Maduro no podrá dormir tranquilo

Tras las presiones internacionales y las rebajas de las sanciones, el madurismo convocó unas elecciones en las que fue derrotado con un margen inapelable. La oposición supo demostrar su victoria haciendo públicas las actas de la inmensa mayoría de centros de votación. Y se puso en marcha una cadena de acontecimientos que deben ser llamados por su nombre.

Todo lo ocurrido en Venezuela desde el pasado mes de julio solo puede ser calificado como un golpe de Estado institucional.

El juramento de Maduro supone una clara usurpación de poder. Y culmina un proceso que reúne todos los elementos de este tipo específico de golpes: ocultó y rechazó los resultados de unas elecciones legítimas, activó una fortísima represión, recurrió a las fuerzas de seguridad como elemento de intimidación a la población, restringió las libertades civiles, utilizó las instituciones públicas como herramientas de control y buscó el aislamiento internacional.

Los golpes de Estado institucionales son menos sangrientos que los golpes militares tradicionales, pero son igualmente devastadores para la democracia y el porvenir de cualquier nación. Se distinguen porque se ejecutan desde el poder político y se llevan siempre a cabo bajo un disfraz de falsa legalidad.

Los golpes de Estado institucionales son menos sangrientos que los militares, pero son igualmente devastadores para la democracia

Esa apariencia de legalidad pretende encubrir la subversión del orden e incluye la manipulación de normas a través de reintrepretaciones sesgadas o aprovechando vacíos legales para justificar los abusos de poder, la utilización del poder judicial para respaldar decisiones contrarias al Estado de derecho, la aplicación de cambios legales apresurados y la simulación de normalidad en los procesos democráticos.

A través de esa constante violación de los mecanismos del Estado, los perpetradores del golpe trabajan la consolidación de su poder, la contención de las reacciones inmediatas y la erosión de la respuesta internacional.

Nos encontramos, por lo tanto, ante un golpe de Estado institucional de manual. Cabe debatir si este es el primero o el segundo, si tras las urnas de 2018 se produjo un episodio parecido. Cabe preguntarse si no hubo demasiada ingenuidad entre quienes pensaron que Maduro podría aceptar la alternancia en el poder. En cualquier caso, a efectos prácticos, nada de eso parece ahora lo más urgente.

Lo relevante está en que el madurismo ha de saber que ni puede ni podrá dormir tranquilo. Todavía no está garantizado que el golpe termine siendo efectivo, veremos qué ocurre a cortísimo plazo. Pero, incluso en ese caso, el volumen de los retos que deja abiertos el golpe no puede minusvalorarse.

Nos encontramos ante un golpe de Estado institucional de manual. Cabe debatir si este es el primero o el segundo

La capacidad que tiene el régimen de perpetuarse no está precisamente blindada. La pérdida de legitimidad es evidente, el país ya no está partido en dos, el madurismo es minoría. La resistencia política no va a desaparecer de un día para otro, está tan arraigada como extendida. La inseguridad jurídica no es el mejor medicamento para una crisis económica que difícilmente se desvanecerá. El riesgo de fracturas internas, por muy pequeño que sea el núcleo, es ahora mayor que hace un año, más todavía cuando se abra el inevitable melón de la sucesión. Y la dependencia que sufre el poder político del aparato represivo ha crecido respecto al pasado, se da la circunstancia de que el uso de la violencia es también la mayor amenaza para la propia estabilidad del madurismo.

Si a los factores internos añadimos las implicaciones internacionales, llegaremos pronto a la conclusión de que la incertidumbre no ha sido despejada y de que, como consecuencia, todos los escenarios permanecen abiertos a corto y a medio plazo. Desgraciadamente, Venezuela podría confirmarse como una dictadura al estilo nicaragüense, vivir un golpe militar o adentrarse en una guerra civil. Nada puede descartarse.

Frente a un paisaje de este tipo, lo racional para las élites extractivas actuales encaja con el instinto más elemental de supervivencia: lo más sensato es iniciar un proceso de transición entre quien conserva el poder político de manera ilegítima, quien ha ganado las elecciones y el resto de actores políticos del país que quieran levantar la democracia que merece el pueblo venezolano. Puede que esta no sea la vía más apetecible para la minoría, pero es la única practicable en términos pacíficos y democráticos.

Se da la circunstancia de que el uso de la violencia es también la mayor amenaza para la propia estabilidad del madurismo

España no es una gran potencia en la arena global. Ahora bien, no es un país irrelevante ni en Iberoamérica ni en Europa. Tengo la convicción de que el gobierno —y singularmente el Partido Socialista— no debería esperar a que pasen 50 años desde la muerte de Maduro para celebrar el nacimiento de la democracia venezolana. Nuestra nación debería estar en el lado de la solución y no del problema. Y la solución pasa sí o sí por abrirle camino a la transición.

Y no solo por una cuestión de principios elementales, de hermandad, aunque con eso debería bastar. También es la mejor manera de defender nuestros intereses en la zona. La historia no se cansa de demostrar que contar con un tirano como socio nunca es el más rentable ni el más sostenible de los negocios.

Por consiguiente, sería deseable que España alumbrase el camino hacia la transición venezolana asumiendo una posición de liderazgo— y no de injustificable comparsa— en la Unión Europea. No nos faltan condiciones para monitorizar y hacer transparente y verificable ese proceso. Podemos evitar que las sanciones caigan sobre el pueblo y trabajar para que las presiones se concentren en los dirigentes del régimen. Podemos ser más que decisivos en la configuración del GPS hacia la democracia venezolana. Tan solo hace falta un mínimo de coherencia, algo de altura y suficiente voluntad política.

Podemos ser decisivos en la configuración del GPS hacia la democracia venezolana

En el silencio del Gobierno español ante el golpe institucional del madurismo en Venezuela cabe el eco de un doble espanto. Resuena la mordaza en la democracia de un país hermano y reverbera también nuestra propia historia.

Resulta que aquí también hubo un golpe, en nuestro caso militar, y que después del alzamiento se desató la guerra y que nadie levantó la voz por los españoles.

Resulta que Ramón J. Sender acertó en uno de sus prólogos: "Escribo sobre la agonía de mi país mientras las grandes potencias del mundo observan con una neutralidad que es complicidad".