Hay mucha gente en la Cataluña no independentista, tanto en el centro-derecha y los medios empresariales como en la izquierda, que piensa que la política de Pedro Sánchez respecto a Cataluña -les guste o no el gobierno socialista- tiene pocas alternativas posibles que puedan conducir, algún día, a un encaje satisfactorio de Cataluña en España. De ahí las aproximaciones y complicidades que se vienen observando últimamente entre el mundo empresarial y Miquel Iceta, el líder del PSC.

El mundo económico catalán apoya la política de desinflamación de Pedro Sánchez no por afinidad política sino porque la cree casi la única posible y la menos traumática. Ya se ha visto que un referéndum de autodeterminación, además de anticonstitucional, es imposible y que cualquier intento de repetición del 1 de octubre del 2017 -el moméntum al que aspira el 'president' Torra que está cada vez más aislado- sería suicida. Y el juicio que se está celebrando en el Supremo, con los líderes que prometían que Cataluña sería independiente a finales del 2017 en el banquillo de los acusados, lo demuestra cada día.

Pero el empresariado también está incómodo con las propuestas de Pablo Casado y Albert Rivera de aplicar a Cataluña un 155 más duro que el de Rajoy e indefinido o más largo en el tiempo. No tanto porque podría ser inconstitucional -que también- sino porque agravaría las divisiones de la sociedad catalana, reduciría la confianza económica, podría generar inestabilidad social y acabar convirtiendo el conflicto crónico en irresoluble.

A la hora de la verdad el independentismo ha acabado no aceptando la política de desinflamación de Pedro Sánchez

Por eso la política de desinflamación, diálogo y negociación tiene amplio apoyo en la Cataluña no independentista. El problema -además de que la derecha española no lo secunda, lo que le resta mucha credibilidad- es que a la hora de la verdad el independentismo no acepta adentrarse en el diálogo sin negociar, al mismo tiempo, un referéndum de autodeterminación, algo inconstitucional y que sería también difícil de admitir en la mayoría de países europeos.

La prueba de esta inflexibilidad es que sólo porque Sánchez no aceptó que una comisión de partidos catalanes y españoles -que se debía constituir con el polémico y famoso relator incluido- tratara del referéndum, el secesionismo, tanto el PdeCAT como ERC, por una vez todos juntos en unión, no dudó en votar con el PP y Cs, contra la mera admisión a trámite de los presupuestos del 2019 y forzó la convocatoria de elecciones generales. Algo que generó incomprensión en los medios más responsables y prestigiosos del secesionismo, pero con escasa influencia en los aparatos partidarios. Fue el caso del economista y 'exconseller' (con Pujol y con Mas) Andreu Mas Colell que publicó dos sonados artículos en el diario 'Ara' (secesionista moderado) expresando su disconformidad.

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Y parece que esta actitud de rechazo a la desinflamación y a todo diálogo que no pase por la negociación de los plazos y las condiciones de un referéndum va a continuar. Que el candidato de ERC a las elecciones del 28 de abril sea Oriol Junqueras, actualmente en prisión y acusado de rebelión, y que lo más probable es que el candidato de Junts per Catalunya, la lista exconvergente, vaya a ser Jordi Sanchez (acompañado de los también presos Jordi Turull y Josep Rull por las provincias de Lleida y Tarragona), que de ser electos difícilmente podrán tomar posesión del acta, indica poca disposición a flexibilizar posiciones.

La guerra interna del secesionismo entre ERC y Puigdemont obliga a que los presos juzgados en el Supremo abran las listas electorales

Es cierto que el hecho de que las dos listas electorales -la de ERC y la de la antigua CDC que seguramente se denominará JpC y que puede estar controlada por Puigdemont- estén encabezados por los presos que están siendo juzgados en el Supremo tiene mucho que ver con la descarnada lucha por el dominio del independentismo entre Puigdemont, aliado con Jordi Sánchez que es más pragmático, y Junqueras. Pero que la guerra intestina -con Puigdemont agitando en medio- se centre en quien tiene más presos y con más medallas difícilmente puede desembocar después -una vez celebradas las elecciones- en una actitud más negociadora que cuando se decidió romper con Pedro Sánchez, al que se acusa de no haber forzado el cambio de las acusaciones de la fiscalía ni de estar dispuesto a negociar el referéndum.

