¿Está nuestra democracia demasiado cerca de un golpe de Estado blando? (III)

Continuamos nuestra serie de artículos orientados a reflejar la preocupante acumulación de indicios, demasiado parecidos, que terminan desembocando en golpes de Estado blandos. En el primero, desgranamos la agresión al poder Legislativo. En el segundo, desarrollamos la ofensiva contra el poder Judicial. Hoy centraremos la opinión en la acometida contra el sector privado.

Y lo haremos partiendo del reciente ataque a las universidades privadas formulado, nada menos, que por la Vicepresidenta del Gobierno. El paso es un clásico entre los regímenes populistas que aumentan su raíz autoritaria. Podríamos hablar de Iberoamérica, pero basta con recordar lo ocurrido en Europa durante los últimos años: en Turquía se clausuró más de una docena, en Hungría se cerró el CEU en 2018 y en Polonia hubo un intento de reforma bastante radical.

¿Por qué? Porque la amenaza a la libertad de elección en la enseñanza tiene objetivos ideológicos y prácticos. El acoso a la autonomía universitaria y a las posibles voces críticas facilitan a corto plazo el alineamiento de la educación con la narrativa del poder político y permiten a largo plazo la formación de generaciones alineadas con el oficialismo.

Pero, por otro lado, la pérdida de peso de los criterios pedagógicos y científicos y el riesgo de fuga de cerebros preocupan menos al Gobierno que la posibilidad de disponer de más espacio para los enchufados en puestos bien pagados dentro de los claustros. De todos es sabido que el clientelismo inherente al populismo funciona en dos niveles: buenos salarios para los cercanos y muchas subvenciones escasas para encerrar a los ciudadanos en la cultura de la pobreza.

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La embestida contra las universidades privadas responde también a una razón electoral. Evidentemente, es uno de los pocos sectores en los que, mal que bien, puede todavía plantear el combate. Perdida la igualdad entre hombres y mujeres, perdida la igualdad entre españoles, perdida la defensa de los derechos humanos en las migraciones, queda el juego de los de arriba contra los de abajo que inventó el peronismo para anular la alternancia en Argentina.

El ataque no es demasiado cómodo porque casa mal con los currículums académicos sanchistas, con la tesis de Sánchez, con la conducta de la esposa del Presidente y con lo que no pocos de sus dirigentes están haciendo con sus propios hijos. No les pesa demasiado decir una cosa en los mítines y hacer la contraria en la vida privada, pero esa incoherencia descarada, claro, plantea luego sus problemas de venta al público.

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En cualquier caso, la acometida contra el sector privado es por tierra, mar y aire, es agresiva, tiene la voluntad de colocar a los compañeros que no tienen mérito ni conocimiento y la meta de disponer de una élite obediente que trabaje única y exclusivamente a favor del Gobierno.

Como en los despliegues contra los poderes Legislativo y Judicial sobre los que hemos venido opinando, la hostilidad contra la libertad empresarial busca el control político, la concentración de poder, la apropiación de recursos y la demonización de los “enemigos del pueblo”.

Pero, para legitimarse en este caso, reduce el diálogo social mientras emplea la retórica de la justicia social vengativa y no duda en recurrir a la falta de patriotismo de quienes crean empleo. Esos tres elementos están tan presentes en la trayectoria discursiva del sanchismo que se les puede calificar de constantes.

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El populismo tiende sobre los ciudadanos la trampa emocional de un falso paternalismo que no pretende protegerles, generar oportunidades o crear riqueza, sino ampliar el volumen del Estado, favoreciendo a los afines y castigando a los libres. ¿Cómo?

El método coercitivo empleado por este tipo de regímenes para reducir la libertad económica contiene multitud de medidas. Destacaré, únicamente, siete de las que a mi juicio, se han dado con más rotundidad en nuestro país: aumento de la presión fiscal (Sociedades), generación de inseguridad jurídica (anuncios sobre la cesta de la compra), tentativas de nacionalización encubierta (sector eléctrico), intervencionismo que perjudica al mercado (vivienda), uso de fondos públicos para destruir a la competencia privada (RTVE), campañas de difamación a los empresarios (Ferrovial), más que discutible consideración de empresas como estratégicas para el Estado (Prisa)…

Todo ello combinado con cuatro posibles distorsiones adicionales que, desde mi punto de vista, podrían estar moviéndose bajo el sanchismo sin ser detectadas por el radar ciudadano…

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Uno: la colonización. Si no existen límites para colonizar hasta el último de los organismos de la administración, ¿qué límites frenan el deseo de colonizar cualquiera de las principales empresas del país que sirvan para montarse un conglomerado mediático y de poder económico?

Dos: el descontrol. Si las alarmas no saltaron cuando los comisionistas operaban, y si no se han producido los ceses o dimisiones que el principio de responsabilidad política aconseja, ¿qué motivo hay para creer que la arbitrariedad y el tráfico de intereses no mancha a otros contratos o adjudicaciones?

Tres: la arbitrariedad. Si, increíblemente, existe la posibilidad de que el Gobierno haya empleado una institución del Estado en una campaña de destrucción contra una rival política como Ayuso, si descabalgaron de mala manera a Lobato, siendo compañero, ¿cómo podría sentirse seguro y no acosado el empresario que recibiese una llamada intimidante desde Moncloa?

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Cuatro: la alianza. Si, como yo creo que se ha hecho, las leyes pueden dictarse a medida de la casta golpista del nacionalismo catalán, ¿qué razón impide descartar que esas élites extractivas no están siendo beneficiadas desde Moncloa para que Cataluña pueda obtener lo que no podría ganar en un mercado de libre competencia?

En mi opinión, este Gobierno ve en la libertad económica un riesgo para su supervivencia política. Quiere controlarlo todo porque solo controlándolo todo podría llegar a impedir la alternancia democrática en el poder. La historia, sin embargo, nos ha enseñado que el poder absoluto es incompatible con todas las libertades individuales.

La ofensiva contra el sector privado, sumada a los ataques al poder Legislativo y Judicial, supone un riesgo adicional para esta democracia liberal que tanto nos ha costado levantar y preservar. Es un indicio más, demasiado parecido, además, a los que sufrieron los países que acabaron viviendo golpes de Estado blandos. Todavía estamos a tiempo de evitarlo. Y por eso quiero dejar esto por escrito, justo por eso.