo irreparable se pudo evitar hasta el último minuto. El independentismo sabía que la declaración de independencia sería papel mojado y por eso no llegó ni a arriar la bandera española de la Generalitat. En los días anteriores, el presidente Rajoy envió requerimientos a Puigdemont conminándole a admitir que en las declaraciones en las que hablaba de independencia no quería decir exactamente eso y que se lo creería. Y la madrugada anterior a lo irreparable, parecía que a través de la mediación del lendakari Urkullu —del que Rajoy dependía parlamentariamente— se había llegado a un positivo mal arreglo: Puigdemont convocaría elecciones y —convocadas elecciones— no habría suspensión de la autonomía.
¿Por qué el independentismo no hizo lo que le convenía ya que —tras los hechos del 1 de octubre— era casi seguro que habría revalidado la mayoría? ¿Por qué había enloquecido con su propia propaganda? ¿Por qué no se atrevió a confesar a sus electores y creyentes que —contra lo que había prometido— no se podía seguir adelante? ¿Por cálculo electoral, por qué el coste de desilusionar lo habría pagado Puigdemont —que daba marcha atrás— y ERC habría ganado las elecciones? ¿Por miedo a la reacción de la fiscalía, aunque se diera marcha atrás sin que Rajoy diese unas garantías que tampoco podía dar? Seguramente por un poco de todo, pero el independentismo se comportó el 27-O —como ya antes el 6 y 7 de setiembre— con una suicida ignorancia e irresponsabilidad.
La independencia judicial y la separación de poderes no es incompatible con las consultas
Pero tras la DUI, el Estado y el 'establishment' de Madrid podían haber reaccionado con más cautela y con una mayor retranca. Rajoy, con un 155 prudente y pactado con Pedro Sánchez, que convocaba elecciones en 55 días, estaba proclamando que una prioridad era que los catalanes expresaran su voluntad. Y en periodo electoral conviene alterar los ánimos lo menos posible, y habría sido lógico que la fiscalía y el poder judicial no se precipitaran. Los posibles delitos no prescribían en 55 días y las decisiones en caliente no eran necesarias porque el independentismo ya se había rendido. La prueba más evidente fue la huida —al parecer en un maletero— de Puigdemont.
¿Por qué precipitarse al acompañar la inevitable apertura de diligencias judiciales con prisiones provisionales incondicionales y sin fianza en pleno periodo electoral? ¿Hubieran sido otros los resultados si las candidaturas independentistas no hubieran tenido el plus de la prisión o el exilio de sus dirigentes? Son dos grandes interrogantes.
El poder judicial es independiente, pero en asuntos vitales para el Estado —el riesgo de separación de una CCAA con el 16% de la población estatal y el 19% del PIB lo es— la fiscalía no puede actuar solo mirando el código penal, con criterio de urgencia (si la urgencia ya no existe), y sin consultar con el ejecutivo en un caso de gran relevancia política. Es discutible, pero en asuntos de Estado (que desde luego no eran ni la Gürtel ni Filesa) la independencia judicial no debe ser confundida con el absolutismo judicial. En Estados Unidos —donde la Fiscalía no obedece al presidente como se está viendo con Trump—, el fiscal general es miembro del Gobierno federal. La independencia judicial y la separación de poderes no es incompatible con las consultas. Montesquieu debe seguir viviendo —pese al criterio del jacobino Alfonso Guerra— pero está reñido con el razonado intercambio de opiniones.
La opinión pública no manda —ni debe mandar— sobre la Justicia, pero no debe ser ignorada
¿Qué pasó? ¿Tuvo temor Rajoy de excederse indicando que se debía perturbar lo mínimo posible el proceso electoral? Puede ser porque la Fiscalía reaccionó con prepotencia y desprecio a la posterior petición del Gobierno (entonces del PP) de dejar en libertad provisional a Joaquim Forn. ¿La Fiscalía y el poder judicial no pensaron en consultar y actuaron solo con el código penal —en su versión rigorista— en la mano? ¿Actuaron conjuntamente el Gobierno y el poder judicial para escarmentar al independentismo como piensa una parte relevante de la opinión catalana?
No lo sé. Pero la acusación de rebelión es bastante discutible. Es indicativo que, en respuesta a la euroorden del juez Llarena, un alto tribunal de Alemania (la Meca del derecho penal y donde se han doctorado la mayoría de nuestros penalistas) haya contestado negativamente. Además, es la causa de las largas "condenas", prejudiciales, de 15 meses de prisión incondicional y sin fianza que han sufrido nueve de los doce acusados. La opinión pública no manda —ni debe mandar— sobre la Justicia, pero no debe ser ignorada. Y repetidas encuestas indican que la mayoría de la opinión catalana no comparte la creencia de que haya habido rebelión. Como muchos abogados de todo el mundo. Lo señala acertadamente 'The Economist', que no es un órgano subversivo, sino que está considerado la biblia del liberalismo político y económico anglosajón.
