Máxima tensión, mínima certeza

El juicio del Supremo que durará meses y los próximos procesos electorales hacen inevitable un periodo (¿corto?) de inestabilidad

Foto: Los 12 líderes independentistas acusados por el proceso soberanista catalán. (EFE)
Los 12 líderes independentistas acusados por el proceso soberanista catalán. (EFE)

Al menos desde 1975, la realidad española siempre ha sido algo mejor, como mínimo, que los peores augurios, aunque estuvieran fundados. Esperemos que esta vez vuelva a ser así, pero hoy el panorama se caracteriza por una tensión máxima y una certeza mínima. ¿Podremos remontar?

El telón de fondo —que ya describí el pasado domingo— es que casi media Cataluña —comprobado en tres elecciones catalanas sucesivas (2012, 2015 y 2017)— tiene confianza en líderes que creen que la solución es desconectar de España. Y la mitad de los españoles —al menos de los líderes a los que votan— cree que la solución es una aplicación rigurosa e indefinida del artículo 155, que de hecho podría convertirse en una suspensión de la autonomía catalana. Y alguien relevante —nada simpatizante del secesionismo— confesó ya en 2014 su miedo a que el conflicto acabara en la suspensión de la autonomía catalana, lo que pondría en riesgo la estabilidad de la democracia.

En el futuro inmediato, no se ven motivos que favorezcan un descenso de la crispación en Cataluña. Y entre derecha e izquierda

Lo peor es que hoy no se ven motivos de distensión. Por tres razones. Una, el juicio contra los dirigentes independentistas que puede incrementar el cisma interno y prolongarse con el recurso ante los tribunales europeos. Dos, la ruptura del diálogo entre los partidos secesionistas y el Gobierno Sánchez que puede enquistar o agravar el conflicto. Tres, unas inminentes elecciones generales en clave de enfrentamiento de todos contra todos y un posible resultado electoral que, fruto del gran fraccionamiento político, puede no ayudar a solucionar nada.

1. El juicio

Ayer empezó el juicio del Supremo. Es evidente que el 6 y 7 de setiembre de 2017, con la aprobación en el Parlamento catalán de las leyes de desconexión que violaban la Constitución y el Estatut, luego con el referéndum ilegal del 1-O y finalmente con la declaración unilateral del 27-O, se cometieron violaciones del Estado de derecho que obligaban al inicio de un proceso penal. Los dirigentes independentistas no solo violaron las leyes sino que cometieron errores mayúsculos. Otra cosa es si la calificación de los delitos —básicamente el de rebelión, que un alto tribunal alemán ha descartado— ha sido la jurídica y políticamente acertada. La calificación de rebelión y las largas prisiones provisionales incondicionales y sin fianza han crispado el ambiente y, junto con otras actuaciones judiciales discutibles —por ejemplo, la no aceptación de la entrega por Alemania de Puigdemont por un delito distinto al de rebelión—, hacen prever un recurso a los tribunales europeos que podría tener empantanada la resolución judicial del caso durante años. No contribuiría a la estabilización política.

Máxima tensión, mínima certeza

Ayer empezó el juicio con cierta normalidad y con protestas limitadas en Cataluña. Lo importante ahora es que el tribunal tenga un comportamiento garantista y transparente y que las sentencias finales sean proporcionadas.

Con un comportamiento menos aventurero por parte del independentismo —es absurdo hacer una declaración de independencia unilateral y anticonstitucional sabiendo que se pierde, y por eso se huye— y con una actuación menos precipitada de la Fiscalía y de la instrucción —no había urgencia, porque el 155 de Rajoy no tuvo resistencia, como explicaba bien hace unos días Bermúdez de Castro en el 'ABC'—, quizá la tensión sería menor y las cosas se podrían recomponer con más facilidad. No ha sido así y el juicio —el más relevante desde la recuperación de la democracia— gravitará sobre la política. Con cuánta intensidad, está por ver, pero será considerable.

2. La ruptura del diálogo

El segundo motivo de tensión y de incertidumbre es que el intento de negociación entre el Gobierno de Madrid y los partidos secesionistas ha acabado fracasando. Mal y con estrépito. A corto, habrá quien lo crea positivo porque piense que era una traición, un peligro o un error grave, o porque esté satisfecho —es legítimo— con el casi seguro acortamiento de la legislatura de Pedro Sánchez.

Lo preocupante es que ya son dos gobiernos —el de Rajoy y el de Sánchez— los que han fracasado en el diálogo con el independentismo

Pero miremos un poco más lejos del más rabioso corto plazo, porque en la hipótesis más larga, a la legislatura le quedaba solo un año. La realidad es que es la segunda vez en menos de dos años que fracasa un intento del Gobierno de Madrid de reconducir el conflicto con Cataluña a parámetros más racionales. La primera vez fue en 2017, con la operación diálogo de la vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría, que llegó tarde y mal pero que fue boicoteada por el independentismo, que se creía con más fuerza de la que tenía. El 47% del electorado y manifestaciones de un millón de personas varios años seguidos indican mucha fuerza, pero no están por encima de las leyes constitucionales ni pueden derrotar a la fuerza del Estado.

En este segundo fracaso —el de ahora— el culpable no es solo el independentismo. Claro que la política de desinflamación de Pedro Sánchez estaba muy influida por su debilidad parlamentaria. Pero la desinflamación es la única política racional a medio plazo, porque el 47% en tres elecciones seguidas (2012, 2015 y 2017) es mucho 47%. No se trata de concesiones sino de asumir una realidad, por molesta que pueda ser. Ahora, el independentismo —o una parte del independentismo encabezada por Puigdemont y Torra— ha boicoteado el diálogo. Solo así se puede entender que en el momento más delicado para el Gobierno de Madrid, Torra hiciera público el detalle de sus 21 condiciones, que son tan descabelladas como explosivas y que no tenían ninguna viabilidad.