El propio David Bonvehí, presidente del PdeCAT y uno de los líderes más moderados, reafirmó el viernes su vinculación de ideas con la antigua CDC y su voluntad de diálogo, pero añadió inmediatamente la exigencia de que “el próximo ejecutivo aborde de una vez por todas el problema político catalán” y que, caso contrario, “es evidente que nosotros no podremos continuar la política que hemos estado haciendo en el Congreso los últimos cuarenta años”. Esto es lo que dice el ala moderada -que está en un amargo proceso de rendición a Puigdemont- mientras que los maximalistas cercanos a Waterloo -y las CUP si rompen su política tradicional y se presentan a las elecciones españolas que hasta ahora despreciaban- no esconden que el objetivo es bloquear el Congreso de los Diputados y hacer a España ingobernable.

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Piensan que la política española es débil porque la inquina entre los dos grandes partidos es muy fuerte, pero olvidan que el Estado tiene recursos y que si se ataca la unidad de España, el PP y el PSOE acaban cerrando filas. Se vio en octubre del 2017, cuando Rajoy y Sánchez (el mismo al que Casado acusa ahora de felón) se pusieron de acuerdo para aplicar el 155.

Pero la actitud del independentismo puede tener que cambiar si los resultados electorales catalanes se convierten en una implícita moción de censura a su ceguera e intransigencia. En las dos últimas elecciones catalanas del 2015 y 2017, los partidos secesionistas tuvieron 1,8 y 2,07 millones de votos, el 47,79% y el 47,45% respectivamente, y las dos veces lograron la mayoría absoluta en el parlamento (53% y 51%) de los escaños.

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Tradicionalmente en las legislativas, sus resultados siempre han sido inferiores y este es uno de los motivos de las CUP para que -rompiendo su posición de siempre- estén discutiendo su posible presentación. Pero, con las CUP o sin las CUP, si ahora -tras el “histórico” 1 de octubre, la repetición de la mayoría absoluta en las elecciones catalanas del 155, el juicio actual en el Supremo y la presentación, abriendo las listas, de los políticos presos-, el independentismo no logra como mínimo alcanzar en las elecciones españolas los resultados de las catalanas, su autoridad moral para hablar en nombre de toda Cataluña quedará no sólo disminuida sino hasta ridiculizada.

Y no es fácil que lo consiga. En las elecciones catalanas tienen unos dos millones de votos, en las últimas españolas del 2016 se quedaron en 1,1 millones. Sólo el 31,8% de los votantes frente al 47% de las catalanas. Y sólo 17 diputados cuando Cataluña envía al Congreso 47. El 36% de los escaños frente al 53 y 51% en las elecciones catalanas.

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Si el 28-A el independentismo no consigue acercarse mucho o igualar sus resultados con los de las elecciones catalanas tendrá muchas dificultades para mantener su discurso y su inflexibilidad actual. Ya es difícil mantener que se tiene un irrenunciable mandato democrático con el 47,8% del voto. Sería de risa -o de manicomio- exhibir ese mandato si del 47% se bajara a algo más del 31,8% de las últimas elecciones españolas. Y todavía más si el PSC con el efecto Sánchez, como pasaba con Felipe González y en la primera etapa de Zapatero, ganara las elecciones catalanas. Algo que algunas encuestas no sólo no descartan sino que ven probable.

Manteniendo su inflexibilidad a negociar: o referéndum o nada, y presentando a sus políticos presos más emblemáticos a las elecciones del 28-A, el independentismo puede haber caído en su propia trampa si le desautorizan los resultados electorales en Cataluña.