La trituradora autonómica

La frase "gobernaré con o sin el concurso parlamentario" es peligrosa, preventiva y también ilustrativa. Refleja la estrechez del desfiladero por el que Sánchez sigue tratando de avanzar para estar en el gobierno sin poder gobernar. Para no verse forzado a convocar elecciones en primavera, necesita la voladura del modelo territorial consagrado en nuestra Constitución y que se produzcan tres movimientos a muy corto plazo. Uno está bajo su control, dos no.

Necesita extraerle la médula ósea al PSOE —la idea de España— y sustituirla por el artefacto ideológico del nacionalismo catalán. Por eso ha adelantado el congreso de su partido. Purgará y operará con las manos sucias en las entrañas ideológicas socialistas para implantar una doctrina forzada desde fuera y contraria al bien común.

Después, presentará unos presupuestos en los que ya podrá empezar a verse la cara del acuerdo firmado con ERC. Y, a continuación, una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que cada diputado socialista tendrá que votar si no quiere contravenir las nuevas resoluciones del partido.

También necesita que Puigdemont salga de la ecuación en el congreso de Junts. Y, además, necesita que el congreso de ERC haga de los republicanos un aliado previsible y leal —nunca lo han sido, llevan la traición escrita en la frente—. Si falla cualquiera de esos tres movimientos, no habrá presupuestos y aumentará la presión de convocatoria a urnas. Más todavía porque los casos de corrupción que afectan al entorno de Sánchez apuntan a más y no a menos.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Congreso del PSOE: el mapa de la purga

Pablo Pombo

Y si todo sale bien logrará reactivar la mayoría que a día de hoy tiene apagada. En cualquier caso, el fin de la legislatura lo marcará el concurso parlamentario. Y lo que ocurra dentro de unos meses vendrá condicionado por lo que pase, en unas pocas semanas, dentro de tres partidos. Esa es, en mi opinión, la partida de este otoño que también vendrá marcada por la ofensiva contra el poder judicial. El resto solo me parece representación, incluyendo los contactos con los distintos presidentes territoriales.

Esa agenda tiene un propósito. Sánchez tratará de utilizarles como actores de reparto de su farándula. Querrá que la fotografía oculte la gravedad del texto firmado con el separatismo. Reunirá a los presidentes del PP, de uno en uno, para que la imagen de "bilateralidad" oculte la bilateralidad real, política, que vertebra todo el acuerdo que rubrica el mayor de los triunfos ideológicos alcanzados por el nacionalismo.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Debate USA: Kamala se la juega y tiene un punto débil

Pablo Pombo

La trampa consiste en eso, en un ejercicio de simulación ante los ojos del país entero. Los españoles veremos en los informativos las imágenes de todas las reuniones "bilaterales" y el público tendrá la impresión de que más o menos todos son tratados igual. Las fotografías que saldrán publicadas en los diarios actuarán como desmentidos de la realidad porque la bilateralidad política y económica, la que nos va a cambiar la vida, es exclusiva para Cataluña siguiendo un modelo confederal y construyendo instituciones —como la agencia tributaria— que facilitarán la desconexión con España.

Desconozco si quienes defienden los intereses del PP son conscientes de que aceptar el término "bilateral" conlleva trabajar para el adversario. Aceptar esa palabra, no combatirla, no asociarla con la soberanía que persigue el nacionalismo, implica olvidar un principio fundamental en el desempeño de la comunicación política: la primera batalla perdida es la que no se da.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Buen acuerdo, mal vendido

Pablo Pombo

Dentro de nuestro orden constitucional, ninguna reunión entre un presidente del Gobierno y un representante autonómico puede ser bilateral. Pasar por ese aro lingüístico, simbólico, político, es una equivocación que en nada puede beneficiar a nuestra democracia. Probablemente, la mejor manera de desarticular la función que se representará en Moncloa comience por rechazar ese concepto y por trasladar el disenso al territorio más concreto que existe, el de los números.

El acuerdo firmado con los separatistas tendrá consecuencias muy precisas en cada región española y pueden perimetrarse en términos comprensibles para cualquiera. Pueden medirse en lo que empezará a faltar en los centros educativos y sanitarios de cada sitio. ¿Cuántos profesores? ¿Cuántos médicos? ¿Cuántos policías? ¿Cuál es la factura exacta de la agresión nacionalista al principio sagrado de igualdad? Ese es el papel a poner delante de los micrófonos y, por supuesto, encima de la mesa de la reunión, según se llegue.

Los presidentes autonómicos comparten, por encima del color político, la obligación de defender los intereses de sus ciudadanos. Naturalmente, eso incluye reunirse con el presidente del Gobierno cada vez que llame. Una vez allí, lo adecuado es que cada uno negocie tan duro como pueda y que al salir critique a Sánchez por haber puesto en marcha la trituradora autonómica sin más motivo que la exigencia de los 'indepes' en un pacto de investidura.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Último congreso del PSOE que conocimos

Pablo Pombo

Es evidente que la financiación autonómica debe actualizarse, que también lleva demasiado tiempo atascada. Pero no se puede dar por buena esta farsa que consiste en mezclar una reforma pendiente con un pacto partidario tan reaccionario. Desde que se firmó el acuerdo, no estamos hablando de la apertura de un debate territorial, con espíritu reformista y constitucionalista, entre las fuerzas centrales y orientado a ensanchar el porvenir de las próximas generaciones. Estamos ante el fruto podrido de una necesidad personal. Y ese es el hilo conductor.

¿Estaríamos hoy ante la amenaza cierta de un concierto opaco si no hubiese habido elecciones en Cataluña? No. ¿Estaríamos bajo la vergüenza de una Ley de Amnistía si el supremacista de Puigdemont no fuese necesario para la falsa mayoría de progreso? No. Y lo mismo respecto a la reforma de la malversación y de la sedición, también respecto a los indultos.

En el sanchismo no se producen cambios de opinión, sino mudanzas de principios. Por eso es absurdo en sí mismo. No tiene sentido que nadie cambie los cimientos de la casa faltando poco para mudarse. ¿Verdad? Pues todavía lo tiene menos que eso ocurra donde compartimos techo 48 millones de personas.