¿Está nuestra democracia demasiado cerca de un golpe de Estado blando? (II)

En mi artículo anterior fijé como punto de partida esta tesis: a mayor debilidad del Gobierno, mayor violencia sobre todos los resortes democráticos. Recordé que en esta época las democracias mueren desde dentro a manos de gobernantes con pulsión autoritaria. Subrayé las tácticas de control y paralización del poder Legislativo. Y concluí que hay demasiados indicios, demasiado parecidos, a los que terminan desembocando en golpes de Estado blandos. Hoy me centraré en la agresión que, en mi opinión, está sufriendo el poder Judicial. Y lo haré partiendo de unas declaraciones que todavía siguen de plena actualidad…

Las palabras de la vicepresidenta son de extrema gravedad: si cualquier representante de Vox hubiese dicho esa salvajada todos estaríamos hablando de fascismo. Su voladura de la presunción de inocencia supone un peligro porque es un principio fundacional de la democracia y, también, porque esa lógica da carrete a la creciente arbitrariedad en el funcionamiento del Estado.

Me preocupa que no haya sido cesada: ni puede seguir en el Consejo de Ministros, ni puede continuar militando en el Partido Socialista. Ese mensaje es una demostración adicional del populismo que define a este Gobierno completamente desconectado de la tradición socialdemócrata y es, ante todo, un ataque a los derechos ciudadanos que pavimenta el trayecto hacia la impunidad de los cercanos al poder.

La presunción de inocencia no existe donde no existe la democracia. En los regímenes iliberales hay tribunales, pero no hay justicia. De saque, los adversarios del poder son más que culpables y los amigos son más que inocentes.

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En todos los regímenes autoritarios, los cercanos al líder gozan de derechos que los demás desconocen y los enemigos sufren el empleo sistemático y discrecional de instituciones estatales como la Fiscalía o la Abogacía del Estado.

Y en la naturaleza de todos los Gobiernos populistas está escrito el enfrentamiento con el poder Judicial. Todos los intentan, unos los consiguen y otros no. Cuando lo logran, desaparece el control al Ejecutivo y se esfuma la igualdad ante la ley, el golpe de Estado blando está consumado. Aquí, a mi juicio, llevan medio trecho hecho y no les basta. Van a por todo.

Han avanzado bastante, se aprecia tanto en el verbo como en la acción. El discurso sanchista ya no añade, de vez en cuando, algún que otro concepto propio de quienes trabajan para reventar la Constitución. Pasó pantalla, compró toda la lógica y todo el vocabulario, 'lawfare' incluido. Y los están aplicando con la furia del converso y el dinero de todos los españolitos.

No hay semana sin ministro que incumpla la encomienda de darle su merecido a la Justicia de nuestro país. En España hemos pasado de ver a los CDR marcando las casas de los jueces a que los jueces sean señalados desde el poder político. La voluntad de intimidación parece igual pero la velocidad es distinta. Ya no hay intermediarios. Vamos más deprisa.

Da la impresión de que la ofensiva del Ejecutivo contra el Legislativo se ha radicalizado y con motivo. La tarea ya no parece limitarse a satisfacer a quienes considero golpistas, ahora, encima, también hay que taponar los presuntos casos de corrupción geolocalizados en el entorno inmediato del presidente.

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Los problemas judiciales han llevado al sanchismo a ejercer el victimismo denunciando la persecución judicial, a descalificar a los jueces y a las pruebas, a aumentar la presión sobre el sector, a buscar la dilación de los procesos y a mil intentos de desviar el foco político para distraer su responsabilidad política. Al hacerlo, se han dado cuenta de que la misma caja de herramientas sirve además para el asuntito que tienen pendiente con Puigdemont.

Es tal el estado actual de putrefacción, que el propio Cerdán se nos muestra desenvuelto al jugar en las dos pistas sin que nadie se llame al escándalo. Quizá debería llamarnos la atención que el secretario de Organización de un partido le diga públicamente a un fugado que tendrá lo suyo resuelto en verano. ¿Cómo lo sabe? ¿Quién se lo ha dicho? ¿Qué demonios está pasando aquí?

Pasa que la mitad de la agresión contra la integridad de la Justicia ya está avanzada, esa es al menos mi impresión: les queda por controlar el Tribunal Supremo, aunque cuentan con un Tribunal Constitucional domesticado y desnaturalizado.

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El Supremo es el máximo órgano del poder Judicial y, por consiguiente, la última frontera que protege la democracia. Dominarlo implicaría derrumbar el obstáculo definitivo para la concentración del poder.

Su control, sólo en lo concerniente a la corrupción, facilitaría la posibilidad de evitar la imputación o la condena de miembros del partido y del Gobierno, de blindar a los aliados políticos o de prolongar los casos para ganar tiempo. En este frente, queda batalla todavía, larga y cruenta.

El Tribunal Constitucional, sin embargo, no forma parte del poder Judicial. Sus magistrados son nombrados por las instituciones políticas (Gobierno, CGPJ y Cortes) y tiene como función interpretar la Constitución y resolver conflictos de constitucionalidad. Por lo tanto, no es un Tribunal de Casación. Y por eso hablo de desnaturalización porque, a mi juicio, el Tribunal Constitucional sí se está convirtiendo en un Tribunal de Casación con potencial para calcar el interés político del sanchismo.

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Llámenme insensato si quieren, pero la anulación de las condenas por el fraude de los ERE me hace verosímil ese temor. Y, no me parece inimaginable, que en el futuro podamos ver una secuencia como la siguiente…

Primero, convalidar la amnistía con exigencia de barra libre para Puigdemont.

Segundo, nulidad de todos los presuntos casos de corrupción por defectos formales.

Tercero, operación de desembarco para cubrir las principales vacantes desde el CGPJ.

Y cuarto, maniobra de bloqueo para eternizar a Conde-Pumpido en el puesto, aunque su mandato haya terminado.

Un país en el que las leyes y las sentencias se hacen a medida es un país en el que se ha quebrado el principio de igualdad ante la ley.

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Un país en el que la corrupción no se penaliza por falta de jueces imparciales y de Justicia independiente no es un Estado de derecho.

Un país con indicios de agresiones simultáneas al poder Legislativo y al Poder Judicial es un país con la democracia en situación de alto riesgo.

Veo demasiadas coincidencias con los golpes de Estado blandos que han sufrido otras naciones. Y quiero dejarlo por escrito para dejar constancia del peligro en que estamos.