Las pruebas de la UCO y la demostración de una verdad insoportable

Me temo que habrá descubrimientos todavía más escandalosos, que desvelaremos noticias más sucias y también más complejas de procesar. Pero la fotografía del sobre con el emblema del PSOE lleno de dinero está ya incrustada en la retina de la sociedad española y no se borrará. Quedará entre las tres imágenes más significativas del sanchismo.

Creo que el presidente tratará de aguantar este tirón como ha venido haciendo con los anteriores, que buscará la forma de distraer a los españoles, de desactivar a la UCO y de operar hasta obtener la impunidad en los tribunales que necesita a su alrededor.

Sin embargo, el sobre no es un bulo de la fachosfera y tampoco es la inventada de ningún juez fascista. Es una prueba de la Guardia Civil. Es una "pistola humeante" que, por sí misma, bastaría para derrumbar a cualquier Gobierno del mundo en menos de 24 horas.

Quienes sigan a su lado tienen derecho a inmolarse, pero no a herir más a nuestra democracia. Quienes escriban o digan en los medios que puede continuar para seguir sin gobernar tienen el derecho a malvender su dignidad, pero también el deber cívico de no hacer más daño a la ética y a la higiene pública.

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La voluntad y la palabra de Sánchez no bastan para sostenerle en esta situación de máxima debilidad, hacen falta también el silencio y la complicidad de quienes están desatendiendo a su responsabilidad con España y con el PSOE.

Por eso quiero dejar por escrito aquí mi denuncia. Quiero denunciar a quienes saben que la etapa está terminada pero callan frente a los indicios de gravísima corrupción con la triste y pobre esperanza de recibir una factura más. Muchos de ellos han sido mis amigos. Si hago un esfuerzo, puedo comprenderlos, pero no justificarlos. Están haciendo todo lo contrario a lo que querían hacer cuando entraron en política, han traicionado todo aquello en lo que creían. Es una pena.

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Y exactamente lo mismo puede extenderse a las organizaciones políticas que mantienen a Sánchez parlamentariamente entubado. Con pruebas como estas sobre la mesa, más que socios políticos, son cómplices de la inmoralidad. Porque no, no es normal lo que está pasando. Esto es un asco. Y es también una anomalía. No puede ser que aquí no ocurra nunca nada cuando estamos de mierda hasta el cuello.

No debemos aceptar que España sea el país de Europa en el que la corrupción preocupa más a los ciudadanos y que, al mismo tiempo, sea también el único lugar en el que la corrupción no conlleva ninguna dimisión de ningún miembro del Ejecutivo. Es así desde 2020 y vamos a demostrarlo con un pequeño ejercicio de comparación.

Comenzaremos por sacar de la lista a las naciones de nuestro entorno sin casos relevantes de dimensión nacional. Dejaremos fuera a Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo y Suecia. Nos quedan 25.

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Y, ahora, empecemos la clasificación. La corrupción ha llevado a dimitir, por escándalos de menor dimensión a los que afectan al entorno inmediato de Sánchez, a los Presidentes de Austria, Estonia, Lituania, Portugal y Serbia. Nos quedan 20.

Descendamos un escalón. Las cuestiones turbias han llevado a la dimisión de Ministros en activo en Albania, Alemania, Bulgaria, Chequia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Rumania, Rumanía, Suiza y Ucrania. Nos quedan 2.

Bajemos todavía más de nivel para deshacer el empate. En la Hungría de Orban, al menos, se han producido dimisiones en la categoría de Secretario de Estado. Nos queda 1…

La excepción española consiste en que aquí no dimite ni Dios. Cuando hablamos de degradación democrática nos referimos exactamente a esto: a la eliminación del principio de responsabilidad política.

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Con cierta frecuencia, al hablar de la degradación nacional, se establecen comparaciones entre la situación de nuestro país y la de Venezuela. Evidentemente, son forzadas, no son reales. Pero tampoco son válidas en lo concerniente a la corrupción: allí, hace un par de años, sí que dimitió un ministro por un asunto turbio.

De vez en cuando, debatimos de la peronización que está generando el sanchismo en la sociedad española. Con matices, esa es una realidad más cercana. La consideramos aceptable porque hay equivalencias claras en la aplicación del manual para escurrir el bulto (moverse en las cloacas, polarizar, señalar a los jueces, amedrentar a los periodistas, emitir cortinas de humo, recurrir a la victimización...) Sin embargo, la equiparación tampoco termina de funcionar del todo. Allí, hace cuatro años, sí que dimitió un ministro por una cuestión fea.

Cuando se establecen comparaciones entre el debilitamiento nacional y la realidad latinoamericana, puede no estar de más recordar que allí y también en esta década, han dimitido ministros en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador.

El mito de lo bananero, tan eurocéntrico, palidece todavía más cuando se menciona que en Perú la corrupción forzó la caída del Presidente. Un poco de fría perspectiva basta para llegar a la conclusión de que el Gobierno de España no está para dar lecciones a nadie.

La demostración resulta más cruda cuando analizamos el volumen de porquería que afecta al Gobierno de nuestro país, muy superior al de los demás países. Y, todavía más, cuando a las sospechas de corrupción se añade la mala gestión, es decir, el principio de responsabilidad en su conjunto. Aquí nadie asume la suya tras los fallos en las pulseras de igualdad, el desastre del apagón o el colapso del servicio ferroviario; por poner, únicamente, tres fracasos de este mismo año.

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¿Por qué los españoles tenemos que conformarnos con estándares democráticos menores que el resto de naciones?

Porque eso es lo que ocurre cuando el cesarismo populista se hace con el poder político.

Porque la corrupción necesita para extenderse de unas condiciones ambientales muy específicas, de un clima de impunidad en torno al núcleo del poder político.

Y porque hay demasiadas personas que aceptan el precio del dinero sucio y asumen un silencioso deshonor cívico.

¿Por qué hay esperanza?

Porque seguimos siendo una democracia a pesar de todo. La corrupción sólo se convierte en condena nacional cuando los corruptos no son condenados.