Los presos están ahí

La tensión en el Congreso por la presencia de los políticos juzgados en el Supremo muestra que el conflicto catalán altera la normalidad democrática

Foto: El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, saluda al diputado electo en prisión preventiva de ERC Oriol Junqueras. (EFE)
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, saluda al diputado electo en prisión preventiva de ERC Oriol Junqueras. (EFE)

Había gente en Cataluña —todo el independentismo— en la campaña de las elecciones catalanas de 2015 (las plebiscitarias) que decía que Cataluña sería independiente en 18 meses. Ya se ha visto que no fue así. El 155 aplicado tras la DUI de octubre de 2017 no tuvo resistencia, y hoy nadie medianamente equilibrado sostiene que Cataluña vaya a ser independiente en otros 18 meses.

Pero también hubo gente que luego afirmó que se había acabado la época del diálogo y la negociación —no se podía hablar con quienes habían perpetrado un golpe de Estado— y que la mano dura en la aplicación de la ley y la actuación firme de los tribunales arreglarían el problema. Sin tener en cuenta que la actuación del independentismo desde septiembre de 2017 (las leyes de referéndum y desconexión del Parlamento catalán violando el Estatut y la Constitución) era una clara violación del Estado de derecho pero también un conflicto eminentemente político.

Puigdemont y Junqueras se equivocaron y violaron la ley, pero en las elecciones del 155 (diciembre de 2017), el secesionismo repitió su 47% y la mayoría parlamentaria. Luego han pasado muchos meses, el juez instructor consideró que había habido rebelión y decidió prisión provisional incondicional y sin fianza para varios encausados y el juicio ya se está celebrando desde hace algunas semanas en el Supremo. Pero también 18 meses después del 155 y las primeras prisiones, el conflicto catalán sigue sin resolverse.

Los presos están ahí

Buena prueba de ello es que el Supremo ha tenido que suspender las sesiones del lunes y el martes para permitir que los cinco presos que han resultado electos (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull) recogieran su credencial de diputado o senador. Y ayer la presencia en la sesión constitutiva del Congreso de los diputados electos dominó la sesión y levantó acta de que la política española no volverá a la normalidad mientras no se encauce políticamente el conflicto catalán.

Que haya presos que han sido elegidos diputados de acuerdo con las leyes españolas es la realidad. Pero no es la normalidad que en un Parlamento haya diputados presos. Tampoco es muy normal que el Supremo le pase la patata caliente de la posible suspensión de esos diputados a la Mesa del Congreso. Dice que es para que el poder judicial no interfiera en las atribuciones del legislativo, pero en cambio le señala lo que debe hacer de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el reglamento del Congreso de los Diputados, y además no pide el preceptivo suplicatorio arguyendo (y tiene razón) que el juicio ya se está celebrando.

La presencia de los presos en el Congreso no es una situación normal, pero se debe a una decisión adoptada por el Supremo

Lo indiscutible es que la situación no es normal. Jurídicamente, la suspensión de los electos parece no ser demasiado discutible. Pero esto se debe básicamente a que están procesados y en prisión incondicional. Si estuvieran procesados y en libertad provisional, su situación sería otra. Y la prisión se debe a que su posible delito ha sido calificado de rebelión, acusación discutible y que al parecer algunos magistrados del Supremo creen que forzará un cambio en la legislación española.

En derecho, todo es discutible, y habrá muchas opiniones, por eso no es ilógico que la Mesa del Congreso no quiera tomar una decisión inmediata, aunque evidentemente no se pueda eternizar el problema. En todo caso, la presencia —decidida por el Supremo— de los cinco parlamentarios que han sido electos por partidos que en estas elecciones han tenido el voto del 39% de los catalanes y el baile sobre quién debe decidir la suspensión entre el Supremo y la Mesa del Congreso son una clara prueba de que el conflicto sigue vivo y que la sola aplicación de la ley no va a resolverlo.

La duodécima presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. (EFE)
La duodécima presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. (EFE)

Por eso, es extraño que los dos partidos de centro derecha (Vox es otra cosa) exijan su suspensión inmediata e incluso critiquen que la Mesa del Congreso pida un informe a sus letrados que, sea cual sea el criterio que expongan, sería muy raro que no fuera el adoptado. El Supremo ha sido garantista, en parte para cubrirse, al permitir la presencia de los políticos presos en el Congreso y el Senado y al pedir que sea el legislativo el que decida, y no tiene mucho sentido que los partidos de centro derecha reaccionen con virulencia a la presencia en las Cortes de esos parlamentarios que solo han estado ahí por una decisión del Supremo, que en ningún caso debe calificarse de vergüenza nacional. Además, deberían tener en cuenta que la política de desinflamación (contra la que tanto protestaron en la campaña) fue respaldada de forma tácita por el resultado electoral.

Y el problema no se acabará aquí, sea cual sea la decisión. Resurgirá con más virulencia y relevancia internacional cuando haya que decidir si Puigdemont y Junqueras, que hay pocas dudas de que serán elegidos eurodiputados, podrán tomar posesión de su acta parlamentaria europea.

La casi segura elección de Puigdemont y Junqueras como eurodiputados volverá a plantear —y con más relieve internacional— un conflicto similar

España es ya —gracias a la caótica situación de Reino Unido y al Gobierno populista italiano— una de las columnas fundamentales, junto a Francia y Alemania, de la UE y del euro. Que el conflicto catalán siga siendo el centro del debate —pasadas ya las legislativas— no es buen augurio para la legislatura ni favorece la influencia de España.

Claro, no es solo la presencia de los líderes secesionistas lo que motivó la gran tensión en la sesión constitutiva del Congreso, en la que bajo la presidencia de un revivido Valle-Inclán (el médico socialista al que le tocó presidir la Mesa de Edad), pudimos ver pese a todo un discreto saludo entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. La actuación de Vox, la primera vez que la extrema derecha entra en el Congreso, será otro foco de tensión que se agudizará por su inequívoca voluntad de crispar el conflicto catalán.

Confidencias Catalanas
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