Torra conscientemente boicotea el intento de ERC y el PDeCAT de llegar a algún acuerdo con el Gobierno de Madrid.

Quim Torra (fondo-2i), saluda a los doce líderes independentistas acusados por el 'procés'. (EFE)
Quim Torra (fondo-2i), saluda a los doce líderes independentistas acusados por el 'procés'. (EFE)

Pero esta vez la derecha también ha boicoteado el intento de negociación. Porque cree que así echará rápidamente al okupa de la Moncloa (que parece su único objetivo) o porque el PP y Cs no tienen ninguna confianza en el PSOE, lo que no tiene en cuenta lo que pasó cuando el 155 y en todo caso debilita al Gobierno de España.

Sea por lo que sea, dos gobiernos sucesivos y distintos —el de Rajoy y el de Sánchez— han fracasado en sendos esfuerzos de distensión. No es una buena noticia y no indica nada bueno ni del 'seny' del independentismo ni del imprescindible consenso entre, como mínimo, los dos grandes partidos españoles.

3. Elecciones crispadas y de resultado incierto

Una de las consecuencias de la ruptura del diálogo con los secesionistas es el fracaso de los Presupuestos y el casi seguro avance de las elecciones generales. Como consecuencia, la imposibilidad de que este diálogo se reemprenda antes de las elecciones generales (sean a finales de abril, en mayo con las europeas o en octubre) y seguramente de las catalanas, cuando Puigdemont y Torra decidan. La actitud ayer de la ministra de Hacienda en el Parlamento indica que el Gobierno cree que no tendrá Presupuestos y que la legislatura se acorta.

¿Es conveniente tener congelado este diálogo todavía más tiempo y con el juicio contra los secesionistas en marcha, lo que no dejará de crear nuevas tensiones y emociones? La respuesta es positiva para los que creen que otro 155 por tiempo indefinido y más duro sería la solución.

El presidente de Sociedad Civil Catalana —la impulsora de las 'manis' contra el separatismo en Cataluña— advierte de los peligros del 155

Pero lo peor para todos los políticos es confundir sus deseos con la realidad. Josep Ramón Bosch es el presidente de Sociedad Civil Catalana (SCC) y uno de los motores de las grandes manifestaciones antiindependentistas celebradas en Cataluña en 2017, en las que Josep Borrell, el ministro de Exteriores de Pedro Sánchez, tuvo un destacado papel. Bosch no es pues nada sospechoso y algunos separatistas excitados le han calificado de fascista.

Pues bien, Bosch decidió no acudir a la manifestación del pasado domingo en Madrid y hacerlo público. Argumenta que es inconveniente ir contra el Gobierno de España —sea el que sea— porque su objetivo es defender España. Y hay una seria desconfianza ante el maximalismo. En declaraciones a 'El País', dice: “Es la ley del péndulo, ante un nacionalismo catalán de corte casi identitario, ahora vemos otro nacionalismo que se enmarca en la bandera española (…) que no ve el catalán ni la catalanidad como parte de ese discurso español”. Y refiriéndose al 155, que Casado y Rivera presentan como el remedio de todos los males, puntualiza: “No es bueno utilizar la amenaza del 155 por intereses electorales, podría provocar un incendio aún mayor. Hay que aplicarlo cuando sea necesario y si el Govern incumple la ley, y no lo ha hecho”. Concluye que “el separatismo ha sido derrotado pero hay un porcentaje altísimo de electores (47%) que vota independentista, hay que rebajarlo al 25% (...) el independentismo al final es un grito de desesperanza de la catalanidad, muchos han abandonado el sentimiento de España porque no hay un relato español para los catalanes”.

Se podrá estar o no de acuerdo con Bosch, pero resulta extraño que sus opiniones sean ignoradas por los dos líderes del centro-derecha español. ¿Creen que lo de la plaza Colón —que, como decía el lunes en El Confidencial Ignacio Varela, no fue la Via Layetana de 2017 convocada por SCC con presencia de Borrell— puede ser 'un relato español para los catalanes'?

Utilizar Cataluña para sacar votos en España quizá sea bueno —lo dudo— para ganar elecciones, pero seguramente perjudica, porque contribuye a envenenar las diferencias. Lo de Andalucía no debe generalizarse. El PSOE llevaba gobernando 38 años y la alternancia era casi inevitable y seguramente conveniente. Con Torra gesticulando o sin Torra.

Máxima tensión, mínima certeza

Otro peligro es creer que las próximas elecciones generales resolverán el problema y que por lo tanto hay que atizar todos los sentimientos. Puede que, tras unas elecciones muy crispadas, la situación de tablas no desaparezca. Y es aventurado pensar que un Gobierno de mano dura, un tripartito de derechas condicionado por Vox, serviría para solucionar un conflicto que se va agravando desde 2006. Las encuestas dicen que el PSOE sigue siendo el primer partido y podríamos encontrarnos como ahora.

Las elecciones vendrán —más pronto que tarde—, pero es difícil que sean la solución. El conflicto catalán, lo primero que exige es abordarlo con luces largas. No creer —o vender— que se puede resolver con fórmulas simplistas.

Confidencias Catalanas

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