Caso Cifuentes. Ética para Mariano

Quizás el debate público no necesite tanto aspaviento. Puede que sobren adjetivos y falte lo sustantivo. Tal vez resulte más útil ver y contar el caso como una cuestión estricta de ética pública

Foto: La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. (EFE)
La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. (EFE)

Según viene abriéndose camino la censura a Cifuentes, oigo hablar a socialistas y podemitas de “moción de la dignidad”. No puedo evitar preguntarme por el sentido que tiene recurrir a palabras tan grandes. Quizás el debate público no necesite tanto aspaviento. Puede que sobren adjetivos y falte lo sustantivo. Tal vez resulte más útil ver y contar el caso como una cuestión estricta de ética pública. Veamos…

Hace dos décadas, tras una acumulación de escándalos, el Parlamento británico activó un comité destinado a fijar las normas de conducta de los servidores públicos. Su trabajo desembocó en el 'Informe Nolan'. Ese documento, que para muchos es referencia básica en materia de ética pública, señala estos siete principios que compartimos.

1-. Desinterés: los titulares de cargos públicos deben actuar únicamente en términos de interés público.

2-. Integridad: los cargos públicos deben evitar someterse a cualquier obligación con personas u organizaciones que puedan influir en su trabajo. No deben actuar ni tomar decisiones para obtener beneficios para ellos, sus familias o sus amigos. Deben aclarar y resolver cualquier interés y relación.

3-. Objetividad: los cargos públicos deben actuar y tomar decisiones de forma imparcial, justa y basada en el mérito, utilizando la mejor evidencia, sin discriminación ni parcialidad.

4-. Responsabilidad: los cargos públicos son responsables ante la ciudadanía de sus decisiones y acciones, y deben someterse al escrutinio que haga falta para garantizarlo.

5-. Transparencia: los cargos públicos deben actuar y tomar decisiones de manera transparente. La información no debe ser retenida al público, al menos que existan razones claras y legales para hacerlo.

6-. Honestidad: los cargos públicos deben ser veraces.

7-. Liderazgo: los cargos públicos deben defender estos principios con su propio comportamiento, deben promoverlos activamente y apoyarlos firmemente, tienen que estar dispuestos a desafiar el mal comportamiento en cualquier lugar que ocurra.

Nadie, ni siquiera el más acérrimo de los seguidores de Cifuentes, puede afirmar que ella ha mantenido una conducta irreprochable. De hecho, cabe argumentar que con sus decisiones, sus acciones y sus explicaciones de estas semanas, ha machacado sistemáticamente todos los principios que debe respetar un servidor público honorable.

Parece claro que aceptó un regalo que podría haber comprometido su integridad y su objetividad al frente del Gobierno de Madrid. Es evidente que no ha sido transparente ni veraz en sus explicaciones. Y resulta obvio que no ha asumido su responsabilidad, ni defendido la higiene institucional con su propio ejemplo. Su presencia, por lo tanto, es éticamente insostenible. Insoportable. Y su resistencia solo es posible porque España guarda una tarea pendiente para sí misma.

La lideresa madrileña 2.0 viene desenvolviéndose con un descaro reconocible. Muchas veces antes sentimos el perfume de la impunidad, y nunca fue por azar. Es la consecuencia de una doble falta de civismo, su culpa y nuestra irresponsabilidad. Es el resultado de la indiferencia ciudadana, la histórica falta de sanción social y electoral a los comportamientos inadecuados. Esa vieja certeza, el refrán de que la corrupción no pasa factura en las urnas, está en el origen de la larga despreocupación del Partido Popular.

Creo que la combinación de crisis y recortes debe haber disminuido la tolerancia hacia las corruptelas. Seguramente, ya esté pesando en muchas intenciones de voto. Probablemente exista una amplia demanda de higiene política. La cuestión es si esa demanda está desatendida o verdaderamente atendida. Lo estaría, por ejemplo, si la exigencia de dimisión de Cifuentes se conjugase desde la ética pública. Ese discurso emitiría más rectitud y podría resultar más eficaz que el abuso de las palabras tan hinchadas como los egos.

Ahora bien, incluso si la sociedad española mantuviese una indiferencia cósmica ante los corruptos, también tendría fundamento centrar el debate en el territorio de lo ético. En otros países han saltado casos comparables a este. Sin embargo, solo aquí las cosas han evolucionado de un modo que es inimaginable en otras naciones. Esa diferencia tendría que llevarnos a pensar, ya que establece un elemento de comparación sobre la calidad de nuestra democracia que nadie puede celebrar.

La regeneración política no llegará a España cambiando unas caras por otras, con eso no bastará. Vendrá si se produce un cambio cultural coherente, si las conductas ejemplares conviven con un discurso cívico que nadie articula a día de hoy. Cifuentes ya está acabada, pero las palabras nuevas no han empezado todavía.

La propia presidenta de Madrid ha puesto el dedo en la llaga moral popular con su imposible estrategia de supervivencia. Someter su salida al juicio que haga Rajoy es cualquier cosa menos echar una moneda al aire. Dejar la ética para Mariano es una apuesta segura. El presidente del Gobierno y del PP no está capacitado para ordenar a nadie que se vaya después de tantos años al lado de asuntos turbios.

Rajoy es el tapón de la dimisión de Cifuentes por la misma razón que tapona la regeneración política de nuestro país: no tiene autoridad moral. Ninguna. Y la oposición desatiende ese hecho con la misma obstinación con la que perdona su incompetencia. No fue Mariano quien salvó la economía, fue Mario, Mario Draghi. No fue el Gobierno quien salvó a España del separatismo, fue la Corona y fue el poder judicial. Y no fue Rajoy quien alivió el malestar de las familias que más se esfuerzan, él es el responsable de los recortes y de la precariedad que someterá las expectativas vitales de toda una generación.

Desinterés, integridad, objetividad, responsabilidad, transparencia, honestidad y liderazgo frente a los malos comportamientos. Retomemos los siete principios del 'Informe Nolan' que compartimos. Y apliquemos esa plantilla sobre el proceder de Rajoy tras cada brote de corrupción en el Partido Popular. No son pocos, aunque el patrón es siempre parecido.

¿Es el presidente del Gobierno un servidor público éticamente intachable? No lo creo.

¿Puede alguien sostener que el silencio de Rajoy respecto a la presidenta madrileña es un ejercicio de rectitud pública? No lo creo.

¿Y puede entenderse que la oposición afronte el caso Cifuentes fuera del marco de la ética pública? No lo entiendo.

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