El Supremo español será el centro de una gran discusión internacional y es inevitable que toda sentencia condenatoria sea recurrida ante la Justicia europea, que será la que tenga la última palabra
Ha habido una violación del Estado de derecho por parte de un gobierno autonómico que jurídicamente se ha calificado de rebelión. Pero, el delito de rebelión estaba pensado para los golpes militares contra el orden constitucional, no para gobiernos autonómicos —que son de reciente creación— apoyados por el 47% de la población. Cuando se habla de golpe de Estado, el español medio, que es en quien reposa la democracia, piensa inmediatamente en Franco, Pinochet, el coronel Tejero o Milans del Bosch.
Por eso, quizás con un criterio menos rigorista de la Fiscalía y de la instrucción, la causa habría perdido virulencia, habría generado menos irritación social y nos habríamos podido evitar el triste espectáculo que empezará el próximo día 12 en el Supremo. O, como mínimo, reducido su trascendencia.
Pero el juicio es ya una realidad incontrovertible. Ahora la pregunta relevante es cómo podemos salir del gran embrollo lo menos negativamente posible. El Supremo español será el centro de una gran discusión internacional y es inevitable que toda sentencia condenatoria sea recurrida ante la Justicia europea, que será la que tenga la última palabra.
El Supremo debe actuar pues con la máxima imparcialidad y transparencia. Que se haya autorizado la transmisión de las sesiones por TV es muy positivo. Pero la instrucción del juez Llarena fue muy polémica y discutida, y la propia presidencia del tribunal se prestará a discusión. El magistrado Manuel Marchena renunció a presidir el Supremo porque Ignacio Cosidó, el portavoz del PP en el Senado, al que se atribuyen oscuras operaciones policiales en su anterior cargo en Interior, comunicó a sus senadores que —con Marchena— controlarían el juicio contra los dirigentes independentistas "desde atrás".
Las palabras del senador del PP, Ignacio Cosidó, sobre el presidente del tribunal dañan la imagen de imparcialidad del supremo español
Manuel Marchena, un magistrado al que nadie discute ni su brillantez ni su competencia profesional pero tampoco su inclinación conservadora, en un gesto que le honra, renunció inmediatamente a presidir el Supremo, pero seguirá presidiendo y comandando —como ya hacía antes— el tribunal sentenciador. Los abogados de las defensas denunciarán este hecho como un indicio de parcialidad y la prensa, los medios jurídicos —y después Estrasburgo— escudriñarán su comportamiento.
El prestigio del Supremo y de la democracia española en los medios internacionales y en los judiciales estará en función de la escrupulosidad del juicio y en la justificación y proporcionalidad de la sentencia. No se puede dudar que el juez Marchena será el primer interesado en atender satisfactoriamente estos requisitos.
Pero a ello y en su propio interés —como dicen en los aeropuertos— también deben contribuir las fuerzas políticas y sociales catalanas y del resto de España. En primer lugar, el independentismo. Es evidente que cuando el 'president' Torra —que afortunadamente no representa ni a ERC ni al PDeCAT, pero que fue elegido por estos partidos por imposición de Puigdemont— afirma repetidamente que Cataluña es una república, que España no es una democracia auténtica y que hay que buscar "el momentum" para otra declaración unilateral de independencia, quizás solo pretende ser aplaudido por los separatistas más radicales y por los miembros de su familia, pero no ayuda absolutamente nada a rebajar la tensión. Incluso puede ser instrumentalizado por la acusación popular de Vox y perjudicar gravemente a los encausados.
Cuando Casado y Rivera hablan de golpistas, dando por sentada la sentencia, crispan y fabrican argumentarios de la defensa ante Estrasburgo
Pero la responsabilidad alcanza también a la derecha española, que está utilizando la política de desinflamación con Cataluña para atacar a Pedro Sánchez y acusarle de un tejemaneje de presupuestos por presos negociado en las prisiones por Pablo Iglesias. Es evidente que repetidas acusaciones de este tipo por parte de partidos relevantes, ni ayudan a rebajar la crispación, ni contribuyen tampoco a dar una imagen tranquilizadora del sistema político español. Cuando Rivera o Casado hablan de golpistas con desenvoltura —dando por sentada la condena por rebelión— o exigen a Sánchez que, tras la condena, los encausados no vuelvan a Cataluña o no sean indultados, están elevando las pasiones y fabricando el argumentario de las defensas ante Estrasburgo.
Y, además, puede que políticamente la operación no sea rentable. La reciente encuesta del CIS dice que solo el 43% de los españoles creen que la situación en Cataluña vaya a tener consecuencias electorales. Y de ese 43% son bastantes más los que creen que convienen políticas orientadas al diálogo y la negociación que los que propugnan la mano dura.
Ya que no hemos evitado un juicio que será un gran espectáculo internacional durante varios meses, intentemos como mínimo que su desarrollo y desenlace no agraven ni la convivencia interna ni la imagen internacional de Cataluña y del resto de España.
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